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Así son las bases de cotización para 2019

La base máxima aumenta un 7%, hasta 4.070 euros
El proyecto de Presupuestos para 2019 recoge que la base máxima de cotización se incrementará un 7%, hasta los 4.070,1 euros mensuales, frente a los 3.803,7 euros de 2018, desde el día primero al mes siguiente en el que entren en vigor las cuentas de 2019.
Por su parte, la base mínima de cotización en el Régimen General aumenta un 22,3%, en línea con el alza del salario mínimo. 
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la base máxima de cotización también se incrementará hasta los 4.070,1 euros mensuales, y la base mínima subirá un 1,25%, hasta los 944,4 euros. Además, el tipo mínimo de cotización general se ha incrementado desde el 29,80% al 30% para hacer frente a nuevas prestaciones. Este nuevo tipo, además de la incapacidad temporal incluye las cotizaciones por cese de actividad y formación.
En cuanto a los contratos de corta duración (igual o inferior a cinco días) el recargo de la cotización empresarial pasará del 36% al 40%.
En cuanto al Régimen Especial de Empleadas de Hogar, se establecen bases de cotización en función de 10 tramos de retribuciones y el último tramo se deja para el salario real percibido. 
El Estado prevé recaudar ingresos por cotizaciones, según el proyecto de Presupuestos, de 123.584 millones de euros, un 7,5% más que en 2018. Entre los factores que favorecen este incremento está la subida del 22,3% de SMI, con la consiguiente alza de la base mínima de cotización en ese mismo porcentaje, la subida del 7% de las bases máximas y el aumento del tipo de cotización de los autónomos hasta el 30%. También por la ampliación del subsidio de desempleo a mayores de 52 años, el incremento de la base de cotización de los subsidios por desempleo del 100% al 125% y la financiación por parte del Estado de las cuotas sociales para cuidadores sociales.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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El impacto de la nueva LOPD en el ámbito laboral: nuevos derechos digitales

Se refuerzan las garantías a favor del trabajador ya establecidas por la legislación laboral y la jurisprudencia.
El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (conocida como LOPD-GDD). Entre otros muchos aspectos, la nueva ley da una vuelta de tuerca a la regulación de los derechos de los trabajadores en lo que a sus datos personales se refiere.
La inclusión de una regulación específica relativa a los derechos de los trabajadores es una clara muestra de la indudable importancia que tiene el derecho a la protección de datos dentro del entorno laboral. Especialmente notorias son la facultad de control por parte de los empleadores con respecto a la correcta utilización de los medios digitales de la empresa, la video vigilancia o a la utilización de sistemas de geolocalización. Así, el considerando 155 del RGPD introduce la habilitación de los Estados miembros al desarrollo normativo sobre la protección de datos en materia laboral.
Concretamente, la LOPD-GDD otorga, en sus artículos 87 a 91, una serie de derechos y garantías que deben tenerse en cuenta a la hora de ejercitar la función de control reconocida en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Estatuto de los Trabajadores). De los nuevos derechos que se desarrollan, uno que ha llamado especialmente la atención es el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.
Teniendo en cuenta la redacción de este precepto, se puede deducir que el empleador podrá seguir llevando a cabo actividades de control sobre sus trabajadores, siempre que las medidas sean proporcionadas y no invasivas, y que se haya informado previamente a los trabajadores sobre la existencia de estas medidas de control. Esto no difiere mucho de lo que se venía haciendo hasta ahora a raíz de distintas sentencias relevantes dictadas en el orden social, en las que se ha instaurado un criterio garantista respecto de los derechos fundamentales del trabajador, siendo la piedra angular de este criterio la información que se les proporciona a los trabajadores. En esta misma línea, se pronuncia la reciente STS 119/2018 de 8 de febrero, que va incluso más allá, al asumir y aplicar la doctrina establecida por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia 5 de septiembre de 2017 en el conocido caso Barbulescu.
La principal novedad radica en que (i) el empleador deberá fijar los criterios de utilización de los dispositivos digitales a través de protocolos internos y (ii) deberá contar con la colaboración de los representantes de los trabajadores en la elaboración de dichos criterios. La LOPD-GDD no determina en qué circunstancias se debe dar esta colaboración, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla en la práctica. Lo que sí determina son las circunstancias especiales y los usos sociales de cada supuesto. Si bien hay que respetar los derechos reconocidos legalmente, la LOPD-GDD obliga al empleador a ir un paso más allá, y a establecer unas medidas de control que sean acordes con el tipo de actividad que se lleva a cabo, y que, incluso determinen “los periodos en los que los dispositivos podrán utilizarse para usos privados” (como, por ejemplo, el acceso a las redes sociales y plataformas de ocio).
Por todo ello, se puede concluir que la LOPD-GDD viene a reforzar las garantías establecidas previamente por la legislación laboral y la jurisprudencia a favor del trabajador.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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La Agencia Tributaria pone la lupa en las empresas ‘fantasma’ sin actividad

Analizará cuáles se ocultan a su radar con resultados “incoherentes” y limpiará el censo de microempresas sin negocio real
La Agencia Tributaria colocará su lupa este año sobre las empresas fantasma, aquellas que usualmente pasan por debajo del radar de la inspección por su aparentemente baja o nula actividad. El fisco sospecha que una parte de ellas, especialmente las de pequeño tamaño, esconden realmente negocios no declarados, entramados societarios o falsas situaciones de insolvencia que permiten ocultar patrimonio u otros fraudes. Esta medida supone la principal novedad del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que también recoge actuaciones específicas sobre las fintech, las criptomonedas, las haciendas forales o los efectos del Brexit.
En España hay registradas 1,42 millones de empresas, si bien solo 361.000 de ellas acaban pagando el impuesto de Sociedades, según los últimos datos recogidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), referentes al ejercicio fiscal 2015. La explicación es que la crisis dejó buena a parte de las compañías sin beneficios o, directamente, en la quiebra. La Agencia Tributaria que dirige Jesús Gascón sospecha, sin embargo, que hay otros casos que la Inspección debe analizar.
“Aun considerando que una parte de estas sociedades están inactivas de facto, existe otro colectivo, igualmente numeroso, de pequeñas sociedades comerciales o industriales que son empresarios cualitativamente avanzados que no pueden dejar de someterse a control”, reza el plan del fisco, que admite que, dada la complejidad que comportan, hasta la fecha las actuaciones de control de cobro del impuesto sobre Sociedades se han centrado en sociedades de mediano y gran tamaño. En 2019, sin embargo, el foco apuntará también a las “microempresas”.
Para ello, la Agencia Tributaria ha diseñado un plan de actuación conjunta de las áreas de Gestión e Inspección con especial atención a “aquellos contribuyentes que obstruyan la comprobación” de su actividad; las firmas que cuenten con algún tipo de desarrollo contable propio y las compañías que presenten “rangos de actividad, de beneficios, de ventas o de cobros que se reputen incoherentes con las normales del sector”.

FINTECH, BREXIT, CRIPTODIVISAS Y OTRAS ACTUACIONES

– Finanzas digitales. La Agencia Tributaria impulsará este año la investigación de las fintech, las firmas financieras de corte digital que han comenzado a competir y colaborar con los bancos tradicionales.

– Comercio electrónico. Hacienda reforzará también la investigación de firmas de comercio electrónico, con especial atención a sus actividades logísticas y modelos de distribución así como la creación de “tiendas de tiendas” o “triangulación de envíos”, a fin de evitar que la penetración comercial mediante plataformas virtuales les permita eludir impuestos por sus negocios en España.

– Monedas virtuales. El fisco analizará este año los abundantes datos obtenidos en la campaña de inspección de criptomonedas, como el bitcoin, que lanzó en 2018 para garantizar su control fiscal.

– Brexit. La Agencia incrementará la vigilancia aduanera por si Reino Unido acaba ejecutando un Brexit sin acuerdo con la UE.
Haciendas forales. La Inspección también revisará los domicilios declarados en regiones forales y el correcto cumplimiento de las reglas fiscales de cada territorio.
La Inspección pondrá especial hincapié en realizar pesquisas in situ en los locales de actividad de estas empresas, con la capacidad de “reforzar los equipos locales” cuando así lo exijan las actuaciones “contra la economía sumergida”, fundamentalmente en el caso de “áreas geográficas en las que se aprecie una concentración muy elevada de perfiles de riesgo”.
“Las técnicas de ocultación del patrimonio, creando apariencias de insolvencia, han ido refinándose a lo largo del tiempo, mediante el diseño de fraudes complejos difíciles de atajar por su propia planificación”, admite la Agencia Tributaria, que cita la existencia de “testaferros”, “abuso de la normativa societaria para interponer personas jurídicas que dificultan la identificación real” de los propietarios de una empresa, las prácticas de vaciamiento  patrimonial o la “ocultación a través de países  terceros”, que en ocasiones esconden directamente delitos penales. Por eso, una de las prioridades será el “seguimiento de insolvencias aparentes” y de “la creación de sucesivas sociedades mercantiles que incumplen el pago de obligaciones tributarias”.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el fisco, reconoce el documento, es que cuenta con recursos limitados para inspeccionar cientos de miles de “sociedades inactivas o con escasa o nula actividad”. “A menudo tales sociedades han sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios” sin que estos se ocupen de extinguirlas y disolverlas formalmente, explica la Agencia. Para salvar este obstáculo, avanza, el fisco depurará el censo para eliminar aquellas firmas que no cuenten con actividad económica alguna cerrando si es necesario su página del Registro Mercantil. Además, Hacienda incrementará el “control y verificación” de los datos declarados sobre actividad, socios, partícipes, administradores y direcciones para garantizar su fiabilidad y evitar que la información de constitución de una firma oculte traspasos posteriores, por ejemplo.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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La comunidad de Madrid pone en marcha una calculadora de ayudas a la contratación

La Comunidad de Madrid pone en marcha una CALCULADORA DE AYUDAS A LA CONTRATACION.
A través de esta Calculadora la Comunidad de Madrid informa de las distintas ayudas a la contratación de desempleados cuya cuantía varía en función de la situación y de las características de la persona que se va a contratar. Con sólo contestar a 6 preguntas, puedes conocer cuál es la ayuda máxima que puedes recibir.
De esta forma la Comunidad de Madrid visualiza de una forma sencilla y clara el amplio catálogo de incentivos a la contratación del que dispone y que en algunos casos puede llegar a los 10.000 euros.

Source: econsulting

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Todas las bonificaciones y condiciones para acceder a pluriactividad en 2019

Los autónomos en situación de pluriactividad podrán optar a una reducción del 50% de la base mínima de cotización. Pero es incompatible con otras ayudas.
Es posible realizar varias actividades, combinando aquellas que sean por cuenta ajena (como trabajador asalariado de una empresa) y como autónomo. Esta situación, denominada pluriactividad, está reservada para aquellas personas que realizan un trabajo en una compañía, pero a su vez realizan actividades puntuales por cuenta propia. Aquellos que lo hagan, según el canal de jubilación y pensión de Mapfre, disfrutarán de ciertas bonificaciones.
La Ley de Emprendedores contempla distintas bonificaciones para los trabajadores que se encuentren en esta situación. El trabajador ya está cotizando por su trabajo por cuenta ajena, por lo que la cuota de autónomos debe ser, lógicamente, inferior a la de un trabajador autónomo que dedique toda su jornada a trabajos por cuenta propia.

Durante los primeros 18 meses
Durante los primeros 18 meses como autónomo, este trabajador recibirá una reducción del 50% de la base mínima de cotización de un trabajador inscrito en la RETA. Tras estos primeros meses de actividad y con el objetivo de fomentar que el trabajador siga cotizando en ambos regímenes, se opta por aplicar una nueva reducción, esta vez más elevada, que se establece en el 75% de la base mínima de cotización. Por lo tanto, el trabajador que se encuentre en esta situación transcurridos los primeros 18 meses de actividad tan solo deberá pagar el 25 por ciento de la cuota de autónomos.
Para beneficiarse de esas reducciones, el trabajador deberá darse de alta por primera vez como autónomo. Para poder beneficiarse de estas reducciones es necesario que el autónomo no haya trabajado antes como trabajador por cuenta propia.

No compatibles con la tarifa plana
Además, tendrá que darse de alta en situación de pluriactividad, para ello, en la primera alta que tramites es necesario que indique que lo hará de esta forma.
Estas reducciones no son compatibles con la tarifa plana, por lo que las bonificaciones se aplicarán tomando como referencia las cuotas establecidas para el resto de trabajadores autónomos que no se estén beneficiando de ellas.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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¿Qué tiene que hacer un autónomo para conseguir un crédito ICO?

Una opción para la financiación.
Los autónomos pueden necesitar financiación para progresar en su actividad. Una de las fórmulas más populares son los créditos ICO. De todas las opciones que ofrece el Instituto de Crédito Oficial, ¿qué línea es la más adecuada para el autónomo? ¿Qué requisitos y condiciones deben cumplirse para lograr la concesión?
La Línea Empresas y Emprendedores es, por norma general, la más adecuada. Inicialmente, sólo presenta una restricción en lo que a actividades se refiere. No se concederá un préstamo ICO si la actividad está relacionada con la fabricación o distribución de armas y municiones. Al margen de esto, existen otras cuestiones que el autónomo debe tener en cuenta, para lograr que su solicitud sea aprobada.

Requisitos
Si lo que quieres es financiar una inversión será necesario presentar un presupuesto del proyecto a la Entidad de Crédito, algo que deberá ir acompañado de facturas proformas, según apuntan desde Efe Empresas.
En segundo lugar, el empresario deberá acreditar la realización de la inversión para la que solicitó la financiación, que mínimo tendrá que comprender la mitad de los fondos obtenidos. El plazo de amortización puede ir de uno a veinte años, con la opción de tres años de carencia del principal. El importa máximo de esta línea será de 12,5 millones de euros, con unas garantías a exigir por parte de la Entidad de Crédito, exceptuando los casos en el que Sociedad de Garantía Recíproca o la Sociedad Estatal de Caución presenten aval.
Por el contrario, si el préstamo se solicita únicamente para financiar liquidez, no será necesario acreditar la realización de un proyecto de inversión.
El préstamo ICO puede usarse también para rehabilitar viviendas. En algunos casos, las inversiones requerirán autorizaciones o licencias de organismos oficiales, indican desde Efe Empresas.
FUENTE: CINCODÍAS

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Novedades fiscales autonómicas en 2019

Todos los cambios en la regulación que hay que conocer para aprovechar los beneficios y tributar correctamente evitando sanciones
El nuevo año viene acompañado de cambios en la regulación de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas que interesa conocer para aprovechar cada uno de los beneficios fiscales disponibles y tributar correctamente evitando sanciones.
Asturias

Se incrementa el tipo impositivo aplicable a las escrituras de préstamos hipotecarios dentro de la modalidad de actos jurídicos documentados, pasando del 1,2 por 100 actual al 1,5 por 100. Por otro lado, se elimina el tipo reducido del 0,3 por 100 que venía aplicándose a los adquirentes de una vivienda protegida cuando constituían un préstamo hipotecario. Se mantiene, sin embargo, el tipo reducido para las escrituras que documenten la adquisición de la propia vivienda protegida, supuesto en el que el obligado al pago del tributo continúa siendo el comprador.
Baleares

Se mejora la deducción autonómica en el IRPF para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual que se extiende también a los supuestos en los que exista oferta educativa pública en la isla de residencia.
La nueva regulación crea una deducción autonómica por donaciones a entidades del tercer sector social compatible con la deducción estatal aplicable a todas las entidades sin ánimo de lucro y otra para compensar los gastos que ocasionan los descendientes o acogidos menores de seis años por motivos de conciliación: estancias en escuelas infantiles, guarderías, custodia, servicio de comedor y actividades extraescolares.
Asimismo, se establece una deducción por determinadas subvenciones y ayudas otorgadas por razón de una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Por último, se reduce el tipo de gravamen aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas de inmuebles, que pasa de un 8% a un 5%, en los casos en que el valor real del inmueble no supere los 200.000 euros y se trate de primera vivienda y se deja sin contenido el artículo que regula el tipo de gravamen reducido de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados aplicable a las escrituras que documenten créditos hipotecarios de inmuebles destinados a centros de trabajo.
Canarias

Respecto al IRPF, se incrementa la deducción en los casos de familias numerosas hasta 450 euros cuando se trate de familia numerosa de categoría general y hasta 600 euros en categoría especial. Además, se reduce medio punto la tarifa autonómica para los contribuyentes pertenecientes a los dos primeros tramos de base liquidable general.
Por último, en lo que afecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se bonifica la cuota tributaria por las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el grupo III de parentesco.
Cantabria

Se modifica la deducción por gastos de enfermedad y se incorporan deducciones por gastos guardería, por familias monoparentales y por ayuda doméstica en lo que al IRPF se refiere.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se realiza una simplificación de requisitos y una clarificación de las diferentes mejoras a través de las reducciones de la base imponible, tanto en las adquisiciones mortis causa como en las inter vivos.
Igualmente se modifica la regulación de las bonificaciones en sucesiones y donaciones, aclarándose el supuesto de terrenos para construir vivienda habitual y suprimiéndose el requisito de permanencia de cinco años.
Respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se suprime el tipo reducido del 8 por ciento para los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 €, incluyéndose dos tipos reducidos del 8 y el 9 por ciento para las adquisiciones de vivienda habitual en función del valor comprobado y se establecen cuotas fijas para vehículos de más de 10 años.
Galicia

En lo que concierne al IRPF, se mejora la deducción por inversión en acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y también por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica para introducir las donaciones a pymes innovadoras, iniciativas de empleo de base tecnológica y empresas participadas por organismos de investigación. Igualmente se introducen deducciones relacionadas con las medidas urgentes para la reparación de daños causados por la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 2018.
Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se duplica la reducción por parentesco para los hermanos, pasando de 8.000 a 16.000 euros.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se modifica la escala vigente para revertir el incremento del año 2013.
En lo referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se reduce el tipo aplicable a la adquisición de vivienda habitual con límite de patrimonio para determinados colectivos, como discapacitados, familias numerosas o menores de 36 años.
Comunidad de Madrid

Se rebaja la escala autonómica, se incrementa el importe de la deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 o personas con discapacidad y se restablece la deducción por los donativos efectuados a fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid. Se amplía la deducción por gastos educativos a los gastos de escolaridad soportados por descendientes de 0 a 3 años y se introduce una nueva deducción por cuidado de hijos menores de 3 años. 
Asimismo, se vincula la aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual a la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas satisfecho por la constitución de dicho arrendamiento.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se establece una bonificación de la cuota por la adquisición de bienes y derechos mortis causa o inter vivos para hermanos, tíos o sobrinos, y se incluye una reducción por donaciones en metálico a parientes directos para la adquisición de vivienda habitual o de empresas individuales y negocios profesionales.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se establecen bonificaciones, por adquisición de la vivienda habitual y de bienes muebles y semovientes de escaso valor y, en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, para los documentos públicos que formalicen la adquisición de la vivienda habitual, que se incrementa además en caso de que el adquirente sea titular de una familia numerosa.

Región de Murcia

Por lo que respecta al IRPF, se mejora el porcentaje de deducción por gastos de guardería del 15% al 20%, como al límite máximo que pasa de 330 euros en individual y 660 euros en conjunta, y se crea una nueva deducción por nacimiento o adopción de hijos nacidos o adoptados en el seno familiar, cuyo importe se eleva progresivamente en función del número de hijos.
Se modifica la escala autonómica del impuesto minorando el gravamen en todos los tramos de la escala que se realizará progresivamente entre los ejercicios 2019 a 2022.
En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece la equiparación de los miembros de las parejas de hecho a los cónyuges a efectos de beneficios fiscales.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se aprueba un tipo reducido del 3% para adquisiciones de vivienda habitual para discapacitados y en Actos Jurídicos Documentados se introducen tres nuevos tipos reducidos del 0,1% en primeras copias de escrituras para la adquisición de vivienda habitual por jóvenes, discapacitados y familias numerosas.
Por otro lado, se suprimen los tipos reducidos vigentes que gravan las escrituras públicas que documentan préstamos hipotecarios destinados a la financiación de dichas viviendas, consecuencia de la inversión del sujeto pasivo.

Comunidad Valenciana

Por lo que concierne al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se extiende el sistema de tributación mediante cuotas fijas a la adquisición de vehículos con un valor inferior a 20.000 y una antigüedad superior a 5 años e inferior o igual a 12 años.
FUENTE: CINCODÍAS

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Jorge Luis García García, socio de ADADE AUDITORES ha sido nombrado miembro de la Comisión de Auditores de cuentas del Registro de Economistas de Cataluña.

La Comisión de Auditores de Cuentas y REA + REGA Cataluña, tiene como finalidad identificar y dar respuesta a las necesidades de formación en auditoría y de servicios profesionales relacionados, informar de las novedades que afectan a la profesión, así como apoyar técnico a los colegiados, con el fin de que el Colegio sea el referente en Cataluña para los auditores y las sociedades de auditoría, con Independencia de su tamaño.

*Para recibir más información y suscribirse gratuitamente al boletín de noticias de ADADE/E-CONSULTING indique su email aquí: www.adade.es

Source: econsulting

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¿Cómo funciona la nueva deducción por gastos de guardería?

Permite un beneficio fiscal de 1.000 euros anuales para lo que paga una madre trabajadora de su bolsillo, sin incluir la retribución en especie
La declaración de la renta de 2018 traerá una nueva deducción para los trabajadores que lleven a sus hijos a la guardería. Además de la deducción por 1.200 euros anuales con la que cuentan las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, los Presupuestos incluyen un beneficio fiscal añadido para los gastos de guardería que da derecho a una deducción por 1.000 euros anuales más, ya sean empleadas asalariadas o autónomas.
Tal deducción ya se incluyó en los Presupuestos de 2018, que entraron en vigor a comienzos de julio del pasado año. Los Presupuestos presentados por el Gobierno el pasado lunes reconocen la validez del beneficio fiscal para el conjunto del ejercicio, de modo que se recogerá en la declaración de la renta que se presente entre abril y junio de este año. Si es el padre o el tutor quien asume el gasto de guardería, podrá igualmente disfrutar de la deducción. 
La deducción incluye todos los gastos mensuales de la escuela infantil, con la limitación de esos 1.000 euros anuales, con independencia de si el hijo ha cumplido ya los tres años a lo largo de 2018. Así, Hacienda reconocerá como gastos de guardería deducibles los registrados hasta el mes anterior a que el niño inicie el primer curso de infantil. De este modo, si cumplió los 3 años en febrero y no va a al colegio hasta septiembre, se contemplarán los gastos de guardería hasta el mes de julio incluido.
La deducción se aplicará para lo pagado a las escuelas infantiles autorizadas, que serán las encargadas de la tramitación con Hacienda para su aplicación a través de la cumplimentación del modelo 233. De este modo, no corresponde a los padres o madres realizar trámite alguno. El progenitor no necesitará tampoco aportar ningún justificante emitido por la guardería o centro de educación infantil autorizado para disfrutar de la deducción. “Solamente es necesario que la guardería o centro de educación infantil autorizado presenten correctamente la declaración informativa, modelo 233”, explican desde la Agencia Tributaria, para lo que cuentan de plazo hasta el próximo 15 de febrero, con la información correspondiente al año anterior.
El derecho a la deducción estatal por gastos de guardería de hasta 1.000 euros anuales se aplica únicamente a lo que paga el contribuyente de su bolsillo. Es decir, no se considerará como gasto deducible la subvención o ayuda que pueda recibir el progenitor para el gasto de guardería ni tampoco el abono que realice en su nombre la empresa como retribución en especie. Se pretende así evitar una doble deducción por el mismo concepto.
Cuando un trabajador pacta con su empresa que el coste de la guardería de su hijo se considere como retribución en especie, se reduce esa cuantía de la nómina, de modo que serán inferiores los rendimientos del trabajo sujetos al pago de impuestos. Es la empresa entonces quien paga a la guardería cada mes, lo que no da derecho por tanto a la aplicación de esta deducción estatal.
FUENTE: CINCODÍAS

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¿Cómo se aplica el nuevo salario mínimo en 2019?

La subida en más de un 22% del sueldo mínimo de los trabajadores plantea numerosas dudas como, por ejemplo, si en para su cómputo hay que incluir los pluses o complementos
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2019 de 735,90 a 900 euros al mes ha supuesto un 22,3% de incremento, el más elevado de los últimos años. Lo excepcional de la medida ha generado numerosas dudas acerca de cómo se tiene que aplicar en la práctica el nuevo salario mínimo.
En primer lugar, hay que acudir a la norma que aprueba este nuevo salario mínimo (el Real Decreto 1462/2018), que fija las cuantías según el periodo temporal de referencia que se utilice para el cómputo: 30 euros diarios, 900 euros mensuales y 12.600 euros anuales (dividido por 14 pagas). Los empleados del hogar cobrarán un mínimo de 7,04 euros la hora y los eventuales y temporeros 42,62 euros la jornada.

¿Qué se entiende por SMI?
El SMI es la cuantía mínima que debe percibir un trabajador por una jornada real de trabajo, indistintamente de su sexo, edad o sean fijos, eventuales o temporeros, cuantía que se fija anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta del Gobierno con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta factores como el IPC, la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Siempre debemos hablar en conceptos brutos para jornadas completas. Lo relevante es el cómputo anual (actualmente 12.600 euros), con independencia de cómo se pague, sean en 12, 14 o más pagas; en el caso de jornadas parciales, se calculará proporcionalmente.
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución dineraria, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra del líquido a percibir.
¿A quién afecta esta subida del SMI?
Esta subida va dirigida a quienes cobren menos de esta cuantía por una jornada completa en cómputo anual.
Para aquellos trabajadores cuyo salario esté por encima 12.600 euros brutos al año no notarán ningún cambio de forma directa pero sí indirectamente, al incrementar los límites de salarios e indemnizaciones que abone el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o la cantidad de salario protegido frente a un embargo.
Los trabajadores más beneficiados por este incremento son aquellos que no tengan convenio colectivo de aplicación, a no ser que hayan pactado un salario superior con el empresario.

¿Y si hay un convenio?
Para aquellos trabajadores que tengan convenio colectivo de aplicación, habrá que estar lo que se establezca en el mismo, a su vigencia y a la posible vinculación del salario base previsto en ellos al SMI establecido por real decreto.
Dado el carácter excepcional del incremento establecido para 2019, el propio real decreto establece unas excepciones a la subida del SMI.
Por un lado, no es de aplicación en los supuestos en los que la normativa autonómica o local lo utiliza como índice de referencia para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos.
Tampoco es aplicable directamente en el caso de acuerdos individuales o colectivos, en el que se deben incluir los convenios, que utilicen como referencia el SMI para establecer el salario base. Cuando en ellos se determina el salario base según el SMI más complementos varios, no habrá que incrementarlo si la suma supera el actual salario mínimo interprofesional.
¿Cómo afecta a los convenios colectivos que utilizan el SMI como referencia? ¿También se sube este 22,3%?
La respuesta es un no inicial. De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Ley 28/2018, las nuevas cuantías para 2019 no son de aplicación a los convenios colectivos vigentes el 1 de enero de 2019 que utilicen el SMI como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa. La cuantía del SMI se entenderá referida durante 2019 a:
a) Convenios Colectivos vigentes a 1 de enero de 2017: Se tiene en cuenta el SMI para 2016, 655,20 euros/mes, incrementado en un 2%.
b) Convenios colectivos que entraron en vigor después del 1 de enero de 2017 y que continuaban vigentes a 26 de diciembre del 2017: Se tiene en cuenta el SMI para 2017, es decir, 707,70 euros/mes, incrementado en un 2%.
c) Convenios colectivos que entraron en vigor después del 26 de diciembre del 2017 y vigentes el 28 de diciembre de 2018: Se tiene en cuenta el SMI para 2018, esto es 735,9 euros/mes.
No obstante, es un no inicial, porque la norma prevé específicamente que tendrán que revisarse los convenios que establezcan salarios que en su conjunto sean menores al nuevo SMI. Es decir, la suma del SMI y los respectivos complementos que se recogen en la nómina, nunca pueden ser inferior a 12.600,00 euros anuales.
¿En el cómputo se incluyen los complementos?
Tenemos que acudir a lo acordado por negociación colectiva o en el contrato individual con el empresario, donde se especifica qué comprende el salario base y qué complementos de los que puedan ser percibidos según las circunstancias concretas del trabajador, de su trabajo o de los resultados de la empresa o de los criterios que se pacten, pueden ser compensables o no para alcanzar el SMI.
Son conceptos salariales compensables o absorbibles aquellos que si se tienen en cuenta en el cómputo global del salario para alcanzar el salario mínimo. No sería compensable, por ejemplo, el pacto de dedicación exclusiva al no tener carácter homogéneo con la base y retribuirse de manera específica por un pacto individual. Este complemento no puede compensarse con el SMI.
Eso si, la suma del SMI y los respectivos complementos que se recogen en la nómina, nunca pueden ser inferior a 12.600,00 euros anuales.
FUENTE: EL PAÍS

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