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Solo el 15% de las empresas se ha salvado de la pandemia, según la Cámara de España

Los empresarios estiman una
caída de su facturación del 55% este curso respecto a 2019.

El presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis Bonet, y la directora general de Sigma Dos, Rosa
Díaz, presentan la encuesta ‘Análisis de las implicaciones de la COVID-19 en el
clima empresarial español’, este  martes.

El presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis Bonet, y la directora general de Sigma Dos, Rosa
Díaz, presentan la encuesta ‘Análisis de las implicaciones de la COVID-19 en el
clima empresarial español’, este martes.

La pandemia de coronavirus ha
tenido un fuerte impacto en el tejido empresarial y tan solo el 15% de las
compañías de España se ha salvado de su efecto.

Así lo ha asegurado este
martes el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en la
presentación virtual de la Encuesta sobre las implicaciones del Covid-19 en el
clima empresarial de España, realizada por Sigma Dos para dicho organismo.

Bonet ha subrayado que hay un
«pesimismo» generalizado entre los empresarios de los sectores
especialmente dañados, como son el turismo, la hostelería y el comercio
minorista. «Si los empresarios están animados, tendremos más posibilidades
de salir y de ganar la ‘guerra'», ha apuntado.

No obstante, en líneas
generales y a corto y medio plazo, el empresariado está optimista y cree en la
posibilidad de recuperar la actividad de sus compañías hasta los niveles
previos a la crisis. Según la encuesta, el 51,3% de los empresarios se muestra
muy o bastante optimista sobre su capacidad de recuperación.

Sin embargo, cuando se les
pregunta por su entorno socioeconómico más cercano, su comunidad autónoma, el
porcentaje baja hasta el 38,6%, mientras que el 72,8% es poco o nada optimista
al responder sobre las perspectivas de que el país recupere el nivel de
actividad anterior a la pandemia.

En este sentido, Bonet ha
destacado la importancia que tiene para salir de la crisis que los empresarios
tengan confianza en sí mismos. Ha reclamado al Gobierno que les acompañe y no
defraude esta actitud positiva del sector empresas.

«Los gobiernos tienen
que estar especialmente atentos en ayudarles, es una situación crítica. Es muy
importante que se les atienda y que las medidas sean buenas y se ejecuten bien.
Hay que utilizar la flexibilidad que sea necesaria y la colaboración
público-privada. Las iniciativas del Ejecutivo van en la buena dirección, pero
es necesario que se profundice en medidas de protección empresarial y actividad
del empleo, ha aseverado.

Según la encuesta, el 96,7%
de los empresarios consultados coincide en que las consecuencias económicas y
laborales de la pandemia son graves o muy graves. En este contexto, un 73,5%
señala que el principal efecto en su actividad ha sido la reducción de las ventas,
seguido por las dificultades en la adquisición de suministros y el
aprovisionamiento (52,3%). Solo el 14,9% de los empresarios asegura no haber
vivido especiales dificultades a causa del confinamiento.

De la encuesta, en la que han
participado 1.170 empresas desde febrero al 10 de julio, también se desprende
que la caída media esperada de la facturación de las empresas es del 55%. La
hostelería es una vez el sector más afectado, con una bajada del 87,7%, seguido
del comercio, del 62,1%.

El presidente de la Cámara de
Comercio de España ha destacado que lo más importante ahora es apostar por la
formación y el reciclaje de todas las personas que perderán su empleo.
«Hay que hacer que el emprendimiento no solo se mantenga, sino que mejore.
La formación va a ser esencial y debemos empeñarnos todos en ello. Las cámaras
tienen ahí un papel clave. España es un país de pymes y tenemos que estar ahí
nosotros echando el resto a favor de ellas», ha indicado.

Por otro lado, Bonet ha
calificado de «histórico» el pacto europeo contra la crisis del
coronavirus. «Va a ser fundamental para la recuperación económica y social
de España. Ahora hay que esperar a conocer los detalles, pero el presidente del
Gobierno [Pedro Sánchez] ya ha anunciado los ejes principales de actuación:
transición digital y ecológica y formación», resaltado.

«Si somos capaces de
utilizar de manera inteligente los fondos procedentes de Europa, España puede
convertir esta crisis en una oportunidad para crecer. Para ello, la formación
va a ser esencial», ha añadido.

Source: econsulting

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El acuerdo complica al Gobierno la promesa de derogar la reforma laboral

España debe respetar las
recomendaciones que le hagan desde Bruselas, que exigirá cambios en el mercado
de trabajo y en el sistema de pensiones.

El histórico acuerdo
alcanzado en Europa será un balón de oxígeno para España, que tendrá en sus
manos 140.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la
mayor pandemia del último siglo. Pero este salvavidas conllevará una serie de
contrapartidas que es probable que condicionen el programa del Gobierno de
coalición, que tiene entre sus prioridades –al menos antes de que estallara
esta crisis– la derogación de la reforma laboral de 2012, una medida que desde
Bruselas no ven con buenos ojos, tal y como han manifestado en sucesivas
ocasiones.

Para recibir el visto bueno a
la utilización de este dinero, el Ejecutivo tendrá que poner en marcha una
serie de reformas económicas que le marcan desde Bruselas, tal y como sucedió
en la anterior crisis, ya que cada país ha de respetar las recomendaciones
específicas que le hagan. En el caso de España, las imposiciones girarán en
torno al mercado laboral, uno de los más endebles de Europa, a la cabeza en
temporalidad y con la segunda mayor tasa de paro, y en torno a la reforma de
las pensiones, con un sistema de los más generosos pero con un grave problema
de sostenibilidad. Más concretamente, el Consejo Europeo insta a España a
adoptar medidas «encaminadas a preservar los puestos de trabajo», con
«incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones»,
así como a reforzar la protección por desempleo, especialmente para los
trabajadores atípicos, compromisos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha
suscrito.

Desde el Gobierno quitan
importancia a esta condicionalidad de los fondos y tanto la vicepresidenta
económica, Nadia Calviño, como la ministra portavoz, María Jesús Montero,
resaltaron este martes que «las recomendaciones de los organismos
internacionales están muy alineadas con las prioridades que hemos marcado por
el Gobierno» y pasan por mejorar el funcionamiento del mercado laboral, de la
Administración, de los mercados y la política de redistribución. «Se trata de
impulsar una serie de transformaciones que llevamos hablando de ello desde el
inicio de esta legislatura: transición ecológica, impulso digital, inclusión
social…», apuntó Montero desde la Moncloa.

Efectivamente, aunque en ese
acuerdo nada se dice expresamente sobre la reforma laboral, a nadie se le escapa
que la Comisión se ha erigido como uno de los grandes detractores de esta
contrarreforma e incluso en alguna ocasión han ensalzado los beneficios que
trajo al mercado laboral. Por eso recientemente Calviño se desmarcó del
polémico pacto del PSOE con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma
laboral con carácter urgente, porque supone una piedra en el camino hacia
Europa.

«Estas recomendaciones de
Europa casan mal con el acuerdo del Gobierno y pueden generar bastantes
tensiones», advierte Marcel Jansen, investigador de Fedea y profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid, quien no obstante reconoce que «obviamente» el
Ejecutivo tendrá la libertad de reformar el mercado laboral o de pensiones pero
«no habrá espacio para contrarreformas que desnaturalicen la reforma laboral de
2012 o que deterioran la sostenibilidad del sistema de pensiones».

No lo ve así el líder de
Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien declaró este martes que Europa «no solo
no impedirá» que el Ejecutivo de coalición siga adelante con los compromisos de
su programa de Gobierno, «sino que significará un enorme estímulo para
continuar con las transformaciones». Tampoco se dan por vencidos los
sindicatos, que insistieron en que continuarán en su empeño de derogar la
reforma laboral y la de las pensiones. Por su parte, el presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, ensalzó que la reforma laboral trajo los ERTE o la
flexibilidad horario y se mostró dispuesto a mejorarla.

 

Reformas «coherentes»

Raymond Torres, director de
Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, no cree que ahora el Gobierno
esté «maniatado», sino que estas reformas deben ser «coherentes con las
recomendaciones» que hagan desde Bruselas. En este sentido, resalta que ahora
ya no solo tienen que tener en cuenta el impacto económico, sino social

Así, por ejemplo, si una de
las promesas del Gobierno es cambiar el índice de revalorización de las
pensiones -algo que se había propuesto para antes de que terminara el año- para
poner fin al 0,25% y garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, deberá
incorporar alguna otra medida al sistema para cubrir los gastos, como separar
las fuentes de financiación, ampliar el destope de las bases máximas de
cotizaciones o retrasar la edad efectiva de retiro, propuestas que ya estaban encima
de la mesa.

Y lo mismo sucedería con la
derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una negociación
para la que ya se había creado una mesa de diálogo social y que estaba previsto
reanudar en septiembre. Los aspectos más inmediatos de modificación, una vez
que se aprobó ya la derogación del despido por absentismo, eran los relativos a
la negociación colectiva y a la subcontratación, para devolver la primacía al
convenio del sector -algo que si no las empresas podrían utilizar para devaluar
los salarios, según advierten los sindicatos- y recuperar la ultraactividad
para que no decaiga el convenio en vigor hasta que no haya uno nuevo.

«Tomaremos en cuenta todas
las recomendaciones país y seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de
ruta, en el marco del diálogo social y con las fechas que teníamos
establecidas», aseguró la ministra portavoz María Jesús Montero.

Source: econsulting

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Obligaciones fiscales de agosto, presentación de declaraciones mensuales de IVA, IRPF e IS

Estos son las obligaciones
fiscales del mes de agosto 2020:

Retenciones e ingresos
a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas
de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas
y saldos en cuentas.

– Julio 2020. Grandes
empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  • IVA

– Julio 2020.
Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

 

  • IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

         
Mayo 2020(*). Grandes empresas:
553, 554, 555, 556, 557, 558

         
Mayo 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563

         
Julio 2020: 548, 566, 581

         
Segundo trimestre 2020(*). Excepto grandes
empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

         
Segundo trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 561,
562, 563

         
Declaración de operaciones por los destinatarios
registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510

         
(*) Fábricas y Depósitos
fiscales que hayan optado por suministrar los asientos contables
correspondientes al primer semestre de 2020 a través de la Sede electrónica de
la AEAT entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

  • IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

– Julio 2020. Grandes
empresas: 560

 

         
Julio 2020. Autoliquidación: 303

         
Julio 2020. Grupo de entidades, modelo individual: 322

         
Julio 2020. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

Enlace
al AEAT:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2020_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml


FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Acuerdo histórico para la recuperación tras la pandemia en la UE

Los jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea han alcanzado el pasado martes un acuerdo
histórico para crear un fondo de
recuperación de 750.000 millones para la reconstrucción de las economías del
bloque comunitario
, de los cuales 390.000
millones
serán entregados en forma
de subvenciones
a los estados miembros en función del grado de afectación
provocada por la pandemia, y los restantes 360.000
millones serán otorgados en forma de créditos a bajo interés
.

Se verán especialmente beneficiados
los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 como Italia y España, con
entregas de transferencias de 80.000 y 70.000 millones de euros respectivamente
según estimaciones iniciales. El acuerdo es, además, el mayor paquete de
estímulo ‘verde’ de la historia. Casi un tercio de los fondos estarán
autorizados exclusivamente para la financiación de proyectos verdes y todos los
recursos deberán estar alineados con los principios del Acuerdo de París en
materia ambiental.

La reconstrucción de las
economías europeas se basa en un plan, que estará financiado por una emisión
sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea por valor de
1,074 billones de euros y tendrá una
duración de tres años, se sumará a
un presupuesto comunitario para el
periodo 2021-2027
.

La histórica reunión de los
jefe de Gobierno europeos ha provocado una revisión profunda de las cifras de
gasto, beneficiando unas partidas y sacrificando otras de manera muy notable,
Tras cuatro días de intensa negociación, no quedó un número, una columna y una
coma sin revisar. No ha sido fácil poner de acuerdo a los 27, ha requerido
muchos sacrificios.

Entre los programas más
perjudicados es el Fondo para la Transición Justa, pieza clave en el llamado
Pacto Verde Europeo puesto que canalizará dinero para regiones muy dependientes
del carbón. Su dotación con cargo al fondo de recuperación se reduce a 10.000
millones de euros desde los 30.000 millones previstos inicialmente, así como el
presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño
original y se reduce hasta 7.500 millones.

También desaparece el fondo
para incentivar inversiones privadas en empresas a través del BEI, que contaba
con un presupuesto de 26.000 millones y buscaba solventar el escaso margen
fiscal de algunos países como España para recapitalizar su tejido productivo.

Una de las conquistas que se
han apuntado los países del norte es el aumento de sus ‘cheques’ de descuento
del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En
concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas
sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que
completar el resto de Estados miembros.

Entre otras exigencias, Bruselas
exige a España la reforma laboral como herramienta para activar la recuperación
y pide más flexibilidad, además Sánchez deberá atajar la temporalidad y
extremar el control sobre los subsidios, entre ellos el nuevo ingreso mínimo
vital. Algunos expertos aseguran que aunque finalmente no se impuso el criterio
de Holanda con el derecho de veto, «sí va a haber una fuerte condicionalidad
para la llegada del dinero a los países». 
«Serán los veintisiete, mediante mayoría cualificada, los que
vigilen la toma y aprobación de las reformas que a España tanta falta le hacen.
Parece que la reforma de la pensiones, así como profundizar en la reforma
laboral, van a ser líneas en la que los ojos europeos van a poner mayor
atención, así como en el IVA».

Habrá que esperar a analizar
toda la letra pequeña del pacto alcanzado, para evaluar el impacto real en
nuestra economía y margen gobernabilidad que conlleven las condiciones
impuestas desde la UE.



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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La innovación legal al rescate del tsunami concursal

Las medidas adoptadas hasta
ahora pueden evitar la avalancha inicial, pero no resuelven el inevitable
colapso.

Entre 2007 y 2017, tras la
crisis económica del sector inmobiliario, en España se registraron algo más de
63 mil procesos concursales, según datos del Área de Administración de Riesgos
de Crédito y Caución. Para la crisis post pandemia que se avecina, el
Ministerio de Justicia calcula un incremento del 246% para 2020 y del 619% en
2021. Es decir, de unos 7.000 concursos presentados en 2019, se pasaría a más
de 50.000 sólo en 2021. En un año casi se alcanzarían números equivalentes a una
década.

El legislador es consciente
de ello. Por esa razón, entre las medidas adoptadas ante semejante panorama se
encuentra la moratoria para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Justicia. Es decir, aplazar hasta final de año el deber de solicitar concurso
mientras se protege frente a declaraciones de concurso necesario instadas por
los acreedores.

Si bien estas medidas pueden
evitar la avalancha inicial, aunque manteniendo con vida más allá de lo
razonable a empresas cuya insolvencia es seguramente ineludible, tales medidas no resuelven lo inevitable:
el sistema colapsará por una simple cuestión de volumen.

Frente a ese insoslayable
panorama creemos que las diferentes áreas de la innovación legal pueden ayudar.
Por un lado, en la simplificación y automatización de procesos y tareas
actuales. Por otro, comunicando al deudor de forma más comprensible las medidas
disponibles antes que sea tarde.

Un ejemplo: es recurrente la
errónea asociación del concurso de acreedores a la liquidación de la empresa,
cuando en realidad es una medida pensada para salvarla. Quizá por eso, muchos
deudores inician tarde el proceso y, cuando se deciden, ya no hay nada que
hacer. Eso presenta dos problemas. En primer lugar, el enfermo no
comprende las opciones de las que dispone. Y, segundo, eso le lleva a un
mal autodiagnóstico. Por tanto, cuando consulta al especialista ya es tarde y
la empresa se liquida. Áreas de la
innovación jurídica como el Legal Design por un lado y la Legaltech por otro
pueden plantear soluciones ante esas cuestiones
.

El Legal Design, entendido
como aplicar criterios propios de la usabilidad y el diseño al conocimiento
jurídico, podría hacer más cercanas y compresibles las medidas básicas
aplicables en materia concursal. Desde guías a infografías, pasando por tests
de autoevaluación.

Por su parte, la Legaltech,
entendida como la aplicación de tecnología a la prestación y comercialización
de servicios legales, puede crear sencillos chatbots que funcionen como
herramientas de triaje o filtrado, permitiendo al deudor saber si su estado es
de verdadera insolvencia y anticipar así la consulta al profesional.

Pero los beneficios de la
innovación legal en concursal no se quedan ahí. Pueden reducir la curva de
aprendizaje en la materia a las nuevas contrataciones de la firma, descargando
de trabajo al socio principal.

Se puede utilizar software
para el control de plazos, verificar comunicaciones con los acreedores,
detectar documentos relevantes, monitorizar información útil de boletines
públicos o para la gestión de concursos por los administradores.

Otra figura en la que
confluyen el tsunami concursal, la necesidad de descongestión y el
desconocimiento de las medidas existentes, es la del convenio. Es el fin
querido por ley y jueces para salvar tejido empresarial. Sin embargo, muchos deudores no comprenden las opciones
disponibles y llegan tarde al concurso por un autodiagnóstico equivocado
,
lo que hace que ese final del concurso mediante convenio resulte poco común. La
innovación legal podría también ayudar en ello.

En definitiva, y al margen de
parches legislativos y transposiciones pendientes, la avalancha concursal es
inevitable. Nos encontramos en una nueva década y ante una nueva normalidad,
por tanto, quizá sea buena ocasión para afrontar una situación similar con
métodos y herramientas diferentes.

Source: econsulting

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“Gracias por unirse a Zoom. Está despedido”

Los ceses por videollamada
debilitan la protección del empleado y crean inseguridad jurídica en la empresa.
Según figura en el Estatuto de los Trabajadores, la comunicación del despido
tiene que ser por escrito.

George Clooney, en la
película Up in the air, interpreta a un gestor de despidos; un profesional al
que las compañías contratan para que asuma la tarea de comunicar a los
trabajadores su cese. Durante la notificación, protocolizada hasta el extremo,
contrasta la frialdad (e, incluso, el cinismo) del personaje interpretado por
Clooney con la angustia de un empleado que, sin embargo, se ve despachado en
apenas un par de minutos.

La combinación de la crisis
económica y el teletrabajo forzado ha provocado en los últimos meses escenas
similares en muchas empresas, con el agravante de que los despidos se han
tramitado a través de plataformas online. Este fue el caso, en mayo, de los
3.500 empleados de Uber que recibieron un mensaje en el que se les invitaba a
unirse a una videollamada por Zoom. En ella, la directora del servicio de
atención al cliente, Ruffin Chaveleau, les informaba de que habían tenido que
hacer grandes recortes y que ese sería su último día en el trabajo. Otra firma
estadounidense, WW Internacional, cesó de manera similar a 4.000 operarios.

En España, varias empresas
han seguido este ejemplo y, más allá de lo cuestionable que pueda resultar el
sistema, lo cierto es que la notificación online puede plantearles numerosos
problemas desde el punto de vista jurídico. Al contrario de lo que sucede en
los países anglosajones, en nuestra legislación no está permitido el despido
verbal. “El ordenamiento prevé unos
requisitos formales que deben cumplirse en todo momento
”, advierte Alfredo
Aspra. Estos vienen detallados en el Estatuto de los Trabajadores (ET) y son
tres: que la comunicación sea por
escrito; que se expliquen los motivos y la fecha del cese; y que se acredite la
notificación de la rescisión
.

Estos formalismos actúan como
garantías para el trabajador, que debe tener pleno conocimiento de la causa de
la extinción de su contrato. Además, le proporciona recursos para acudir a los
tribunales en caso de desacuerdo. Cuando el despido se hace telemáticamente,
coinciden los laboralistas consultados, estos requisitos difícilmente pueden
cumplirse, debilitando la protección del empleado y creando inseguridad
jurídica en la compañía. En este sentido se pronunció en 2018 el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura cuando declaró improcedente el cese
de una auxiliar de recepción, que fue comunicado a través de WhatsApp. Los
magistrados consideraron que los mensajes no cumplían con las condiciones
mínimas de formalidad, ya que no se le informaba de la causa concreta de la
expulsión.

No parece, por tanto, que
herramientas como Zoom o Microsoft Teams puedan servir para oficializar un
despido, “pero sí pueden utilizarse para comunicarlo verbalmente”, opina Aspra.

De hecho, el abogado agrega
que, en un contexto como el actual donde en muchos casos no es posible reunirse
físicamente, es mejor combinar ambos recursos (la carta que formaliza el fin
del contrato y la videollamada). “Humaniza,
dentro de lo posible, la mala noticia
”, frente a la frialdad de limitarse a
la comunicación por escrito. Álvaro San Martín, agrega otro elemento a tener en
cuenta ante un despido online: los tiempos.

En su opinión, la recepción
de la carta y la videoconferencia deben producirse casi a la vez para evitar
litigios posteriores. “Es arriesgado
anunciar un cese antes de oficializarlo, porque existen casos de trabajadores
que han empleado algunos trucos para blindarse
”. Según relata, se han
producido episodios en que el trabajador ha solicitado una reducción de jornada
o una baja de paternidad tras serle comunicado su despido. Y, después, en los
tribunales, “impugnan el cese alegando
que es una represalia por su petición
”. A este fenómeno se le conoce como
preconstitución de la prueba.

Ante la angustia de quedarse
sin empleo, las reacciones son muy diversas, también la picaresca, suscribe
Pere Vidal, laboralista. El letrado recuerda el caso de una trabajadora que
“presentía” que podía ser despedida y, al ser convocada para una reunión,
fingió un desmayo. “Como se encontraba indispuesta, la dejaron irse a casa.
Pero ella se dirigió a una oficina de Correos desde donde envió un burofax pidiendo
una reducción de jornada”.

Este tipo de pleitos, según
cuentan los abogados, suelen resolverse antes de llegar a juicio, con una
negociación entre trabajador y empresa en la que la solución suele pasar por
mejorar las condiciones del despido (básicamente, elevando la indemnización).
Ahora bien, si no hay acuerdo y terminan ante el juez, el litigio suele ser
bastante complicado porque no siempre hay pruebas de qué se produjo antes, si
la comunicación del cese o la petición del empleado.

Por ello, Vidal recomienda,
tanto a trabajadores como a compañías, recopilar documentalmente cada paso que
den, así como anotar qué testigos presenciaron las interacciones. En todo caso,
insiste en que la compañía debe actuar siempre con respeto a las garantías
legales y a los derechos del trabajador.

¿Grabar la videollamada con
el empleado sin su consentimiento podría considerarse ilícito? Pese a que pueda
parecer un exceso, lo cierto es que los jueces han admitido grabaciones ocultas
como prueba válida. En 2017, el TSJ de Asturias avaló que una compañía
presentara la cinta en la que se comunicaba el despido porque, según la
sentencia, al tratarse de una conversación de contenido laboral, no atentaba
contra el derecho a la intimidad de la trabajadora. Está por ver si este será
el criterio cuando lo que se presente sea una captura de Zoom y Microsoft
Teams.

 

MEDIOS TECNOLÓGICOS


El medio por el que se envía la carta para comunicar el despido a un trabajador también es relevante desde el punto de vista jurídico. El abogado Álvaro San Martín apunta que las vías tecnológicas como el correo electrónico suelen generar más problemas a las empresas que quieran reducir su plantilla, ya que no siempre cumplen con los requisitos mínimos de formalidad y no aseguran la recepción por parte del destinatario. “Lo mejor es hacerlo a través de una carta certificada o un burofax”, apunta San Martín. La única excepción en la comunicación digital del cese de actividad de un trabajador es el denominado correo electrónico certificado, avalado en numerosas ocasiones por los tribunales porque emite un acuse de recibo que permite garantizar que el mensaje ha sido leído.



Source: econsulting

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El ICAV advierte que los despidos por COVID en empresas en ERTE son improcedentes

Borja: «Veremos si la
jurisprudencia no declara alguno hasta nulo, pero hasta que no tengamos
jurisprudencia no lo sabremos»

La decana del Ilustre Colegio
de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, advierte que los despidos
por causas de COVID en las empresas que están acogidas a ERTE son
improcedentes. “Y veremos si la jurisprudencia no declara alguno hasta nulo,
pero hasta que no tengamos jurisprudencia no lo sabremos”, añade. “Si pueden
hacer despidos por causas objetivas, pero no por COVID, sino porque llevaran
arrastrando pérdidas desde antes de marzo, por ejemplo”, ejemplifica.

En la misma línea, indica que
las empresas que se acogieron a ERTE de fuerza mayor, en el que se aplicaban
bonificaciones, no pueden pagar ahora la Seguridad Social y salarios atrasados
para evitar mantener seis meses los puestos de trabajo, como obligaba el ERTE,
ya que sería improcedente. De la misma manera, en los ERTE por ETOP (por causas
económicas, técnicas, productivas o de producción) que se acojan a
bonificaciones -posible a partir de julio- también lo serían.

“A partir de julio, a los
ERTE por ETOP es posible aplicar bonificaciones, las empresas si quieren las
aplican o no. Si no las aplican, no tienen la obligación de mantener 6 meses
los puestos de trabajo. Solamente tienes la obligación de mantener los puestos
que tenias a 29 febrero si has aplicado las bonificaciones”, precisa. A este
respecto, matiza que sí que pueden haber despidos procedentes por causas
disciplinarias. “Lo que prohíbe es que hagas un despido por causas objetivas
por la misma causa que la COVID. Eso se convierte automáticamente en
improcedente”, subraya la decana.

En este contexto, indica que
hay empresas que hicieron ERTE por ETOP que ahora no quieren acogerse a las
bonificaciones para, cuando termine septiembre, poder decidir si hacen
despidos. Estas bonificaciones, detalla, serían del 60 % para los activados en
las empresas con menos de 50 trabajadores activados, y el 35 % a los
suspendidos. En las compañías con más de 50, los activados bonificarían un 40 %
de la Seguridad Social y los suspendidos un 25 %.

Así, señala que las que se
acojan a estos beneficios deberán mantener los empleos seis meses. “Hay
empresas que piden no aplicar la bonificación para ver cómo tienen el mercado y
los ingresos en septiembre y ver si tienen que amortizar algunos puestos de
trabajo. Otros creen que sí los podrán mantener y se aplican las
bonificaciones”, explica.

“Ahora se vuelve a la
normalidad. Se mantienen los los ERTE hasta septiembre, pero las empresas que
den trabajo se modifican más que por trabajadores que queden en el paro. En la
prórroga del ERTE, te dan un 60 % de bonificación a las empresas de menos de 50
trabajadores activos si están trabajando, y un 35 % a los que están en paro.
Bonifican más al que trabaja, porque quieren que se potencie rápido el retorno.
En las empresas de más de 50, a los activados les dan el 40 % de bonificación y
a los suspendidos el 25 %”, puntualiza Borja.

Source: econsulting

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La fragmentación europea y la pérdida de influencia franco-alemana pone en jaque los fondos de reconstrucción

Se endurecen los requisitos
de las ayudas para sumar a los ‘halcones’.

Pasaron los tiempos en los
que las cuatro grandes economías europeas ejercían un peso aplastante en la
toma de decisiones. El eje franco-alemán pierde influencia en un momento
crítico para la recuperación de la economía europea, aplastada por la pandemia
del coronavirus. Los diferentes grupos de intereses complicarán en la cumbre de
la próxima semana la aprobación de los fondos europeos para la reconstrucción,
la tabla de salvación para países como España o Italia.

La debilidad de Macron y la
recta final en la vida política de Merkel marcan el menor peso que ejerce ahora
el eje franco-alemán frente al grupo de los países denominados ‘frugales’, el
principal obstáculo para aprobar los fondos europeos que implican
transferencias directas de 500.000 millones de euros para impulsar la
recuperación de las economías más golpeadas por el covid-19.

Holanda, Austria, Dinamarca y
Suecia están demostrando su fortaleza a la hora de actuar como dique de
contención contra el flujo monetario que necesitan economías como España e
Italia.

El presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel, puso sobre la mesa este viernes un borrador negociador
para intentar salvar las enormes distancias que separan al bloque frugal del
Norte y los que piden más ambición en el Sur. El documento será la base para la
cumbre de los líderes europeos el próximo 17 y 18 de este mes. El belga llenó
el documento de guiños al Norte, para intentar hacer digerible el núcleo de la
propuesta de la Comisión, y que les resulta imposible tolerar: la concesión de
500.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido.

Para allanar el camino,
Michel recortó en unos 20.000 millones de euros el techo del presupuesto
comunitario para los próximos siete años, hasta los 1,07 billones de euros.

La principal concesión para
Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y algunos otros que forman parte de su órbita
fue el endurecimiento de las condiciones para acceder a la ayuda y la
supervisión del fondo.

Los planes de inversiones y
reformas que tendrán que presentar España, Italia y el resto de socios para
acceder a los fondos serán aprobados en función de su «coherencia con las
recomendaciones específicas de cada país, así como el fortalecimiento del
potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y
social del Estado miembro». La contribución a la transición verde y digital
será también un «requisito previo».

Michel admitió que lograr un
acuerdo sobre el punto de la gobernanza del fondo será «difícil»,
porque los Estados miembros tienen «una opinión totalmente diferente sobre
este tema». Pero pidió a todos los gobiernos que entiendan las
«limitaciones y sensibilidades» en cada Estado miembro «para
hacer posible el acuerdo» este mes. Un alto funcionario de la UE admitió
no obstante que las negociaciones serán «muy difíciles».

Además del estricto control y
supervisión del fondo, Michel también ofreció algunos ‘dulces’ a los frugales
del Norte. Mantendrán los llamados ‘cheques’, el dinero que se les devuelve
cada año de las arcas comunitarias para compensar el menor retorno que obtienen
del presupuesto comunitario.

La propuesta de Michel
modificó otros puntos. Retoca el mecanismo del reparto de parte de las ayudas a
fondo perdido, para que refleje más el impacto del coronavirus, tal y como
pedía un grupo importante de países.

También ofrece más claridad
sobre la creación de nuevos impuestos y tasas, tal y como solicitó el
Parlamento Europeo para dar su necesaria bendición al acuerdo. Y propone crear
un nuevo instrumento de 5.000 millones de euros para amortiguar el impacto del
Brexit.

Source: econsulting

Poradmin

Publicada en el BOE la ley que deroga el despidos por acumular bajas médicas

Esta ley deroga el artículo
52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía al empresario el despido
objetivo de un trabajador por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas
pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses
anteriores alcanzaran el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses
discontinuos en un período de 12 meses.

Tras la sentencia del
Tribunal Constitucional amparando esta fórmula, el Gobierno defendió esta
derogación, muy reclamada por los sindicatos. Aunque esta medida está en vigor
desde hace ya más de tres meses, al proceder de un decreto ley convalidado el
pasado mes de marzo por el Congreso. El ejecutivo decidió tramitar la
modificación legal como proyecto de ley, permitiendo así enmiendas de los
grupos para intentar modificarlo. Dicho proyecto pasó por el Congreso y el
Senado sin recibir modificaciones y el pasado 16 de julio se publicó en el BOE,
ya como ley.

Entre otras puntos, la ley recoge
que “el despido de personas enfermas no
solo entronca con el derecho a la no discriminación por razón de discapacidad,
como ha señalado en numerosas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), sino que también genera en la persona trabajadora que ve
extinguido su contrato una situación de gran vulnerabilidad profesional,
personal y social
”.

Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf


FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Las alternativas de las empresas al concurso de acreedores ante el Covid-19

Se pide a las empresas cuya
actividad sea viable que exploren todas las vías antes de acudir a la
liquidación de la compañía.

El impacto del Covid-19 ha
amenazado con poner en jaque las finanzas de las empresas. La caída en el
negocio provocada por el parón en la actividad, el aumento de la deuda debido a
las líneas de crédito solicitadas y una lenta recuperación de los ingresos
pueden llevar a dificultades económicas que arrastren a las compañías hacia la
insolvencia.

De hecho, según explican
fuentes auditoras a este diario, el foco en el ámbito de la verificación de
cuentas está puesto en los informes de auditoría correspondientes al ejercicio
de 2020. Y es que, los auditores alertan de la inclusión de párrafos de énfasis
y salvedades por las dudas que puede generar la continuidad como empresas en
funcionamiento debido al desplome de los indicadores contables.

Desde el despacho explican
que existen alternativas para reestructurar las empresas a tiempo sin necesidad
de acudir al concurso para poder salvar el negocio. “La explicación de que el
90% de las empresas que van a concurso no salgan adelante es que la mayoría son
muy pequeñas y tardan demasiado en tomar medidas, por eso muchas veces llegan
tarde, mientras que en las grandes compañías la gestión financiera está más
profesionalizada”, indica Guillermo Prada Luengo.

Además, puntualiza que las
cifras de negocio y los indicadores financieros caerán de forma generalizada,
pero las empresas que gozaban de una buena posición económica antes de la
crisis no sufrirán por mantener la continuidad de su actividad. “Las empresas
han pasado por dificultades temporales que son superables. Para las compañías
que ya estaban mal antes de la crisis la situación se agrava y nuestra
recomendación es ponerse en manos de un especialista contrastable”, añade.

El abogado explica que el
sistema español ofrece tres fórmulas a las que las empresas en situación de
insolvencia, o próximas a la insolvencia, pueden acogerse con el fin de
reflotarlas: el acuerdo de refinanciación, el acuerdo extrajudicial de pagos y,
finalmente, el concurso de acreedores.

Las empresas cuya actividad
es viable pero no pueden hacer frente a los pagos más inmediatos pueden
recurrir a dos mecanismos: el acuerdo de refinanciación y el concurso dirigido a
la aprobación de un convenio.

“Si los problemas de la
empresa están relacionados con los acreedores financieros y no tanto con su
funcionamiento operativo, la recomendación general es negociar con los bancos”,
explica Prada Luengo.

Por su parte, el acuerdo
extrajudicial de pagos puede ser un mecanismo utilizado por empresas siempre
que el volumen total de las deudas no supere 5 millones de euros. No obstante,
detalla que, debido a la complejidad del procedimiento, su coste y la
limitación de sus efectos, en la práctica tiene una escasa utilidad.

Por último, para empresas no
viables o que, por cualquier circunstancia, no prevean la continuidad de sus
actividades, la fórmula única es el concurso con liquidación.

Source: econsulting