Tag Archive ajax

Poradmin

¿Puede la empresa realizar un test de drogas al empleado tras un accidente laboral?

CEOE pide que las compañías puedan hacer controles tras un incidente. La ley, sin embargo, no lo permite. Las pruebas solo pueden ser preventivas
El número de accidentes laborales, así como su grado de gravedad, no hacen más que aumentar en España. Según los últimos datos que ofrece el Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto de 2018 se produjeron un total de 399.312 percances que causaron baja, 13.895 más que en el mismo periodo de 2017. En ellos murieron 419 trabajadores, frente a los 405 fallecidos del ejercicio anterior. El resto de afectados se repartieron entre bajas de carácter leve y de carácter grave.
En este contexto, el candidato a la presidencia de la CEOE, Antonio Garamendi, actualmente vicepresidente de la patronal y presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ha reclamado esta semana que las compañías puedan hacer pruebas de alcoholemia y controles de drogas a los profesionales implicados en estos sucesos. “No tiene mucho sentido que cuando hay un accidente laboral una empresa no pueda hacer pruebas de alcoholismo o drogadicción a los trabajadores, cuando a todos nos las hacen en la calle si cogemos un coche”, señaló.
La comparación, sin embargo, no es del todo exacta. Los controles médicos en el trabajo, regulados por el Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “tienen un objetivo únicamente preventivo, y no pueden hacerse a posteriori. Es decir, si una prueba se realiza después de un accidente, claramente tiene una finalidad distinta”, explica Marga Fernández, socia de laboral de un despacho. Así lo afirma también Valentín García, socio de laboral de un bufete, “No es una norma totalmente cómoda para que el empresario pueda protegerse tras un accidente, pero a día de hoy la ley se centra en la prevención y no tanto en lo que pasa después”. Además, añade García, en lo relativo al tráfico hay una normativa específica y una autoridad con competencia para realizar estos controles. “Tú, como empresario, no tienes esa facultad”.
Por eso, la petición que lanzan desde la patronal, actualmente “es imposible que pueda salir adelante”, desarrolla Daniel Cifuentes, jefe de laboral de un despacho. La razón, continúa, es que este tipo de verificaciones chocan por completo con el derecho a la intimidad y a la privacidad del trabajador, un derecho que, recuerda, forma parte de los conocidos como fundamentales. “Cuando el derecho a la privacidad riñe con el empresarial, claramente prevalece el primero”. Esto, además, es aplicable a todas las esferas de la plantilla, apunta Valentín García, “desde los peones hasta los altos directivos de la organización”.
A esto se le suma la entrada en escena del ya vigente Reglamento general de protección de datos (RGPD), que asegura la privacidad y confidencialidad de la información más sensible. En esto, los expertos también se muestran tajantes: “La recolección y tratamiento de datos médicos está muy restringida. La empresa no podría utilizar estos resultados”, esgrime Marga Fernández. Hoy, añade García, “hay mucha vigilancia con todo lo relacionado con la protección, y los datos que tienen que ver con la salud del empleado son especialmente confidenciales. No existen herramientas legales en España para que los trabajadores se sometan a estas pruebas obligados por la empresa”.
Estas pruebas chocan frontalmente con el derecho a la intimidad de los trabajadores
A día de hoy hay dos marcos de actuación cuando se produce un accidente. Si fallece un profesional, en el lugar se presenta un inspector de trabajo, un juez y la policía forense. “Entre todas las pruebas que se realizan, suele haber algunas de alcohol y drogas. Todo eso suele verificarse”, apunta. Donde el test ya es más complicado es en los casos en los que el accidente no termina en fallecimiento, ya que la normativa no obliga a que se lleven a cabo análisis de sangre ni de orina. “Imagino que es aquí donde a las empresas les podría interesar llevar a cabo este tipo de test, ya que la norma entiende que si hay un accidente, la responsabilidad es de la compañía”.
Todas estas pruebas, reflexionan los expertos, solo podrían tener sentido en casos realmente excepcionales, y siempre de forma preventiva, nunca reactiva. “Tendrían que ser controles en situaciones muy específicas y a profesionales muy concretos, como perfiles que trabajen en altura, que manejen maquinaria pesada, que tengan responsabilidad sobre otros empleados…”, cuenta Fernández. Eso sí, apunta Daniel Cifuentes, tendrían que ser pruebas que se realizasen de forma anónima e incluso aleatoria”.
En ese sentido, explica Germán Martínez, asociado de laboral de un despacho, hay algunos colectivos que quieren establecer qué es una actividad peligrosa para poder fijar reconocimientos médicos. Por ejemplo, “los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, los que trabajan en metalurgia, los que están en riesgo de caídas desde grandes alturas… Pero siempre de forma aleatoria y también preventiva. Todos estos casos son lo más parecido a la propuesta de CEOE que la normativa española recoge”, agrega Martínez.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

La deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades y los Consejos de Administración

En la última década, uno de los trending topic de las inspecciones tributarias ha sido la cuestión relativa a la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las cantidades pagadas a los administradores o miembros del Consejo de Administración. 
Desde largo tiempo atrás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido rechazando de forma reiterada la deducibilidad de estas remuneraciones, siempre y cuando no se recojan en estatuto pero, hace ya más de una década, el alto tribunal añadió un requisito cuya interpretación resulta problemática y ha generado gran litigiosidad: el requisito de «certeza». 
Esta exigencia de certeza en el importe de la retribución de los administradores limita, por ejemplo, la posibilidad de recoger en estatutos varios sistemas legales de retribución y dejar a la Junta General la determinación de cuál de ellos ha de aplicarse en cada momento. Asimismo, tampoco resulta suficiente la mera designación en los estatutos de un sistema de retribución de los administradores o consejeros para deducir el gasto en el Impuesto sobre Sociedades. Sino que la jurisprudencia ha llegado a exigir que, en el supuesto de que el sistema elegido sea el variable y se concrete en una participación en los beneficios de la sociedad, el porcentaje esté perfectamente determinado en los estatutos. Estas breves pinceladas sobre el nivel de exigencia contenido en la jurisprudencia sirven para dar una idea de los problemas a los que han tenido que enfrentarse las empresas a la hora de superar una inspección fiscal.
No obstante, durante este año hemos asistido a una aparente y deseable relajación en el nivel de exigencia formal para admitir la deducibilidad de gasto. En concreto, el Tribunal Económico-Administrativo Central -haciendo remisión a la más reciente jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal-, en abril y mayo de este año se ha pronunciado en sendas resoluciones aceptando como válida la deducción del gasto por retribuciones de administradores consistentes en una cantidad fija a determinar cada año por la Junta General de Accionistas de la entidad. Así, se concluye que este sistema de retribución, el de la cantidad fijada anualmente por acuerdo de la Junta General, no puede tildarse de impreciso o vago y, consecuentemente, la inspección debió admitir la deducibilidad de estos gastos.
No estamos, ni mucho menos, ante el final de la controversia sobre la materia, pero consideramos que el mantenimiento de la tendencia de las últimas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, junto con la modificación que introdujo el Legislador en la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobada en 2014, contribuirán, sin duda, a un paulatino apaciguamiento de las aguas.
FUENTE: EXPANSIÓN

Source: econsulting

Poradmin

Del valor reforzado de los acuerdos en despidos colectivos a su valor absoluto, ¿dónde estamos?

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en sentencia núm. 699/2018 de 2 julio, donde viene a negar la posibilidad de cuestionar en la impugnación individual del despido colectivo finalizado con acuerdo las causas justificativas del procedimiento. Se refiere así nuestro Alto Tribunal, en una Sentencia que cuenta con cinco votos particulares, a la dicotomía existente entre las posibilidades de impugnación individual de despidos colectivos y las posibilidades de impugnación individual de suspensiones de contratos o reducciones de jornada.
Esto es, mientras las causas del procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada finalizado con acuerdo únicamente podrá ser impugnado a nivel individual cuando en la suscripción de este medie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, esta limitación no se recoge en sede de impugnación de despidos colectivos, ni a nivel colectivo ni a nivel individual.
En efecto, el artículo 124.13 de la LRJS contempla la posibilidad de impugnar individualmente aquellos despidos derivados de la tramitación de despidos colectivos finalizados con acuerdo cuando no haya sido impugnado colectivamente, entre otros, por los siguientes motivos:

– Los recogidos en el artículo 122.2 LRJS.

– Cuando no se haya realizado el periodo de consultas o no se haya entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no se haya respetado el procedimiento previsto en el artículo 51.7 de nuestra norma sustantiva laboral.

De tal forma que el despido podía impugnarse a nivel individual por todos los motivos anteriormente referenciados con independencia de la existencia de un acuerdo entre las partes. Esta posibilidad fue acogida por la jurisprudencia de forma pacífica, pudiéndose citar, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2017 [RJ 2017/2822] o 25 de junio de 2014 [RJ 2014/4385].Para llegar a la conclusión de la imposibilidad de combatir las causas del procedimiento, nuestro Alto Tribunal destaca varias cuestiones:

– Desde un punto de vista sustantivo, señala que se ha querido incentivar y fomentar la consecución de acuerdos entre empresa y representantes de los trabajadores.

– Desde un punto de vista procesal, deriva a los procesos colectivos la discusión sobre la concurrencia de las causas justificativas de la medida empresarial que inciden por igual en todos los trabajadores afectados.
Prosigue el Tribunal Supremo aludiendo a dos pilares fundamentales:

– El acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores es la herramienta más adecuada para la resolución de situaciones de crisis y,

– La paralela prevalencia del proceso colectivo sobre el individual en la resolución de las discrepancias sobre aquellos aspectos que inciden por igual en todos los trabajadores afectados.

Parece superar así nuestro Alto Tribunal su línea doctrinal contenida, entre otras, en Sentencia de 8 noviembre de 2017 [Rec. 40/2017], tendente a otorgar únicamente un valor reforzado al acuerdo suscrito en el seno del periodo de negociaciones, para pasar a significarlo como impedimento para la impugnación de las causas alegadas como justificativas de la medida. No obstante, la existencia de cinco votos particulares evidencia lo controvertida de la cuestión y la posibilidad manifiesta de variación en un futuro, así como la necesidad de analizar cada supuesto de forma concreta. En concreto, los Magistrados discrepantes hacen referencia a varias cuestiones al objeto de manifestar su contraposición con el criterio de la mayoría de la Sala:
1) El efecto de cosa juzgada establecido en el artículo 124 LRJS únicamente se establece para aquellos procedimientos que se hayan impugnado a nivel colectivo. La conclusión alcanzada supone conferir al acuerdo alcanzado en el periodo de consultas el mismo valor que a la sentencia judicial.
2) No puede entenderse que pueda impugnarse a nivel individual un convenio colectivo y no un acuerdo alcanzado en un periodo de consultas.
3) No es dable entender que la omisión en el artículo 51 ET de la misma previsión que se contiene en el artículo 47 ET, sea fruto de un olvido del legislador.
4) Se profundiza así en la dicotomía existente entre las novaciones modificativas y las modificaciones extintivas.
5) Para combatir la mayor carga procesal que pudieran tener los Juzgados, existen otras soluciones menos traumáticas que la adoptada.
Sin duda, se trata de un pronunciamiento muy controvertido que dará que hablar en los próximos meses, en tanto además de contar con el voto particular de cinco magistrados discrepantes, deja en el aire multitud de cuestiones, tales como, i) la posibilidad de impugnar individualmente el despido colectivo cuando haya existido acuerdo en el periodo de consultas invocando, no la inexistencia de causas justificativas, sino la existencia de defectos formales que, no llegando a considerarse fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, constituyan incumplimientos del procedimiento ex art. 51 ET, o, ii) la situación que se presenta a aquellos trabajadores que se vean afectados por la suscripción de un acuerdo entre empresa y sus representantes legales respecto del que no estén conformes, más aun, cuando la comisión representativa quede conformada por representantes elegidos ad hoc para la negociación de un concreto procedimiento y en los que el acuerdo no se haya sometido al refrendo de la plantilla y los términos alcanzados sean de mínimos legales.
FUENTE: EXPANSIÓN

Source: econsulting

Poradmin

El embrollo hipotecario en 8 preguntas y respuestas

Los vaivenes sobre quién debe pagar el impuesto deja ganadores y perdedores tras casi un mes de incertidumbre jurídica. Como si se tratara de un serial televisivo, el embrollo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vivió ayer un nuevo capítulo. Un día después de que el Supremo acordara que los clientes pagaran esta tasa, igual que venían haciendo hasta ahora, el Gobierno anunció una reforma para que sean los bancos quienes lo asuman. 
¿Qué es el impuesto AJD de las hipotecas?
La tasa de Actos Jurídicos Documentados (AJD) es un gravamen que cobra la Administración Pública y que se encargan de recaudar las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de este tributo. Es decir, los bancos nunca han cobrado este impuesto, que ha ido directamente a las arcas de las autonomías. La cantidad que pagan los clientes por este concepto va desde el 0,5% y el 1,5% del importe de la hipoteca, dependiendo de cada región. 
¿Por qué pagaba hasta ahora el impuesto el cliente?
Así lo establecía el artículo 68.2 del reglamento sobre la tasa AJD de 1995. En febrero de este año, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Supremo dejó claro que el sujeto pasivo del AJD era el consumidor. Durante 23 años no se había cuestionado este principio, hasta que una sentencia del Supremo del 18 de octubre decidió que tenían que ser los bancos los responsables. En ese fallo se aseguraba que el único interesado en elevar a escritura pública la hipoteca era el banco, por lo que el debía pagar el impuesto. Como había sentencias anteriores contradictorias sobre esta cuestión, se convocó el pleno que terminó decidiendo dejarlo todo como estaba. 
¿Quién paga el impuesto en otros países?
En los países europeos en los que existe una tasa similar al AJD, el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario, o sea, el cliente. Así ocurre en Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Austria, por ejemplo. 
¿Quiénes son los bancos más afectados por su modelo de negocio?
Los de perfil más hipotecario. Entre las grandes entidades Bankia es la más expuesta por el peso de las hipotecas en su balance. Más del 80% de sus ingresos proceden de esta vía. De hecho, los márgenes caen por el desplome del euribor. Bankinter, Ibercaja y Kutxabank son otras entidades medianas con un perfil muy hipotecario. 
¿Qué puede hacer el cliente que tiene ya tiene hipoteca?
La decisión del Supremo de cargar el impuesto AJD al cliente deja poco margen de maniobra para reclamar a quienes ya tienen hipoteca. Aunque desde las asociaciones de consumidores han anunciado que recurrirán a Europa. Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se ha anunciado que pedirá a los jueces que planteen la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
¿Pueden encarecerse las hipotecas? 
La mayoría de las entidades ya descontaban que acabarían pagando la tasa a futuro y ya habían encarecido los préstamos para la compra de viviendas. De hecho, una ley del Banco de España vigila que las entidades trasladen al precio los incrementos en los costes como antídoto para evitar la venta a pérdida. Aun así, las entidades no descartan que se mantenga la guerra hipotecaria que habían iniciado incluso tras el cambio legislativo que aprobará el Gobierno. 
¿Quién gana y quién pierde ahora?
Los vaivenes sobre quién debe pagar el impuesto deja ganadores y perdedores. La banca ve eliminado el riesgo de la retroactividad y trasladará el aumento del coste en las nuevas hipotecas. Hacienda también resulta ganadora, que seguirá recaudando este impuesto y evita una batalla legal con los bancos sobre su capacidad para reclamar el AJD de años anteriores, cuando lo pagaban los clientes. En el grupo de ganadores también está el Gobierno, que emerge en la polémica como juez salomónico pero apuntándose un tanto político con los votantes.
Como suele ser habitual en cualquier conflicto legal o político, el cliente será el que acabe pagando los platos rotos: dejará de abonar el AJD pero lo asumirá de forma indirecta con una subida del precio de las hipotecas. 
¿Qué ocurrirá con los gastos de notaría, gestoría y registro?
No hay todavía una jurisprudencia clara al respecto. Se está a la espera de un pronunciamiento temprano del Tribunal Supremo, que debe resolver cuatro recursos planteados sobre este asunto. Lo que existe ahora es un pronunciamiento del Supremo muy vago, que sólo dice que debe haber un reparto de gastos «equitativo», tal y como se espera que se recoja y apruebe en la nueva Ley Hipotecaria que se tramita en el Congreso.
FUENTE: EXPANSIÓN

Source: econsulting

Poradmin

Más de 400.000 autónomos podrán seguir cotizando por módulos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero anuncia que el Gobierno mantendrá el umbral para que los autónomos puedan acogerse a la tributación simplificada o por módulos
Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que ha anunciado que el Gobierno mantendrá el umbral para que los autónomos puedan acogerse a la tributación simplificada o por módulos. Por lo que no se modificará como estaba previsto. Así lo ha anunciado la titular de Hacienda durante su intervención en el Foro Cinco Días.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA, su presidente Lorenzo Amor, ha celebrado que «tras meses de negociación entre la Agencia Tributaria y ATA se haya decidido mantener los actuales límites que permiten la tributación por módulos». Lo que según estimaciones de esta asociación beneficiará a más de 400.000 autónomos, que permanecerán en este tipo de tributación fiscal.
La intención inicial era cumplir con lo dispuesto en la ley actual y rebajar este próximo año los umbrales de los autónomos que no podrán tributar en módulos a aquellos con rendimientos íntegros de más de 150.000 euros, a aquellos que facturen a otros profesionales más de 75.000 euros o cuyas compras superen los 150.000 euros. Ahora el Gobierno prevé mantener los límites actuales: los autónomos con rendimientos íntegros podrán tributar por módulos hasta aquellos que superen los 250.000 euros, quienes facturen a otros empresarios o profesionales más de 125.000 euros o quienes compren bienes y servicios por un montante superior a los 250.000 euros. De esta forma, que sigan los actuales límites, según la ministra beneficiará a medio millón de autónomos.
Desde ATA han recordado quede los 3,2 millones de autónomos, un millón y medio lo han hecho a través de la estimación directa, más de 400.000 a través del citado sistema de módulos y el resto como sociedades. Para Amor, «el mantenimiento de los límites actuales permitirá a muchos autónomos seguir con sus actividades, que de otra manera ser verían abocados a echar el cierre».
En este sentido, desde esta asociación de autónomos, han exigido que el futuro Real Decreto que regule esta medida cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios: «Es fundamental apoyar a los trabajadores autónomos con ingresos más bajos, muchos de ellos transportistas que están en el sistema de módulos, y que de no estarlo verían peligrar seriamente su actividad», ha concluido el presidente de ATA Lorenzo Amor.
FUENTE: ABC

Source: econsulting

Poradmin

Aprobado el Real Decreto-ley que modificará dos artículos de la ley para que la banca pague el IAJD

El Consejo de Ministros del 8 Nov 2018 ha aprobado un Real Decreto-ley que modificará dos artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca la que pague ese tributo y no los ciudadanos cuando se formalice un préstamo con garantía hipotecaria. El Gobierno ha adoptado esta medida después de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo decidiera el pasado 6 de noviembre modificar el criterio mantenido en una sentencia anterior.
En dicha sentencia, el Alto Tribunal defendió que el sujeto pasivo del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) era el prestamista, lo que suponía un cambio en la interpretación que se había mantenido hasta ese momento. Sin embargo, el Pleno del Supremo aprobó en una ajustada votación volver al criterio inicial y determinó que son los ciudadanos quienes deben asumir el pago del impuesto cuando firman un préstamo hipotecario.
Ante estos diversos pronunciamientos y para evitar que se genere incertidumbre e inseguridad jurídica que pueda afectar al mercado hipotecario y a los intereses de los consumidores, el Gobierno ha decidido modificar el Real-Decreto legislativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La banca no se podrá deducir el impuesto
En concreto se modifican los artículos 29 y 45 de dicha norma, para determinar que el sujeto pasivo del impuesto, cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista. Asimismo, se incluye una disposición por la que se modifica el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago de impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados estará considerado como no deducible por parte del prestamista.
Este Real Decreto-ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 9 viernes y entrará en vigor al día siguiente. Se aplicará a las escrituras formalizadas a partir de la entrada en vigor de la norma.
Se declara de urgencia la tramitación parlamentaria del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario transpone la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010.
El plazo límite para la transposición de la misma finalizó el pasado 21 de marzo de 2016, por lo que existe un procedimiento de infracción abierto contra España, actualmente en fase de demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que está pendiente de dictar sentencia. Ello obliga a agilizar al máximo la tramitación del Proyecto, reduciendo lo posible los plazos y trámites necesarios para su aprobación. En consecuencia, el Consejo de Ministros ha acordado declarar de urgencia la tramitación parlamentaria en el Senado del Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
FUENTE: LEGALTODAY

Source: econsulting

Poradmin

¿Puede una entidad patrimonial aplicar la reserva de capitalización?

La DGT considera que no existe ninguna limitación para que una entidad patrimonial pueda aplicar la reserva de capitalización, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Una sociedad limitada que tiene la consideración de entidad patrimonial plantea ante la DGT la posibilidad de aplicar la reserva de capitalización.
La Administración, en su contestación recuerda los requisitos para la aplicación de la reducción de la base imponible del 10% del importe del incremento de los fondos propios:
a)  Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables de la entidad.
b)  Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos:
a)  Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b)  Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del título VII de esta Ley.
c)  Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.
Además, el incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior.
Por lo tanto, dado que no se establecen limitaciones para la aplicación de la reserva a las entidades patrimoniales, y siempre que cumpla con los requisitos establecidos, la entidad puede aplicar la reserva de capitalización.
Consulta DGT V1839/2018 de 22 junio de 2018. EDD 2018/113279
Fuente: ADN Fiscal

Source: econsulting

Poradmin

Un autónomo puede ser gerente de su empresa y cobrar la jubilación

El juzgado de lo social número 3 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa.
Hasta julio de este año, para un autónomo era muy complicado cobrar una pensión equiparable a la que percibe un trabajador por cuenta ajena, pero esto ha cambiado. Gracias a la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y a una sentencia pionera en la aplicación e interpretación favorable de la misma para aquellos trabajadores autónomos que han constituido una empresa, el panorama ya no es el mismo.
Percibir el 100% de la pensión de jubilación activa es compatible con el mantenimiento del puesto de administrador único de una sociedad, siempre que ésta tenga contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, en un caso en el que ha reconocido a un afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) su derecho a cobrar este subsidio íntegro a pesar de continuar regentando un negocio
Este derecho fue reconocido, por la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para aquellos autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de forma recurrente se interpretaba que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.
En los hechos juzgados se describe como el INSS, llegada la edad de jubilación del autónomo asturiano, le deniega la pensión por no tener trabajadores contratados a su nombre.
Tras un primer recurso, la resolución administrativa emitida desde la Seguridad Social solo le reconoce una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.
No conforme con esta resolución y tras acudir nuevamente a los tribunales argumentando que la última reforma legal tenía como finalidad principal no solo una mejoría de la situación de los autónomos, sino también la promoción y defensa del empleo, ha logrado que los jueces le den la razón.
Esta última sentencia afirma que la interpretación hecha por el INSS es «contraria a la finalidad legislativa misma de la ley, además de no ser resultante del tenor literal de la norma».
La sentencia del juzgado ovetense, que no es firme y puede ser recurrida ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias es pionera y de suma trascendencia para los autónomos que regentan una sociedad mercantil, hecho muy habitual sobre todo si se tiene en cuenta que hay muchísimos autónomos que recurren a la creación de sociedades limitadas para acotar el alcance de su responsabilidad patrimonial.
FUENTE: DISJUREX

Source: econsulting

Poradmin

El Contrato de sociedad civil: socios, administración y disolución

Según la naturaleza de su aportación, los socios pueden ser capitalistas o industriales, siendo los primeros los que aportan bienes o dinero, y los segundos los que realizan para la sociedad una aportación de trabajo o industria. Cada socio adeuda a la sociedad lo que ha prometido como aportación y es responsable por evicción en cuanto a los bienes aportados. Cuando la aportación consiste en una suma de dinero, se devengan intereses desde el día en que el socio debió aportarla y no lo hizo, sin perjuicio de la indemnización de daños que proceda. Todo socio responde ante la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por su culpa, sin que pueda compensarlos con los beneficios que por su industria le haya proporcionado.
La sociedad responde ante los socios de las cantidades desembolsadas por estos y del interés correspondiente, así como de las obligaciones que los socios de buena fe hayan contraído para los negocios sociales y de los riesgos inseparables de su dirección. La sociedad queda obligada con terceros por los actos de uno de los socios cuando éste obre como tal, por cuenta de la sociedad, tenga poder expreso o tácito para obligar a la sociedad y obre dentro de los límites de su poder o mandato.
Las pérdidas y ganancias se reparten según lo pactado. Si solo se ha pactado la parte de cada uno en las ganancias, será igual su parte en las pérdidas. A falta de pacto, la parte de cada uno en las ganancias y en las pérdidas es proporcional a su aportación. Es nulo el pacto que excluye a uno o más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas, si bien el socio de industria puede ser eximido de toda responsabilidad en las pérdidas.
Los socios no quedan obligados solidariamente respecto de las deudas de la sociedad. Su responsabilidad es mancomunada, esto es, responden de las dudas sociales en la medida de su participación social, con todos sus bienes, pero solo después de haberse hecho excusión del fondo social. Se trata, por tanto, de una responsabilidad mancomunada y subsidiaria, pues solo se procederá contra ellos y/o su patrimonio cuando previamente se haya procedido, sin éxito, contra los bienes y derechos titularidad de la sociedad civil. Los acreedores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada socio sobre los bienes sociales, si bien los acreedores particulares de cada socio pueden pedir el embargo y remate de la cuota que el socio ostenta en el fondo social. El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que durante ella haya obtenido en el ramo de industria que sirve de objeto a la misma.
Administración de la sociedad
La administración de la sociedad está encargada a los propios socios, que pueden prever en el contrato de sociedad diversas formas de administración:
• Administrador único. Puede ejercer todos los actos de gestión y administración a pesar de la oposición de sus compañeros, a no ser que proceda de mala fe. Si ha sido nombrado en el contrato social, su poder es irrevocable salvo que concurra causa legítima. Si ha sido nombrado con posterioridad, puede revocarse en cualquier momento.
• Administradores mancomunados. Si la administración se confía a dos o más socios y se ha estipulado que éstos no pueden obrar unos sin el consentimiento de los otros, es necesario el concurso de todos para la validez de los actos.
• Administradores solidarios. Si la administración se confía a dos o más socios y no se establecen sus funciones ni se establece un régimen de actuación mancomunada, cada uno puede ejercer todos los actos de administración separadamente, pero cualquiera de ellos puede oponerse a las operaciones de otro antes de que éstas hayan producido efecto legal.
Si en el contrato no se ha estipulado modo alguno de administrar, han de observarse las siguientes normas:
• Todos los socios se consideran apoderados y lo que cada uno haga por sí solo obliga a la sociedad, pero cada uno puede oponerse a las operaciones de los demás antes de que produzcan efecto legal.
• Cada socio puede servirse de las cosas que componen el fondo social, según la costumbre del lugar, siempre que no lo haga contra el interés de la sociedad o impidiendo el derecho de uso de los demás socios.
• Todo socio puede obligar a los demás a sufragar con él los gastos necesarios para la conservación de los bienes comunes.
• Ningún socio puede sin consentimiento de los demás, modificar los inmuebles en común.
Disolución de la sociedad

La sociedad se extingue por las siguientes causas:
a) Cumplimiento del término por el que se constituyó.
b) Pérdida de la cosa.
c) Conclusión del negocio que le sirve de objeto.
d) Muerte o insolvencia de cualquiera de los socios.
e) Embargo de bienes sociales a causa de las deudas de un socio.
f) Voluntad o renuncia de cualquiera de los socios, siempre que la sociedad se constituya por tiempo indefinido. Para que la renuncia surta efectos, debe comunicarse al resto de socios y hacerse en tiempo oportuno y de buena fe, siendo de mala fe la que efectúa el socio renunciante con el propósito de apropiarse del provecho que debe ser común.
Si la sociedad se ha constituido por tiempo determinado, o éste resulta de la naturaleza del negocio, el socio puede pedir su disolución únicamente si media justo motivo (p.e, el incumplimiento de los socios de sus obligaciones o la inhabilitación para los negocios sociales).
g) Pérdida de la cosa específica que un socio se había obligado a aportar a la sociedad, cuando la cosa perece antes de ser entregada, y lo mismo sucede cuando el socio se ha obligado a aportar el uso o goce de una cosa, reservándose la propiedad, y ésta perece. Sin embargo, no se disuelve la sociedad cuando la pérdida de la cosa tiene lugar después de que la sociedad ha adquirido su propiedad.
FUENTE: MEMENTO SOCIEDADES MERCANTILES 2019

Source: econsulting

Poradmin

Las operaciones con terceros se declararán en febrero (MOD. 347)

Hacienda amplía el plazo para la entrega del modelo 347. Este ejercicio debía presentarse antes de concluir el año.
El modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas se presentará, a partir de ahora, en el mes de febrero, con carácter indefinido, lo que supone una ampliación del plazo previsto hasta ahora, que culminaba el 1 de enero.
Empresas y asesores fiscales venían reclamando esta ampliación del plazo, puesto que la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, preveía que se presentase durante el mes de febrero de 2018, pero a partir de este ejercicio, la declaración se adelantaba al mes de enero del año siguiente.
Así se establece en la Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican las Órdenes reguladoras de los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como del modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La Orden, publicada hoy en el BOE, modifica también los modelos 347, de declaración anual de operaciones con terceras personas; el modelo 303, de autoliquidación del IVA; el modelo 390, de declaración-resumen anual del IVA; y el 036, de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y 037, de declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.
La entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) implicó la exoneración de presentar la declaración resumen-anual para los sujetos pasivos obligados al mismo, así como para aquellos que voluntariamente opten por utilizarlo, estableciéndose para ellos la obligación de informar de su volumen de operaciones en la declaración-liquidación del último período de liquidación de cada año natural. Por ello, en el apartado de datos identificativos se introdujo la casilla ¿Existe volumen anual de operaciones?, a cumplimentar solo por los sujetos pasivos exonerados de la obligación de presentar la declaración-resumen anual. Con el fin de clarificar los sujetos pasivos que deben informar de su volumen de operaciones en la declaración-liquidación correspondiente al último período de liquidación, la casilla anterior se sustituye por otras dos a cumplimentar por los exonerados de la obligación de presentar la declaración-resumen anual y por los exonerados que han de consignar su volumen de operaciones.
Tipos no vigentes de IVA
Esta modificación afecta a los modelos 303 y 322. También se modifica la casilla 79, sobre el volumen de operaciones, en estos dos modelos para incluir de manera expresa el importe de las entregas no habituales de oro de inversión.
Se establece que la realización de actividades por las que no exista obligación de presentar autoliquidaciones periódicas no afectará a la exoneración de presentar el modelo 390. En él, se elimina la casilla ¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? Además, se eliminan los tipos no vigentes de IVA y se crea una casilla en la que se incluirán, en su caso, las cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firmes con estos tipos no vigentes. En el apartado de resultados de las liquidaciones se crea una casilla para las cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio.
FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting