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El Grupo Asesor ADADE/E-Consulting e INFIBAIL firman un Acuerdo de Colaboración en gestión de activos tecnológicos

El Grupo ADADE/E-Consulting y INFIBAIL firmaron recientemente, un Acuerdo de colaboración para el desarrollo de sus respectivos negocios entre ambos grupos y todos sus asociados, del sector Consultoría/Asesoría en el caso de Grupo ADADE/E-Consulting 
 
Desde más de 30 años, INFIBAIL ofrece soluciones de Renting a medida en el ámbito digital, IT, Salud e Industria. Empresa de servicios independiente de fabricantes y entidades financieras, INFIBAIL facilita las decisiones tecnológicas innovadoras favorables a la competitividad de las organizaciones manteniendo su tesorería. Con filiales en Francia, España y Portugal, INFIBAIL interviene tanto en los mercados nacionales como en proyectos transversales de financiación de bienes de equipo.
INFIBAIL reúne un equipo especializado en gestión de activos tecnológicos con el fin de ofrecer unos servicios financieros, jurídicos y de organización de alta calidad y se dirigen a compañías privadas que quieren mantener sus infraestructuras tecnológicas modernas y en constante evolución.
INFIBAIL crea y desarrolla soluciones de financiación de equipamientos estándar – informática, domótica, equipamiento médico, telecomunicación, seguridad, bienes de equipo y, para soluciones innovadoras en el campo de la energía, datacenter y HealthCare.
El Grupo ADADE/E-consulting mantiene su línea de trabajo orientada a proporcionar las herramientas más punteras e importantes del mercado a sus asociados, en las mejores condiciones posibles, con el fin de que estos puedan transmitir a sus clientes el mejor de los servicios. 
El Presidente del Grupo ADADE/E-Consulting al respecto comenta: “este acuerdo permitirá tanto a nuestros asociados como a sus clientes contar con un servicio de valor añadido y calidad para todos”.
En la foto:
Anna Calduch Skopalik Secretaria General del Grupo ADADE/E-Consulting y Juan Manuel Schefle, representante de INFIBAIL

Source: econsulting

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Un tribunal aclara quién debe justificar los gastos de viaje y dietas si hay una inspección

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aclara los casos en los que es obligación de la empresa y cuándo es el trabajador es el responsable de ofrecer pruebas
Cuando un trabajador percibe dietas de su empresa por los gastos de viaje, comidas y alojamiento no tiene que tributar por estos en su declaración de la renta (IRPF). Pero como algunas sociedades abusan de esta vía para pagar más a sus empleados sin aumentar su carga fiscal, la Agencia Tributaria vigila con celo estos gastos. Verifica que realmente se han producido y que efectivamente está relacionado con la actividad laboral. En caso contrario, el fisco considera que se trata parte de la retribución por el que se debe tributar. Pero si se abre una investigación, ¿es la empresa o el trabajador que gastó quien tiene la responsabilidad de ofrecer pruebas? Depende.
Durante mucho tiempo ha surgido la duda sobre quién tiene que justificar estos gastos cuando la Agencia Tributaria inicia una comprobación a un empleado, porque se da la circunstancia de que, aunque es el empleado el que cobra las dietas, los recibos o facturas que lo justifican suelen estar en manos de la empresa. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la instancia administrativa que dilucida las cuestiones tributarias, y unifica el criterio de la Administración, dictó una resolución el pasado 6 de noviembre en el que aclara algunos aspectos de esta controversia.
El TEAC advierte de que «no existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribuciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen, en relación con las mismas». José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara: «Esto quiere decir que cualquier trabajador que haya percibido dietas puede sufrir una comprobación en su IRPF. Cuestión diferente es quién tiene la carga de la prueba de acreditar la realidad de las dietas, y su vinculación con la actividad laboral.
Carga de la prueba
Lo primero que comprueba Hacienda cuando abre una inspección por esta cuestión es analizar si los gastos están relacionados con la actividad de la empresa. Salcedo explica que «esta no es una cuestión baladí. En la mayoría de los casos, Hacienda obliga a los trabajadores a tributar por estas dietas porque éstos no han podido acreditar su realidad ni su conveniencia para la actividad. Por tanto, en la medida en que dicha prueba correspondiera a la empresa, y no al trabajador, estas liquidaciones podrían ser anuladas».
Precisamente por esto, el TEAC, aclara en su resolución qué documentación corresponde aportar respectivamente, a trabajador y empresa, en estos casos. El resumen de la resolución es que el trabajador deberá justificar las estancias y los viajes cuando se desplace en transporte público. Y la empresa le toca dar cuenta de los gastos de locomoción cuando el desplazamiento sea en vehículo privado y los gastos de manutención.
Vehículo privado y manutención: la empresa
Y así lo explica el TEAC: «Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del desplazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mismos si dispusiera de ella».
Salcedo precisa que la empresa deberá justificar la veracidad de los gastos de locomoción con vehículo privado y los gastos de manutención. Y tendrá que probar el día y el lugar del desplazamiento. Además, la empresa deberá justificar la razón o motivos de los desplazamientos. Es decir, que las dietas pagadas obedecen a razones laborales y de organización de la actividad.
Transporte público y alojamiento: el trabajador
Por otra parte, el TEAC también sostiene que «los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la carga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favorecen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utilizado un vehículo privado».
Salcedo aclara que es el trabajador quien deberá justificar la realidad del gasto, pero siempre corresponderá a la empresa demostrar que tales gastos acreditados por el trabajador, obedecen realmente a razones laborales y de organización de su actividad económica. Por tanto, añade, aunque la comprobación se siga contra el trabajador, Hacienda deberá siempre requerir a la empresa, la documentación que acredite la vinculación y motivación de los desplazamientos y estancias que han justificado el pago de dietas al trabajador.
Vinculación del gasto con la empresa
Y es que uno de los puntos importantes que aclara el Tribunal Administrativo es sobre quién debe justificar la pertinencia de los viajes y la vinculación con la actividad empresarial. «La acreditación de la vinculación de estos gastos con la actividad económica de la entidad pagadora corresponderá a esta última, pues a ella le atribuye la norma la carga de probar el día, lugar y motivo del desplazamiento, esto es, que los gastos de desplazamiento de los empleados obedecen a razones laborales y de organización de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de tales circunstancias si dispusiera de ella».
«Es decir», explica Salcedo, «si el trabajador no justifica la realidad de los gastos de locomoción y estancia que antes hemos comentado, y cuya prueba le corresponde, Hacienda podrá exigirle la tributación por las dietas percibidas». Este abogado insiste en que si la prueba se aporta, pero lo que falta es la acreditación de la vinculación y necesidad de dichos gastos para la actividad (que debe justificar la empresa), el trabajador no podrá verse perjudicado.
Y concluye: «Por tanto, en la medida en que el trabajador cumpla, y acredite la realidad de los gastos de locomoción y estancia, cuya carga probatoria le atribuye el TEAC, Hacienda no podrá obligarle a tributar por las dietas percibidas. Y si lo hace, la liquidación dictada deberá ser recurrida contando con muchas posibilidades de ser anulada».
Por último, se refiere el TEAC a la posibilidad de que el trabajador voluntariamente justifique no sólo la realidad del gasto, sino también la finalidad de dichos desplazamientos y su necesidad para la actividad (prueba ésta que corresponde a la empresa). En ese caso, Hacienda podría tener en cuenta estos datos en la regularización. A juicio de José María Salcedo, “con ello lo único que conseguirá el trabajador es facilitarle el trabajo a Hacienda, que ya no tendrá que pedirle dicha documentación a la empresa”.
Gastos de locomoción: No tributan las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes:
– Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
– En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.
Gastos de manutención y estancia: No tributarán las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, exclusivamente las siguientes:
     – Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor:
1) Por gastos de estancia: los importes que se justifiquen. En el caso de conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, no precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o de 25 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
2) Por gastos de manutención: Desplazamiento dentro del territorio español: 53,34 euros diarios como máximo. Desplazamiento a territorio extranjero: 91,35 euros diarios como máximo.
   
 – Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes cantidades en concepto de asignaciones para gastos de manutención:
1) Desplazamiento dentro del territorio español: 26,67 euros diarios como máximo. Desplazamiento a territorio extranjero: 48,08 euros diarios como máximo.
FUENTE: EL PAÍS

Source: econsulting

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'Compliance' y 'blockchain'

La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro.
Aunque el concepto de las criptomonedas parece que acaba de surgir, la tecnología blockchain nació en 2009 y, en estos nueve años, ha ido captando cada vez más adeptos en el mundo de los negocios y finanzas por las facilidades que conlleva operar con ellas. Y es que con estas monedas digitales se pueden realizar transacciones y transferencias sin posibilidad de que ninguna entidad, pública o privada, pueda controlarlo. Esta descentralización tiene lugar debido a que las criptomonedas son producidas anónimamente, algo que no todas las organizaciones utilizan de manera ética.
El uso de las criptomonedas y, por ende, de la tecnología blockchain, supone un auténtico reto para los compliance officers y los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas, ya que algunas organizaciones las utilizan para la especulación, estafas millonarias y, sobre todo, blanqueo de capitales, pudiendo incluso ser empleadas para fines más graves, como el tráfico de drogas o la financiación del terrorismo. Prácticas que, precisamente, intentan evitar los profesionales del compliance en sus empresas y socios.
Teniendo en cuenta que su misión es proteger a sus empresas y salvaguardar su prestigio y reputación, es natural que la tecnología blockchain pueda parecer una amenaza. Así, no sorprende que el tema más sensible en el mundo del blockchain sea la regulación penal del dinero virtual con el objetivo de prevenir y sancionar los diferentes delitos que pudieran producirse al amparo de esta tecnología. Con especial atención a los relacionados con el blanqueo de capitales, que obligan a adoptar medidas reforzadas de due diligence, tal y como establece el artículo 16 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Como hemos comentado, las criptomonedas entrañan una serie de riesgos, pero también presentan grandes oportunidades, al garantizar la autenticidad de las transacciones. Es decir, aunque no debemos obviar los peligros de su uso ilegal, tampoco debemos dejar que esos elementos nos impidan ver todas las posibilidades que la tecnología blockchain ofrece al compliance.
De entre ellas, destacan las siguientes:
1. Gestionar y proteger datos de manera más segura a través de la red de nodos (equipos/conjuntos de información). El blockchain, gracias a la criptografía, permite blindar los datos de posibles manipulaciones ya que, para modificarlos, el resto de la red debe validar los cambios.
2. El blockchain permite optimizar la integración de los socios comerciales y la cadena de suministro de una empresa con el uso de un portal común en el que la organización conserva registros inmutables de las actividades de due diligence de cada proveedor.
3. Llevar a cabo la due diligence y la verificación de identidad de manera más eficiente gracias a una base de datos de conocimientos compartida, característica principal del blockchain. Cuando se incorpora a un tercero a la cadena de suministro, las empresas pueden acceder a los datos y no necesitan repetir la due diligence si esta ya se ha completado.
4. Validación de los datos a través de dos opciones. En primer lugar, el hashing (huella digital) para cada bloque: si los datos se cambian en un bloque, el hash también se cambia, invalidando todos los bloques posteriores. Y, en segundo término, la validación de datos mediante distribución: los cambios en los datos en un bloque deben ser verificados por todos los demás nodos.
Indudablemente, el blockchain prospera en el sector empresarial. La inmutabilidad en las operaciones y su auditabilidad, la optimización de los recursos y la alta seguridad combinada con la máxima transparencia hacen que, aunque la tecnología esté todavía madurando, ya sean muchos los que apuestan por ella, previendo el gran impacto que provocará en la economía global.
Pero, como hemos visto, es una tecnología de doble filo que implica ciertos riesgos, aunque la paradoja es que, como en todas las relaciones de amor-odio, ni el compliance ni el blockchain pueden vivir el uno sin el otro.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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E-consulting Trade/Grupo ADADE colabora con la Fundación ICIL en la formación de los profesionales de una importante empresa logística

Barcelona, 21 de noviembre de 2018. La Fundación ICIL, líder en el sector de formación logística desde hace más de 30 años, ha contado con E-Consulting Trade/Grupo ADADE para impartir varios cursos a los profesionales del departamento de RR.HH. de la empresa GrupoUno CTC. 
E-Consulting Trade/Grupo ADADE, en colaboración con la Fundación ICIL, impartió varias sesiones formativas en materia de Derecho Laboral a los trabajadores del Departamento de RR.HH. de GrupoUno CTC, una importantísima empresa del sector logístico con más de 8.000 trabajadores. En concreto, las sesiones se desarrollaron los pasados días 29 y 30 de octubre en Madrid y 13 y 14 de noviembre en Barcelona. Ambas contaron con una alta participación y a ellas acudieron más de una treintena de profesionales. 
El programa, elaborado por E-Consulting Trade/Grupo ADADE expresamente para cubrir las necesidades de la empresa, estuvo centrado en la gestión de RR.HH., las relaciones laborales, el derecho laboral y los principales cambios legislativos aprobados y novedades que se avecinan. Un contenido pensado y creado especialmente para dar respuesta a las principales dudas y cuestiones que surgen diariamente en el Departamento de RR.HH. de GrupoUno CTC, pero que son reproducibles en casi cualquier empresa.
Todos los participantes del curso destacaron la calidad de la formación así como su enfoque eminentemente práctico, que les ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones de formación a sus tareas profesionales del día a día.

Source: econsulting

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Claves de una Due Diligence: cómo pasar 'la ITV' a las empresas

Hay varias situaciones que hacen que una empresa deba someterse a una Due Diligence. De la misma manera que los coches deben pasar la ITV, las empresas deben enfrentarse a este informe, elaborado por auditores o consultores externos, que examinan con detalle las distintas áreas de la empresa para determinar si cumple con sus obligaciones con la “diligencia debida” y no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad.
Según una firma de servicios jurídicos especializada en el asesoramiento legal integral a negocios tecnológicos e innovadores las empresas someten sus negocios a Due Diligence, principalmente, en tres casos distintos: cuando hay inversores interesados en acudir a rondas de inversión, antes de un proceso de compra o en un cambio de órgano de administración.
Al tratarse de un proceso complejo, una Due Diligence suele durar alrededor de 2 a 3 semanas, y una completa para una operación de venta (Vendor Due Diligence), alrededor de 1 mes, aunque depende fundamentalmente del tiempo que tarda la empresa en recopilar y facilitar la información necesaria. De hecho, según la firma de servicios jurídicos, antes de iniciar este proceso, la empresa analizada debería haber llevado a cabo un análisis previo en profundidad para asegurarse de que todo está en su sitio.
Cualquier proceso de Due DIligence se inicia con la entrega de un checklist por parte del consultor responsable de la misma a la empresa analizada, que contiene toda la información que debe facilitar. Suelen ser materias genéricas (contractual, propiedad intelectual e industrial, privacidad, corporate, fiscal y laboral, regulatorio y contable), por lo que es posible que algunos de los requerimientos de información no apliquen al negocio estudiado. En ese caso es importante explicar bien los motivos por los que la información solicitada no existe o es irrelevante, para evitar contingencias en el informe final. 
Uno de los aspectos importantes para la empresa analizada es la confidencialidad de esa información por si no se llega a un acuerdo entre las partes, tal y como asegura Luis Gosálbez: “es habitual que un inversor o comprador esté negociando varias operaciones similares en paralelo y, por tanto, se beneficie de la información obtenida de una empresa con la que finalmente no alcanza un acuerdo. Por este motivo, en el contrato previo al inicio de la Due Diligence se deberá especificar que la información proporcionada es confidencial y no se trasladará íntegramente al inversor o comprador, que sólo tendrá acceso al informe resultante”. De esta forma se evita que obtenga datos críticos de la empresa analizada, que podría utilizar en caso de que finalmente adquiera o invierta en un competidor.
En el informe de Due Diligence, además de las conclusiones, aparece una descripción de los riesgos e incumplimientos detectados, bajo la forma de contingencias, que llevarán un valor asociado. Ante la existencia de estas contingencias, el vendedor o inversor puede adoptar tres medidas: pedir una reducción proporcional de la valoración de la compañía, esperar a que las contingencias queden cubiertas antes de llevar a cabo la operación o incluirlas en las manifestaciones y garantías del contrato, de forma que cualquier sanción, multa o indemnización derivada de las mismas deba ser cubierta en el futuro por el vendedor. 
Cuando se trata de una inversión, el emprendedor suele solicitar que cualquier indemnización futura al inversor se pueda llevar a cabo mediante la entrega de un paquete de acciones por ese valor, con el objetivo de evitar hacer frente al pago de la cantidad correspondiente. Si se trata de una adquisición, el comprador puede retener parte del precio hasta que desaparezca el riesgo, por caducidad o transcurso del tiempo.
Debido a la importancia y la repercusión de este informe, es recomendable que los consultores responsables de la Due Diligence tengan experiencia en el negocio o en la industria analizada, ya que, de lo contrario, sus conclusiones pueden ser incompletas o erróneas o incluir contingencias que, en realidad, no constituyen riesgos reales para la operación, omitiendo situaciones que sí que pueden provocar problemas en el futuro.
FUENTE: TICPYMES

Source: econsulting

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Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas

El fisco indagará sobre las plusvalías de las operaciones con estas divisas y si se usan para blanquear dinero
La Agencia Tributaria tiene controlados a 15.000 contribuyentes que han realizado transacciones con criptomonedas en el último año. La identificación de estas personas es el resultado de la campaña que lanzó el fisco a principios de año, cuando envío requerimientos de información a 60 entidades, entre ellas 16 grandes bancos que operan en España, así como una decena de intermediarios financieros y 40 empresas. Hacienda vigilará que estos contribuyentes declaren las posibles plusvalías o beneficios de sus operaciones e indagará si utilizan las divisas digitales para blanquear dinero.
Cuando a principios de año la Agencia Tributaria publicó su plan de control anual, el documento con las líneas maestras de su actuación contra el fraude fiscal, dejó bien claro que le preocupaba que la eclosión de las nuevas tecnologías abriera una nueva grieta para el fraude. Por eso, enfatizó que vigilaría “la incidencia fiscal de estas nuevas tecnologías, como blockchain y, en especial, las criptomonedas”.
Hacienda tardó poco en poner en marcha un programa para embridar estas actividades. El pasado abril envió requerimientos de información a 16 grandes bancos, con sede o sucursal en España, a una decena de intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos) y a 40 empresas, que permiten facturar con bitcoins o criptomonedas similares.
Como resultado de aquella campaña, la Agencia Tributaria ha identificado a 15.000 contribuyentes que operan con estas divisas digitales. Y vigilará que declaren los beneficios que obtengan con el intercambio y negociación de bitcoins, ethereum o similares.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), la caballería de la Agencia, investigó minuciosamente la información remitida por bancos e intermediarios, la depuró y finalmente seleccionó a un grupo de 15.000 contribuyentes. El siguiente paso consiste en seleccionar los perfiles de riesgos para iniciar las inspecciones. Hacienda quiere enviar en las próximas semanas los primeros casos a las delegaciones territoriales.
Desde la Agencia recuerdan, además, que supervisará que en la campaña de la Renta de 2018 estos contribuyentes declaren las plusvalías generadas en la negociación de las criptomonedas, que tributan con carácter general en la base imponible del ahorro, con unos tipos de gravamen que van del 19% al 23% en función de las ganancias. En los borradores y programas de ayuda de las declaraciones, el fisco recordará la obligación de confesar los beneficios obtenidos por estos medios.
Hacienda reconoce que estas nuevas actividades digitales no proporcionarán una gran recaudación para las arcas públicas. Pero con estas acciones aspira a poner coto a unas actividades complejas, poco reguladas y nada transparentes, porque la titularidad de los bitcoins es opaca para las autoridades fiscales, y su negociación es casi imposible de rastrear, salvo con operaciones como la lanzada a principios de año por la Agencia.
La compra y negociación de criptomonedas se suele hacer a través de webs situadas en otros países; y obtener información de estos mercados digitales es laberíntico. Eso lleva a algunos grupos criminales a usar estas divisas para tapar sus actividades. Por ello, Hacienda insiste en que extremará la vigilancia sobre los contribuyentes identificados. Y en caso de apreciar la existencia de posibles actividades ilícitas, además de denunciarlo, iniciarán las actuaciones contra el blanqueo de capitales.
Precisamente, el plan de control anual advertía de esta situación: “La utilización por el crimen organizado de la Internet profunda (deep web) para el tráfico y comercio de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoins como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad. Para afrontar esta amenaza, se potenciará el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes”.
Obligación de informar
Para profundizar en el control de esta nueva economía digital, el Gobierno ha incluido en la nueva ley antifraude, cuyo proyecto fue aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros, un ramillete de medidas para reforzar el control tributario y la prevención del blanqueo a través de criptodivisas. Para ello, obligará a presentar tres nuevas declaraciones informativas sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, así como sobre las criptodivisas en el extranjero que posean contribuyentes españoles.
Los bancos o plataformas financieras que operen en España deberán informar al fisco de los titulares y beneficiarios y los saldos en bitcoins u otras divisas, cuando guarden las claves de posesión de estas cibermonedas. También habrá que informar de estos activos digitales que se tengan en el extranjero, bajo la amenaza de una fuerte multa de hasta el 150% de la cantidad omitida.
FUENTE: EL PAÍS

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Anna Calduch, Presidenta de E-Consulting/Grupo ADADE, visita a los despachos de Valencia

La Presidenta de E-Consulting/Grupo ADADE,  visitó recientemente a los despachos de Valencia, dos de ellos en la Capital, en concreto GRA Consultores y Asesores y Asesoría DANALO y el tercero en la localidad de Denia AGUILAR Consultores.

GRA Consultores se encuentra ubicado en la céntrica Avenida del Oeste 19 de Valencia, aquí mantuvo una reunión con uno de los socios del despacho en concreto con Rafael Viñals con el que intercambió y comentó diferentes temas tanto del despacho como de la RED. 

En Asesoría DANALO que está ubicada en la Calle de los Leones, 60, estuvo reunida con su titular David Navarro y en esta reunión participaron también dos compañeros de ADADE Valencia en concreto Evaristo y Pablo Garcia, que intercambiaron temas del día a día y de colaboración entre los despachos.
Por último visitó en la localidad de Denia a José Aguilar titular del despacho AGUILAR Consultores, ubicado en la Calle Diana, 6 – 3ª (Pasaje Femenia), aquí mantuvo una reunión con varios de los profesionales del mismo e intercambiaron bastantes temas sobre la dinámica y funcionamiento de la RED.

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Jornadas Profesionales Grupo ADADE/E-consulting

El próximo día 29 de noviembre, en el salón de actos del Hotel AC Carlton Madrid,  ADADE y E-Consulting celebran sus Jornadas Profesionales. El programa consta de los siguientes apartados:
  • LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS EN LA ASESORIA
  • LA IV DIRECTIVA DE LA UNION EUROPEA Y EL REGISTRO DE PROFESIONALES
  • ULTIMA JURISPRUDENCIA DE INTERES EN MATERIA SOCIOLABORAL
  • ENTRESIJOS DE LOS CONTRIBUYENTES SELECCIONADOS PARA EL PLAN DE INVERSION
  • FUTURO DE LA ASESORIA
El evento será presentado por el Presidente de ADADE y tras la intervención de los diferentes ponentes, habrá una ponencia del Dr. Ramón Mª Calduch, sobre el futuro de las asesorías, en la que nos explicará que, superada la transformación digital en la que estamos inmersos y en la que ADADE/E-Consulting fué pionera, toca pensar en los procesos de IA que serán los que realmente harán que cambie el paisaje actual de las asesorías, dejando a muchas de ellas en la cuneta.
También la necesidad de acudir a estructuras más grandes o a redes de despachos, para superar y adaptarse a los cambios que se avecinan.

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La rectificación de módulos de autónomos al detalle

Hacienda ha anunciado su rectificación en el límite de módulos en autónomos, aunque el trámite se encuentra abierto a matizaciones hasta el día 21 del presente mes.
El Ministerio de Hacienda ha publicado un borrador en el que ha informado de la orden ministerial por la que, entre otras cosas, se mantendrán las condiciones de acceso de los trabajadores por cuenta propia al método de estimación objetiva del IRPF y al régimen especial simplificado de IVA. Es decir, aquellos autónomos que facturen más de 150.000 euros, y menos de 250.000, se mantendrán dentro de este régimen. Esta medida, supone un ahorro importante para cierto tipo de autónomos, que se hubieran visto obligados a pagar más impuestos, al entrar en el régimen habitual.
Este documento ha sido evaluado y sometido a trámite de información pública y permanecerá abierto a posibles modificaciones y sugerencias hasta el próximo 21 de noviembre.
En lo que respecta al IRPF, se mantendrá para el próximo año la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación. Todo ello, según ha recogido la agencia de noticias Europa Press en una información en la que también detalla que se mantendrá la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo con las diferentes asociaciones más representativas del colectivo.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya anunció la pasada semana que el Gobierno no tocaría los actuales límites que permiten a los autónomos tributar por el sistema de módulos, lo que “beneficiaría a medio millón de autónomos”.
De esta forma, se prorrogará por cuarta vez y se anulará la modificación que estaba prevista introducir en el sistema a partir del 1 de enero de 2019.
En otro orden de cosas, desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado que para este periodo también se mantendrá la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.
FUENTE: CINCODÍAS

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El banco también debe asumir el coste de la cancelación de la hipoteca

La justicia impone el gasto a la entidad financiera al ser beneficiaria de la inscripción.
El banco debe asumir el gasto de la cancelación registral de la hipoteca. Así lo establece una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que condena a Kutxabank a devolver la cantidad total del desembolso efectuado por los clientes hipotecados para cancelar la hipoteca que les había concedido.
En su resolución, el tribunal rechaza la alegación del banco que consideraba que el hipotecado era el único interesado en hacer desaparecer la carga del Registro de la Propiedad. Según señalan los magistrados, la inscripción se hizo en beneficio y garantía de la parte prestamista, es decir del banco. De ahí que, llegando a la misma conclusión que la sentencia de instancia, establece que el gasto de su cancelación corresponde a la entidad financiera. Si el gasto de constitución era innecesario para el cliente, ni tiene que afrontar la carga de la inscripción en el Registro de la Propiedad, ni el desembolso por la desaparición o cancelación de la misma, que no hubiera existido si no se hubiera registrado.
Kutxabank pretendía hacer valer que la cláusula anulada en instancia solo afectaba a los gastos de constitución, no a los de cancelación de la hipoteca, pero los magistrados rechazan este argumento. Una vez pagado el préstamo y atendida la obligación principal, la garantía desaparece y aquel en cuyo interés se inscribió tendrá que atender igualmente a los gastos de su desaparición.
Esta decisión obligó al banco a reintegrar cerca de 600 euros por gastos de notario, Registro de la Propiedad y gestoría y es un nuevo revés para las entidades financieras que obligan a los prestatarios a asumir gastos que no les corresponden.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting