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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre. La modificación normativa acometida a través del presente Real Decreto-Ley afecta a un aspecto parcial de la regulación de un tributo en concreto, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, únicamente en una de sus modalidades, la relativa a documentos notariales  y sólo los correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria. Modifica el artículo 29 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993. Añade un apartado 25 en el artículo 45.I.B), del citado Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, una letra m) en el artículo 15 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
(BOE 271/2018, publicado el 9 de noviembre)                  Ver documento
FUENTE: BOE

Source: econsulting

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El salario en especie

El salario en especie es la retribución consistente en una prestación distinta del dinero, que ha de tener una traducción económica para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, quedando excluidos del mismo los bienes que proporcione la empresa al trabajador para el estricto cumplimiento de la prestación laboral.
Requisitos

Tiene que reunir los siguientes requisitos:
    • Carácter patrimonial, lo que significa que debe ser convertible en dinero;
    • Adecuado, esto es, debe ostentar una entidad económica suficiente de manera que su recepción por el trabajador ha de suponer para éste un incremento patrimonial por importe equivalente al valor del trabajo objeto de remuneración;
    • Percepción individual o individualizable: se trata de un bien o servicio entregado en correspondencia con el trabajo prestado por cada trabajador de modo que no es salario cuando se entrega de forma indiferenciada a un grupo de trabajadores;
    • Prestaciones apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y el valor atribuido a dichas prestaciones en especie debe ser justo y razonable.

El abono del salario en especie puede generar abusos y perjuicios para el trabajador. Por ello, se entiende que sólo existe salario en especie cuando viene fijado por las normas legales o convencionales aplicables o haya sido objeto de pacto expreso o tácito. Los rendimientos de trabajo en especie se valoran de acuerdo con las normas establecidas en la normativa reguladora del IRPF.
Límites

El salario en especie no puede superar, en ningún caso, el 30% de las percepciones salariales del trabajador y no puede minorar la cuantía íntegra en dinero del SMI. Esta limitación cuantitativa es aplicable también a las relaciones laborales de carácter especial y ha delimitado la relación entre SMI y retribución en especie.
Se trata de una norma de derecho imperativo que no puede ser incumplida por lo que cualquier pacto o convenio que altere tal disposición es nulo, debiendo limitarse la percepción en especie en el sentido que indica la norma. No obstante, la doctrina de suplicación viene entendiendo que, aunque el pacto sea nulo, ello no implica negarle cualquier efecto y negar al trabajador el derecho a percibir el salario en especie que le corresponda de modo que la cantidad que excede del límite se integra dentro de la remuneración pactada como si se tratase de una cláusula válida
Modalidades

Las más habituales son las siguientes:
– Vivienda.
– Manutención.
– Vehículo.
– Otros servicios o beneficios.
Vivienda

Constituye salario en especie la puesta a disposición del trabajador de una vivienda o alojamiento a título gratuito, sin pago de alquiler, o a precio inferior al de mercado.
La vinculación entre el uso y disfrute de la vivienda y el contrato de trabajo determina que las vicisitudes del contrato pueden afectar a esta forma de retribución en especie. Así, la suspensión del contrato de trabajo, aunque supone la suspensión de las principales obligaciones del contrato, entre ellas la de remunerar, no determina la suspensión del derecho al disfrute de la vivienda de modo que el trabajador no puede ser desalojado de la misma.
En muchos casos, los convenios colectivos expresamente reconocen el derecho del trabajador a permanecer en la vivienda proporcionada por la empresa durante los períodos de suspensión del contrato.
Sin embargo, la extinción del contrato de trabajo sí determina la extinción del derecho a disfrutar de la vivienda, tanto si es por despido como si la extinción deriva de otra causa (así, por jubilación del trabajador). La única excepción se produce cuando por previsión expresa del convenio colectivo, por acuerdo entre empresario y trabajador o por decisión unilateral de aquel se permite la continuidad en el disfrute de la vivienda después de extinguido el contrato.
En todos estos casos, el trabajador mantiene el derecho a permanecer en la vivienda durante un mes, prorrogable hasta dos por el Juez, transcurridos los cuales el empresario puede instar el lanzamiento ante el Juzgado.
Manutención

También constituye salario en especie la entrega al trabajador de cheques restaurante o la posibilidad de disfrutar de servicio de comedor en las instalaciones de la empresa con la finalidad de cubrir total o parcialmente el coste económico de las comidas.
Con esta modalidad de salario en especie, el empresario no persigue compensar al trabajador por un gasto que éste realice con ocasión de la prestación laboral, pues en ese caso estaríamos ante una dieta que carece de naturaleza salarial, sino de facilitarle los medios necesarios para satisfacer una necesidad de donde se deriva que la manutención es una forma de retribuir el trabajo prestado.
Vehículo

La concesión o puesta a disposición del trabajador de un vehículo también puede ser una forma de salario en especie. Para ello es preciso que el uso del vehículo esté destinado a fines particulares y privados por el trabajador, situación que se produce, por ejemplo, cuando al trabajador se le concede el derecho a disfrutar de un vehículo con cargo a la empresa cuando su actividad no requiere de dicho vehículo.
En caso contrario, cuando el vehículo constituye meramente un instrumento o medio de trabajo necesario para el buen desempeño de su cometido por el trabajador y, por tanto, está destinado exclusiva o fundamentalmente a la actividad laboral no constituye retribución ni, por tanto, salario en especie.
Las situaciones mixtas, esto es, aquellos supuestos en los que el vehículo se utiliza indistintamente para la actividad profesional y para uso particular y privado del trabajador, requieren un análisis de las circunstancias concurrentes de modo que la calificación como salario en especie o no depende de la finalidad que prevalezca en la concesión del vehículo.

Otros servicios o beneficios

El disfrute de plaza de garaje en la empresa no constituye como regla general más que un servicio asistencial de carácter no salarial, un beneficio ofrecido al trabajador para facilitarle la prestación del trabajo. Sin embargo, puede tener carácter de salario en especie cuando su uso no se limita al tiempo de trabajo.
En el mismo sentido, también se considera salario en especie la retribución mediante tarjetas de gasolina cuando ésta se abona para el uso permanente, constante e indistinto del vehículo asignado.
No tiene la consideración de salario la compensación por gastos de combustible cuando dichos gastos se produzcan para el correcto desarrollo de la prestación de trabajo.
FUENTE: MEMENTO CONTRATO DE TRABAJO

Source: econsulting

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Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA

No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre. El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas.
La cuenta atrás para la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información ha empezado. A partir del 1 de julio, unas 62.000 empresas deberán enviar en el plazo de ocho días el detalle de las facturas emitidas y recibidas a la Agencia Tributaria. Supone el cambio en la gestión del IVA más relevante desde que se introdujo el impuesto. A pesar de que el proyecto entra oficialmente en vigor el 1 de julio, Hacienda comunicó que exigirá que las empresas entreguen también los registros de facturación del primer semestre con los nuevos programas de gestión del SII.
Sin embargo, según ha podido saber Cinco Días, las compañías adscritas al Redeme (Registro de Devolución Mensual del IVA) no deberán entregar las facturas emitidas y recibidas entre enero y junio de este año a través del SII. Fuentes de la Agencia Tributaria argumentan que este colectivo ya facilitará información sobre sus libros registros del primer semestre de 2017 al cumplimentar el modelo 340. Por lo tanto, Hacienda considera que no es necesario que las empresas envíen la misma información a través del SII. Con esta medida, Hacienda atiende las reclamaciones de las empresas del Redeme.
Este cambio de postura se incluirá en la orden ministerial que regula las especificaciones normativas y técnicas del SII y que se publicará en breve. Actualmente, puede consultarse un borrador en la página web de la Agencia Tributaria. Aun así, este texto no es definitivo y, por ejemplo, no incluye la decisión de suavizar las exigencias de información para las empresas adscritas al régimen de devolución mensual.
El SII afectará a las grandes empresas –que son aquellas que facturan más de seis millones de euros–, a las compañías inscritas en el Registro de devolución Mensual del IVA y a los grupos de IVA. Las compañías adheridas al régimen de devolución mensual, tengan o no la condición de gran empresa, son el único colectivo que no deberán presentar los datos de facturación del primer semestre con el SII. Fuentes de la Administración estiman que la medida beneficiará a 36.000 contribuyentes, el 60% del total de empresas afectadas por el SII.
Actualmente ya hay un grupo de empresas que están realizando una prueba piloto de la puesta en marcha del SII, que se extenderá a partir de julio y de forma obligatoria. A lo largo de este año, el plazo para informar de las facturas será de ocho días. A partir de 2018, el período quedará definitivamente fijado en cuatro días. La Agencia Tributaria defiende que los cambios tecnológicos permiten avanzar hacia una nueva forma de gestión que supondrá que las empresas llevarán sus libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Y la información se actualizará en tiempo casi real con el envío de los datos de facturación de las empresas. Las compañías no remitirán las facturas, sino ciertos campos de información que incluyen desde la fecha de expedición, hasta los nombres y apellidos o razón social del destinatario, la base imponible, el tipo de factura o el período de liquidación entre otros epígrafes. En la web de la Agencia Tributaria se gestionarán los libros registro de facturas expedidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.
Un borrador del IVA
Las compañías han señalado que el cambio supone un coste relevante en la medida en que obliga a modificar las aplicaciones informáticas y supone un cambio radical de la forma en la que se ha gestionado el IVA hasta ahora. La Agencia Tributaria pone el énfasis en que el proyecto SII supondrá la supresión de obligaciones formales al eliminarse los modelos 347, 340 y 390. Además, a partir de ahora y como ya sucede en el ámbito del impuesto sobre la renta, Hacienda facilitará a los contribuyentes datos fiscales del IVA para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La idea es que en el futuro se pueda remitir una suerte de borrador del IVA. La puesta en marcha del SII también supondrá la ampliación del período de presentación de las autoliquidaciones a los primeros 30 días naturales del mes siguiente al período de referencia. Hasta ahora, el límite eran 20 días.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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El Constitucional y la plusvalía municipal

Lo previsible es que se declare para toda España la inconstitucionalidad de cobrar plusvalía si no hay incremento de valor
Últimamente han tenido gran eco las sentencias del Tribunal Constitucional del 16 de febrero y el 1 de marzo relativas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal). De una búsqueda en internet se puede sacar la impresión de que dichas sentencias han anulado en toda España el citado impuesto cuando se ha vendido un inmueble urbano por debajo de su valor de compra o, incluso, que dicho impuesto ha desaparecido. Pero ni una cosa ni la otra se establece en dichas sentencias, por lo que conviene precisar cuál es el alcance real de estas.
Dicho impuesto pretende gravar el incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten, pero se ha convertido en un peaje más que tiene que soportar el sufrido contribuyente cuando transmite un inmueble urbano, y ello con independencia de que con la transmisión realmente haya obtenido o no plusvalía.
Esto es así porque la Ley de Haciendas Locales (LHL) establece que el incremento de valor se calcula tomando el valor catastral del suelo, aplicándole un porcentaje anual y multiplicándolo por el número de años que se ha sido propietario del inmueble (con un máximo de 20). Para la ley, el resultado de dicha operación es el teórico –e irreal– incremento de valor del terreno, al cual se aplica el tipo de gravamen, obteniéndose así la cantidad a pagar. Evidentemente, con este sistema siempre sale un resultado positivo y, por tanto, una cantidad a pagar, aunque, dada la notoria bajada del valor de los inmuebles, en muchos casos no se haya producido un incremento sino una pérdida de valor.
Ante la falta de voluntad del legislador para solucionar una situación manifiestamente injusta –pero que reporta suculentos ingresos a la Administración– han sido algunos órganos judiciales los que han tratado de poner coto a la situación. Y lo han hecho por dos vías: unos han entendido que como lo que se grava es el “incremento de valor”, si este no existe, no se produce el hecho imponible y no hay que pagar; otros han considerado que los artículos 107 y 110.4 LHL son inconstitucionales por vulnerar los principios de justicia y no confiscatoriedad, y lo han planteado ante el Tribunal Constitucional. Pero otros se han limitado a aplicar los citados preceptos y han dado por buenas las liquidaciones practicadas por los ayuntamientos.
«La LHL sigue en vigor en todos sus preceptos, aunque ya se sabe que el Constitucional la declarará parcialmente inconstitucional»
Las citadas sentencias del Constitucional han resuelto sobre las dos primeras cuestiones de inconstitucionalidad planteadas de una forma que puede resultar paradójica: han declarado inconstitucional que se aplique dicho impuesto cuando no se ha producido incremento de valor del terreno, en Gipúzcoa (STC 16-2-2017) y en Álava (STC 1-3-2017), y han inadmitido las cuestiones de inconstitucionalidad respecto de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales.
¿Cómo es esto posible? Por uno de los vericuetos de nuestro derecho. Un juez, antes de dictar una sentencia que debe basar en un precepto de cuya constitucionalidad duda, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. La citadas sentencias resuelven dos cuestiones de inconstitucionalidad, una de un juzgado de Donostia y otra de uno de Vitoria, que plantearon la inconstitucionalidad tanto de preceptos de la ley estatal que regula la plusvalía (LHL) como de preceptos de las normas forales guipuzcoana y alavesa sobre dicho impuesto (de contenidos similares a la ley estatal). El Constitucional ha entendido que para los casos planteados por dichos juzgados solo eran de aplicación las correspondientes normas forales y no se ha pronunciado sobre la ley estatal.
Hay otras siete cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, y en seis de ellas la ley a aplicar es directamente la estatal (al no existir norma foral). Lo previsible es que en el futuro se declare expresamente para toda España la inconstitucionalidad de cobrar plusvalía si no hay incremento de valor.
Ahora los juzgados se encuentran con una curiosa papeleta: la LHL sigue en vigor en todos sus preceptos, aunque ya se sabe que el Constitucional la declarará parcialmente inconstitucional. ¿Qué harán? ¿Esperar a que el Constitucional pronuncie expresamente sobre la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados de la LHL? ¿Seguir aplicándolos (al seguir vigentes)? ¿O entender que los mismos no pueden ser aplicados porque la doctrina del Constitucionalidad evidencia su inconstitucionalidad? Veremos que opción toma cada juzgado y esperemos que impere el sentido común.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios

El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo.
No va a transcurrir ni tan siquiera dos años para que vea la luz otra norma de similar relevancia; se trata de la UNE 19602, avalada por la Agencia Tributaria y que se configura como un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. Aunque aún no existe una fecha concreta para su publicación, todo apunta a que tendrá lugar a principios de 2019.
Lejos de configurarse como normas independientes, la UNE 19602 es una consecuencia natural de la 19601, en el sentido de que los redactores de esta se percataron de que los sistemas de gestión del compliance penal eran insuficientes para prevenir los riesgos tributarios.
Todas las empresas que adapten sus sistemas de cumplimiento con arreglo a la UNE 19602 gozarán de una presunción de veracidad, algo especialmente relevante en un ámbito como el fiscal, sujeto a constantes modificaciones legislativas y en el que no es difícil incurrir en errores que puedan ser interpretados como voluntad defraudatoria.
A falta de conocer todos los detalles, ya que en la actualidad la Asociación Española de Normalización está ultimando la redacción del estándar de compliance fiscal, todas las empresas que adapten sus sistemas y procesos de cumplimiento tributario a la UNE 19602, estarán catalogadas como contribuyentes Tipo 1. De hecho, se podrá elevar a la categoría de prueba que avale la voluntad de la empresa de cumplir con sus obligaciones tributarias.
La norma marcará las pautas de implantación del sistema de cumplimiento, pero también prevé mecanismos de detección y corrección de errores en el caso de que se incurra en infracción a pesar de las medidas adoptadas.
Cabe recordar que la UNE 19602 encuentra su referente en el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria, que ya incorpora una serie de recomendaciones, que se formulan «con carácter no exhaustivo y flexible, permitiendo que las empresas que las asuman puedan adaptarlas a sus propias características». Añade que «una correcta gestión tributaria por parte de las empresas y una mayor seguridad jurídica en materia fiscal conlleva una mayor fortaleza en sus resultados económicos, minorando sus riesgos, incluyendo los reputacionales».
FUENTE: LEGAL TODAY

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El divorciado que se queda con la casa común pagará la mitad de impuestos

El TS rechaza que se exija tributar por la totalidad del valor de la vivienda
El Tribunal Supremo ha abierto la vía para que cuando un cónyuge en régimen de gananciales se quede con la mitad de la vivienda común, que pertenece al otro cónyuge, al disolver la sociedad de gananciales, pagando la compensación acordada en metálico, solo deberá tributar por el 50 por ciento del valor de la vivienda por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y no por el 100 por ciento como venían exigiendo las Haciendas de las comunidades autónomas.
Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 9 de octubre de 2018, en la que se alude a una sentencia precedente de la Sala Tercera, de 9 de octubre de 2018, en la que se determina que este tipo de operaciones son una convención por virtud de la cual un cónyuge adquiere su mitad indivisa -e indivisible-, de la que ya poseía la otra mitad indivisa por razón de la comunidad que se extingue.
Se trata de una operación muy común en separaciones matrimoniales y en divorcios e, incluso, se da también en algunas herencias con bienes inmuebles de por medio. Como el bien es indivisible, salvo que se venda a un tercero, una solución muy habitual es romper la comunidad de gananciales y que uno de los comuneros se quede con el bien a cambio del pago de un precio en metálico.
Si la compensación se realiza por la mitad de la vivienda, no existirá un exceso de adjudicación y, por tanto, una transmisión patrimonial en sentido estricto, susceptible de ser gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
De estos razonamientos, el ponente de la actual sentencia, el magistrado Navarro Sanchís, concluye que el valor de lo que se documenta en una convención de esta clase no puede equivaler al de la totalidad del bien que es objeto de división, sino solo al de la parte nueva que se adquiere y sobre el que estrictamente recae la escritura pública.
Un bien indivisible
Falla el magistrado que la extinción del condominio -en este caso, como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales-, con adjudicación a uno de los cónyuges comuneros de un bien indivisible física o jurídicamente, cuando previamente ya poseía un derecho sobre este derivado de la existencia de la comunidad, puede ser objeto de gravamen bajo la modalidad de actos jurídicos documentados, cuando se documenta bajo la forma de escritura notarial.
En estos casos su base imponible será la parte en el valor del referido inmueble correspondiente al comunero cuya participación desaparece en virtud de tal operación, en estos casos, del 50 por ciento del valor del bien, como declaró el Tribunal Económico Administrativo Regional (Tear) de la Comunidad Valenciana, en criterio ratificado por la Sala de instancia y recurrido por la Generalitat Valenciana.
Es preciso tener en cuenta que el artículo 7.2.b de texto refundido de la Ley del IAJD define que: «Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto, los excesos de adjudicación declarados».
El artículo 45.b.3 declara exentas las aportaciones de bienes y derechos incluidos por los cónyuges en la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por ello se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales.
Explica Navarro Sanchís, que no hay una regla específica, pues, en el artículo 30 de la Ley del Impuesto, acerca de la cantidad o cosa valuable en los negocios documentados notarialmente en que se divida la cosa común. Sin embargo, continúa razonando el magistrado que este precepto legislativo nos revela, de una parte, que sirve en principio el valor declarado, lo que traslada a la Administración la carga de establecer cumplidamente su inexactitud.
No obstante, y de otra parte, indica que es preciso atender a la índole y objeto del negocio que se instrumenta notarialmente y, «en el caso debatido, es claro y palpable que estamos en presencia de una concreción del dominio, bilateral, conmutativa, sinalagmática y onerosa, cuyo valor económico equivale a la parte de la cosa común que es objeto del negocio documentado en favor de la esposa como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales», explica el ponente.
Tributos cambia de criterio
La Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda, por su parte, reconoce en una consulta vinculante del 11 de abril de 2018 -v0961-18-, que «en el supuesto planteado se procede a disolver una sociedad de gananciales, adjudicando a cada uno de los cónyuges determinados bienes y deudas en pago de su haber de gananciales, sin que tenga lugar el exceso alguno declarado por los interesados».
Sin embargo, en las consultas vinculantes previas, de 9 de marzo de 2017 (v0617-17), 20 de julio de 2016 (v3448-16) y de 18 de junio de 2013 (v2045-13), sí se defendía el exceso de adjudicación y, por tanto, establecía la obligación de declarar.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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Las siete nuevas reglas de juego de las hipotecas

La nueva ley endurece los desahucios y baja las comisiones por amortización. En apenas unos días, un Real Decreto-Ley que ha cambiado el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y la nueva Ley Hipotecaria han modificado varios de los parámetros clave que han regido este mercado durante más de veinte años. A continuación enumeramos los aspectos más importantes.
1) Desde el 12 de noviembre y por ley, el impuesto hipotecario, que supone el 70% de los gastos de formalización hipotecarios, lo paga el banco. El Gobierno modificará el texto del Real Decreto-Ley para que la norma sea también de aplicación a las cajas rurales, que no aparecen expresamente mencionadas. El PP ha propuesto que este tributo sea eliminado (tenga tipo 0%) en las hipotecas para primera vivienda a través de la Ley Hipotecaria. De momento sólo le ha secundado el PNV. El gravamen que se aplica en España es, de largo, el más alto de Europa. Son muy pocos los países del entorno que recaudan impuestos con las hipotecas.
2) El coste de notaría, gestoría y registro también correrá a cuenta del banco. Se trata de todos los gastos de formalización, salvo el de tasación. Encargar a un experto independiente la valoración de una vivienda cuesta de media en España 300 euros, según Tinsa. El precio depende de la superficie del piso y de la ubicación. En un inmueble céntrico de Madrid de 90 metros cuadrados, la tarifa promedio son 400 euros y en una ubicación parecida en Zaragoza, unos 300 euros. El resto de gastos rondan los 1.000 euros para un préstamo de 200.000 euros.
3) La nueva Ley Hipotecaria que se está tramitando en el Congreso obliga a los bancos a evaluar la solvencia del cliente que suscriba una hipoteca, pero no contempla sanciones si el análisis se demuestra erróneo.
4) La nueva normativa obliga a que el hipotecado tenga acceso a un borrador del contrato del préstamo siete días antes de la firma y a recibir asesoramiento gratis por parte de la notaría en la que firmará la hipoteca. El notario debe asegurarse de que el cliente entiende todas las cláusulas del contrato.
5) El nuevo esquema de juego complica y encarece los procesos de ejecución ante situaciones de impago. El texto que fue enviado al Congreso dice que sólo se podrá activar cuando el impago supere el 2% del capital concedido o el equivalente a 9 cuotas mensuales. Unidos Podemos quiere que esta redacción se suavice y sólo pueda instarse cuando la deuda no suponga más del 10% del préstamo.
6) La Ley Hipotecaria rebajará las comisiones que gravan las amortizaciones anticipadas del principal del préstamo y también los recargos que se aplican para aquellos clientes que quieran cambiar su hipoteca variable por otra a tipo fijo.
7) El nuevo marco normativo prohíbe por ley ligar la concesión de una hipoteca a la contratación de un seguro, pero sí permite al cliente beneficiarse de diferenciales más bajos por hacerlo.
FUENTE:  EXPANSIÓN

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Todo lo que necesitas saber sobre el autónomo dependiente

Derechos y deberes si quieres estar dado de alta legalmente bajo esta modalidad de autónomo
Los autónomos dependientes son aquellos profesionales que realizan una actividad económica o profesional con fines lucrativos y de forma habitual, directa y personal. Hasta aquí, la definición es la misma que la de una autónomo general. Sin embargo, en el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), el 75% de sus ingresos dependen de un solo cliente (persona física o jurídica).
El autónomo económicamente dependiente es un tipo incluido dentro de la figura empresario individual. Se regula en la Ley 20/2007 del estatuto del trabajo autónomo y está desarrollado en el Real decreto 197/2009.
Características de los TRADE
Según estas leyes, el TRADE, además de que el 75% de sus ingresos dependan de un mismo cliente, debe cumplir los siguientes requisitos para ser considerado como tal:
– No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena. Salvo las siguientes excepciones:
1. Riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de un bebé de nueve meses.
2. Períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.
3. En casos de cuidado de menores de hasta siete años que tengan a su cargo.
4. Por cuidado de un familiar en situación de dependencia acreditada, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.
5. Por tener a su cargo un familiar con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento acreditada, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.
– Tampoco puede contratar o subcontratar parte o la totalidad de la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente, como la de las demás actividades que realice para otros clientes.
– No podrá ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios al cliente, bajo cualquier modalidad de contratación laboral (sea asalariado, autónomo, etc.).
– Deberá disponer de su propia infraestructura productiva y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad, de manera independiente a los que tenga el cliente, en caso de que en la actividad profesional sean relevantes económicamente.
– Deberá desarrollar su actividad con sus propios criterios de organización y gestión, sin deteriorar de las indicaciones técnicas que indique el cliente.
– Podrá recibir una contraprestación económica dependiendo del resultado de su trabajo o prestación de servicios, en función de lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo correspondiente.
Contratos de los TRADE
Cuando un autónomo dependiente va a prestar servicio a un cliente, es preciso que se firme un contrato por escrito y que éste se registre en la oficina pública que corresponda. Aunque este registro no es de carácter público. El TRADE deberá hacer constar expresamente en este contrato su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate. De igual manera, se deberán especificar aquellas variaciones que se produjeran al respecto. La condición de dependiente sólo se puede manifestar ante un único cliente.
El Registro de los contratos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes es obligatorio, y se puede realizar de forma telemática. Este registro lo puede efectuar el propio TRADE, el cliente, o bien, los profesionales colegiados que actúen en representación de terceros. Para ello, es necesario disponer de un Certificado Digital o un DNI electrónico.
Para el contrato, existe un modelo tipo, publicado en la web oficial del Servicio Público de Empleo estatal (SEPE). Se trata de un documento en el que ambas partes se comprometen a una serie de obligaciones, se exponen cual es en cada una de las partes, así como los derechos de cada una. En concreto, según se expone en la última versión del Estatuto del Trabajo Autónomo, el contrato deberá contener los siguientes apartados:
– La identificación del TRADE y el cliente.
– La precisión de cada uno de los aspectos que configuran la condición de económicamente dependiente del autónomo respecto del cliente con el que contrata.
– Indicar el objeto y la causa del contrato, especificando el contenido de la prestación del TRADE, que asumirá el riesgo y ventura de la actividad, así como de la determinación de la contraprestación económica asumida por el cliente en función del resultado. Incluirá también la periodicidad y el modo de ambas prestaciones.
– También se debe incluir el régimen de la interrupción anual de la actividad, del descanso semanal y de los festivos, además de la duración máxima de la jornada de la actividad, incluyendo su distribución semanal si ésta se computa por mes o año. En casos especiales, como víctimas de violencia de género, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Estatuto del Trabajo Autónomo, deberá contemplarse también la correspondiente distribución semanal y adaptación del horario de la actividad.
– El acuerdo de interés profesional, siempre que el TRADE dé su conformidad de forma expresa.
– Ambas partes podrán incluir en el contrato cualquier otra estipulación o condición que consideren oportuna, y estén los dos de acuerdo.
FUENTE: CINCODÍAS

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Comprueba semanalmente o diariamente todas las Ayudas e Incentivos para empresas.

Diariamente se recoge la información de las ayudas e incentivos para empresas convocados por las administraciones públicas y los organismos relacionados, las puedes consultar por sectores y ámbitos de aplicación. También están a tu disposición los Programas Europeos de Ayudas e incentivos por sectores.
Esta información se actualiza diariamente y está a tu disposición en el siguiente link: www.adade.es/emprendedores

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La declaración jurada que debe hacer un autónomo que quiera cobrar el paro

El trabajador por cuenta propia debe justificar ante la Seguridad Social pérdidas o el cese de su negocio para poder cobrar el paro. Todo mediante una Declaración Jurada a presentar en la Seguridad Social.
¿Qué ocurre si estoy dado de alta como autónomo y me quedo sin trabajo? ¿Puedo cobrar el paro? ¿Qué debo hacer? Éstas son algunas de las dudas que se plantean los trabajadores por cuenta propia durante su etapa laboral. Y es que, aunque sí es posible cobrar la prestación por cese de actividad, el trabajador autónomo debe cumplir primero con unos requisitos, entregando incluso una Declaración Jurada, que deberá incluir una serie de datos sobre los motivos del cese de actividad.
Primero: cotizar por el paro
No todos los autónomos pueden cobrar el paro. Para hacerlo tendrán que haber cotizado específicamente por la prestación por cese de actividad. Mientras que un asalariado cobra el paro al ser despedido, en autónomos sólo será así si previamente ha elegido cotizar por esta cobertura, que hoy por hoy no es obligatoria.
En cualquier caso, haber cotizado por cese de actividad no asegura su cobro. Una vez solicitada, la Seguridad Social deberá aprobar su bonificación, algo que hará en función de una serie de requisitos.
En más de la mitad de las solicitudes no se concede la prestación, a pesar de que se haya estado pagando por ello. Aun así, el Gobierno ha propuesto que todos los autónomos paguen obligatoriamente por ella. Las asociaciones de autónomos, por su parte han pedido que hasta que no se puede obligar a los profesionales por cuenta propia a cotizar por el paro, a sabiendas que no lo van a cobrar.
Requisitos para cobrar el paro
Los requisitos para poder acceder a la prestación por cese de actividad son estrictos. El autónomo tiene incluso que realizar una declaración jurada, exponiendo y jurando las causas del cese de su negocio, y que en teoría le dan acceso a cobrar el paro. Posteriormente, las mutuas y Seguridad Social revisan dichas causas, y evalúan si efectivamente cumple los requisitos para cobrar el paro.
En dicha declaración, el autónomo debe detallar la causa del cese, así como la documentación adicional que pueda apoyar y fundamentar el motivo. Si los motivos son económicos, es posible, además, adjuntar documentación fiscal, como las declaraciones del IVA o un certificado de la Agencia Tributaria en el que se recojan los ingresos percibidos.
Para que el cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, sea admitido a trámite, debe producirse o un cese de actividad por pérdidas, lo que supone pérdidas derivadas del ejercicio de la actividad superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. O bien ser un cese de actividad por ejecución judicial. En estos casos se trataría de ejecuciones judiciales para el cobro de deudas de, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del autónomo. La acreditación de esta causa se realizará mediante las resoluciones judiciales que contemplen la concurrencia de la causa de cese. Si se tratara de ejecuciones administrativas, la acreditación se realizará con las resoluciones administrativas dictadas al efecto.

Un “fraude de ley”
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo del Amor, ha denunciado que con la prestación por cese de actividad se está cometiendo «un fraude de ley». «Se está permitiendo cotizar cuando las instituciones saben que no van a poder cobrar», ha advertido.
El responsable de ATA ha insistido en que los autónomos no están ahora mismo para una subida de cotizaciones, recordando que muchos profesionales por cuenta propia facturan 800 euros, y que tras abonar cuotas, impuestos, etc. les quedan poco más de 400 euros. «Querer obligar a cotizar, sin solucionar antes cómo obtenerla es algo que no tiene sentido», ha asegurado.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting