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El Gobierno recuperará la obligación de jubilarse cumplida la edad legal

La extinción forzosa se recogerá en los convenios colectivos y estará vinculada a objetivos de empleo.
El Ejecutivo se ha propuesto poner patas arriba la legislación laboral y deshacer el camino andado por el anterior Gobierno. El Ministerio de Trabajo sigue negociando con los agentes sociales cambios normativos que persiguen descafeinar la reforma del mercado de trabajo, entre ellos volver a introducir cláusulas en la negociación colectiva que obliguen a la jubilación forzosa por edad. Un asunto en el que el acuerdo con los agentes sociales es total, dado que fueron empresarios y sindicatos los que reclamaron esta medidas al Ejecutivo el pasado julio cuando sellaron el IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).
La reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 prohibió la inclusión de cláusulas de jubilación forzosa en los convenios en un contexto de fuerte crisis. Aquel año la destrucción de empleo se convirtió en una amenaza para la viabilidad del sistema de Seguridad Social, motivo por el que se buscaron medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad, fomentando así la prolongación de la vida laboral como objetivo compartido por la mayoría de los países de la Unión Europea.
«Sin perjuicio de reconocer el carácter voluntario para el trabajar de la jubilación, la mesa del diálogo social ha considera oportuno permitir que la negociación colectiva disponga de esta causa de extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación», asegura la propuesta de acuerdo enviada por el Ejecutivo a los agentes sociales a la que ha tenido acceso ABC.
El texto especifica que para que la jubilación forzosa sea viable el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos para tener derecho a la pensión completa de jubilación en su modalidad contributiva. Además, la extinción deberá vincularse a objetivos de políticas de empleo expresadas en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o «cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad en el empleo».
Cambiar el Estatuto
La posibilidad legal de que los convenios colectivos establecieran la jubilación forzosa se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, y desde el texto refundido del año 1995 se regulaba en la disposición adicional 10ª del mismo, que es la que se modificó en 2012 y ahora el Gobierno socialista volverá a modificar.
Por efecto de la Ley 5/2001 se suprimió, para luego volverse a permitir en el año 2005, mediante la Ley 14/2005, siempre que se vinculara a objetivos coherentes con la política de empleo, tales como la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo o la contratación de nuevos trabajadores, y siempre que el afectado reuniera los requisitos para acceder a la pensión contributiva de la Seguridad Social.
La Ley 27/2011 mantuvo la jubilación forzosa y únicamente la modificó con la finalidad de que no afectara a trabajadores con pensiones de jubilación claramente mejorables. En este sentido, estableció que el trabajador afectado tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización que le permitiera aplicar un porcentaje de un 80% sobre la base reguladora para el cálculo.
En la propuesta de acuerdo remitida por el departamento que dirige Magdalena Valerio a los agentes sociales también se incluye la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años que fue uno de los que recortó la reforma de 2012. Entonces se elevó la edad mínima para empezar a percibirlo de 52 a 55 años. Además se adaptarán los requisitos a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que derogó la exigencia de que la prueba de rentas tenga en cuenta los ingresos de toda la familia. Así que, de nuevo, volverá a requerirse solo la renta individual del beneficiario. Los perceptores percibirán esta ayuda hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y será el Estado el que cotizará por esta contingencia por jubilación durante la percepción del subsidio.
Mayores de 52 años
El Ejecutivo justifica la recuperación de este subsidio en «mejorar las condiciones de acceso de los mayores de 52 años, colectivo especialmente vulnerable por su edad y por tratarse de parados de larga duración». La memoria económica adjunta especifica que 372.000 personas se beneficiarán por una medida que solo en 2019 costará 377 millones, cifra que se elevará hasta los 1.250 millones anuales cuando esté plenamente en vigor.
FUENTE: ABC

Source: econsulting

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Compliance tributario: la revolución de las pymes

El próximo 7 de marzo de 2019 se celebra en Madrid por primera vez un Congreso sobre Compliance Tributario, dirigido a todo tipo de  operadores jurídicos y fiscalistas, Responsables de cumplimiento, auditores, directivos, organizaciones y, muy especialmente a las PYMES, para lo cual, contará entre otros ponentes con la participación de representantes de  la CEOE, la Agencia Tributaria, magistrados del Tribunal Supremo, Fiscales y Tax Compliance entre otros ponentes. Un Congreso que pretende ser un lugar de encuentro en el que  las empresas y sus miembros, con independencia de su tamaño, sector de actividad, número de empleados o facturación, encuentren respuestas.
¿Por qué debo tener un Compliance?
Esta es una duda habitual para todos los consejos de administración y alta dirección de las PYMES que desde el 2015 sigue persistiendo entre nuestro entramado empresarial junto con otras cuestiones cómo: ¿Cuáles son las funciones del Compliance Officer o Tax Compliance? ¿Y cómo implementarlo?.
Con «el amanecer del Compliance» en España allá en el año 2010, conceptos como responsabilidad corporativa, auto regulación, buen gobierno corporativo, mejora continua, análisis del riesgo, prevención de la responsabilidad corporativa y un largo etc. se han  venido repitiendo  como elementos de nuestras  políticas de cumplimiento normativo y sistemas de gestión de Compliance  para las organizaciones, pero sin un especial calado para las PYMES. A diferencia de las grandes empresas, que han vivido con la introducción de la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el 2015 su mayor esplendor, si bien, en mi opinión   el sector empresarial dónde a día de hoy menos acogida ha tenido el Compliance ha sido en nuestra mediana y pequeña empresa, siendo esta la fracción donde con mayor dificultad consiguen llegar «los rayos del  cumplimiento normativo» en nuestro país.
La realidad, es que la mayoría de los empresarios que dirigen las PYMES, a día de hoy albergan serias dudas sobre la necesidad e idoneidad de un Compliance, primero porque no entienden su sentido y, por tanto, su necesidad. Segundo, porque el tener necesariamente que aprobar una partida presupuestaria para su implementación, resulta harto difícil de justificar, ante la falta de convencimiento sobre su utilidad y, Tercero porque el tener que habilitar a un órgano distinto al consejo de administración, el denominado órgano de cumplimiento o Compliance Officer,   para que albergue facultades y funciones independientes de supervisión y control entre otras, supone para muchos empresarios limitar sus propias competencias y, con ello despierta todo tipo de suspicacias. Estos serían los tres grandes obstáculos que enumeraría si alguien me preguntara los motivos por los que el Compliance no ha calado en las PYMES de forma generalizada y, sobre cuales son los principales motivos por los que no logramos avanzar de manera masiva: falta de convencimiento  sobre su utilidad práctica, coste y, ausencia de una verdadera voluntad de auto regularse.
Para las grandes empresas, aquellas que ya tenían con anterioridad a la reforma operada por nuestro Código Penal en el 2015, sistemas de gestión, programas de prevención, protocolos de actuación y toma de decisiones, auditorías periódicas o algún  tipo de control normativo, la evolución que ha supuesto la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance penal, ha sido el siguiente paso lógico, que de forma natural ha tenido gran acogida y desarrollo. En cambio, para las PYMES, la situación ha sido bien distinta, dado que en muchos casos nos encontramos con organizaciones en las que nunca se ha implementado ningún tipo de medida ni protocolo de esta índole, fuera de los estrictamente obligatorios por Ley, lo que supone todo un hándicap y esfuerzo para este tipo de empresas, por lo que los objetivos y las medidas de prevención de un futuro sistema de gestión de Compliance deben necesariamente adaptarse  a su realidad como si de un traje a medida se tratase, definiendo a la perfección los objetivos y las políticas de Compliance.
En los últimos tiempos, se está haciendo muy popular el término «Compliance cosmético» para definir un manual de Compliance de prevención de la responsabilidad penal ineficaz y meramente instrumental. Pues bien, para poder elaborar un Compliance que le sirva de forma eficaz a la empresa, es necesario un correcto análisis y conocimiento de la organización y su contexto, estableciendo objetivos reales, plausibles y posibles, para lo cual, es preferible establecer como objetivo a largo plazo alcanzar la totalidad de los requisitos de una estructura de alto nivel como por ejemplo la norma UNE 19601, si bien, «a corto» simplemente establecer las bases y los cimientos para que la implementación de dicha estructura cumpliendo los más altos estándares internacionales sea posible en un futuro, vamos… tirando del refranero español, «no empezar la casa por el tejado» y, que a través de auditorías periódicas y de la aplicación del principio de mejora continua se vayan alcanzando los objetivos progresivamente.
Y la situación se complica para el pequeño empresario, si le hablamos de la futura norma UNE 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, lo que puede suponer para él la errónea interpretación e idea sobre la necesidad de una proliferación de sistemas de Compliance en la empresa, que se aleja del principio de proporcionalidad y de la posibilidad de integración de varios sistemas de Compliance, sumiendo al empresario en un caos de costes, sistemas de gestión paralelos y, en definitiva, más obstáculos que le alejan de la corriente de la auto regulación, cuestiones todas estas que trataremos en el Congreso.
Pues bien, el Compliance ha supuesto toda una revolución no sólo en nuestro sistema jurídico, también en nuestra sociedad, todos hablamos de Compliance, pero considero muy necesario una crítica constructiva y objetiva, para que entre tanto software, despachos especializados, expertos en la materia, master, cursos de formación, certificaciones varias y, más Compliance…, nos paremos a analizar cuales son las necesidades reales de los empresarios, de la empresa y sus miembros, para así poder plantear una evolución eficaz y útil que, con formación, transparencia, integración y proporcionalidad nos permita alcanzar el objetivo del legislador, cual es, que todas las empresas se autorregulen, y evitar con ello que el cumplimiento normativo sea el feudo de unos pocos y, con ello, que los beneficios de la auto regulación corporativa no sea accesible para todos.
FUENTE: LEGALTODAY

Source: econsulting

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Los morosos tendrán que pagar multas de hasta 800.000 euros

Que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor asuma la responsabilidad de actuar contra el deudor, esto es, que se enfrente a su cliente.
En el mes de junio de 2017 se inició la tramitación de la Proposición de Ley que regula el régimen sancionador de la Ley de Morosidad con multas que pueden superar los 800.000 euros para quién incumpla los 60 días de plazo máximo de pago en las operaciones comerciales.
Tras su tramitación en el Senado, el texto ha vuelto al Congreso para su votación y, o, aprobación, previo informe de la Comisión de Economía y Empresa de la Cámara cuya redacción definitiva está próxima a finalizar. Hemos tenido que esperar casi un año y medio para que ésta Proposición de Ley haya iniciado el trámite parlamentario.
En los textos sometidos al «iter legal descrito» se dividen las sanciones en multas leves, graves y muy graves, con importes que van desde los 60 a 2.000 euros para las leves, entre los 6.000 y los 40.000 euros en el caso de las grado medio y desde los 40.001 hasta los 800.000 euros para las de máximo incumplimiento.
Entre las infracciones leves se penaliza, por ejemplo, el pacto sobre plazos de pago que excluya del cómputo los períodos de vacaciones.
Graves
– La superación del plazo de pago legal en 20 días,
– La inclusión de cláusulas que marquen el inicio de la contabilización de fechas de pago,
– Los acuerdos relativos a posibles represalias en caso de demora,
– La falta de constancia documental de la fecha de entrega de mercancías,
– La renuncia al derecho de indemnización en caso de retraso,
– La omisión en la memoria de las cuentas anuales de la mención a los PMP o
– La reincidencia en tres infracciones leves.
Muy graves
– La de superar en más de 60 días el periodo estipulado por ley,
– La negativa a colaborar con la inspección,
– La falsificación de facturas, albaranes o de la información que sobre el PMP se ha de incluir en la memoria de las cuentas anuales o
– La comisión de dos infracciones graves.
La graduación de las sanciones, se determinará a partir de un procedimiento de control en el que se valorará la existencia de intencionalidad, fraude, interés de ahorrarse costes financieros, capacidad y solvencia económica, tamaño de empresa, etc… Asimismo se estudiará el importe de la deuda, si esta no excede los 6.000 euros el grado de la infracción será mínimo, entre 6.001 y 100.000 medio y superior a ésta última cuantía máximo.
La Proposición de Ley contempla también con mayor rigor los casos de reincidencia de infracciones calificadas como muy graves privando al sujeto infractor de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de subvención o deducción y suspendiendo, en su caso, el aprovechamiento de los préstamos suscritos con el ICO (Instituto de Crédito Oficial).
Las sanciones indicadas podrán ser objeto de reducción en un 30%, 70% o incluso un 100% si se acredita que se ha procedido a liquidar la factura durante los 6 días siguientes a la notificación de la sanción o se demuestra que las empresas son acreedoras de deudas por importe igual o superior a la contraída. Asimismo se establece un periodo de prescripción de uno a cuatro años.
El sector público también deberá someterse a este control y tanto la Intervención General del Estado como las autonomías y las corporaciones locales deberán informar trimestralmente a Hacienda de cómo y en cuánto tiempo están abonando sus facturas.
Más medidas de lucha contra la morosidad
El borrador prevé, además de las sanciones, una serie de medidas dirigidas a evitar los retrasos, de entre ellas destacamos las siguientes:
• Un procedimiento de denuncias de conductas contrarias a la Ley de Morosidad, incluyendo un canal anónimo para poder denunciar la existencia de vulneraciones de los plazos de pago.
• Un sistema de arbitraje de morosidad, para dirimir las controversias.
• Un incremento de las obligaciones de transparencia, con obligaciones de publicación en la web, en la memoria anual, etc…
• La creación de un observatorio de los plazos de pago que vele por el cumplimiento normativo.
82 días ha sido el PMP del primer semestre de 2018
Según refleja el índice de morosidad empresarial elaborado por Cepyme el retraso en el pago entre empresas ha registrado un repunte en el primer semestre del año, después de que el periodo medio de pago se situase en los 82 días, por debajo de los 84,8 días registrados en el primer trimestre, pero por encima del periodo medio de pago registrado a finales de 2017 (80,9 días),
Teniendo en cuenta el tamaño de las compañías, las microempresas son las más cumplidoras pues redujeron en tres días el plazo medio de pago durante el segundo trimestre de 2018, hasta los 78,6 días. Estas pagan sus facturas con siete días de antelación respecto de las empresas medianas, que superan en más de 25 días el plazo de pago legal (85,7 días, frente a los 60 días que establece la Ley). Por su parte, las pequeñas empresas redujeron su plazo medio de pago hasta los 80,9 días, frente a los 86,7 días registrados en el trimestre anterior.
Según el informe citado «Estos datos confirman que, a medida que aumenta el tamaño empresarial del deudor, los retrasos en los pagos de las facturas se incrementan, por el mayor poder de negociación del que suelen disfrutar estas empresas en sus relaciones comerciales, lo que supone un hándicap para la financiación del circulante de las empresas de menor tamaño, que suelen soportar periodos medios de cobro más dilatados y de pago más reducidos».
FUENTE: DISJUREX

Source: econsulting

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Hacienda también devolverá a los padres el IRPF de su permiso de paternidad

Hacienda ha confirmado que el Gobierno también devolverá a los padres el IRPF de las prestaciones cobradas por su permiso de paternidad. Tras haber devuelto el IRPF cobrado por las bajas por maternidad, el ministerio encabezado por María Jesús Montero, ha explicado que están trabajando en la publicación de la herramienta tecnológica que permitirá a los padres solicitar la devolución.
Estas devoluciones se producen en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo que establece que los permisos tanto de paternidad como de maternidad están exentos del pago de este impuesto. En este sentido, la devolución del IRPF devengado a las prestaciones de paternidad se devolverá casi dos meses después de que las mujeres en ese mismo caso, empezaran a poder solicitar las cantidades pagadas por ese impuesto en sus prestaciones de maternidad.
Según calculó la OCU tras conocerse el fallo del Supremo, las cantidades a devolver podrían situarse entre los 1.000 y los 2.600 euros por cada hijo nacido después de 2013.
Bajas exentas del IRPF
El mes pasado, el Tribunal Supremo falló en contra del recurso que había presentado la Abogacía del Estado contra de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que daba la razón a una mujer que en el ejercicio de la renta de 2013 no incluyó los 8.993,60 euros que había percibido por el permiso de maternidad al considerar que estaba exenta del pago del IRPF. Sin embargo, se le reclamó después el pago de 361,13 en concepto de IRPF que el tribunal madrileño en su sentencia determinó que le debían ser devueltos.
El fallo consideraba que las cantidades percibidas por madres y padres durante sus bajas por maternidad y paternidad está exentas del pago de IRPF, algo que en octubre corroboró el Supremo en contra de la opinión de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que había recurrido la primera resolución judicial.
En concreto, el Supremo entendió que la exención del pago del impuesto incluye la de maternidad “y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo”, y además su alcance “no se limita” a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales, sino que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban.
Tras el fallo, el Gobierno habilitó el sistema para la devolución de las cantidades que las mujeres pagaron por IRPF desde 2013 durante sus bajas de maternidad, pero no ha sido hasta ahora cuando Montero ha confirmado que, efectivamente, esta devolución también se aplicará a los padres.
FUENTE: MUYPYMES

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¿Whatsapp puede ser una vía formal válida para comunicar una modificación sustancial de las condiciones laborales?

El Juzgado de Oviedo desestima la demanda interpuesta por un trabajador en la que solicitaba que se declarase su derecho a rescindir el contrato por verse perjudicado por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Supuesto de hecho:
El trabajador viene prestando servicios para una empresa desde el año 2007, siendo de aplicación el Convenio Colectivo Estatal de Comercio de Minoristas de Droguerías, Herboristerías y Perfumerías.
En fecha 02/03/2018 el trabajador recibe vía Whatsapp una comunicación del encargado del almacén emplazándole a cambiar su turno de trabajo de mañana para sustituir a un compañero de turno de noche durante las vacaciones.
El empleado tomó esta comunicación como una modificación sustancial de sus condiciones y, alegando estrés laboral, presenta demanda contra la empresa ante el Juzgado de Oviedo solicitando que se declare su derecho a rescindir el contrato de trabajo por resultar perjudicado por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Consideraciones jurídicas:
La cuestión litigiosa consiste en determinar si la comunicación por Whatsapp por parte del encargado del almacén, constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo a efectos de rescindir el contrato del trabajador por resultar perjudicado por dicha modificación.
En primer lugar, el Juzgado señala que la comunicación de la modificación de las condiciones de trabajo debe hacerse directamente por la empresa y no por el encargado del almacén.
Sobre el medio de comunicación utilizado (Whatsapp), el juzgado considera que, a pesar de su agilidad y comodidad, no es precisamente el mecanismo de comunicación habitual para notificar modificaciones sustanciales, por lo que no se considera procesalmente eficaz (desde la perspectiva de la carga de la prueba), ni una forma válida de comunicación de modificación sustancial, por mucha libertad de forma que exista en este ámbito.
Además, añade la sentencia, los posteriores mensajes de Whatsapp del encargado del almacén preguntado al trabajador «¿qué vas a hacer? ¿vas a ir de noche o de mañana?», sin que este responda, refrendan la tesis de que no existe una imposición tajante de la empresa de modificar las condiciones laborales del trabajador.
Conclusión Lex@:
El Juzgado de Oviedo considera que la comunicación a través del Whatsapp no puede considerarse como comunicación formal de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por tanto, la sentencia desestima la demanda y entiende que esa comunicación, ni es una modificación sustancial, ni es impuesta tajantemente, por lo que el trabajador no tiene derecho a extinguir su contrato.
FUENTE: LEGAL TODAY

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El equipo ADADE participa en la nueva edición del Sin Fronteras Challenge 2018

Un año más, se celebra el SIN FRONTERAS CHELLENGE. Decenas de deportistas viven esta apasionante experiencia que este año se desarrolla del 2 al 7 de Diciembre de 2018.
Entre los  equipos participantes está el equipo ADADE y al frente del equipo estaba nuestro compañero Elias del Val, de Burgos, al que felicitamos por su participación, aprovechando estas líneas.
Fuente: sinfronteraschallenge.com

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Una sentencia obliga a devolver las cláusulas suelo a 9.000 familias

Las entidades afectadas deberán retornar más de 100 millones cuando la resolución sea firme. La Audiencia Provincial de Madrid estima un recurso de apelación planteado por Adicae.
La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la asociación de usuarios bancarios Adicae y ha condenado a todos los bancos afectados por la macrodemanda interpuesta por esta entidad a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de las hipotecas. Se trata de 9.000 demandantes que se sumaron a la causa colectiva. Según la asociación, la cantidad que debe ser retornada estaría entre los 10.000 y 15.000 euros por familia, con lo que, como mínimo, la devolución ascendería a los 100 millones de euros.
La Audiencia Provincial revoca parcialmente una resolución del 7 de abril de 2016 del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid en lo relativo al pronunciamiento de condena a la restitución de cantidades, la cual, en lugar de lo que se dispuso, habrá de comprender todas las sumas percibidas por las entidades cuya condena se mantiene, por aplicación del citado tipo de cláusula suelo, con el interés legal aparejado. Las cláusulas suelo son aquellas que fijaban un tope mínimo de interés que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar. Estas cláusulas han impedido a los afectados beneficiarse de la caída del euríbor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.
RETROACTIVIDAD TOTAL
La sentencia del tribunal mercantil se produjo antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidiera declarar la retroactividad de las cláusulas suelo españolas desde la constitución de la hipoteca, en lugar de hasta el 2013, tal como había decidido el Tribunal Supremo español en una sentencia anterior. La resolución del tribunal comunitario dio origen a la redacción de un decreto ley por parte del Gobierno español para establecer el procedimiento mediante el que devolver los importes pagados de más en las cláusulas suelo. Ese procedimiento ha colapsado los juzgados creados al efecto, hasta el punto de que hay más de 36.000 demandas sin resolver.
La resolución conocida ayer obliga a las entidades afectadas a devolver los importes cobrados de más a los afectados, al margen del procedimiento arbitrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del decreto del Gobierno. No obstante, puede ser recurrida en casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo en los 20 días siguientes a su notificación y, en su caso, puede interponerse recurso extraordinario por infracción procesal. Según Adicae, no es previsible que el Supremo se pronuncie en contra de la sentencia del TJUE que declaraba la retroactividad total de las cláusulas. El fallo afecta a una treintena de entidades bancarias, entre las que se encuentran los grandes bancos, algunos de ellos de forma indirecta, a través de entidades participadas. No afecta a tres entidades: CajaSur, Banco Popular (aunque sí figura la filial de internet Popupar-e) y al Banc Sabadell para los que no se acepta el recurso.
Entre los grande bancos está CaixaBank y Bankia. Esta última ya decidió devolver las cláusulas suelo cuando el Gobierno aprobó el real decreto, aunque algunos clientes decidieron mantener el proceso judicial ya emprendido y en el que ahora se les da la razón. Tampoco se ven afectados directamente, el Banco Santander (sí que está su filial pastor) y el BBVA.
JURISPRUDENCIA EUROPEA 
La Audiencia utiliza como jurisprudencia de su fallo la resolución del TJUE de diciembre del 2016, cuando dictaminó que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, rechazando que se pudiera aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser «incompleta e insuficiente».
La justicia europea concluyó entonces que la limitación es contraria a la normativa comunitaria y que las entidades financieras debían finalmente reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado de más, desde el inicio de cada hipoteca.
FUENTE:  EL PERIÓDICO MEDITARRÁNEO

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Familias y empresarios podrán lograr el perdón a su deuda en sólo 3 meses

Los jueces de Barcelona acortarán los plazos en los concursos de personas físicas. Familias y empresarios podrán lograr el perdón a su deuda en sólo 3 meses.
Lograr el perdón judicial a las deudas que no se pueden pagar será a partir de ahora mucho más fácil y rápido. Al menos, en Barcelona. El Tribunal Mercantil de Barcelona –que agrupa a los once juzgados mercantiles de la provincia– y el juzgado de primera instancia número 50 de la ciudad de Barcelona han aprobado un protocolo de actuación para acortar al máximo los plazos de tramitación de los denominados concursos de acreedores consecutivos, que afectan a empresarios y avalistas, por un lado, y a ciudadanos particulares, por el otro.
Estos concursos son los presentados al amparo de la ley de la Segunda Oportunidad que entró en vigor en el 2015 y que, cuatro años después, está lejos de despegar. La ley se ideó –como indica su nombre– para permitir empezar de nuevo a aquellas personas que viven sepultadas bajo el peso de sus deudas, siempre que hubieran llegado a esta situación de forma fortuita (sin culpa) y que hubieran liquidado todo su patrimonio. En estos casos, el juez puede conceder lo que se conoce como el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, el perdón judicial definitivo, inatacable y para siempre de las deudas pendientes.
Los concursos duran ahora hasta tres años, un tiempo muy largo para los afectados
Esa era la intención del legislador y también de los jueces que tienen que aplicar la norma. Pero, en la práctica, muchísimos menos de los potenciales beneficiarios de la ley han logrado su objetivo. La mayoría, ni lo han intentado por desconocimiento, falta de recursos económicos o respeto a los juzgados. Y otros, los pocos que sí se lanzan a declararse en concurso, ven como el proceso se eterniza en los juzgados y cuesta mucho llegar al final deseado.
“Es todo un despropósito: la tramitación de un concurso no debería durar más de un año y, en cambio, se demora mucho porque los deudores vienen sin procurador, rebotados de plataformas de Internet o con abogados que no conocen los procedimientos”, apunta Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona. Este juez, junto con sus compañeros que también tramitan concursos de empresarios y Juan Manuel Chamorro, titular del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, se han conjurado a poner todo de su parte por agilizar los plazos.
Los concursos con mediador, deudores sin activos y que pidan el perdón a su deuda
En concreto, y en aquellos casos en los que la solicitud del concurso sea realizada por el mediador concursal –la ley prevé que, antes de ir al juzgado, el deudor intente llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar– y no haya activos por repartir, el camino hacia el perdón de las deudas pendientes será de unos tres meses. “El avance puede ser importante porque nosotros damos prioridad a los concursos y aún así tardamos entre 12 y 15 meses desde la entrada en el juzgado hasta su conclusión”, dice Chamorro.
El protocolo elimina algunos trámites que, para los supuestos citados, no tienen sentido, como las denominadas secciones 2ª a 6ª de los concursos. Son las que se refieren a la gestión de los activos (no hay), el pasivo, el convenio y la liquidación o la pieza de responsabilidad. Con carácter general, y salvo impugnaciones, se obviaran en estos casos. Junto con lo anterior, los juzgados enviarán directamente al BOE el auto de declaración del concurso para su publicación inmediata, lo que también supondrá un ahorro de tiempo, y, si no hay impugnaciones, instarán a la administración concursal a que pida de parte de su cliente la exoneración de la deuda.
Con el objetivo de eliminar esperas absurdas o estériles, los jueces pedirán a la Generalitat que les permita comunicarse con la administración concursal a través de la aplicación Lexnet coordinada con Justicia.cat. Ya se verá si es posible. De momento, hasta que esto se materialice, el acuerdo de los jueces es poner como condición a los administradores concursales que faciliten un correo electrónico como medio de recibir las notificaciones del juzgado. “Si no hay incidentes judiciales, en dos o tres meses se puede finiquitar el concurso y eso es muy bueno para todos”, concluye García Orejudo.
FUENTE: LA VANGUARDIA

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Anna Calduch, Presidenta de E-Consulting/Grupo ADADE, visita a los despachos de Valladolid y Pamplona

La Presidenta de E-Consulting/Grupo ADADE,  visitó recientemente a los despachos de Valladolid y Pamplona, en concreto DEFERRE Consulting y GIL y GOYACHE Consultores.
DEFERRE Consulting se encuentra ubicado en la Calle Ferrocarril número 4 de Valladolid, aquí mantuvo una reunión con el CEO del despacho Jesús Andrés Cabañas Ríos con el que intercambió y comentó diferentes temas tanto del despacho como de la RED, así mismo recalco lo interesante de los temas tratados en los Foros, así como la diferente información que se pone a su disposición como circulares, ebook, jornadas profesionales, etc.
GIL y GOYACHE Consultores está ubicado en la Calle Doctor Huarte número 1, de Pamplona, Anna Calduch mantuvo una reunión con uno de los socios del despacho en concreto con César Echeverría, este nos dejó patente la importancia de los servicios que se les proporciona desde E-Consulting/Grupo ADADE, y además comento la importancia del acompañamiento tanto en diversas áreas y el poder contar con compañeros en gran parte del mapa nacional.
En la foto: 
Anna Calduch Skopalik y Jesús Andrés Cabañas Rios

Source: econsulting

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DJV Abogados y el Grupo Asesor ADADE organizaron en el Club financiero Génova un evento sobre "Prevención y cultura de cumplimiento, la fórmula para evitar la responsabilidad de los administradores sociales"

Dentro del organigrama de las empresas, los administradores sociales son sus representantes al máximo nivel. Sobre ellos pesa el buen funcionamiento de la compañía y, también, la responsabilidad sobre los posibles daños causados o incluso los delitos que se puedan cometer en su seno. Ocupan el rango más alto en el esquema empresarial y como tal deberán responder ante las irregularidades.
Pero, ¿a qué consecuencias penales, mercantiles o fiscales se puede enfrentar un administrador? ¿Qué tipo de administradores deberán responder? ¿Puede tener responsabilidad fiscal un administrador que ha dimitido? Sobre estas preguntas, de vital importancia para las empresas, giró el evento organizado por DJV Abogados y el Grupo Asesor ADADE el pasado miércoles en el club financiero Génova. En él participaron los socios de DJV Abogados, Javier Fernández y Antonio Puerta, y el CEO de ADADE Asesores, Pablo Cobo.
En este sentido, el socio de DJV Abogados Javier Fernández recordó el aumento de la responsabilidad que, de forma progresiva, ha ido imponiendo la legislación a los administradores. De esta forma, el paso de los años ha ido reforzando los deberes y las responsabilidades de los administradores, que deberán actuar con diligencia e informar de la marcha de la sociedad con el fin de evitar posibles responsabilidades y las reclamaciones que se derivan de ellas.
Así, Fernández expuso que la celebración de contratos en nombre de la sociedad que sean lesivos para la compañía, la falta de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil en el plazo establecido, la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro o la responsabilidad en situación de concurso de acreedores son algunas de las acciones que pueden producir las reclamaciones, que pueden partir tanto de la propia empresa en su conjunto o individualmente por los socios o acreedores afectados.
Precisamente, de la comisión de irregularidades en la empresa o de los delitos que se puedan cometer dentro, ya sea por los propios responsables o por los empleados sin la debida supervisión, se encargó de hablar el socio del despacho Antonio Puerta, quien incidió en cómo la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado estas responsabilidades. Y, así, en sucesivas sentencias, el Alto Tribunal ha debido pronunciarse acerca de los delitos cometidos por sociedades mercantiles, tales como la estafa, contra la ordenación del territorio, la salud pública y el blanqueo de capitales.
De todas ellas, explicó Puerta, se puede inferir las conclusiones doctrinales, como la responsabilidad independiente que deben asumir la persona física y la persona jurídica o la incorporación de la «ausencia de medidas de control eficaces que intenten evitar, en lo posible, la comisión de delitos, como parte de la tipicidad de la responsabilidad
penal de la persona jurídica. Lo que se traduce en que la implantación de programas de Compliance efectivos, que deben ser el producto de una rígida cultura empresarial de cumplimiento normativo, son fundamentales para evitar posibles infracciones.
De ahí la necesidad, como explicó en su intervención Pablo Cobo, CEO de ADADE Asesores, de que las empresas recurran a asesores externos, con conocimientos del sector y del negocio en el que opera la empresa, para garantizar que los administradores cumplen con sus deberes y obligaciones. En este punto, Cobo destacó que los negocios han iniciado ya un proceso de transformación y que cada vez son más proclives a contar con asesores expertos en asuntos de cumplimiento así como que incluso ya se está externalizando en algunas compañías la administración de las mismas a profesionales especializados.
En cualquier caso, no solo la legislación, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben ser los parámetros para cumplir las obligaciones legales de la empresa, sino que debe partir desde una fase anterior, mucho antes de tener que llegar a las reclamaciones frente a la sociedad. Se trata de crear programas eficaces, políticas concretas y culturas de cumplimiento. Como destacó Antonio Puerta, «lo más importante es prevenir».
FUENTE: www.eleconomista.es

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