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Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas

El fisco indagará sobre las plusvalías de las operaciones con estas divisas y si se usan para blanquear dinero
La Agencia Tributaria tiene controlados a 15.000 contribuyentes que han realizado transacciones con criptomonedas en el último año. La identificación de estas personas es el resultado de la campaña que lanzó el fisco a principios de año, cuando envío requerimientos de información a 60 entidades, entre ellas 16 grandes bancos que operan en España, así como una decena de intermediarios financieros y 40 empresas. Hacienda vigilará que estos contribuyentes declaren las posibles plusvalías o beneficios de sus operaciones e indagará si utilizan las divisas digitales para blanquear dinero.
Cuando a principios de año la Agencia Tributaria publicó su plan de control anual, el documento con las líneas maestras de su actuación contra el fraude fiscal, dejó bien claro que le preocupaba que la eclosión de las nuevas tecnologías abriera una nueva grieta para el fraude. Por eso, enfatizó que vigilaría “la incidencia fiscal de estas nuevas tecnologías, como blockchain y, en especial, las criptomonedas”.
Hacienda tardó poco en poner en marcha un programa para embridar estas actividades. El pasado abril envió requerimientos de información a 16 grandes bancos, con sede o sucursal en España, a una decena de intermediarios (casas de cambio, pasarelas de pago y entidades vinculadas con cajeros automáticos) y a 40 empresas, que permiten facturar con bitcoins o criptomonedas similares.
Como resultado de aquella campaña, la Agencia Tributaria ha identificado a 15.000 contribuyentes que operan con estas divisas digitales. Y vigilará que declaren los beneficios que obtengan con el intercambio y negociación de bitcoins, ethereum o similares.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), la caballería de la Agencia, investigó minuciosamente la información remitida por bancos e intermediarios, la depuró y finalmente seleccionó a un grupo de 15.000 contribuyentes. El siguiente paso consiste en seleccionar los perfiles de riesgos para iniciar las inspecciones. Hacienda quiere enviar en las próximas semanas los primeros casos a las delegaciones territoriales.
Desde la Agencia recuerdan, además, que supervisará que en la campaña de la Renta de 2018 estos contribuyentes declaren las plusvalías generadas en la negociación de las criptomonedas, que tributan con carácter general en la base imponible del ahorro, con unos tipos de gravamen que van del 19% al 23% en función de las ganancias. En los borradores y programas de ayuda de las declaraciones, el fisco recordará la obligación de confesar los beneficios obtenidos por estos medios.
Hacienda reconoce que estas nuevas actividades digitales no proporcionarán una gran recaudación para las arcas públicas. Pero con estas acciones aspira a poner coto a unas actividades complejas, poco reguladas y nada transparentes, porque la titularidad de los bitcoins es opaca para las autoridades fiscales, y su negociación es casi imposible de rastrear, salvo con operaciones como la lanzada a principios de año por la Agencia.
La compra y negociación de criptomonedas se suele hacer a través de webs situadas en otros países; y obtener información de estos mercados digitales es laberíntico. Eso lleva a algunos grupos criminales a usar estas divisas para tapar sus actividades. Por ello, Hacienda insiste en que extremará la vigilancia sobre los contribuyentes identificados. Y en caso de apreciar la existencia de posibles actividades ilícitas, además de denunciarlo, iniciarán las actuaciones contra el blanqueo de capitales.
Precisamente, el plan de control anual advertía de esta situación: “La utilización por el crimen organizado de la Internet profunda (deep web) para el tráfico y comercio de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoins como medios de pago, es uno de los desafíos más exigentes en la actualidad. Para afrontar esta amenaza, se potenciará el uso por las unidades de investigación de la Agencia Tributaria de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes”.
Obligación de informar
Para profundizar en el control de esta nueva economía digital, el Gobierno ha incluido en la nueva ley antifraude, cuyo proyecto fue aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros, un ramillete de medidas para reforzar el control tributario y la prevención del blanqueo a través de criptodivisas. Para ello, obligará a presentar tres nuevas declaraciones informativas sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, así como sobre las criptodivisas en el extranjero que posean contribuyentes españoles.
Los bancos o plataformas financieras que operen en España deberán informar al fisco de los titulares y beneficiarios y los saldos en bitcoins u otras divisas, cuando guarden las claves de posesión de estas cibermonedas. También habrá que informar de estos activos digitales que se tengan en el extranjero, bajo la amenaza de una fuerte multa de hasta el 150% de la cantidad omitida.
FUENTE: EL PAÍS

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Anna Calduch, Presidenta de E-Consulting/Grupo ADADE, visita a los despachos de Valencia

La Presidenta de E-Consulting/Grupo ADADE,  visitó recientemente a los despachos de Valencia, dos de ellos en la Capital, en concreto GRA Consultores y Asesores y Asesoría DANALO y el tercero en la localidad de Denia AGUILAR Consultores.

GRA Consultores se encuentra ubicado en la céntrica Avenida del Oeste 19 de Valencia, aquí mantuvo una reunión con uno de los socios del despacho en concreto con Rafael Viñals con el que intercambió y comentó diferentes temas tanto del despacho como de la RED. 

En Asesoría DANALO que está ubicada en la Calle de los Leones, 60, estuvo reunida con su titular David Navarro y en esta reunión participaron también dos compañeros de ADADE Valencia en concreto Evaristo y Pablo Garcia, que intercambiaron temas del día a día y de colaboración entre los despachos.
Por último visitó en la localidad de Denia a José Aguilar titular del despacho AGUILAR Consultores, ubicado en la Calle Diana, 6 – 3ª (Pasaje Femenia), aquí mantuvo una reunión con varios de los profesionales del mismo e intercambiaron bastantes temas sobre la dinámica y funcionamiento de la RED.

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Jornadas Profesionales Grupo ADADE/E-consulting

El próximo día 29 de noviembre, en el salón de actos del Hotel AC Carlton Madrid,  ADADE y E-Consulting celebran sus Jornadas Profesionales. El programa consta de los siguientes apartados:
  • LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS EN LA ASESORIA
  • LA IV DIRECTIVA DE LA UNION EUROPEA Y EL REGISTRO DE PROFESIONALES
  • ULTIMA JURISPRUDENCIA DE INTERES EN MATERIA SOCIOLABORAL
  • ENTRESIJOS DE LOS CONTRIBUYENTES SELECCIONADOS PARA EL PLAN DE INVERSION
  • FUTURO DE LA ASESORIA
El evento será presentado por el Presidente de ADADE y tras la intervención de los diferentes ponentes, habrá una ponencia del Dr. Ramón Mª Calduch, sobre el futuro de las asesorías, en la que nos explicará que, superada la transformación digital en la que estamos inmersos y en la que ADADE/E-Consulting fué pionera, toca pensar en los procesos de IA que serán los que realmente harán que cambie el paisaje actual de las asesorías, dejando a muchas de ellas en la cuneta.
También la necesidad de acudir a estructuras más grandes o a redes de despachos, para superar y adaptarse a los cambios que se avecinan.

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La rectificación de módulos de autónomos al detalle

Hacienda ha anunciado su rectificación en el límite de módulos en autónomos, aunque el trámite se encuentra abierto a matizaciones hasta el día 21 del presente mes.
El Ministerio de Hacienda ha publicado un borrador en el que ha informado de la orden ministerial por la que, entre otras cosas, se mantendrán las condiciones de acceso de los trabajadores por cuenta propia al método de estimación objetiva del IRPF y al régimen especial simplificado de IVA. Es decir, aquellos autónomos que facturen más de 150.000 euros, y menos de 250.000, se mantendrán dentro de este régimen. Esta medida, supone un ahorro importante para cierto tipo de autónomos, que se hubieran visto obligados a pagar más impuestos, al entrar en el régimen habitual.
Este documento ha sido evaluado y sometido a trámite de información pública y permanecerá abierto a posibles modificaciones y sugerencias hasta el próximo 21 de noviembre.
En lo que respecta al IRPF, se mantendrá para el próximo año la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación. Todo ello, según ha recogido la agencia de noticias Europa Press en una información en la que también detalla que se mantendrá la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo con las diferentes asociaciones más representativas del colectivo.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya anunció la pasada semana que el Gobierno no tocaría los actuales límites que permiten a los autónomos tributar por el sistema de módulos, lo que “beneficiaría a medio millón de autónomos”.
De esta forma, se prorrogará por cuarta vez y se anulará la modificación que estaba prevista introducir en el sistema a partir del 1 de enero de 2019.
En otro orden de cosas, desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado que para este periodo también se mantendrá la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del IVA para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca.
FUENTE: CINCODÍAS

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El banco también debe asumir el coste de la cancelación de la hipoteca

La justicia impone el gasto a la entidad financiera al ser beneficiaria de la inscripción.
El banco debe asumir el gasto de la cancelación registral de la hipoteca. Así lo establece una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que condena a Kutxabank a devolver la cantidad total del desembolso efectuado por los clientes hipotecados para cancelar la hipoteca que les había concedido.
En su resolución, el tribunal rechaza la alegación del banco que consideraba que el hipotecado era el único interesado en hacer desaparecer la carga del Registro de la Propiedad. Según señalan los magistrados, la inscripción se hizo en beneficio y garantía de la parte prestamista, es decir del banco. De ahí que, llegando a la misma conclusión que la sentencia de instancia, establece que el gasto de su cancelación corresponde a la entidad financiera. Si el gasto de constitución era innecesario para el cliente, ni tiene que afrontar la carga de la inscripción en el Registro de la Propiedad, ni el desembolso por la desaparición o cancelación de la misma, que no hubiera existido si no se hubiera registrado.
Kutxabank pretendía hacer valer que la cláusula anulada en instancia solo afectaba a los gastos de constitución, no a los de cancelación de la hipoteca, pero los magistrados rechazan este argumento. Una vez pagado el préstamo y atendida la obligación principal, la garantía desaparece y aquel en cuyo interés se inscribió tendrá que atender igualmente a los gastos de su desaparición.
Esta decisión obligó al banco a reintegrar cerca de 600 euros por gastos de notario, Registro de la Propiedad y gestoría y es un nuevo revés para las entidades financieras que obligan a los prestatarios a asumir gastos que no les corresponden.
FUENTE: CINCODÍAS

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Medina Morales & Asociados nuevo Partner de E-consulting/Grupo ADADE en Madrid

Recientemente se ha firmado el acuerdo de colaboración por el que Medina Morales & Asociados pasa a formar parte del grupo de servicios profesionales E-Consulting/Grupo ADADE. El acuerdo ha sido firmado por Carolina Medina Morales, Socia Directora de Medina Morales & Asociados, y Anna Cristina Calduch Skopalik, Presidenta de E-Consulting.
Con el apoyo de E-Consulting/Grupo ADADE presentes tanto a nivel nacional como internacional pretendemos generar un mayor valor para nuestros clientes con el fin de proporcionarles la mayor cobertura posible y por consiguiente un mejor servicio.
Según el estudio realizado por Expansión, el sector de firmas de servicios profesionales facturó en torno a los 2.700 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 7,2% respecto al año anterior. Dentro del sector, E-Consulting/Grupo ADADE se sitúa como 9ª firma por facturación en el ranking elaborado por la misma publicación.
En la foto:
Izda. Carolina Medina Morales Socia Directora de Medina Morales Abogados y Anna C. Calduch Skopalik Presidenta de E-Consulting.

Source: econsulting

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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre. La modificación normativa acometida a través del presente Real Decreto-Ley afecta a un aspecto parcial de la regulación de un tributo en concreto, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, únicamente en una de sus modalidades, la relativa a documentos notariales  y sólo los correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria. Modifica el artículo 29 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993. Añade un apartado 25 en el artículo 45.I.B), del citado Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, una letra m) en el artículo 15 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
(BOE 271/2018, publicado el 9 de noviembre)                  Ver documento
FUENTE: BOE

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El salario en especie

El salario en especie es la retribución consistente en una prestación distinta del dinero, que ha de tener una traducción económica para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, quedando excluidos del mismo los bienes que proporcione la empresa al trabajador para el estricto cumplimiento de la prestación laboral.
Requisitos

Tiene que reunir los siguientes requisitos:
    • Carácter patrimonial, lo que significa que debe ser convertible en dinero;
    • Adecuado, esto es, debe ostentar una entidad económica suficiente de manera que su recepción por el trabajador ha de suponer para éste un incremento patrimonial por importe equivalente al valor del trabajo objeto de remuneración;
    • Percepción individual o individualizable: se trata de un bien o servicio entregado en correspondencia con el trabajo prestado por cada trabajador de modo que no es salario cuando se entrega de forma indiferenciada a un grupo de trabajadores;
    • Prestaciones apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y el valor atribuido a dichas prestaciones en especie debe ser justo y razonable.

El abono del salario en especie puede generar abusos y perjuicios para el trabajador. Por ello, se entiende que sólo existe salario en especie cuando viene fijado por las normas legales o convencionales aplicables o haya sido objeto de pacto expreso o tácito. Los rendimientos de trabajo en especie se valoran de acuerdo con las normas establecidas en la normativa reguladora del IRPF.
Límites

El salario en especie no puede superar, en ningún caso, el 30% de las percepciones salariales del trabajador y no puede minorar la cuantía íntegra en dinero del SMI. Esta limitación cuantitativa es aplicable también a las relaciones laborales de carácter especial y ha delimitado la relación entre SMI y retribución en especie.
Se trata de una norma de derecho imperativo que no puede ser incumplida por lo que cualquier pacto o convenio que altere tal disposición es nulo, debiendo limitarse la percepción en especie en el sentido que indica la norma. No obstante, la doctrina de suplicación viene entendiendo que, aunque el pacto sea nulo, ello no implica negarle cualquier efecto y negar al trabajador el derecho a percibir el salario en especie que le corresponda de modo que la cantidad que excede del límite se integra dentro de la remuneración pactada como si se tratase de una cláusula válida
Modalidades

Las más habituales son las siguientes:
– Vivienda.
– Manutención.
– Vehículo.
– Otros servicios o beneficios.
Vivienda

Constituye salario en especie la puesta a disposición del trabajador de una vivienda o alojamiento a título gratuito, sin pago de alquiler, o a precio inferior al de mercado.
La vinculación entre el uso y disfrute de la vivienda y el contrato de trabajo determina que las vicisitudes del contrato pueden afectar a esta forma de retribución en especie. Así, la suspensión del contrato de trabajo, aunque supone la suspensión de las principales obligaciones del contrato, entre ellas la de remunerar, no determina la suspensión del derecho al disfrute de la vivienda de modo que el trabajador no puede ser desalojado de la misma.
En muchos casos, los convenios colectivos expresamente reconocen el derecho del trabajador a permanecer en la vivienda proporcionada por la empresa durante los períodos de suspensión del contrato.
Sin embargo, la extinción del contrato de trabajo sí determina la extinción del derecho a disfrutar de la vivienda, tanto si es por despido como si la extinción deriva de otra causa (así, por jubilación del trabajador). La única excepción se produce cuando por previsión expresa del convenio colectivo, por acuerdo entre empresario y trabajador o por decisión unilateral de aquel se permite la continuidad en el disfrute de la vivienda después de extinguido el contrato.
En todos estos casos, el trabajador mantiene el derecho a permanecer en la vivienda durante un mes, prorrogable hasta dos por el Juez, transcurridos los cuales el empresario puede instar el lanzamiento ante el Juzgado.
Manutención

También constituye salario en especie la entrega al trabajador de cheques restaurante o la posibilidad de disfrutar de servicio de comedor en las instalaciones de la empresa con la finalidad de cubrir total o parcialmente el coste económico de las comidas.
Con esta modalidad de salario en especie, el empresario no persigue compensar al trabajador por un gasto que éste realice con ocasión de la prestación laboral, pues en ese caso estaríamos ante una dieta que carece de naturaleza salarial, sino de facilitarle los medios necesarios para satisfacer una necesidad de donde se deriva que la manutención es una forma de retribuir el trabajo prestado.
Vehículo

La concesión o puesta a disposición del trabajador de un vehículo también puede ser una forma de salario en especie. Para ello es preciso que el uso del vehículo esté destinado a fines particulares y privados por el trabajador, situación que se produce, por ejemplo, cuando al trabajador se le concede el derecho a disfrutar de un vehículo con cargo a la empresa cuando su actividad no requiere de dicho vehículo.
En caso contrario, cuando el vehículo constituye meramente un instrumento o medio de trabajo necesario para el buen desempeño de su cometido por el trabajador y, por tanto, está destinado exclusiva o fundamentalmente a la actividad laboral no constituye retribución ni, por tanto, salario en especie.
Las situaciones mixtas, esto es, aquellos supuestos en los que el vehículo se utiliza indistintamente para la actividad profesional y para uso particular y privado del trabajador, requieren un análisis de las circunstancias concurrentes de modo que la calificación como salario en especie o no depende de la finalidad que prevalezca en la concesión del vehículo.

Otros servicios o beneficios

El disfrute de plaza de garaje en la empresa no constituye como regla general más que un servicio asistencial de carácter no salarial, un beneficio ofrecido al trabajador para facilitarle la prestación del trabajo. Sin embargo, puede tener carácter de salario en especie cuando su uso no se limita al tiempo de trabajo.
En el mismo sentido, también se considera salario en especie la retribución mediante tarjetas de gasolina cuando ésta se abona para el uso permanente, constante e indistinto del vehículo asignado.
No tiene la consideración de salario la compensación por gastos de combustible cuando dichos gastos se produzcan para el correcto desarrollo de la prestación de trabajo.
FUENTE: MEMENTO CONTRATO DE TRABAJO

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Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA

No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre. El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas.
La cuenta atrás para la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información ha empezado. A partir del 1 de julio, unas 62.000 empresas deberán enviar en el plazo de ocho días el detalle de las facturas emitidas y recibidas a la Agencia Tributaria. Supone el cambio en la gestión del IVA más relevante desde que se introdujo el impuesto. A pesar de que el proyecto entra oficialmente en vigor el 1 de julio, Hacienda comunicó que exigirá que las empresas entreguen también los registros de facturación del primer semestre con los nuevos programas de gestión del SII.
Sin embargo, según ha podido saber Cinco Días, las compañías adscritas al Redeme (Registro de Devolución Mensual del IVA) no deberán entregar las facturas emitidas y recibidas entre enero y junio de este año a través del SII. Fuentes de la Agencia Tributaria argumentan que este colectivo ya facilitará información sobre sus libros registros del primer semestre de 2017 al cumplimentar el modelo 340. Por lo tanto, Hacienda considera que no es necesario que las empresas envíen la misma información a través del SII. Con esta medida, Hacienda atiende las reclamaciones de las empresas del Redeme.
Este cambio de postura se incluirá en la orden ministerial que regula las especificaciones normativas y técnicas del SII y que se publicará en breve. Actualmente, puede consultarse un borrador en la página web de la Agencia Tributaria. Aun así, este texto no es definitivo y, por ejemplo, no incluye la decisión de suavizar las exigencias de información para las empresas adscritas al régimen de devolución mensual.
El SII afectará a las grandes empresas –que son aquellas que facturan más de seis millones de euros–, a las compañías inscritas en el Registro de devolución Mensual del IVA y a los grupos de IVA. Las compañías adheridas al régimen de devolución mensual, tengan o no la condición de gran empresa, son el único colectivo que no deberán presentar los datos de facturación del primer semestre con el SII. Fuentes de la Administración estiman que la medida beneficiará a 36.000 contribuyentes, el 60% del total de empresas afectadas por el SII.
Actualmente ya hay un grupo de empresas que están realizando una prueba piloto de la puesta en marcha del SII, que se extenderá a partir de julio y de forma obligatoria. A lo largo de este año, el plazo para informar de las facturas será de ocho días. A partir de 2018, el período quedará definitivamente fijado en cuatro días. La Agencia Tributaria defiende que los cambios tecnológicos permiten avanzar hacia una nueva forma de gestión que supondrá que las empresas llevarán sus libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Y la información se actualizará en tiempo casi real con el envío de los datos de facturación de las empresas. Las compañías no remitirán las facturas, sino ciertos campos de información que incluyen desde la fecha de expedición, hasta los nombres y apellidos o razón social del destinatario, la base imponible, el tipo de factura o el período de liquidación entre otros epígrafes. En la web de la Agencia Tributaria se gestionarán los libros registro de facturas expedidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.
Un borrador del IVA
Las compañías han señalado que el cambio supone un coste relevante en la medida en que obliga a modificar las aplicaciones informáticas y supone un cambio radical de la forma en la que se ha gestionado el IVA hasta ahora. La Agencia Tributaria pone el énfasis en que el proyecto SII supondrá la supresión de obligaciones formales al eliminarse los modelos 347, 340 y 390. Además, a partir de ahora y como ya sucede en el ámbito del impuesto sobre la renta, Hacienda facilitará a los contribuyentes datos fiscales del IVA para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La idea es que en el futuro se pueda remitir una suerte de borrador del IVA. La puesta en marcha del SII también supondrá la ampliación del período de presentación de las autoliquidaciones a los primeros 30 días naturales del mes siguiente al período de referencia. Hasta ahora, el límite eran 20 días.
FUENTE: CINCODÍAS

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El Constitucional y la plusvalía municipal

Lo previsible es que se declare para toda España la inconstitucionalidad de cobrar plusvalía si no hay incremento de valor
Últimamente han tenido gran eco las sentencias del Tribunal Constitucional del 16 de febrero y el 1 de marzo relativas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal). De una búsqueda en internet se puede sacar la impresión de que dichas sentencias han anulado en toda España el citado impuesto cuando se ha vendido un inmueble urbano por debajo de su valor de compra o, incluso, que dicho impuesto ha desaparecido. Pero ni una cosa ni la otra se establece en dichas sentencias, por lo que conviene precisar cuál es el alcance real de estas.
Dicho impuesto pretende gravar el incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten, pero se ha convertido en un peaje más que tiene que soportar el sufrido contribuyente cuando transmite un inmueble urbano, y ello con independencia de que con la transmisión realmente haya obtenido o no plusvalía.
Esto es así porque la Ley de Haciendas Locales (LHL) establece que el incremento de valor se calcula tomando el valor catastral del suelo, aplicándole un porcentaje anual y multiplicándolo por el número de años que se ha sido propietario del inmueble (con un máximo de 20). Para la ley, el resultado de dicha operación es el teórico –e irreal– incremento de valor del terreno, al cual se aplica el tipo de gravamen, obteniéndose así la cantidad a pagar. Evidentemente, con este sistema siempre sale un resultado positivo y, por tanto, una cantidad a pagar, aunque, dada la notoria bajada del valor de los inmuebles, en muchos casos no se haya producido un incremento sino una pérdida de valor.
Ante la falta de voluntad del legislador para solucionar una situación manifiestamente injusta –pero que reporta suculentos ingresos a la Administración– han sido algunos órganos judiciales los que han tratado de poner coto a la situación. Y lo han hecho por dos vías: unos han entendido que como lo que se grava es el “incremento de valor”, si este no existe, no se produce el hecho imponible y no hay que pagar; otros han considerado que los artículos 107 y 110.4 LHL son inconstitucionales por vulnerar los principios de justicia y no confiscatoriedad, y lo han planteado ante el Tribunal Constitucional. Pero otros se han limitado a aplicar los citados preceptos y han dado por buenas las liquidaciones practicadas por los ayuntamientos.
«La LHL sigue en vigor en todos sus preceptos, aunque ya se sabe que el Constitucional la declarará parcialmente inconstitucional»
Las citadas sentencias del Constitucional han resuelto sobre las dos primeras cuestiones de inconstitucionalidad planteadas de una forma que puede resultar paradójica: han declarado inconstitucional que se aplique dicho impuesto cuando no se ha producido incremento de valor del terreno, en Gipúzcoa (STC 16-2-2017) y en Álava (STC 1-3-2017), y han inadmitido las cuestiones de inconstitucionalidad respecto de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales.
¿Cómo es esto posible? Por uno de los vericuetos de nuestro derecho. Un juez, antes de dictar una sentencia que debe basar en un precepto de cuya constitucionalidad duda, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. La citadas sentencias resuelven dos cuestiones de inconstitucionalidad, una de un juzgado de Donostia y otra de uno de Vitoria, que plantearon la inconstitucionalidad tanto de preceptos de la ley estatal que regula la plusvalía (LHL) como de preceptos de las normas forales guipuzcoana y alavesa sobre dicho impuesto (de contenidos similares a la ley estatal). El Constitucional ha entendido que para los casos planteados por dichos juzgados solo eran de aplicación las correspondientes normas forales y no se ha pronunciado sobre la ley estatal.
Hay otras siete cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, y en seis de ellas la ley a aplicar es directamente la estatal (al no existir norma foral). Lo previsible es que en el futuro se declare expresamente para toda España la inconstitucionalidad de cobrar plusvalía si no hay incremento de valor.
Ahora los juzgados se encuentran con una curiosa papeleta: la LHL sigue en vigor en todos sus preceptos, aunque ya se sabe que el Constitucional la declarará parcialmente inconstitucional. ¿Qué harán? ¿Esperar a que el Constitucional pronuncie expresamente sobre la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados de la LHL? ¿Seguir aplicándolos (al seguir vigentes)? ¿O entender que los mismos no pueden ser aplicados porque la doctrina del Constitucionalidad evidencia su inconstitucionalidad? Veremos que opción toma cada juzgado y esperemos que impere el sentido común.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting