Tag Archive ajax

Poradmin

Las novedades de los Presupuestos de 2019 que más afectarán a la vida diaria de los ciudadanos

El gasto social en los PGE para 2019 asciende a 209.510 millones de euros, un 57,3% del total, lo que supone un incremento del 6,4%
El Gobierno ha llevado este lunes al Congreso de los Diputados los Presupuestos para 2019 sin contar todavía con los apoyos necesarios y por lo tanto, sin tener garantizada su aprobación. El objetivo prioritario -según el Ejecutivo- es tratar que «los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos, en especial a los colectivos más perjudicados por la reciente crisis económica». De hecho, el gasto social en los PGE para 2019 asciende a 209.510 millones de euros, un 57,3% del total, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior y el mayor crecimiento del gasto social desde 2009. En esta línea, desgranamos las diferentes partidas que más afectarán a la economía diaria del ciudadano. 
Dependencia
Los Presupuestos prevén un gasto para la atención de las personas en situación de dependencia de un total de 2.228 millones de euros, un 59,5% más que el año anterior (831 millones más). Por un lado, el Ejecutivo pretende aumentar un 31,7% el nivel mínimo -el que garantiza la Administración General del Estado a las personas dependientes- hasta los 1.723 millones de euros, es decir, 415 millones más que en el ejercicio anterior. Según explica el Ejecutivo, esta partida tiene como objetivo atender, por un lado, a un mayor número de beneficiarios para reducir la lista de espera.
Salario mínimo

El Consejo de Ministros ya aprobó el año pasado subir el salario mínimo (SMI) hasta los 900 euros mensuales en 2019. La cuantía del SMI se suele aprobar por decreto a finales de diciembre, para su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente. El impacto presupuestario de esta medida se traduce en 340 millones de euros para 2019.
Pensiones

El gasto en pensiones incorpora el pago de la diferencia entre el incremento recogido en los cuentas de 2018 (1,6%) y el IPC real de 2018 (1,7%). Además, los PGE para 2019 incorporan el incremento de las pensiones contributivas en un 1,6 por ciento, lo que beneficiará a 8,7 millones de pensionistas, y un incremento del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas del que se benefician 2,3 millones de pensionistas.

Sube el IPREM

El IPREM, indicador que se utiliza para calcular las ayudas sociales, subirá un 2%, hasta los 548,6 euros, tras la congelación del año pasado, según el proyecto de Ley de Presupuestos. Según se desprende del articulado de la Ley, el IPREM -utilizado para determinar el acceso a las ayudas a vivienda, becas, subsidios por desempleo o asistencia jurídica gratuita- se situará en 2019 en 18,29 euros diarios, 548,6 euros mensuales y 6.583,1 euros anuales.

Becas para estudiantes

El proyecto de Presupuestos contempla una dotación total de 1.780 millones de euros para el programa de becas y ayudas a estudiantes, lo que supone 205 millones más que en 2018. Según el proyecto de PGE, la partida destinada al sistema general de becas y ayudas al estudio se incrementa 150 millones en 2019, hasta alcanzar un total de 1.620 millones. También se contemplan 50 millones de euros para la cobertura de libros de texto.
De forma adicional con cargo a los créditos de este programa, se financia la mayor parte de la aportación de 34 millones de euros para el desarrollo del programa Erasmus+, las becas para el aprendizaje de lenguas extranjeras y las becas Séneca, que se recuperan en 2019. Además, se destinarán 670 millones de euros al Plan de Choque por el Empleo Joven con la finalidad de que esta partida aumente hasta los 2.000 millones de euros en 2021.

Más impuestos

El IRPF sube dos puntos para rentas a partir de 130.000 euros y cuatro puntos a partir de 300.000 euros, en tanto que en el impuesto de sociedades se fija un tipo mínimo del 15% de la base imponible para grandes empresas. También sube cuatro puntos el tipo aplicable a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.
Copago farmacéutico

El Gobierno prevé destinar 4.292 millones de euros a la Sanidad pública española en 2019, un 0,9% más que en 2018 y con los que, entre otros, financiará el fin del copago farmacéutico para los pensionistas con rentas bajas y los perceptores de la prestación por hijo o menor a cargo.
IVA de las compresas

Las cuentas públicas contemplan reducir el IVA en los productos de higiene femenina del 10% al 4%, lo que provocará que las arcas públicas dejen de ingresar 18 millones de euros. Esta medida, que es una antigua reivindicación entre los colectivos femeninos, ya fue anunciada el pasado mes de octubre por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en el Senado, donde aseguró que la fiscalidad actual para estos productos es «discriminatoria»
Paternidad

Otra de las medidas que afectarán a las familias tiene que ver con el aumento del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas. Esta ampliación tendrá un impacto de 825 millones de euros y beneficiará a 190.000 familias. Asimismo, el presupuesto pone la semilla para universalizar la gratuidad escuela infantil de cero a tres años con partidas destinadas a este fin para los ayuntamientos. También se incrementa la cuantía de la asignación por hijo a cargo menor de 18 años sin discapacidad, que pasa de 291 euros a 341 euros, con un alza del 17%.
Encarecimiento del diésel

Los nuevos Presupuestos también incluyen la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares. La ministra de Hacienda afirmó el pasado viernes que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año.
FUENTE: ABC

Source: econsulting

Poradmin

Hacienda calculará un valor de mercado a 80 millones de inmuebles

El Ministerio revisará las referencias catastrales a 6,1 millones de inmuebles.
Un catastrazo planea sobre 80 millones de inmuebles, a los que el Ministerio de Hacienda otorgará un valor de mercado frente a la referencia catastral. El departamento ya inició este procedimiento el año pasado, teniéndolo de momento en la recámara para comprobar si los valores catastrales se ajustan a los reales. El valor catastral supone hasta un 50% del de mercado, por lo que si se aplicaran estos últimos, la factura fiscal se dispararía.
Fuentes de Hacienda apuntan que este cálculo, que se articulará sobre 78 millones de inmuebles, se producirá para actualizar la base del Catastro, pero no se utilizarán estas referencias para el cálculo del IBI o de la plusvalía municipal. Así, de momento seguirá sin tener aplicación e impacto en el bolsillo del ciudadano.
A ello se le sumará que el Ministerio desplegará revisiones de los valores catastrales sobre 6,1 millones de inmuebles, dedicando a ello 793 efectivos. La principal parte serán al alza, ya que la mayoría de municipios tienen referencias anteriores a la burbuja inmobiliaria. Así fue en la última revisión de Hacienda: subieron en 728 localidades y bajaron en 449.
FUENTE: ABC

Source: econsulting

Poradmin

Una factura electrónica única para toda Europa

La UE quiere impulsar a partir de Abril un formato único de factura electrónica que simplifique y agilice la relación comercial entre las empresas europeas y extracomunitarias y poner fin a la multiplicidad de formatos que se utilizan en la actualidad
A partir del próximo 18 de abril, las empresas europeas que facturen a las Administraciones Públicas deberán utilizar el nuevo estándar europeo de factura electrónica, UBL (EN 16931). Con esta medida, la UE quiere impulsar un formato único de factura electrónica que simplifique y agilice la relación comercial entre las empresas europeas y extracomunitarias y poner fin a la multiplicidad de formatos que se utilizan en la actualidad.
Actualmente en Europa la mayoría de países tienen implantado un formato diferente: FatturaPa (Italia), PEPPOL-BIS (Bélgica), ESIDIS (Grecia), etc., y el objetivo es establecer un formato estándar para todos los países. El nuevo formato, UBL, adoptado ya por algunos países como Portugal, ofrece una estructura de la información que facilita el intercambio electrónico entre los países miembros y no comunitarios. De esta forma, se simplifica la forma de facturación actual.
Según Alberto Redondo, director de Marketing de SERES para Iberia y LATAM, “el formato UBL ofrece un estándar común que simplificará las relaciones comerciales, evitando problemas y reduciendo costes ya que todas las empresas hablarán el mismo ‘idioma’ y utilizarán la misma estructura de datos. Además, la obligatoriedad de su uso en las relaciones con las AAPP facilitará su extensión al conjunto de las empresas,  facilitando la adopción generalizada de este formato único”.
Se entiende como formato la estructura del fichero que soporta la propia factura y su contenido legal. En el caso de España, la Agencia Tributaria ha establecido como oficial el denominado formato XML empleado en la estructura Facturae, conocida anteriormente como AEAT-CCI. El formato XML, recomendado por la Autoridad Tributaria, no es el único que se utiliza, ya que se emplean otros como PDF, HTML, DOC, XLS, JPEG, GIF o TXT. A pesar de que la extensión de la mayoría de las facturas electrónicas es XML, existen diferencias entre las facturas debido a que la estructura de cada país se ha desarrollado de forma independiente.
En el estándar UBL el proveedor incluirá en cualquier factura remitida a las administraciones públicas europeas unos datos comunes que homogeneizan su contenido (semántica definida en la referencia de la norma europea sobre facturación electrónica).
FUENTE: TICYPYMES

Source: econsulting

Poradmin

Presente y futuro del compliance fiscal: la oportunidad (o casi necesidad) de contar con una norma estándar nacional que lo regule

Por situar al lector ajeno al mundo impositivo, aunque cada vez es más difícil encontrar a algún despistado en la materia, en los últimos diez años, el asesoramiento fiscal ha pasado de la búsqueda imaginativa de soluciones para encontrar el ahorro y la optimización, a un temeroso control que persigue la minimización del riesgo.
Compliance

Actualmente, es de máxima relevancia convencer a la Administración tributaria de que, en determinados casos, los obligados tributarios que incurren en discrepancias u errores de naturaleza fiscal, no siempre se encuentran en una situación de ánimo fraudulento o elusorio, sino que, simplemente, a veces existe una diferencia de criterio perfectamente razonable que los lleva a concluir (y declarar sus impuestos) de forma diferente a la que habría determinado un inspector.
Así, en aras a asegurar (en la medida de lo posible) la presunción de credibilidad o inocencia en el ámbito tributario, las empresas cada día están más comprometidas con la creación de una política interna que, en consonancia con las exigencias de rigor, compromiso, capacidad de revisión y plena consciencia de lo que sucede en el desarrollo de una actividad económica, les permita demostrar que la coherencia, la legalidad y el cumplimiento de las normas tributarias forman parte de sus prioridades.
El indeterminado concepto de compliance fiscal
En este contexto se enmarca el denominado compliance fiscal, cuyo estado actual repasaremos a continuación.
Como indicábamos al principio de este artículo, el concepto clave en el contexto económico-fiscal existente es el de riesgo fiscal. Esta denominación, a su vez, hace referencia a cualquier situación en la que, en relación con la existencia de una obligación fiscal, ya sea material o formal, exista la posibilidad de haber incurrido en un incumplimiento determinante, en su caso, de una responsabilidad en sede del obligado tributario y, por extensión, en sede de terceros contra los que la Administración tributaria pueda ejercer una acción legal, administrativa y/o judicial.
Tres grandes categorías de riesgos
En este sentido, los riesgos a los que un obligado tributario puede hacer frente podrían resumirse en tres grandes categorías: riesgos formales (o de cumplimentación), riesgos sustantivos (o decisorios) y riesgos normativos.
La diferencia entre unos y otros radica en su descripción, fácilmente identificable por su propia denominación, y que, sin embargo, no tiene en cuenta distintos rangos de sanciones o penas asociadas. Esto es, se incumpla la categoría que se incumpla, el riesgo de responsabilidad se mantiene, aunque sus consecuencias prácticas dependen, en última instancia, de si el riesgo en el que eventualmente se incurra, tiene carácter administrativo, tributario-administrativo o penal.
A modo de ejemplo, podemos citar el caso de un directivo de una empresa que firma documentos todos los días sin atender al contenido de éstos. Esta persona tiene tantos papeles  «entre manos», que llega un punto en el que firma mecánicamente amparado en el pensamiento de «que alguien se habrá preocupado de revisar esto previamente». Pero ¿qué pasa si, de pronto, lo firmado es una declaración de impuestos incorrectamente presentada (riesgos formales)? ¿en qué situación se sitúa el directivo si lo que firma tiene un carácter decisorio que se aleja del sentido de un criterio interpretativo que no ha sido analizado y que determina una tributación incorrecta o incoherente con la actividad de la empresa (riesgos decisorios o sustantivos)?
La respuesta a estas cuestiones es clara: riesgo, riesgo y más riesgo, que sólo puede controlarse o minimizarse a través de una adecuada política de compliance fiscal, que justifique una determinada situación en la que pueda existir un problema para la empresa (o para los terceros que podrían responder en su nombre).
Presente y futuro inminente del compliance fiscal en España

Hasta la fecha, no existe un paquete normativo que permita establecer esta política de una forma unificada. Esto es, hay normas que determinan la responsabilidad y el incumplimiento que podría existir en un caso determinado, pero las entidades dependen de su propio criterio (o del de sus asesores) para establecer los requisitos que este sistema de prevención del riesgo debería cumplir para que fuera útil y aceptable.
No obstante, parece que suenan tambores de esperanza para el compliance fiscal, dado que se prevé que, a principios de 2019, se apruebe una regulación unificada y estatal a través de la UNE 19062: una nueva acción que incluiría recomendaciones de alineación nacional e internacional que ayudará a establecer los requisitos (globales) que debe cumplir un buen sistema de gestión del riesgo en las empresas, y que, a su vez, ayudará y facilitará la prueba que podría presentarse ante la Administración tributaria para confirmar el ánimo de cumplimiento de las normas fiscales (y ausencia de voluntad elusoria) por parte de un determinado sujeto pasivo.
En conclusión, el panorama tributario actual está centrado casi en exclusiva en la minimización del riesgo, siendo posible prevenir daños colaterales a través de un modelo adecuado de gestión, organización y control, que permita demostrar la intención de cumplimiento fiscal. Por ello, es recomendable realizar un esfuerzo adicional para atender la máxima de conducta que nos adelantaban nuestros mayores: más vale prevenir que curar, en este caso, a través de la creación, implementación y cumplimiento de un sistema eficaz de compliance fiscal.
FUENTE: LEGAL TODAY

Source: econsulting

Poradmin

Hacienda no puede exigir a los empleados la prueba de las dietas y demás gastos de desplazamiento

De unos años a esta parte la Administración ha regularizado la situación tributaria de muchos contribuyentes, empleados por cuenta ajena, denegando la exención de las dietas por desplazamiento y gastos manutención generados en el desarrollo de sus funciones. 
Dichas dietas se declaran exceptuadas de tributación pues se trata de pagos que realiza el empleador al trabajador para compensarle desembolsos previos que éste ha realizado como consecuencia de desplazamientos fuera del municipio, en el desarrollo de las funciones que se le encomiendan.
Para ello, tanto la Ley como el Reglamento del IRPF, establecen unos importes mínimos por debajo de los cuales el empleado no tiene que tributar. La calificación de tales pagos como dietas corresponde al empleador que los excluirá a efectos de practicar las correspondientes retenciones y los declarará en el certificado de retribuciones que, finalmente será utilizado por el empleado para rellenar su declaración de la renta.
Por esa razón, el art. 9 del Reglamento del IRPF impone, únicamente al empresario, la obligación de probar el desplazamiento del empleado y su motivo.
Pues bien, la Administración lanzó un plan de control contra los empleados, en el que les exigía que justificaran todos y cada uno de los desplazamientos que hubieran realizado en los últimos cinco años, acreditando el lugar y motivo del desplazamiento, por supuesto, no considerando suficiente prueba el certificado emitido por la empresa. 
La consecuencia de estas comprobaciones ha sido que la Administración niega la práctica totalidad de los desplazamientos por falta de prueba, imputando las dietas como mayor renta del trabajo, liquidando intereses y, por supuesto, sancionando.
En mi opinión, se trataba de un plan que no busca una regularización tributaria justa, pues se dirige contra quien peor puede probar la realidad, el empleado. Además, dichas comprobaciones, en ocasiones, iban dirigidas contra auditores, comerciales, jefes de obra de empresas constructoras…, respecto de los que no cabe duda de que deben realizar desplazamientos en su quehacer diario, por lo que, negar la existencia de tales desplazamientos, es tanto como decir que se teletransportaron.
Por otro lado, la Administración debería tener en cuenta que las dietas no son un beneficio fiscal, como sí lo son las exenciones o las deducciones, sino una compensación al empleado por los gastos en los que incurre en sus desplazamientos, por ello, no debería exigírsele mayor esfuerzo probatorio que el certificado de retenciones del empleador que es quien ha calificado las rentas y calculado las retenciones.
Es cierto que, el Poder Judicial ha venido poniendo cierto orden en el asunto, así, existen varios pronunciamientos (TSJXG de 18 de julio y de 13 de abril de 2016) que establecen que, un procedimiento como el que comentamos debe dirigirse a la empresa, nunca contra el empleado. Así mismo, existen otras sentencias que reconocen que los certificados emitidos por la empresa deben considerarse prueba suficiente (TSJMU 29 de abril de 2011). 
Sin embargo, ha sido el TEAC en una resolución de 6 de noviembre de 2018, el que ha zanjado esta cuestión, por lo menos a efectos administrativos, al establecer los criterios que deberá seguir la Administración tributaria en estos casos:
1.- En primer lugar, determina que sí se pueden realizar este tipo de comprobaciones a los empleados, pues la normativa aplicable no lo impide.
2.- Sin embargo, reconoce que, la realidad de los gastos de locomoción mediante el uso de vehículo privado, así como los gastos de manutención, deben ser acreditados por el pagador y no por el empleado ya que el Reglamento del IRPF así lo establece.
3.- Los gastos de locomoción, en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia y los gastos de aparcamiento o peaje habrán de justificarse, en principio, por el empleado, salvo que éste alegue que la documentación justificativa está en poder del pagador (entregada precisamente para justificar el cobro de la dieta), o que la propia empresa pagadora reconozca la exoneración de la dieta en el certificado de retribuciones y retenciones que está obligada a emitir o en el modelo tributario correspondiente.
4.- Además, establece que, en todo caso, la acreditación de la vinculación de estos gastos con la actividad económica de la entidad pagadora corresponderá a esta última.
5.- Por último, la resolución que comentamos excluye de este criterio a aquellos contribuyentes en los que, la relación con el pagador fuera tal, que les permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas, se refiere a aquellos supuestos en los que el contribuyente sea, a su vez, accionista mayoritario y administrador único del pagador de la dieta.
Entendemos que se trata de una Resolución que tiene bastante sentido y que debería poner paz sobre una cuestión que ha venido generando bastante conflictividad entre Administración y contribuyentes, los cuales han tenido que soportar unas liquidaciones generadas sobre la base de la exigencia de la prueba unos hechos que, como ha quedado reflejado, no les correspondía acreditar.
FUENTE: EXPANSIÓN

Source: econsulting

Poradmin

El nuevo rol de las organizaciones en la protección de datos

No se trata de cumplir con la norma sino de tomar conciencia de la importancia de los datos de las personas y de sus tratamientos y de la necesidad de protegerlos.
Desde hace ya más de seis meses es de plena aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de datos), si bien el Estado Español no aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales hasta el 6 de diciembre de este año, derogando el Real Decreto-Ley 5/2018 de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Sobre el Reglamento ya se ha escrito mucho, pero insistir en la responsabilidad proactiva no está de más, pues todos hemos podido comprobar que seguimos más pendientes de tener una clausula adaptada de cara a la galería que entender la nueva normativa y lo que está requiriendo.
Hasta que no comience la Agencia de Protección de Datos a desplegar sus funciones y competencias en la materia lo único seguro que pueden hacer los responsables de tratamiento sin temor a equivocarse es cambiar su rol, su forma de cumplir con esta materia a cambiado de arriba a abajo.
Y es que, desde mi punto de vista, para cumplir con la normativa la protección de datos en las organizaciones no debe hacerse una mera adaptación sino una verdadera revolución.
Revolución porque no se trata de cumplir con la norma sino de tomar conciencia de la importancia de los datos de las personas y de sus tratamientos y de la necesidad de protegerlos. Es de vital importancia que todos aquellos que trabajamos en esta materia sepamos transmitir el nuevo rol que asumen las organizaciones como responsables de tratamiento.
La proactividad o la autorresponsabilidad no son conceptos que casen bien con la forma de trabajar de las organizaciones en el pasado, o de la mayoría de ellas. Sobre todo en las pyme, la proactividad o autorresponsabilidad parece que las obliga a una mayor burocracia y no es así a la larga, pero sí que supone una nueva forma de cumplir con las normas. La proactividad exige evidenciar las medidas que se adoptan para la protección de los datos, que es lo que a la postre nos requerirá la Autoridad de Control.
Hemos podido comprobar todos en estos meses cómo cada organización establece su forma de cumplir con el Reglamento, algunas con más acierto que otras. No obstante, sin duda, mejor actuar y ser proactivo que no hacer nada.
Imposible demostrar la proactividad del responsable de tratamiento si continuamos poniendo en nuestra página web algo similiar a “… con arreglo a lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de aplicación (RD 1720/2007, de 21 de diciembre), los usuarios pueden ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a ……………………..”.
Sin embargo, aún son muchas las organizaciones que mantienen estas cláusulas o similares. Y otras que simplemente han actualizado las normas de aplicación de sus clausulados pero siguen igual.
Por no hablar de las Administraciones Públicas y organismos públicos a los que el Reglamento aplica tanto como al ámbito privado y con el agravante, porque así lo ha querido el Estado Español, de no asumir sanciones pecuniarias.
Cumplir o mejor dicho, intentar cumplir con la norma, no tiene porqué ser complicado, pero la actitud ante la adaptación sí que debe cambiar.
Desde mi punto de vista quien externaliza la adaptación no debe pensar que otro con más conocimiento que él se lo hará mejor y después ya está. Y si contrata a un buen profesional éste deberá transmitir al responsable de tratamiento que la adaptación no es un trabajo que comienza cuando entra el por la puerta y termina con la entrega de una documentación, sino que debe calar en toda la organización la protección de los datos y debe mantenerse viva esta implicación en la materia.
La Agencia Española de Protección de Datos, que por supuesto, predica con el ejemplo y sí que se ha adaptado (faltaría más), insiste continuamente en decir que no es necesario un profesional para hacer la adaptación y pone a disposición de las organizaciones las suficientes herramientas para proteger los datos y cumplir con la norma, invitando a las pymes a do it yourself.
Invito a todos a comprobar la cantidad de herramientas y guías que proporciona la Agencia de Protección de datos y a familiarizarse con ellas.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la Agencia Española de Protección de Datos, creo que precisamente las pymes son las que más necesitan la colaboración de un profesional externo que les explique la norma y lo que la norma les pide, dándoles ese primer empujón para que puedan comenzar con ese nuevo rol.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

La mala situación de la empresa no le exime de pagar a la Seguridad Social

Las dificultades económicas no entran dentro del concepto de ‘fuerza mayor’.
El Tribunal Supremo determina que una mala situación económica no exime a las empresas de su obligación de pagar las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Así lo establece en una sentencia por la que condena a una compañía que alegó que sufría un momento que crisis tal, que debía considerarse como una causa de “fuerza mayor” que, de acuerdo con la ley, justificara la exención del abono de dichas cantidades (y de las consecuentes sanciones).
El alto tribunal argumenta que las dificultades económicas no pueden equipararse con una situación extraordinaria que justifique los impagos, como sí lo es, en cambio, la declaración concursal. Asimismo, expone la resolución, la compañía también podría haber presentado una solicitud previa de aplazamiento.
Según explican los magistrados, la coyuntura vivida por la sociedad no tiene encaje en el concepto de fuerza mayor, tal y como se define en el artículo 1.105 del Código Civil y en la jurisprudencia. Lo que lo caracteriza es, en cambio, es “la desconexión entre el evento dañoso y el área de actuación empresarial”.
Es decir, se refiere a un acontecimiento externo al círculo de la compañía, “absolutamente independiente de la voluntad de esta, que sea imprevisible, o, siendo previsible, sea inevitable”. Y ello, “no concurre” en el presente caso.
Hostelería

En el asunto examinado por el alto tribunal, la empresa sancionada se defendió justificándose en la baja actividad que registran sus establecimientos hosteleros situados en una zona de la playa. Según aseveró, las dificultades sufridas se debieron al carácter estacional de su sector y al momento de fuerte crisis en el que se constituyó.
La compañía no negó los hechos por los que había sido multada, pero argumentó que siempre había tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones, algo que, sin embargo, le había sido imposible.
El Supremo, sin embargo, rechaza sus alegaciones y confirma su obligación de abonar las cuotas impagadas a la Seguridad Social, así como la sanción de la Inspección de Trabajo.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

¿Se puede utilizar el paro para pagar las cuotas de autónomos?

Es una de las opciones que contempla la capitalización del paro para emprender. Te explicamos cómo conseguirlo.
Existe una ayuda para emprendedores que consiste en adelantar el paro pendiente de cobro para poner en marcha un negocio o actividad. Esta acción, conocida como capitalización del desempleo, es común para dirigir la prestación a inversiones para la nueva actividad. En este proceso, el nuevo emprendedor tiene que darse de alta como autónomo: ¿se puede destinar el paro a las propias cuotas que tendrá que abonar mensualmente?
La respuesta es sí, aunque deben darse una serie de circunstancias, y cumplir unos requisitos, que repasamos a continuación.
Condiciones generales
En primer lugar, el interesado debe tener pendiente de cobro su prestación por desempleo, generada por un trabajo previo por cuenta ajena.
“Los servicios públicos de empleo detallan que la cuantía que mensualmente se puede obtener para subvencionar las cuotas de Seguridad Social es fija, calculándose en función del importe de la aportación íntegra a la Seguridad Social del primer mes de la actividad como autónomo o autónoma, o como socio o socia de cooperativa o sociedad laboral o mercantil”; señalan desde EFE Empresas.
¿Qué pasa si el mes de trabajo no fuera completo? En ese caso se calcularía la cantidad que corresponde a toda la mensualidad.

Funcionamiento
Los expertos también explican que cuando el trabajador recibe la comunicación del SEPE que aprueba su derecho a la prestación, deberá aportar la documentación pertinente para calcular el importe mensual de la subvención de cuotas a la Seguridad Social.
Si ha solicitado el pago único y la subvención de cuotas, tendrá que presentarse un justificante de la inversión y del inicio de la actividad por cuenta propia.
¿Y si cierro mi negocio antes de que se acabe mi paro?
Puede darse la circunstancia de que el trabajador ponga fin a su actividad emprendedora antes de que termine la subvención de cuotas a la Seguridad Social.
En ese caso podría reanudar su prestación por desempleo, siempre y cuando lo solicite en tiempo y forma. Para ser más exactos, hablamos de 15 días hábiles a partir del cese en el trabajo por cuenta propia.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

El famoso Modelo 130: información para presentarlo en tiempo y forma

Qué es, cómo hay que rellenarlo y quién está obligado.
El modelo 130 es el que corresponde a la liquidación trimestral de IRPF. La Agencia Tributaria recauda, con este modelo, el IRPF de los ingresos de los autónomos que no tengan retenciones.
La presentación del modelo 130 es obligatoria para los autónomos y miembros de sociedades civiles o comunidades de bienes que ejerzan una actividad económica, tanto por el método de estimación directa normal como simplificada. Los autónomos bajo el método de estimación objetiva (módulos) presentan el modelo 131. Sin embargo, hay algunos autónomos que están exentos de presentar el modelo 130. Son los siguientes:
– Aquellos que desempeñen actividades profesionales y el 70% de los ingresos obtenidos en el año anterior fueron objeto de retención.

– Los autónomos que realicen actividades agrícolas, ganaderas o forestales cuando, al menos, el 70% de los ingresos del año anterior fueran objeto de retención. Exceptuando las subvenciones e indemnizaciones.
La obligatoriedad de la presentación del modelo 130 viene ya generado desde el inicio de la actividad (modelo 037). Es el propio autónomo quien comunica a Hacienda que, por la actividad a desempeñar, ha de presentarlo.
Plazos y forma de presentación del modelos 130
Los autónomos han de presentar el modelo 130 cada tres meses, con los siguientes plazos:
– Entre el 1 y el 20 de abril (ambos inclusive) el primer trimestre.
– Entre el 1 y el 20 de julio el segundo.
– Entre el 1 el 20 de octubre el tercero.
– Del 1 al 30 de enero en cuarto trimestre del año.
En todos los casos, si el último día coincide con fin de semana o festivo, se pasa al próximo día hábil.
Antes de presentar el modelo se debe calcular su importe. Esto significa que es necesario presentar un documento en el que se expongan los datos solicitados con el importe total. Se puede hacer por la vía electrónica o presentarlo en papel de manera presencial. En ambos casos, es posible acceder al formulario que hay que rellenar previamente en la página web oficial de la Agencia Tributaria.
Para presentarlo en papel de manera presencial, en la web aparece el formulario para rellenarlo. Al finalizar, se descarga en formato pdf para imprimirlo y llevarlo a la oficina de Hacienda que corresponda.
Por su parte, los que quieran realizarlo vía online, necesitarán tener certificado digital o cl@ve PIN. Para acceder al formulario, solo tienen que clicar en “presentación del ejercicio 2015 y siguientes”.

Aspectos a considerar antes de rellenar el modelo 130
A la hora de rellenar el formulario se debe considerar tanto los gastos como los ingresos de la actividad económica son necesarios. Es decir, se declaran ambos. Los autónomos, con el modelo 130, lo que hacen es informar a Hacienda sobre los beneficios obtenidos por desempeñar una actividad económica. Estos beneficios se calculan restando los gastos a los ingresos. Lo normal es que se aplique el 20%, pero a ello hay que restarle las retenciones, los pagos efectuados en modelos anteriores, etc. Sea cual sea el resultado, es obligatorio presentar el modelo 130 o Hacienda puede sancionar al autónomo que no lo haga.
Según recuerda la propia Joaquina Rueda, los gastos deducibles que tienen que considerar los profesionales autónomos son:
– Salario de los empleados, así como las pagas extra y retribuciones en especie.
– Sus cotizaciones a la Seguridad Social.
– Gastos de personal como posibles indemnizaciones, formación, seguros, etc.
– Reparaciones y conservación.
– Servicios externos de profesionales, como abogados o notarios, por ejemplo.
– Otro tipo de servicios como publicidad, banca, etc.
– Impuestos que, de por sí, son deducibles. Por ejemplo, el IBI (impuesto de bienes inmuebles) o el IAE (impuestos de actividades económicas).
– IVA soportado (si no es desgravable en su declaración).
– Gastos financieros.
– Amortizaciones.
– Gastos de difícil justificación. Como máximo está establecido 2.000 euros.
Cómo se rellena el modelo 130

Teniendo en cuenta estos gastos, el autónomo deberá ir rellenando las casillas con los datos que se soliciten. Los ingresos generados y los gastos deducibles en las dos primeras casillas del formulario. En tercer lugar, la diferencia entre ambos, que será el beneficio. Para calcular el 20% de lo que resulte y apuntarlo en la casilla 4. En caso de ser negativo, se pone 0. También se deberán indicar la suma de las retenciones aplicadas en las facturas y la resta entre estas retenciones y el 20% de los beneficios obtenidos.
A continuación, para actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimación directa se indican los ingresos obtenidos, incluso considerando las ayudas. El 2% de este importe que resulte y la suma de las retenciones aplicadas en las facturas del ejercicio.
Para liquidar se han de sumar las retenciones. Además, en caso de que la cuantía de los rendimientos netos del ejercicio anterior es igual o inferior a 12.000 euros, se debe indicar lo que se conoce como importe de minoración, en función del tramo estipulado por Hacienda. Las siguientes casillas indican qué sumar o restar para poner en cada una.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

Calendario del contribuyente

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2018 comenzará el próximo día 2 de abril para la presentación por Internet y por teléfono, y se prolongará hasta el día 1 de julio, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria. Estas son todas las fechas clave:
1 de abril
Aquellos contribuyentes que prefieran que sea la Agencia Tributaria la que les llame para la presentación de su declaración, pueden concertar cita previa, a partir del 1 de abril, por Internet y en los siguientes números de teléfono: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 / 91 553 00 71.
2 de abril
El 2 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2018, así como para aquellos contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de Renta.
14 de mayo
Los que opten por la presentación presencial en entidades colaboradoras, comunidades autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2018 está prevista que se pueda realizar a partir del 14 de mayo.
25 de junio
Termina la campaña en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.
1 de julio
El plazo de la campaña de 2018 finalizará el 1 de julio en general.
La declaración de la Renta de 2018 ya incorporará la exención de las retenciones de prestaciones de maternidad y paternidad, así como la ampliación de la deducción por familia numerosa, hasta 600 euros anuales, por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, entre otras.
La Campaña del año pasado introdujo como novedades la posibilidad de presentar declaraciones a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se descarga en los ‘markets’ de Apple y Android; y solicitando cita previa para el Plan ‘Le llamamos’, por el que la AEAT llama a los contribuyentes y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.
La presentación electrónica por Internet podrá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Clave PIN o número de referencia. Para todos los modelos podrá utilizarse el DNI electrónico y/o el certificado electrónico, de personas físicas, representantes de personas jurídicas y cualquier otra entidad. La Clave PIN y el número de referencia sólo podrán ser utilizados por personas físicas.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting