Tag Archive ajax

Poradmin

Se acerca el Brexit: aspectos legales que deben tener en cuenta las pymes

Las compañías pueden verse afectadas por barreras arancelarias y la devaluación de la libra.
Si se confirma el peor de los temores el Reino Unido abandonará la Unión Europea el viernes 29 de marzo de 2019. A partir del 30 el Reino Unido será un tercer país. La retirada cambiará la forma de relación y tendrá efectos significativos para empresas y ciudadanos.
La Plataforma Pymes ya ha advertido que la devaluación de la libra y las trabas a la circulación de personas que conllevaría un Brexit duro tendrían un grave impacto en el sector e inmobiliario, particularmente en la venta de viviendas a extranjeros y en los alquileres de uso turístico.
Igualmente, fuentes empresariales coinciden en señalar que el principal problema son las pymes. Hay que tener en cuenta que:
• La mayoría de exportadores al Reino Unido son pequeñas sociedades y ahora los 38.000 millones entre bienes y servicios que España vende a territorio británico están en riesgo
• Una de cada tres compañías en el Reino Unido está estudiando actualmente abandonar las islas y reubicar así alguna de sus operaciones en el extranjero. El Institute of Directors (IoD) advierte de que el 29% de las empresas en una encuesta a 1.200 cree que el Brexit representa un riesgo significativo para sus operaciones en este país.
Si todavía no lo han hecho, las pymes deberán adaptar sus procedimientos internos en términos de cadena de suministro, licencias y autorizaciones, derechos aduaneros, importación/exportación de mercancías o transferencia de datos personales.
Personal
Es preciso calcular la exposición actual que tiene la empresa en el escenario Brexit. Los proveedores, clientes, colaboradores o trabajadores británicos. Además, se debe analizar la importancia, formalización y margen de maniobra de la que dispone para acercar posturas. En particular:
•  Si el personal de la empresa viaja con frecuencia al Reino Unido o recibe ciudadanos británicos, a partir del 30 de marzo ya no podrán pasar por el control de pasaportes exprés para ciudadanos comunitarios aunque seguramente podrán seguir viajando sin visado para estancias de hasta 3 meses.
•  Si cuenta con trabajadores británicos en su plantilla o con colaboradores en territorio español, para preservar los derechos de estos ciudadanos está previsto habilitar un sistema por el que los nacionales británicos en España pasarán, de ser ciudadanos de la UE a ser residentes legales en nuestro país, adoptándose las medidas necesarias para garantizar a españoles y británicos derechos, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, entre otros.
Formalidades aduaneras
Las mercancías que se envíen al Reino Unido dejarán de tener la consideración de entregas intracomunitarias y se tratarán como las enviadas a cualquier otro país fuera del entorno europeo.
Entre otras cuestiones, eso implica, tal y como indica el Ministerio de Hacienda español, que para enviar mercancía a Reino Unido habrá que presentar una declaración de exportación. Existe también la posibilidad de que el operador tenga que pagar dependiendo del tipo de producto que exporte, diferentes gravámenes y aranceles.
Mientras esto llega, tenga en cuenta que el Ministerio de Hacienda de Reino Unido (HMRC por sus siglas en inglés), ha explicado que establecerá un sistema transitorio para permitir la importación de bienes provenientes de la UE sin tener que realizar una declaración aduanera completa en la frontera. Bastará con anotar en los propios registros internos de la compañía los detalles de la importación y posteriormente realizar una declaración complementaria, hasta un mes después de realizar la importación. Además, se podrá posponer el pago de aranceles y del IVA a las importaciones a las declaraciones del impuesto en lugar de abonarse en el momento en el que las mercancías entran en el país.
Para utilizar este sistema, que se aplicará en los puertos clasificados como RORO (roll on roll off, puertos que permiten la carga y descarga de cargamento rodado), las compañías deberán registrarse a través de la página que HMRC ha habilitado para ello.
La salida de Reino Unido de la Unión Europea genera incertidumbre en las compañías que pueden verse afectadas por barreras arancelarias y la devaluación de la libra.
En relación con las mercancías recibidas del Reino Unido, a partir del 30 de marzo, habrá que presentar una declaración sumaria de entrada, notificación de llegada, declaración de depósito temporal y declaración aduanera.
Las mercancías procedentes de Reino Unido estarán sujetas a supervisión y control aduanero, lo que supondrá, entre otras cuestiones la aplicación de los aranceles y gravámenes correspondientes; la sujeción a prohibiciones o restricciones y la obtención de licencias o autorizaciones; el cumplimiento de formalidades aduaneras (presentación de las declaraciones exigidas por la normativa aduanera).
Transferencia de datos personales
Las empresas que actualmente ceden datos personales al Reino Unido deben ser conscientes de que dicha actividad seguirá siendo posible pero como “transferencia” de datos personales a un tercer país.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

Valoración de informes periciales en el ámbito tributario

La fijación del valor de transmisión en la enajenación de valores no admitidos a negociación ha sido, es y será objeto de conflicto permanente con nuestra Hacienda Pública; y ello por su obstinada interpretación del polémico artículo 37.1.b) de la LIRPF.
Es cierto que el precepto establece, al fin de evitar situaciones fraudulentas, que el valor de transmisión no pueda ser inferior al mayor de los dos siguientes:
i) El teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto;
ii) El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto;
pero no es menos cierto que no se debe obviar que la norma prioriza el importe pactado entre partes independientes en condiciones normales de mercado; para ello, encamina al contribuyente a que aporte prueba en tal sentido.
Sin embargo, los contribuyentes suelen padecer el reproche de «su» Agencia tributaria, sufriendo la cuantificación del precio de venta mediante los dos valores a los aludíamos; y ello, a pesar de aportar informes periciales que acreditan que el importe de la enajenación reconocida en su autoliquidación es de mercado y acordado en condiciones de plena independencia.
El experto independiente funda su opinión en situaciones diversas -pero por todas/os fácilmente identificables-: la estimación de una generación de flujos de efectivo futuros inferiores a los inicialmente esperados, la posición minoritaria del socio vendedor o la existencia de contingencias contables derivadas de sobrevaloración de activos, existencia de activos ficticios o pasivos ocultos, reconocimiento de beneficios cuando la sociedad en cuestión tiene pérdidas continuadas, etc.
Es menester recordar que el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil requiere al perito manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito; todo ello, tiene como objetivo garantizar su independencia
¿Por qué realizo esta advertencia? En la Sentencia 3/2019 de la Sala de lo Contencioso (Sección 1ª) del TSJ de Extremadura (Sede Cáceres), de 10 de enero de 2019, encontramos la razón.
A la Sala llega un conflicto con origen en la cuantificación del precio de venta en una enajenación de participaciones sociales. De su lectura deduciréis que la venta se produce entre sociedades vinculadas (empezamos mal) y que parte del debate se centra en si se debe aplicar el artículo 37 LIRPF o en la regulación de operaciones vinculadas que establece el Impuesto sobre Sociedades; no obstante, la resolución tiene razonables e interesantes conclusiones, pero finaliza con una que considero especialmente peligrosa (dicho esto con los debidos respetos y en orden a defender la independencia que debe mantener todo perito, aunque sea de parte).
Las dos primeras prudentes y esperables: que el artículo 37.1.b) tiene una «finalidad antielusión» y que, en todo caso, es el que debe de primar por encima de la regulación de vinculadas prevista en la norma de sociedades.
La tercera son recomendaciones en cuanto al contenido del dictamen pericial:
– No debe fundamentarse en generalidades.
– Se requiere que se concreten e individualicen valoraciones de activos si la contingencia contable se corresponde con bienes o derechos reconocidos por cuantías superiores a su valor de realización.
– Utilizará valores de referencia a efectos comparativos, pero estos tendrán que centrarse en el sector, negocio o zona concreta y no en bases de datos cuya toma de datos no guarda estas especificidades.
– Tendrá que acompañarse de los documentos, instrumentos o materiales que permitan obtener la valoración.
La cuarta pone especial énfasis en el valor probatorio de la contabilidad. Para el Tribunal, su objetivo no es otro que mostrar «la realidad económica de las sociedades», lo que requiere el registro de «todos los hechos económicos que supongan el nacimiento de derechos u obligaciones»; por todo ello, la Sala le da carácter esencial a la hora de determinar el patrimonio neto y los resultados de la sociedad.
No obstante, sí permite combatir su relevancia (menos mal, porque de lo contrario obligaría a que el socio votase en contra de la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y proponer ajustes concretos); para ello recomienda que el informe pericial denuncie sin género de dudas y haga especial referencia a las irregularidades que pueda presentar, sobre todo en casos de depreciaciones o «minusvalías tácitas».
Es su quinta conclusión la que me ha hecho «estremecer»; y es que para el Tribunal «hubiera sido necesario que la parte actora propusiera una prueba pericial a realizar por un perito designado por el Tribunal, sometida a los principios de contradicción e igualdad».
En tal sentido, pone en tela de juicio la independencia de los informes periciales de parte, pues sólo el técnico que designe el Tribunal es el que permitirá desvirtuar la valoración realizada por la Agencia Tributaria y acreditar, sin género de dudas, que el valor de mercado de la venta de las participaciones no era el fijado por la Administración, concluyendo que el informe de parte «no tiene suficiente eficacia probatoria para desvirtuar el valor teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto».
Tal aseveración es contraria a lo dispuesto en el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y pone en «jaque mate» al contribuyente que pretenda hacer valer el precio de venta consignado en su autoliquidación, pues se verá obligado a (i) deambular por el procedimiento administrativo, (ii) pagar o avalar la deuda que aflore de la liquidación provisional realizada por la Administración al recurrir o presentar reclamación económico-administrativa y, en definitiva, (iii) a acudir a los Tribunales de Justicia para empezar a jugar el partido, asumiendo el coste del perito que designe el Tribunal; ¡menudo despropósito!
Esperemos que esta deducción no sea tomada como referencia por nuestra Administración tributaria. Como así sea, no tendremos más que darle la razón a Jean Baptiste Colbert cuando decía aquello de: «el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de forma tal que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menor ruido»; ¡es que el contribuyente estará amordazado!.
FUENTE: LEGAL TODAY

Source: econsulting

Poradmin

El Grupo ADADE/E-Consulting renueva y actualiza su acuerdo con la operadora-certificadora LLEIDA.NET

Recientemente el Grupo ADADE/E-Consulting ha renovado y actualizado el acuerdo que desde 2013 mantenía con la operadora-certificadora LLEIDA.NET.
Por parte del Grupo ADADE/E-Consulting firmó su Presidente D. José Luis García Núñez y por parte de Lleida.net su CEO D. Francisco José Sapena.
Lleida.net como la Primera Operadora Certificadora, aporta seguridad, confianza, eficacia y rentabilidad a las comunicaciones electrónicas de empresas, administraciones públicas y particulares, influyendo directamente en la mejora de sus resultados. Lleida.net está en constante innovación para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Lleida.net es la operadora líder a nivel internacional en el mercado de la certificación de comunicaciones electrónicas, prestando servicios que sean reconocidos como estándares. Lleida.net pretende aportar a la sociedad nuevas formas de comunicarse que mejoren y faciliten las relaciones entre las personas, convirtiendo procesos de comunicación tradicionales en servicios de valor acordes a las nuevas tecnologías.
D. José Luis García, Presidente del Grupo ADADE/E-Consulting comenta “que con esta renovación y actualización del acuerdo con Lleida.net, se pretende dar a sus despachos y por extensión a sus clientes un valor añadido y ofrecer un servicio de Notificación Electrónica de primer nivel” 


Source: econsulting

Poradmin

¿Cuál es la única ayuda en materia de contratación para los autónomos que mantiene Empleo?

“El contrato indefinido de familiar”
Después de la desaparición de la reducción del 100% de la cuota correspondiente a la Seguridad Social por contingencias comunes del trabajador que hiciera un contrato indefinido de  jóvenes menores de 30 años por parte de una microempresa y los incentivos para la contratación de proyectos de jóvenes emprendedores, ó los derogados contratos en prácticas, de formación, o aquellos para trabajadores procedentes de ETT. Éstas han sido derogadas con la aprobación de la nueva ley, así que ni los autónomos, ni las pymes podrán beneficiarse de ellas. Sí es importante saber que los contratos que estén vigentes, y aquellos que se hayan realizado con anterioridad al 1 de enero de este año, continuarán recibiendo los incentivos pertinentes. Lo que no se podrá es acceder a ellos para nuevos contratos en este ejercicio.
Sin embargo contratar a un familiar de manera indefinida, es la única vigente. Los autónomos que contraten a su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad de hasta el segundo grado inclusive, podrán acceder a una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes. La duración de esta ayuda es de doce meses.
Los autónomos que contraten a su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad de hasta el segundo grado inclusive, podrán acceder a una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes. La duración de esta ayuda es de doce meses, siempre que cumplan con los requisitos marcados por la normativa.
FUENTE: ADADE CENTRAL
*Para recibir más información, suscribase gratuitamente al boletín de noticias de ADADE/E-CONSULTING

Source: econsulting

Poradmin

El Supremo obliga a las aseguradoras a cubrir las deudas tributarias de los administradores

Es una contingencia propia de su cargo», dice la sentencia.
El Tribunal Supremo obliga a las compañías aseguradoras a cubrir la responsabilidad por deudas tributarias de los administradores. El Supremo, en una sentencia de 29 de enero de 2019, asegura que es una materia propia de la responsabilidad de los administradores y que el seguro de responsabilidad civil que suscriben estos directivos debe incluir estas contingencias.
«Hoy día, el contenido natural de las responsabilidades a las que se enfrentan por su cargo no se limita a la responsabilidad civil regulada en la Ley de Sociedades de Capital, sino que alcanza también aquella que se prevé en la normativa administrativa, en este caso, la Ley General Tributaria», subraya el fallo. «Se trata de una responsabilidad prevista, por razón del cargo de administrador, para incentivar una actuación más diligente en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad», añade.
Rechaza que las aseguradoras excluyan estas contingencias de la responsabilidad civil del administrador de la sociedad
Por ello, el Supremo rechaza que las aseguradoras puedan excluir las deudas tributarias de los contratos suscritos con las personas que ostentan estos cargos. «Eliminar este daño restringe de forma sorprendente la cobertura del seguro, en relación con su contenido natural, y por ello reviste la consideración de cláusula limitativa de derechos, lo que hubiera precisado la aceptación expresa del tomador mediante su firma», apunta el magistrado Sancho Gargallo, ponente de la sentencia del Supremo.
El fallo destaca que esta situación se da en muchos casos. «Es una responsabilidad relativamente común», explica. «Tanto que, objetivamente, en la previsión de quien concierta el seguro, es lógico que se encuentre también la cobertura de este riesgo. De tal forma que su exclusión en el apartado de condiciones generales, sin una aceptación expresa, debe considerarse sorpresiva y por ello limitativa de derechos», añade.
Ley de Contrato de Seguro
El Supremo invoca el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, que dispone que, por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado.
«Conforme a esta regulación, más allá de precisar que la obligación cubierta es la de indemnización a un tercero de los perjuicios ocasionados por un hecho, en la medida en que este debe estar previsto en el contrato de seguro, el contenido natural del seguro viene determinado principalmente por el propio contrato», explica el Supremo.
Según la sentencia, del contrato estudiado en este asunto se extrae directamente que se trata de la responsabilidad de los administradores y directores de sociedades, por actos realizados en el ejercicio de su cargo, sin que las condiciones especiales especifiquen más al respecto. «Son las condiciones generales las que sí concretan qué actos quedan cubiertos y, sobre todo, por lo que ahora interesa, cuáles quedan excluidos», indica el fallo.
Así, el Tribunal Supremo estima en su sentencia el recurso de casación del afectado, que sostenía que «resulta evidente que excluir repentinamente la declaración de responsabilidad subsidiaria por deudas tributarias de su ámbito de cobertura no se acomoda al propio contrato, sino que deja a sus asegurados huérfanos de una garantía con la que contaban».
FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting

Poradmin

¿Cómo afecta el fin de esta legislatura a los impuestos y a otras medidas económicas?

Tras la caída de los Presupuestos en el Congreso y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril provocará el decaimiento de la mayoría de los proyectos de ley que estaban en trámite en el Congreso, debido a la disolución de las Cortes.
De los 31 proyectos de ley en tramitación, 23 de ellos proceden de otros tantos  “Decreto Ley”, aprobados por el gobierno, convalidados por el Congreso, aunque el Parlamento decidiera que además se tramitasen como proyectos de Ley al no haber lugar a su tramitación, ahora persistirá el texto original que ya entró en vigor tras la publicación en el BOE
Por lo tanto  se mantendrá entre otras, normas como:
– Documentados (IAJD) en las hipotecas
– Subida del salario mínimo interprofesional
– La revalorización de las pensiones
– La subida de sueldos de los funcionarios
– Los cambios en la ley de carreteras
– Parte de las herramientas económicas macro-prudenciales
– La normativa sobre VTC que traspasó competencias a comunidades y ayuntamientos
– Los retoques en la ley del Mercado de Valores
– Las medidas en materia de violencia de género
– Las de acceso universal al Sistema Nacional de Salud
Sin embargo otros Proyectos de Ley que no fueron inicialmente “Decreto Ley” decaen , estos son algunos de ellos:

– el Impuesto sobre Transacciones Financieras (tasa Tobin)
– el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google)
– el proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria
– el de distribución de seguros y reaseguros privados.
Quedan también el camino medidas de las que se hablado mucho en estas últimas semanas y meses como:

– IRPF, la subida de 2 puntos a partir de los 13.000€ y de 4 para más 300.000€
– IS, la subida del 15% para las grandes empresas y la bajada de 2 puntos para las Pymes, que seguirán en el 25%
– IVA, algunas reducciones previstas seguirán como hasta ahora (Higiene femenina, veterinarios, etc)
– Baja de paternidad, aumento hasta las 8 semanas
Hay algunas normas que dado su avanzada situación en el trámite, quizás podrían salvarse antes del parón en la Cortes debido a las elecciones generales, estas son algunas:

– La reforma hipotecaria
– La ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
Las principales medidas de gasto ya están comprometidas y en vigor, pero las de ingresos no verán la luz, el problema para el próximo gobierno que salga de las urnas será cuadrar las cuentas para reducir el déficit  público, que según reconocía la Ministra de Hacienda se elevará «al 2,2% o el 2,4% del PIB», frente al objetivo del 1,3% actual.
FUENTE: ADADE CENTRAL
*Para recibir más información, suscribase gratuitamente al boletín de noticias de ADADE/E-CONSULTING

Source: econsulting

Poradmin

¿Hasta dónde llega el interés legítimo en la nueva LOPD?

El pasado diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Esta norma nace con la doble misión de adaptar el ordenamiento español al Reglamento General de Protección de Datos -Reglamento (UE) 2016/679- y de introducir un sistema de garantía de los derechos digitales. La adaptación pretende, como razón última, procurar seguridad jurídica. 
En este sentido, su Título IV establece una presunción iuris tantum de prevalencia del interés legítimo del responsable, siempre que se den una serie de requisitos, en las siguientes tipologías de tratamientos: los relativos a datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales; los sistemas de información crediticia; y los tratamientos relacionados con operaciones mercantiles. No son los únicos que pueden basarse en el interés legítimo pero son los elegidos por el legislador para que se beneficien de la referida presunción.
La regulación de estas tres casuísticas era en cierto modo demandada por amplios sectores del tejido empresarial. En el caso de los datos de contacto, el Reglamento de desarrollo de la anterior LOPD (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) excluía de su ámbito de aplicación los datos de contacto de las personas físicas que presten sus servicios en personas jurídicas, así como los datos de empresarios individuales. 
El Reglamento General de Protección de Datos no contempla este tipo de excepciones, por lo que la solución dada en la nueva LOPDGDD consiste en establecer la presunción de interés legítimo en el tratamiento de datos de contacto, así como de los de empresarios individuales y -añade- de profesionales liberales. En los sistemas de información crediticia se prevén unos requisitos análogos a los contemplados en la anterior LOPD y en su Reglamento de desarrollo, con algunos matices y limitaciones. Por ejemplo, la presunción no ampara los perfilados para la calificación crediticia del individuo. La modificación del responsable como consecuencia de una operación societaria no tenía la consideración de cesión -y por tanto no requería consentimiento de los interesados- en la normativa anterior, mientras que la LOPDGDD presume la licitud de las comunicaciones en estos casos incluso antes de realizarse dichas operaciones.
El interés legítimo es una de las bases que permite a los responsables el tratamiento de datos personales. Se da, por ejemplo, cuando el interesado es cliente del responsable y este quiere efectuar tratamientos no estrictamente necesarios para realizar la prestación contratada pero sí conveniente para sus intereses y razonablemente esperable por el cliente (por ejemplo, enviarle ofertas de productos similares al adquirido).
A diferencia del resto de bases jurídicas del tratamiento, el interés legítimo requiere con carácter general una evaluación y justificación previa por parte del responsable para confirmar que su interés prevalece sobre el de los interesados. En la práctica, ello supone que las organizaciones que pretendan ampararse en el interés legítimo como base jurídica para un determinado tratamiento, deben realizar previamente este ejercicio de valoración de los intereses en juego mediante el correspondiente informe de ponderación o documento similar, que permita al responsable demostrar el cumplimiento de la norma (principio de accountability). 
Ciertamente esta obligación lleva aparejado un cierto riesgo pues, al fin y al cabo, demostrar que una norma te impone la cesión de datos a la Administración tributaria o al Sepblac, o que un interesado firmó un contrato o marcó una casilla, es a priori más sencillo que convencer a la autoridad de que tu interés como organización es superior a los intereses y derechos de los interesados. De ahí que los informes de ponderación sean una pieza clave para fundamentar determinadas acciones.
La LOPDGDD no sustituye el interés legítimo por la habilitación legal para los tratamientos de datos de contacto profesionales, de sistemas de información crediticia y aquellos relacionados con operaciones mercantiles pues deja claro que se trata de una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Además, prevé unos requisitos para cada caso a fin de que la presunción opere. Por tanto, introduce un cierto automatismo en la evaluación de los intereses, presumiendo la prevalencia de los del responsable del tratamiento, lo cual ciertamente supone un avance en términos de seguridad jurídica. 
Sin embargo, conviene insistir en estos dos matices: deben respetarse los requisitos definidos específicamente para cada una de estas tres tipologías de tratamientos y aun cuando estos se cumplan, siempre cabe la opción de que el interesado demuestre que sus intereses son prevalentes. Por tanto, la espada de Damocles sigue suspendida sobre las «cabezas» de las organizaciones responsables del tratamiento de datos en los referidos supuestos.
FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting

Poradmin

¿Cómo funciona la mochila austriaca? ¿En que afectaría al trabajador y a la empresa en España?

La mochila austriaca vuelve a ponerse encima de la mesa en el debate político, esta vez es el Gobierno de Sánchez, como ya ocurrió en la reforma laboral de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, También el PP lo incluyó en su programa electoral para las generales de 2011 y volvió al debate público en las sucesivas negociaciones de investidura de Ciudadanos tras las elecciones generales del 2015 y el 2016. 
¿Qué es y como funciona en Austria?
Se trata de una cuenta de ahorro individual. El empleado, a lo largo de su etapa laboral, recibe por parte del empresario una aportación anual en un fondo de capitalización. De esta manera, se reduce la indemnización cuando se realiza un despido. Estas cuotas se plantean como una indemnización diferida para todos los asalariados. Es un sistema individual de indemnización.
¿Puede usarse en caso de despido, antes del retiro?
Sí. Si el trabajador es despedido, el dinero acumulado en su mochila es su indemnización (en Austria no hay seguro de paro ni otras compensaciones económicas). Si cambia de trabajo de forma voluntaria, su mochila también va con él de forma íntegra. También puede disponer del capital si apuesta por un proyecto de emprendimiento o decide trabajar por cuenta propia. Además ese dinero pertenece únicamente al trabajador y el Estado le garantiza el 100% del capital, tanto si es despedido como si opta por otro empleo o si decide emprender y se puede heredar en caso de fallecimiento. 
¿El dinero se puede invertir?
En el modelo austriaco los fondos son gestionados por entidades privadas autorizadas por el Gobierno que tratan de buscar una rentabilidad que se va añadiendo, salvo comisiones, al capital aportado por la empresa. El Estado garantiza el cien por cien del capital ingresado en la hucha, si la inversión no diera los frutos esperados.
¿Está exento de impuestos?
Si llegado el momento de su retiro el trabajador decide cobrarlo en un único pago, debe afrontar un impuesto del 6%. Si opta por recibir cada año un porcentaje del fondo como complemento de su pensión, esa cuantía está libre de impuestos.
– ¿Cómo afectaría a nuestro sistema actual? ¿Es posible para España poner en marcha la “Mochila Austriaca?
Austria, un país en el que no existe una indemnización de despido tal y como se conoce en España. En Austria las empresas disponen de coste cero a la hora de llevar a cabo el despido de un empleado. La mochila se introdujo en Austria, a cambio de acabar con las indemnizaciones a los trabajadores.
Se fijó una cuota a las cuentas de ahorro del 1,53% del salario bruto, que se gestionan por fondos privados. Con este cambio buscaban impulsar la movilidad laboral voluntaria (incentivar a cambiar de empresa, compensando las ventajas de ir acumulando antigüedad)
En España los analistas coinciden en que es difícil su encaje en nuestro sistema laboral sin otras reformas previas. Supondría un replanteamiento del sistema actual de indemnizaciones. Obligaría a buscar soluciones para los trabajadores con derechos ya adquiridos. Sin embargo la otra cara de la moneda sería que al afrontarse mes a mes el gasto para indemnizar, las empresas no sufrirían desequilibrios en caso de asumir regulaciones de plantilla. Algunos expertos creen que eso desincentivaría la búsqueda de soluciones alternativas al despido. Otros creen que este modelo impulsaría las nuevas contrataciones y acabaría con la dualidad del mercado.
FUENTE: ADADE CENTRAL

*Para recibir más información, suscribase gratuitamente al boletín de noticias de ADADE/E-CONSULTING

Source: econsulting

Poradmin

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. Pago diferido de las cuotas

Resolución de 8 de febrero de 2019. Amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 30 de enero de 2019, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 2019.
(BOE 35/2019, publicado el 9 de febrero)                Ver documento
FUENTE: BOE

Source: econsulting

Poradmin

¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'?

Una de las grandes cuestiones a resolver es el peso en el proceso penal de estos documentos.
Son muchas las materias dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que aún no han sido resueltas por los tribunales. Una de las más relevantes es qué valor debe darse en el proceso judicial a la certificación del programa de compliance, de acuerdo con la norma UNE 19601, o a la prueba pericial sobre el mismo. La exigencia de las organizaciones de incrementar la seguridad sobre la eficacia de su plan de prevención de delitos, para conseguir, así, la atenuación o la exención de responsabilidad penal, choca, sin embargo, con pronunciamientos autorizados que recelan sobre dar un peso determinante a los certificados. Asimismo, también es materia de debate si la evaluación de un experto independiente puede ser utilizada como prueba.
Desde un punto de vista crítico, sobre estas cuestiones, se pronunció hace solo unos meses el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, quien manifestó que le parecía «preocupante» dejar en manos de «programas normativos privados» la culpabilidad de la persona jurídica. «Y, en este mismo sentido, me preocupa también la proliferación de las periciales de compliance», aseveró en unas jornadas organizadas por Madrid Excelente y ASCOM.
Recientemente, en cambio, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, en un artículo publicado en el Diario La Ley (que puede consultar aquí), asevera que si bien la certificación no exime de la valoración judicial, no puede negarse que «ayudará al juez de forma extraordinaria», puesto que supone el aval, por parte de un supervisor, de la «corrección del programa en los objetivos que debe cumplir». Y ello, sin olvidar, de que las revisiones periódicas que dicho «tercero independiente» debe hacer del modelo.
El magistrado, no obstante, va un paso más allá y sugiere la necesidad de que la certificación se vea complementada con una pericial. El certificado, explica, «reforzará indudablemente el compromiso de la compañía con el establecimiento de una cultura de cumplimiento, pero su corroboración con la prueba pericial de experto en compliance puede resultar suficiente para ofrecer luz al juez para que pueda llevar a cabo un adecuado proceso de valoración de la pericial y documental aportada».
En diversas ocasiones, también se ha mostrado a favor de otorgar un valor reforzado a la certificación de los programas de compliance el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. «La UNE 19601 es un certificado reconocido y de prestigio; da un sello prepericial de que se ha cumplido. En caso de poseerla yo cambiaría la carga de la prueba», explicó en un foro hace unos meses. A juicio del magistrado, la empresa que presentara el certificado debería contar con la presunción de haber actuado correctamente, y quien discrepara debería probar lo contrario.
Herramienta de apoyo
Jorge Alexandre, abogado penalista y compliance, rechaza que el papel de las certificaciones sea ninguna suerte de privatización de la culpabilidad. Al contrario, «lejos de arrebatar poder al fiscal o los tribunales, se convierte en una herramienta de apoyo para los mismos», defiende. El jurista explica que, «sin la necesidad de caer en automatismos que tienen dudosa cabida en nuestra cultura penal», ve positivo que la empresa certificada y sometida a una auditoría externa anual, «se vea claramente beneficiada de ello en el proceso penal, así como en otros ámbitos de la contratación pública».
Alexandre incide en que la certificación será un «arma procesal con la que todo abogado querría contar», porque esta acreditará que la organización ha implantado un modelo de prevención de delitos «siguiendo una estructura definida y basada en prácticas internacionalmente reconocidas y que, además, un tercero imparcial e independiente visita la organización al menos una vez al año para auditar ese sistema de compliance y verificar que sigue vivo en la organización».
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting