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El TS determina que pagar parte del sueldo 'en negro', justifica la extinción indemnizada del contrato a petición del trabajador

La sala IV de lo social del
Tribunal Supremo, que juzgaba en este caso si era procedente la extinción
causal del contrato de trabajo, cuando la empresa había pagado una parte de las
nóminas sin declarar ante la Seguridad Social y ante Hacienda, ha fallado, en
sentencia de 18 de julio de 2020, que el pago continuado de parte de las
retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando así a la cotización a
la Seguridad Social, constituye un «grave
incumplimiento
» de las obligaciones empresariales y justifica la
resolución del contrato a petición del trabajador y su derecho a percibir una
indemnización de carácter improcedente (33 días por año trabajado).

Así mismo, la sentencia
recoge el hecho de que los tres demandantes prestaron sus servicios con
carácter fijo discontinuo, como peones agrícolas durante 4 años , y que cada
uno de ellos percibía “una cantidad en
nómina y otra en sobre
”. Además, “al
finalizar cada periodo trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego
no se cobraban
”. En enero de 2016 los trabajadores presentaron demanda
instando la extinción indemnizada de su relación laboral.

En su argumentación, añade la
sentencia, que si la empresa oculta parte de las remuneraciones no solo
desarrolla una conducta administrativamente sancionable sino que también
perjudica a quien trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se
calculan en función de lo previamente cotizado. Este perjuicio proyecta sus
efectos también sobre eventuales recargo de prestaciones o prestaciones a cargo
del Fondo de Garantía Salarial, entre otros aspectos.

Por lo tanto, el TS considera
que el abono continuado de cantidades fuera de nómina, sí encaja en el artículo
50.1.c del Estatuto de los Trabajadores, que considera causa justa para que el
trabajador pueda solicitar la extinción del contrato el incumplimiento grave de
sus obligaciones por partes del empresario, con derecho a las indemnizaciones
señaladas para el despido improcedente.

FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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El teletrabajo dispara las consultas sobre la fiscalidad de los empleados en el extranjero

Es un tema especialmente
complejo y casuístico, por lo que siempre es necesario hacer un estudio
detallado del caso concreto.

La crisis sanitaria del
Covid-19 ha impulsado, parece que definitivamente, el teletrabajo en nuestro
país. El anteproyecto de ley presentado hace unas semanas pretende dar
seguridad jurídica a empresarios y trabajadores sobre el régimen de esta forma
de empleo. Sin embargo, más allá de las relaciones laborales, el desempeño en
remoto plantea otras dudas que, en las últimas semanas, están llegando a los
despachos de abogados. Una de ellas es la fiscalidad de los ingresos de los
teletrabajadores, así como el régimen prestacional si se trasladan a otro país.

¿Debe seguir la empresa
reteniendo en su nómina las cuotas de IRPF y Seguridad Social? Como advierten
varios letrados, ya hay compañías que se han interesado por el esquema
aplicable a los empleados a distancia que comunican su intención de desplazarse
a trabajar desde el extranjero. Este es un tema especialmente complejo y
casuístico, por lo que siempre es necesario hacer un estudio detallado del caso
concreto.

 

Residencia fiscal

En relación con la fiscalidad
de la nómina, conviene aclarar dónde tributará el sueldo del empleado: en el
país en el que teletrabaja, en el de la empresa, o en los dos. Lo primero que
hay que determinar, explica Abigail Blanco, es la residencia fiscal del
empleado, lugar en donde “deberá tributar por su renta mundial”. Para ello,
“habrá que estudiar si el país donde trabaja tiene suscrito un convenio para
evitar la doble imposición”.

En estos acuerdos se
establecen reglas claras sobre qué estado tiene derecho a grabar la renta del empleado
y sistemas para compensar posibles duplicidades. Mayores problemas surgirían,
apunta, si este no existiera, aunque “la red de convenios con España es muy
amplia”.

Lo fundamental, señala Marcos
González, asesor fiscal, es determinar si el trabajador tiene la condición de
residente, “para lo cual habrá que atender, en primer lugar, a la normativa
domestica de cada estado”. En este sentido, desde la perspectiva de España, una
persona es residente fiscal “cuando permanezca aquí más de 183 días en el año
natural, tenga su centro de intereses vitales, o la base de sus actividades o
principales intereses económicos”.

Es decir, las claves son,
explica Juan José Terraza, “la presencia física y la vinculación con el país”.
Así, si una persona con núcleo familiar en España se ausenta por más de 184
días durante un ejercicio (por ejemplo, porque entre semana trabaja fuera), “no
perdería su consideración de residente”.

Sin embargo, si la persona
carece de arraigo y de vínculos económicos importantes, más allá del teletrabajo,
“podría ser tratado como no residente si está menos de seis meses”. Por otro
lado, la Dirección General de Tributos exige que sea el contribuyente quien
acredite esta circunstancia. Este puede ser el caso, por ejemplo, de empleados
que hayan venido a trabajar a una empresa española y ahora regresen a su país.

Ahora bien, apunta Blanco,
puede suceder que ambos países consideren residente al trabajador. En este caso
es cuando el convenio opera para romper esta duplicidad, “porque las dobles
residencias, al igual que la apatridia fiscal, no son aceptables”. Para ello se
van empleando por orden una serie de criterios “de desempate”, siendo el último
el de la nacionalidad.

 

Retenciones

Una vez determinado el país
que tiene derecho a gravar la renta mundial del contribuyente, las empresas
pueden verse obligadas a adaptar la nómina. Así, explica González, si
trabajador y empleador están domiciliados en distintos países, la regla general
que aplican los convenios es que la renta laboral se grava en el territorio
donde efectivamente se realiza la prestación, Esto es, donde el empleado esté
físicamente trabajando.

Por lo tanto, se podrían dar
situaciones en las que “la Hacienda española no someta a retención el sueldo de
un no residente que teletrabaja desde el extranjero”, apunta. Por otro lado,
también podría ocurrir, hipotéticamente, que haya que retener en los dos
estados. Si hay convenio, producirá un efecto puramente financiero (menos
nómina neta mensual), “recuperable aplicando las correspondientes deducciones
cuando se presente la declaración”, añade Blanco.

 

Confinamiento

Lo cierto, apunta Terraza, es
que “las consecuencias fiscales del teletrabajo internacional pueden ser
bastante complejas”. De hecho, la OCDE acaba de emitir una nota en la que contempla
las consecuencias fiscales de realizar el confinamiento en un país diferente al
que se trabaja normalmente. En ella recomienda a los estados que “actúen con
cierta magnanimidad a la hora de exigir el cumplimiento de la norma tributaria
en cuestiones relativas a este periodo”.

 

COBERTURA SOCIAL

Unión Europea. La situación de teletrabajo puede implicar
diferentes escenarios desde el punto de vista de seguridad social internacional
dentro de la Unión Europea, espacio en el que rige el un reglamento de coordinación
de estos sistemas. Con carácter general, explica Pere Vidal, letrado de Augusta
Abogados y profesor de la UOC, se aplicará la legislación española cuando una
empresa nacional desplace temporalmente, por un periodo no superior a cinco
años, a un empleado para que preste sus servicios por su cuenta en otro estado
miembro. “Si va a trabajar desde su domicilio en otro estado de la UE, sería
conveniente para la empresa solicitar un certificado A1 de conformidad con la
normativa sobre trabajadores desplazados, para garantizar la cobertura
continuada de la seguridad social en el país donde reside y teletrabaja”,
aconseja Vidal.

Otros países. Si el teletrabajador se desplaza fuera de la
Unión Europea, habrá que comprobar si existe un convenio bilateral que resulte
de aplicación. Este acuerdo será el que determine la legislación de seguridad
social aplicable, que resuelve cuestiones tan relevantes como las prestaciones
en caso de incapacidad, accidente de trabajo, etc.. En caso de que el país no
tenga suscrito un acuerdo de este tipo, añade Vidal, “generalmente es aplicable
una orden de 1982 que asimila la situación de alta en la Seguridad Social
española a los trabajadores al servicio de empresas nacionales trasladados al
extranjero, con independencia de que los mismos deban cotizar o no en el país
de destino, según su legislación local”.

 

Source: econsulting

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El Pleno del Congreso convalida el RD-L 25/20202 con el fondo de rescate a empresas

El Pleno del Congreso avaló,
con la abstención de El PP, Vox, EH-Bildu y el BNG y el apoyo del resto de la
Cámara, el decreto ley con medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por
la pandemia del Covid-19 como una nueva línea
de avales públicos
, la creación de un fondo
de rescate para empresas estratégicas
y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos, dejando la
puerta abierta a cambiarlo, la Cámara se reservó la posibilidad de introducir
cambios en el texto al aprobar su tramitación como proyecto de ley y así poder
presentar enmiendas.

El RD-L 25/2020 había sido aprobado por el Gobierno el pasado 3 de
julio y se encuentra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE). Y tal y como establece la Constitución ha sido refrendado en
el Congreso en un plazo de 30 días hábiles.

La Ministra Calviño aseguró
que el decreto ley en conjunto supondrá una movilización de unos 51.500 millones de euros de recursos
públicos
, entre avales, subvenciones, préstamos y bonificaciones fiscales,
un dato en el que ha incidido para ser «conscientes del esfuerzo colectivo que están realizando los ciudadanos
para apoyar el tejido productivo y el empleo en esta situación extraordinaria
«.
Con estas últimas medidas, se calcula en un 5% del PIB el total del impacto
presupuestario de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta la fecha para
hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 y en un 15% del
PIB el apoyo a la liquidez.

Con respecto a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial
(ICO
), que el Gobierno ampliaba en el decreto ley en otros 40.000 millones para determinados proyectos, Calviño ha señalado
su «excelente funcionamiento»
hasta ahora y ha informado de que la nueva línea tendrá «una operativa similar«, cuyas
condiciones concretas «se irán
definiendo conforme se vayan liberando los tramos
» en sucesivos
acuerdos del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta de Economía
ha destacado que el fondo de rescate de empresas estratégicas, es un
instrumento que está «alineado»
con el mecanismo de apoyo a la solvencia propuesto por la Comisión Europea y ha
asegurado que servirá como «palanca
de último recurso
» cuando el crédito y la liquidez «no sean suficientes» para asistir a
empresas «con serias dificultades de
carácter temporal como consecuencia de la pandemia
«.

Enlace
al BOE:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311


FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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La AIREF prevé un empeoramiento de contracción económica con un 12% de caída del PIB

La presidenta de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante su comparecencia
en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, ha avanzado que la AIREF
va a elevar en «medio punto porcentual» la caída del PIB prevista inicialmente,
y que situaba entre el 8,9% y el 11,7%, lo que llevaría a un desplome del 9,4% y
el 12,2% en los dos escenarios planteados por la institución, empeorado así sus
previsiones macroeconómicas para este año.

Es decir la contracción
económica prevista, debida al peor comportamiento de los indicadores en el
segundo trimestre, podría superar este año el 12 % por el coronavirus, el
organismo rechaza la puesta en marcha de un ajuste fiscal antes de que llegue
2022, y augura que la recuperación va a ser más lenta.

En el año 2021 la economía
española experimentará una «recuperación
gradual e incompleta
» en un escenario que se mantiene en línea con las
previsiones anteriores cuando se estimaba un repunte del PIB de entre el 4,6% y
el 5,8%. En el plano fiscal, la AIReF estima un incremento del déficit de entre
seis décimas y un punto por encima de las previsiones anteriores (las iniciales
se situaron entre el 10,9% y el 13,8% del PIB y las últimas, entre el 11,9% y
el 13,9%) debido a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno y la revisión
de las previsiones macroeconómicas.

FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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La Cámara de Comercio apuesta por fomentar la transición hacia la digitalización con incentivos fiscales

Pide que se equiparen las
deducciones por digitalización a las de I+D+i.

La Cámara de Comercio de
España aboga porque se impulse la transformación digital aprovechando la
coyuntura que ha provocado la crisis del Covid-19, que ha forzado al
teletrabajo a muchas empresas.

En este sentido, ha pedido al
Gobierno que elabore un nuevo marco normativo que permita afrontar «con
garantías» una transición digital «inclusiva, sostenible, equilibrada
y justa». Además, defiende que la nueva ley de teletrabajo sea «muy
flexible» y «equilibrada», y recomienda fomentar la transición
hacia la digitalización con incentivos fiscales similares a las deducciones que
existen actualmente para el I+D+i.

El Comité de Digitalización
de la Cámara de Comercio de España ha presentado este martes un documento que
recoge 65 propuestas para que la economía y la sociedad española den el salto
definitivo hacia la digitalización, denominado Iniciativa para la Transición
Digital y que elaboró antes de que estallara la crisis sanitaria.

«La transición digital
no es una opción sino una necesidad y es fundamental establecer condiciones
apropiadas para que sea inclusiva, sostenible social y financieramente y
equilibrada y justa», ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio
de España, José Luis Bonet, en rueda de prensa telemática.

Entre las principales medidas
que recoge el informe destacan las fiscales, con incentivos al emprendimiento y
con una tasa digital, ya sea al amparo de la OCDE, de Europa o a nivel
nacional. También aboga por equiparar las deducciones por
«digitalización» a las de I+D+i, revisando y ampliando los límites
para la aplicación de deducciones, por crear un certificado de pyme 100%
digital con incentivos fiscales asociados a las empresas que lo obtengan y por
mejorar la fiscalidad de las opciones sobre acciones (stock options) como
herramienta fundamental para atraer y retener talento.

Además, apuesta por crear un
programa de impulso de la inversión privada en startups y pymes de base
innovadora con beneficios fiscales que reconozcan y favorezcan esa inversión y
por impulsar la colaboración público privada.

En el ámbito laboral, el
organismo señala que se debe revisar la normativa para abordar los diferentes
modelos de teletetrabajo. En este sentido, Bonet ha indicado que aunque el
teletrabajo es un valor añadido, «la presencia física es clave y necesaria
en las relaciones humanas», y ha incidido en que «debe buscarse una
regulación muy flexible y muy de entendimiento de la gente dentro de las
organizaciones».

«Hay que ver ventajas y
también todas las desviaciones que pueda haber, y poner sentido común en la
regulación», ha aseverado.

Por su parte, el presidente
de la Comisión de Digitalización, Carlos López Blanco, ha puntualizado que la
transición digital debe tener las mismas reglas para todos, subrayando que en
el teletrabajo se debe huir de los prejuicios de que es un «chollo para
trabajar menos o de los que dicen que se trabaja más».

Otras medidas por las que
aboga la Cámara para abordar la transición ecológica son la aprobación urgente
de la carta de Derechos Digitales, el apagón analógico para que toda la
administración sea digital, la implantación definitiva de la factura
electrónica, un Plan Renove de aplicaciones informáticas con ayudas públicas y
promover con incentivos los programas de compra de tecnologías innovadoras.

Todo ello enmarcado en una
Ley de base que debe regirse en los valores económicos comunes con la UE, en
una competencia equilibrada y en la participación de los agentes sociales.


FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, al alquiler y a los suministros básicos hasta finales de septiembre

El Gobierno ha ampliado las
medidas aprobadas en el estado de alarma para aliviar la carga financiera de
las hipotecas, los créditos no hipotecarios y el alquiler, así como para
garantizar los suministros básicos a los colectivos más vulnerables. Además, ha
acordado iniciativas para reactivar la economía en los ámbitos del transporte y
la vivienda y ha reformado la justicia en materia de discapacidad.

El Ejecutivo prorrogó los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo
 (ERTES) hasta el 30 de septiembre, y acordó ayudas
de apoyo para el sector turístico
.
Además, ha argumentado que, para «no dejar a nadie atrás», las
medidas adoptadas hoy responden a criterios de justicia social y a una
necesidad de eficacia económica.

Protección
a los arrendatarios vulnerables

La prórroga de los
seis meses
de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se
podrá solicitar hasta el 30 de
septiembre
. Se amplía también a esa fecha el plazo para solicitar la
moratoria, el aplazamiento del pago de la renta, o la condonación total o
parcial de la misma, de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de
que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de
vulnerabilidad económica.

Garantizados
los suministros básicos

Con el objetivo de garantizar el acceso a los suministros
básicos de los consumidores vulnerables, se amplía el bono social hasta el
30 de septiembre. Además, se extiende la garantía de suministros de agua y
energía a consumidores domésticos, en vivienda habitual, hasta la misma fecha.
Esto se suma, ha indicado el vicepresidente, a la paralización de los
desahucios, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.

Reactivación
en los ámbitos del transporte y la vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas para reactivar la economía
en los ámbitos de los transportes y de la vivienda
 y afrontar el impacto del coronavirus.



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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¿Tienes derecho a seguir recibiendo ayudas?

Todas las preguntas y respuestas sobre las nuevas ayudas a
trabajadores y trabajadoras autónomos.

·        
Soy trabajador por cuenta propia y beneficiario de la prestación
extraordinaria y he retomado mi actividad. ¿Sigo contando con alguna ayuda?

Sí. A partir del 1 de julio los autónomos y autónomas que
vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de
actividad 
se beneficiarán automáticamente de una exoneración
en las cuotas
 a la Seguridad Social de los meses de julio, agosto y
septiembre.

·        
Entonces, ¿cuánto voy a pagar a la Seguridad Social estos meses?

En julio, los beneficiarios/as de la prestación
extraordinaria por cese de actividad no pagarán cuota de Seguridad Social
porque la exoneración será del 100%. En agosto, se pagará la mitad, ya que la
exoneración alcanzará el 50% en la cuota, y en la cuota del mes de septiembre,
pagarán un 25% menos que en la cuota ordinaria.

·        
¿Tengo que solicitar esta exención o se efectuará de oficio?

No es necesario solicitar la exención, pues se efectuará
de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con todos
los autónomos que dejen de percibir la prestación extraordinaria por cese de
actividad, mantengan el alta en el régimen correspondiente y no soliciten la prestación
por cese de actividad.

·        
Mi negocio está en marcha pero sigo facturando muy poco. ¿Voy a
seguir cobrando la prestación?

Los/as autónomos/as que mantengan la actividad pero vean
reducida su facturación en el tercer trimestre en un 75 % respecto al mismo
periodo en 2019 (o sus rendimientos netos sean inferiores en 1,75 veces el SMI)
podrán solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad.

Como novedad, los trabajadores autónomos/as de temporada
podrán acceder a la prestación extraordinaria hasta el 30 de
septiembre siempre y cuando sus ingresos en 2020 sean inferiores en 1,75 veces
el SMI.

·        
¿En qué consiste la prestación ordinaria por cese de actividad?

La prestación alcanza el 70% de la base reguladora, es
decir unos 660 euros para un trabajador o trabajadora autónoma que cotice por
la base mínima. A esto hay que sumar el abono de la parte de la cuota
correspondiente a contingencias comunes, por lo que le beneficio económico
puede alcanzar los 930 euros mensuales.

·        
¿La prestación ordinaria es compatible con el mantenimiento de
la actividad?

Sí, es compatible.

·        
¿Se va a descontar de mi tiempo de paro? ¿Computará como
derechos consumidos?

La prestación ordinaria por cese de actividad compatible
con el trabajo sí computará como derecho consumido, por lo que el periodo
consumido será descontado.

·        
¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la prestación
ordinaria por cese de actividad?

Hay que estar afiliados y en alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar,
en su caso, y estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Si esto
último no se cumple, el autónomo tiene treinta días naturales para ingresar las
cuotas correspondientes.

Es necesario haber cotizado por cese de actividad como
mínimo durante 12 meses inmediatamente anteriores de forma continuada.

Además, hay que acreditar una reducción de la facturación
durante el tercer trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo
periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante esos mismos períodos
unos rendimientos netos superiores a 5.818,75€ al trimestre (1,75 veces el
SMI).

·        
¿Tengo que esperar a que termine el trimestre para solicitar la
prestación?

Puede solicitarse a partir del 1 de julio de 2020,
pero solo tendrá  efectos económicos desde esa fecha en el caso de que se
solicite antes del 15 de julio. Si se  solicita después  tendrá
efectos desde el día siguiente al de la solicitud.

·        
¿Cómo acredito la caída de la facturación?

En principio, basta para acreditar la caída de la
facturación una declaración responsable del trabajador
autónomo.

No obstante, a partir de 1 de octubre de 2020 y
del 1 de febrero de 2021,
  las mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social,  o el Instituto Social de la Marina, en
su caso, van a recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios
de los ejercicios 2019 y 2020
 necesarios para el  seguimiento y
control de las prestaciones reconocidas.

Solo en el caso de que la citadas entidades no puedan
tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, 
los trabajadores deberán aportar, en el plazo de los diez días siguientes a su
requerimiento:

1.      
Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA)
, correspondiente a las declaraciones del segundo
y tercer trimestre de los años 2019 y 2020
.

2.      
Copia del modelo 130 correspondiente a la
autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020
 a
los efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre
de esos años.

Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva
(modelo 131)
 deberán aportar la documentación necesaria o
cualquier otro medio de prueba
 que sirva para acreditar los ingresos
exigidos en este precepto.

·        
¿Hasta cuándo voy a poder percibir la prestación?

Como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020. A partir de
esa fecha solo se podrá continuar percibiendo si cumplen todos los requisitos
que establece la Ley General de la Seguridad.

·        
¿Tengo que seguir pagando la cuota?

Las cuotas a la Seguridad Social se deberán seguir
abonando mientras se perciba esta prestación. No obstante, los autónomos/as que
perciban esta prestación, recibirán, además del importe de la misma, el importe
de las cotizaciones correspondiente a las contingencias comunes.

·        
Mi negocio no levanta cabeza y he decidido cerrar. ¿Tengo
derecho a la prestación? ¿Durante cuánto tiempo?

En caso de cierre se mantiene el derecho a prestación por
cese de actividad compatible con el trabajo que se tenga reconocida hasta
el  día en que surta efectos la baja en el régimen. A partir de ese
momento para percibir prestación por cese de actividad ordinaria deberán
acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 330 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social. .  

·        
¿Tengo que pagar IRPF por la prestación extraordinaria? ¿Y por
la de cese de actividad?

Sí, hay que pagar el IRPF pues ninguna de estas dos
prestaciones figura en la lista de rentas exentas de dicho impuesto.

·        
He dejado de cumplir los requisitos y quiero devolver las
cantidades que he cobrado indebidamente, ¿dónde puedo hacerlo?

Para renunciar a la prestación debe dirigirse a la mutua
colaboradora de la Seguridad Social que reconoció el derecho a la misma, o ante
el Instituto Social de la Marina si fue esa entidad gestora la que reconoció el
derecho.

Para devolver las cantidades percibidas indebidamente, deberá 
dirigirse igualmente a la mutua colaboradora o, en su caso, al Instituto Social
de la Marina

·        
Si soy beneficiario de una tarifa plana u otra bonificación, ¿se
me aplicará la reducción a las cuotas de la tarifa plana o estos tres meses
pagaré las cuotas generales con las reducciones previstas y a partir de
septiembre se me aplicará la tarifa plana?

Durante estos tres meses  se aplicará la reducción de
cuotas sobre  la tarifa plana o reducida que corresponda al trabajador en
cada caso, sin que en ningún caso la reducción pueda superar la cuota a abonar.

·        
¿La posibilidad de pasar a percibir la prestación ordinaria por
cese de actividad es aplicable a autónomos societarios?

Tienen derecho a percibir esta prestación todos los
autónomos societarios que hayan percibido hasta el 30 de junio la prestación
extraordinaria por cese de actividad y que cumplan los requisitos exigidos.

·        
¿Cómo justificamos la caída de ingresos del socio que solicita
la prestación?

De cualquier manera admitida en derecho

·        
¿Cómo y cuándo se solicita?

Al igual que en el caso de la prestación extraordinaria,
la solicitud hay que hacerla en la mutua colaboradora con la
Seguridad Social que haya elegido el trabajador/a autónomo.

Se va a empezar a percibir con efectos desde el 1 de
julio, siempre que la solicitud se presente antes del día 15 de julio. Si se
presenta más tarde, los efectos se generarán desde el día siguiente al de la
presentación.

·        
¿Qué documentación tengo que aportar?

El modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua.
En dicho modelo se podrá autorizar a la mutua a consultar los datos tributarios
de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las
prestaciones reconocidas.

Si no se autorizara esta consulta de datos o la mutua no
pudiera tener acceso a ellos, el trabajador deberá aportar  una copia del
modelo 303 de autoliquidación del IVA del segundo y tercer trimestres de los
años 2019 y 2020 y copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en
pago fraccionado del IRPF de los mismos periodos.

Los trabajadores autónomos que tributen en el (IRPF) por
estimación objetiva deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro
medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este
precepto.

·        
¿Y si dejo de cumplir los requisitos?

Las personas que soliciten esta prestación pueden
renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020. También
se puede devolver la prestación cuando se considere que los ingresos percibidos
durante el tercer trimestre de 2020 superarán los umbrales indicados. Las
mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, en su caso, harán las
verificaciones correspondientes.

Y si soy autónomo/a de
temporada

·        
¿Tengo derecho a alguna prestación?

Sí, como novedad, los autónomos/as de temporada tienen
derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Para
ello, deben haber estado dados de alta y cotizando como tal durante al menos
cinco meses entre los meses de octubre a marzo en los dos ejercicios anteriores
(2018 y 2019).

Además de estar al corriente de pago, hay que cumplir
otros requisitos, como no haber sido trabajador/a por cuenta ajena durante más
de 120 días entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 de marzo de 2020. Además:

      No haber estado de alta o asimilado al alta en ningún
régimen durante los meses de marzo a junio de 2020.

      No haber percibido ninguna prestación de la seguridad
social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera
compatible con el trabajo autónomo.

      No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que
superen los 23.275 euros.

      Si no se está al corriente de pago, el autónomo tendrá
treinta días naturales para el ingreso de las cuotas debidas)

·        
¿Cuánto voy a cobrar?

La cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de
la base mínima de cotización que corresponda.

·        
¿Desde cuándo se percibirá la prestación extraordinaria?

Con efectos del 1 de junio de 2020 y tendrá una duración
máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 15 de
julio. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día siguiente la
presentación de solicitud.

También podrá solicitarse en cualquier momento durante el
periodo comprendido entre el 27 de junio de 2020 y el mes de octubre de 2020.

·        
¿Debo seguir abonando las cuotas si me conceden la prestación
extraordinaria?

Como venía ocurriendo con la prestación extraordinaria,
durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar,
permaneciendo el trabajador/a autónomo en situación de alta.

·        
¿Presenta algún tipo de incompatibilidad?

La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta
ajena y con cualquier prestación de la Seguridad Social que no fuera compatible
con su alta como trabajador autónomo.

La prestación será incompatible con el trabajo autónomo o
por cuenta propia si los ingresos que se perciban durante el año 2020 superen
los 23.275 euros.

·        
¿Y si en algún momento dejo de cumplir los requisitos?

Los trabajadores y trabajadoras autónomos que soliciten
esta prestación podrán renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de
agosto de 2020. También pueden devolver por iniciativa propia la prestación
cuando consideren que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre de
2020 van a superar los umbrales indicados.

·        
¿Qué documentación tengo que llevar?

El modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua
en el que podrás autorizar a la mutua la consulta de los datos tributarios
correspondientes al segundo semestre del año 2020.

Si no se autorizara o la mutua no pudiera tener acceso a
ellos deberán aportar una copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA
del año 2020 y una copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en
pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del
cuarto trimestres del año 2020.

Los autónomos/as que tributen en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva deberán aportar la
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.

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Nulidad de modificación sustancial colectiva comunicada por intranet

El TS considera que para que
se produzca la caducidad de la acción de impugnación de una MSCT tiene que
existir una notificación por escrito de la decisión empresarial a los
trabajadores o a sus representantes. Por ello, no es válido, a estos efectos,
que el empresario publique su decisión en el tablón de anuncios, en la intranet
de la empresa o la manifieste en las reuniones del periodo de consultas y se
haga constar en acta. En todo caso es precisa una notificación escrita
fehaciente.

Durante años la entidad
bancaria había venido abonando a los trabajadores una serie de gastos
originados por el cambio de centro de trabajo. La ayuda consistía en un plus de
desplazamiento que se abonaba a cualquier empleado desplazado dentro del
territorio nacional durante los 5 años siguientes al desplazamiento a partir de
los cuales el empleado se considerará local en el centro al que había sido
desplazado.  En  marzo de 2018 y a través de la intranet del
banco, comunica a los trabajadores, que 
partir de esta fecha, este plazo pasaría de 5 a 3 años.

Disconforme con esta
modificación,  la representación sindical
interpuso demanda de conflicto colectivo ante la sala de lo social de la AN
solicitando que se declarase nula la que consideraba una modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, y se mantenga el plazo de 5 años, todo ello por
no haber respetado ni seguido el procedimiento adecuado al no haber sido
notificada adecuadamente la modificación, puesto que simplemente lo fue en
intranet de la entidad bancaria. La sala de lo social desestima la demanda por
entender que caducada la acción y la representación sindical interpone recurso
de casación ante el TS.

La cuestión a debatir
consiste en determinar el dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad de
la acción de impugnación de MSCT a través de la modalidad procesal de conflicto
colectivo.

Para resolver la cuestión, el
TS recuerda que en su jurisprudencia anterior según la cual  la fijación de un plazo de caducidad
perentorio constituye una garantía de la seguridad jurídica derivada de la
consolidación de una decisión no impugnada. De ahí que se exija la notificación
escrita y que el plazo se inicie con la notificación de la decisión empresarial
por escrito a los trabajadores o a sus representantes. Por esta razón,  de no producirse la fehaciencia de la
notificación, que no sea posible aplicar un plazo de caducidad tan breve e
impeditivo del ejercicio de la acción.

Por otra parte, la normativa
reguladora de los procesos MSCT establece que el  ejercicio de la acción caduca a los 20 días y
el plazo se computa desde el día siguiente a la fecha de notificación de la
decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de
consultas. Es decir, tanto la regulación legal como la jurisprudencia del TS
concluyen que para fijar el «dies a quo» de la caducidad de la acción de
impugnación de la MSCT  tiene que existir
una notificación por escrito de la decisión empresarial a los trabajadores o a
sus representantes y es a partir del día, cuando comienza a correr el plazo de
caducidad de la acción. Por ello, no es válido, a estos efectos, que el
empresario publique su decisión en el tablón de anuncios, o la manifieste en
las reuniones del periodo de consultas, aunque se haga constar en acta, es
preciso la notificación escrita fehaciente. En el supuesto enjuiciado la
entidad bancaria se ha publicado en la intranet de la entidad bancaria una
circular por la que se modifica una determinada normativa, sin que se haya
notificado la modificación a los trabajadores o a sus representantes, por lo
que, no habiéndose cumplido esta notificación no se inicia el cómputo del plazo
de 20  días de caducidad.

Respecto del fondo del
asunto,  se plantea es si este  plus de desplazamiento tenía la consideración
de condición más beneficiosa  El TS
considera que es claro que su disfrute obedecía a la voluntad unilateral del
empresario que, sin que existiera norma convencional, pacto o acuerdo
individual que lo impusiera; que, además, la empresa lo ha venido otorgando
durante un periodo de 13 años ininterrumpidos. Considera, por tanto que  sí es una condición más beneficiosa de la que
venían disfrutando los trabajadores de la entidad bancaria. Asimismo, considera
la reducción de 5 a 3 años del plazo de percepción sí constituye MSCT, ya que
afecta de forma directa al importe de los emolumentos que va a recibir el
trabajador con derecho al plus de desplazamiento, puesto que pasa de percibirlo
durante 5  años a percibirlo únicamente
durante 3 años. Por ello, debió  seguirse
el procedimiento establecido en el ET art.41.

STS (Social) de 27 febrero de
2020. EDJ 2020/554423

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El TUE aclara que las cláusulas suelo renegociadas pueden ser abusivas

Para el Tribunal de Justicia
Europeo, las cláusulas suelo renegociadas “pueden
ser
” igualmente abusivas y podrían declararse nulas, y además, dictamina
que es ilegal que los bancos obliguen a sus clientes a renunciar a la vía
judicial, contradiciendo esta forma de actuar de los bancos, en una sentencia
hecha pública recientemente. El fallo cuestiona los denominados “contratos de novación” que pusieron en
marcha las entidades financieras en 2013, tras el fallo del TS en contra de las
denominadas cláusula suelo. A través de estos contratos de novación, algunos
hipotecados renunciaron a la vía judicial para recuperar el dinero cobrado de
más, a cambio de la eliminación de estas cláusulas o la renegociación de ciertas
condiciones.

Concretamente el TJUE ha
dictaminado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que “no se opone a que una cláusula de un
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter abusivo
puede ser declarado judicialmente, pueda ser objeto de un contrato de novación
entre ese profesional y ese consumidor, mediante el cual este último renuncia a
los efectos que pudieran derivarse de la declaración del carácter abusivo de
esa cláusula, siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e
informado por parte del consumidor, extremo este que corresponde comprobar al
juez nacional
”.

Y añade que “cabe considerar que la propia cláusula de un
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, con el fin de
modificar una cláusula potencialmente abusiva de un contrato anterior celebrado
entre ambos o de determinar las consecuencias del carácter abusivo de la misma,
no ha sido negociada individualmente y puede, en su caso, ser declarada abusiva
”.

Con esta nueva sentencia del
TJUE, los que firmaron estos acuerdos privados y se encontraron con que no
podían acudir a los tribunales para reclamar que se les devolviera el dinero, ahora
el TJUE les abre la puerta a una reclamación en la justicia española, al no considerarlos
válidos, en los casos en los que la entidad financiera no explicó correctamente
su contenido y sus consecuencias, es decir, si no se les informó de que no
estaban obligados a firmarlos y que, en caso de suscribirlos, no podrían ir a
los juzgados en el futuro para pedir la devolución de lo pagado de más.


Enlace a la sentencia: https://confilegal.com/wp-content/uploads/2020/07/SENTENCIA-C-0452-2018.pdf


FUENTE: ADADE CENTRAL

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Díaz señala que los ERTE podrían extenderse hasta final de año e incluso entrado 2021

La ministra de Trabajo, en
una entrevista en ‘Financial Times’, afirma que «el Gobierno va a estar ahí
para los sectores que más lo necesitan» y que «no tendría sentido emprender
este esfuerzo sin precedentes y luego dejar que simplemente las cosas se
caigan»

España probablemente
extenderá los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el final de
este año y quizás también hasta entrado 2021 para los sectores más afectados
por la crisis económica provocada por la pandemia. Son declaraciones de la
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al rotativo británico ‘Financial Times’.

En una entrevista con ese
periódico, Díaz reconoció las dificultades que enfrentan los sectores
turístico, aviación, marítimo, ocio y cultura del país, todos los cuales han
pronosticado que es poco probable que reanuden sus actividades con normalidad
durante este año.

«El Gobierno va a estar ahí
para los sectores que más lo necesitan sin ningún género de duda», afirmó Díaz
en declaraciones a Financial Times. «No tendría sentido emprender este gigante
esfuerzo sin precedentes en la economía española (para preservar los empleos) y
luego simplemente dejar que las cosas se caigan».

Según recoge ‘Financial
Times’, Díaz reiteró este punto cuando se le preguntó si estas ayudas podrían
mantenerse una vez comenzado el próximo año.

El consejo de ministros del
pasado 26 de junio tomó la decisión de prorrogar los ERTE hasta el 30 de
septiembre, después de un acuerdo con los agentes sociales que costó en
alcanzarse varias reuniones, puesto que tanto patronal como sindicatos querían
que se extendieran hasta el 31 de diciembre. También hubo discrepancias
respecto al grado de exoneraciones en las cuotas a la seguridad social que se
debían mantener.

El Gobierno tomaría en
septiembre su decisión final sobre los próximos pasos a seguir, en conjunto con
los empresarios y los trabajadores, después de analizar los datos económicos
que se vayan publicando en el verano, según añadió Díaz.

Source: econsulting