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El fisco paga al contribuyente 270 millones anuales en intereses de demora

La factura emana de fallos en su contra y retrasos en las devoluciones.
La Agencia Tributaria lleva años batiendo récords de recaudación y, previsiblemente, volverá a superarlos en 2019, cuando se conozcan los datos definitivos en marzo. En paralelo, el fisco viene haciendo frente a una creciente ola de litigios por parte de contribuyentes que contestan sus actuaciones, también hasta cifras históricas. Más allá de salir perdiendo en cuatro de cada diez casos, la Agencia Tributaria está haciendo frente a una recurrente factura millonaria por el pago de intereses de demora.
En la mayoría de los casos, reconoce el propio fisco, estos intereses se originan por resoluciones administrativas o sentencias judiciales desfavorables, así como por retrasos en las devoluciones del IRPF, por ejemplo. En otras ocasiones, más anecdóticas, ocurre como resultado de ingresos duplicados o devoluciones derivadas de rectificaciones de autoliquidaciones a ingresar, aunque Hacienda no sea responsable directa.
De esta forma, según los datos oficiales disponibles, el fisco ha tenido que abonar 1.091 millones de euros en intereses de demora entre 2015 y 2018, a razón de 270 millones de media anual. En concreto, fueron 345 millones en 2015, 274 en 2016, 237 en 2017 y 236 en 2018. El fisco matiza que los datos de algunos ejercicios han podido verse afectados por determinados abonos extraordinarios que desvirtúan la tendencia de la serie.
La Agencia Tributaria trata ahora de reducir el importe de dicha factura, tal y como recoge su reciente plan estratégico para el periodo 2020 a 2023. “El pago de intereses a contribuyentes viene impuesto por normativa legal [es del 3,75%], pero resulta un campo de mejora por parte de la Agencia Tributaria”, recoge el documento, que apunta a que “la reducción en los intereses abonados no es sino un exponente de una mayor calidad en la prestación del servicio por la Agencia Tributaria al agilizar la gestión de las devoluciones a los contribuyentes”.
Este objetivo entronca con el convencimiento del director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, de que el fisco tiene que tratar de reducir la creciente judicialización de sus actuaciones, así como mejorar las mismas para rebajar el porcentaje de fallos y resoluciones en contra de las arcas públicas. “En la medida en que la calidad de los actos administrativos y de su motivación permita incrementar los porcentajes de estimación de recursos y reclamaciones a favor de la Agencia, el importe de los intereses de demora a satisfacer se reducirá”.
Últimos datos
Los últimos datos de los Tribunales Económico-Administrativos, paso previo obligado para el ciudadano que recurre las decisiones de Hacienda antes de llegar a los tribunales judiciales, indican que en 2018 se resolvieron 216.139 litigios de este tipo. El 40,7% de los dictámenes fueron favorables, al menos parcialmente, al contribuyente, frente al 48,9% en que llevaba la razón la Agencia Tributaria o el 10,3% que se cerraron por desistimiento o archivo, entre otras causas. El propio Gascón apunta la necesidad de atajar esta situación, en vista, además, de que de los 40.000 millones de euros pendientes de cobro por el fisco, unos 12.000 millones, están bloqueados a la espera de una resolución judicial.
Pese a ello, el plan estratégico de la Agencia Tributaria defiende que el nivel de conflictividad relativa puede considerarse bajo en España si se tiene en cuenta el enorme volumen de actuaciones que no sufren contestación alguna. Así, de los 18 millones de actos emitidos por la Agencia Tributaria en el año 2018, solo 327.871 fueron objeto de algún tipo de recurso, lo que equivale a un 1,82% del total.
Desde la asociación de asesores fiscales Aedaf opinan, por contra, que aunque la contestación relativa sea baja, el elevado porcentaje de resoluciones favorables al contribuyente demuestra que las actuaciones de la Agencia Tributaria distan de la excelencia. El fisco, en cualquier caso, se ha propuesto mejorar sus ratios en los próximos años y rebajar la factura que abona en intereses de demora.
EL RETO DE MEDIR LA ECONOMÍA SUMERGIDA
Un 11,2% del PIB. El plan estratégico de la Agencia Tributaria para el periodo 2020 a 2023 apunta como uno de sus objetivos fundamentales la lucha contra el fraude y la elusión fiscal; si bien, subraya los “importantes problemas metodológicos” y “riesgos y limitaciones” que acompañan a los intentos de cuantificar el tamaño de la economía sumergida. Tomando como referencia el célebre estudio anual del economista Friedrich Schneider para FMI, en 2018 el tamaño de la economía sumergida española suponía el 11,2% del PIB, una cifra muy inferior a la que se maneja habitualmente en los foros sobre este asunto. A partir de ahí, el fisco matiza que es un “error de concepto” comparar esta magnitud con el PIB, pues la presión fiscal es de solo el 35,2%. También subraya que solo el 60% de la economía sumergida es susceptible de tributar, ya que buena parte está compuesta de actividades ilegales que en ningún caso pagarían impuestos. La cifra se reduciría por tanto al 2,36% del PIB. Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria gestiona el 50% de los ingresos tributarios (el resto es de comunidades y entes locales), la cifra que debería perseguir sería el 1,18% del PIB, unos 14.160 millones, sostiene cauto el fisco en este ejercicio hipotético.
FUENTE: CINCODÍAS

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Capacidades, estrategia y complejidad de la empresa familiar

La empresa familiar supone nada menos que el 89% del tejido económico español, o lo que es lo mismo, 1.100.000 empresas familiares que ocupan al 67% de la población activa del sector privado y representan el 57% del PIB, según los datos publicados por el Instituto de la Empresa Familiar.
Su peso en la economía es la razón por la que se les aplica un régimen especial, tanto mercantil como contable y fiscal. Pese a ser una preocupación histórica y contar con normativa específica, la gestión patrimonial y fiscal de las empresas familiares continúan siendo una asignatura pendiente para los organismos regulatorios y poderes ejecutivos desde hace más de dos décadas, debido sobre todo a la dispersión de normas y a los no infrecuentes cambios normativos.
Los grandes retos
A la complejidad de los inconvenientes regulatorios, la empresa familiar debe sumar la problemática de su propia gestión interna que pasa en primer lugar porque haya comunicación entre todos los miembros de la familia. Todos sabemos lo delicadas que pueden llegar a ser las relaciones familiares y si a esa relación añadimos el componente profesional, encontrar el equilibrio entre familia y empresa puede llegar a ser altamente complicado.
Minimizar o anticiparse a la aparición de conflictos es la asignatura pendiente de muchas empresas familiares. Además, es conveniente diseñar una estrategia que permita al empresario optimizar su cartera financiera y patrimonial y, quizás, separarla de su patrimonio empresarial para aislar, en la medida de los posible, los riesgos empresariales de los patrimoniales. La planificación sucesoria también es importante para que la empresa familiar sobreviva a las diferentes generaciones y se gestione por aquellos familiares que desean continuar con la actividad. No debe descartarse la venta de la compañía si el empresario detecta que las siguientes generaciones no desean recoger el testigo del relevo.
Conocer el origen de los problemas nos permite facilitar soluciones antes de que estos afloren. La anticipación es la clave. A este respecto, existen herramientas legales, como el testamento, el protocolo familiar, los pactos de accionistas y los mismos estatutos de la sociedad que permiten fijar las reglas del juego en las relaciones entre los accionistas.
La regulación fiscal
Al reto de la gestión corporativa se une la legislación fiscal, cambiante en los últimos tiempos y y tendente a incrementar la presión fiscal, no solo sobre las sociedades, también sobre sus accionistas. Sería deseable en todo caso que los gobiernos, con independencia de su signo político, mantuvieran los beneficios fiscales de las empresas familiares, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones Donaciones.
En todo caso, es necesario estar pendiente de las novedades que se puedan producir para adaptarse en la medida de lo posible. En este aspecto la figura del asesor fiscal es muy relevante. Cualquier decisión empresarial tiene consecuencias en el ámbito de la fiscalidad. En este contexto, la planificación de los impuestos y una correcta organización empresarial, junto
Con un buen asesoramiento, se hacen indispensables para preservar el equilibrio familia-empresa y asegurar la continuidad y crecimiento del negocio. De igual forma, la correcta administración del patrimonio familiar es de vital importancia, la preservación del patrimonio familiar debería ser el principal objetivo, ya que el riesgo lo corren las familias con su actividad empresarial.
FUENTE: ECONOMÍA 3

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El coronavirus, el Gobierno y las empresas

La expansión del coronavirus por Europa y especialmente el contagio en España, con casos que se multiplican a diario y varios fallecidos, está abriendo muchos debates sociales, y uno de gran calado es, sin duda, cómo se debe actuar en el ámbito laboral en relación al Covid-19, pues bien en este contexto el ministerio de Trabajo lanzó una guía del papel de las empresas y como deberían actuar: “Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”.
En caso de detectarse un caso de coronavirus en una empresa, la guía recomienda “informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo” y “adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo”. Si bien la ministra de Trabajo resaltó que el cierre de las empresas es una “medida extrema” que está prevista en la ley de Prevención de Riesgos Laborales para “situaciones de muy elevado riesgo”
La guía, también aclara cómo aplicar el teletrabajo y detalla instrucciones sobre higiene, recomendando a las empresas adoptar medidas organizativas o preventivas que temporalmente “eviten situaciones de contacto social”. Además, de señalar el deber de las compañías de proteger a sus plantillas y, siguiendo las indicaciones de prevención de riesgos, se inclinan por informar sobre instrucciones higiénicas (ventilar, lavarse las manos, no compartir objetos) y proporcionar el material necesario.
Desde CEOE y Cepyme califican de grave error la guía de actuación de Trabajo por coronavirus, los representantes de la patronal lamentan que se le diera difusión a una publicación sin tan siquiera comentarla con los agentes sociales, ya que creen que la decisión de Trabajo genera alerta y confusión al no corresponder con la evaluación del riesgo efectuada por el Ministerio de Sanidad. Según aclara la patronal en su comunicado, los empresarios trabajan desde hace semanas en la prevención y contención del riesgo de contagio de la mano del Ministerio de Sanidad y en coordinación con el resto de los interlocutores sociales y otros agentes al tratarse de un asunto de salud pública.
La Guía explica que si alguna empresa afectada por el coronavirus paraliza su actividad sin tramitar un ERTE, los empleados conservarán el derecho a su salario. Y, en el caso de que el ERTE sea por fuerza mayor (aislamiento forzoso o cierre por decisión de la autoridad sanitaria) será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral. Si el ERTE se justifica por causas organizativas, técnicas o de producción (falta de suministros o descenso de la demanda) se deberá tramitar conforme a los mecanismos previstos en la ley. Por su parte fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que, si se agrava la propagación del virus, estudian que el tiempo de la prestación de paro consumida por una suspensión temporal del contrato no compute y, por tanto, no se le acabe restando al trabajador. Contador a cero para los afectados por un ERTE.
Desde Moncloa han corregido al Ministerio de Trabajo, señalando que las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España están organizadas por el Ministerio de Sanidad en «coordinación total entre las distintas administraciones del Estado». Desde Moncloa han explicado que todo el Ejecutivo «sigue las indicaciones concretas» del Ministerio de Sanidad.
Por otro lado María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, ha señalado que el Ejecutivo estudiará implementar ayudas fiscales o deducciones a las empresas si el coronavirus se prolonga en el tiempo e impacta en la economía. Aclarando que se podrían poner en marcha medidas económicas parecidas a las que ha adoptado el Gobierno italiano para ayudar a las empresas a reducir el impacto económico que causaría el coronavirus en el crecimiento del país.
Desde las empresas cada día se ven obligados a afrontar los problemas que están empezando a impactar en su actividad habitual, afectadas por los protocolos de seguridad que marcan las autoridades sanitarias. Decenas de empresas reconocen ya este tipo de problemas. Y muchas de ellas están empezando a instaurar el teletrabajo como es el caso de La consultora EY que al reportar un caso positivo de coronavirus en su sede de Madrid decidió enviar a los 3.100 empleados de esas oficinas a teletrabajar en casa. O, la multinacional Indra que cerró de forma temporal dos de las once plantas del edificio que tiene en Barcelona, en el distrito 22@, después de conocer que dos empleados de este centro están afectados por el coronavirus. Igualmente el BBVA optó ayer por trasladar a alrededor de un centenar de trabajadores de un área de negocio “muy crítica” para la entidad, de la Ciudad BBVA a la que tiene en Las Rozas como medida de prevención ante la expansión del coronavirus.
FUENTE: ADADE CENTRAL

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¿Puedo demandar a mi empresa si contraigo el coronavirus en el trabajo?

Las empresas no están obligadas a implantar el trabajo a distancia para evitar el contagio por coronavirus. En una situación como la actual, en la que el coronavirus se ha colado en las compañías de la mayor parte de los países europeos es natural que los empleados tengan dudas sobre cómo actuar.
En un mundo cada vez más global, son miles los trabajadores españoles para los que el avión es una extensión de su oficina. Ahora bien, en una situación como la actual, en la que el coronavirus señala en el mapa los países más afectados por la epidemia, muchos trabajadores pueden plantearse si volar en este caso.
Pero, ¿depende de ellos esta situación? «En principio, salvo que las autoridades establezcan restricciones para viajar a un país determinado, la empresa puede exigir al trabajador la realización de los viajes que fueran necesarios», explica Esperanza Alcaraz, abogada.
Por su parte, Virginia del Corral, letrada, apunta que cuando se viaje a países con riesgo de grave e inminente contagio «el empresario deberá prevenir o evitar el mismo». Asimismo, en zonas tan peligrosas como Wuhan, en China, ya hay protocolos que impiden el acceso, y en otras regiones las autoridades sanitarias han emitido recomendaciones que deberían tenerse en cuenta.
«El trabajador únicamente podría negarse a viajar si la orden fuese ilegal, atentase contra su dignidad, fuese abusiva o pusiese en peligro su seguridad o integridad física», apunta Carlota Sotomayor, experta en estos temas.
Además del asunto de los viajes de trabajo, existen otras dudas, como las siguientes:
¿Puedo demandar a la compañía si enfermo en sus instalaciones? Hasta el momento ningún tribunal ha considerado como enfermedad profesional la gripe común. Por lo tanto, parece poco probable que prosperase una demanda contra la empresa por este motivo. Aunque, llegado el caso, y acreditado que el contagio fue en la empresa, se puede considerar como enfermedad o accidente laboral en caso de fallecimiento.
¿Debo informar a la empresa si tengo los síntomas del coronavirus? No existe obligación de informar al empresario sobre el estado de salud al formar parte de la intimidad del trabajador. Pero al tratarse de una enfermedad contagiosa, entran en juego derechos fundamentales de otros compañeros, por lo que se podría obligar a someterse a un reconocimiento médico.
¿Puedo acusar de mobbing a la empresa si me aísla por acudir a trabajar con tos o fiebre? «Nunca corresponde a la empresa aislar a un trabajador, sino que la misma puede exonerar al empleado de prestar servicios e invitarle a ir al médico», explica Juan Antonio Linares, abogado.
¿Pueden sancionarme si me niego a ir a una reunión con un cliente sabiendo que ha estado expuesto al virus? «Se trata de una situación poco probable, pero el trabajador podría alegar en su favor el ‘derecho de resistencia’ ante un temor fundado de sufrir un daño a su salud, siempre y cuando existieran elementos que objetivamente pudieran justificar la desobediencia del trabajador», explica David Isaac Tobía, socio director de un despacho de abogados de Barcelona.
FUENTE: EXPANSIÓN

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La conflictividad de la jornada laboral ‘a la carta’

Hace un año que se aprobó el RDL 6/2019 aprobó el RDL 6/2019, en marzo del 2019, dando lugar a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y creando un nuevo escenario en materia de jornada laboral, los trabajadores que necesiten conciliar mejor su vida familiar podrán solicitar un cambio en su jornada e incluso teletrabajar, tal y como dispone el nuevo artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Esto implica cambios de turnos, flexibilidad horaria, cambio de horarios, etc.., y además, manteniendo sus condiciones económicas, a diferencia de la norma anterior.
El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, en su primer párrafo, al regular la jornada laboral a la carta establece que:
“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral” y a continuación especifica que, “en el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años”.
El empleado que lo vaya a solicitar, podrá hacerlo con diferentes opciones:
Adaptación de la duración de jornada, en adición a la posibilidad de reducir jornada por cuidado de menores, etc. (artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores), ahora se puede acceder a una reducción sin motivo concreto.
Distribución de la jornada y ordenación del tiempo de trabajo, ya sea cambio de turno, flexibilidad de inicio o fin, jornada irregular, etc.
Forma de prestación, incluyendo expresamente la posibilidad de trabajo a distancia algunas horas o días.
A lo largo de este año muchas y variadas han sido las demandas en los juzgados por este motivo en los casos en que las negociaciones entre empresa y empleado no han llegado a buen termino. Para algunos expertos el teletrabajo ha llegado para quedarse, ya hay sentencias que lo favorecen, y animan a que sean las empresas las que lo favorezcan. Ya que los trabajadores lo valoran y los jueces son más tendentes a concederlo. Además, el hecho de que la empresa posibilite el teletrabajo en sus plantillas juega a su favor en los litigios por no conceder un cambio de jornada.
Sin embargo las empresas podrán negarse al cambio de jornada cuando el horario solicitado por el trabajador tenga un impacto negativo en la producción de la empresa y en la actividad general de la empresa, una vez aportadas las pruebas que así lo demuestren y un análisis serio de dicho perjuicio en la actividad, también podrán argumentar su negativa cuando la petición sea irracional o desproporcionada, como sería el caso de pedir un horario para conciliar la vida familiar, que ni siquiera es compatible con llevar o recoger a hijos del colegio.
El juzgado de lo social número 1 de Bilbao, emitió una sentencia el 6 de febrero de este año, determinando que una empleada no puede tener sin más un horario nuevo fuera de la jornada pactada inicialmente tras habérsele concedido con anterioridad una jornada reducida para atender sus obligaciones familiares y cuidado a menores.
En este caso, «se desestima la demanda al entender que, entre la situación vigente cuando solicitó la reducción y la actual, no hay cambio de circunstancias personales que justifiquen la adaptación fuera de su jornada». Ya que, en ningún momento la demandante alegó una circunstancia que justificara la nueva necesidad: que hubiera cambiado el horario escolar del menor, que el padre tuviera nuevos turnos o que ella misma careciera de recursos personales para atender a su hijo en determinados momentos, entre otros.
El fallo señala que, para que pueda haber una jornada a la carta es necesario que cualquiera de esos cambios tenga un «carácter relevante». El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores determina que «las adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora».
FUENTE: ADADE CENTRAL

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Garamendi cree que si se malinterpreta la guía de Trabajo pondría patas arriba la producción

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que determinadas interpretaciones de la guía elaborada por el Ministerio de Trabajo para frenar la expansión del coronavirus podría «poner patas arriba el sistema productivo español».
En una entrevista en Cope, Garamendi ha defendido que la posibilidad de que un trabajador decida a su «libre albedrío» abandonar su puesto de trabajo si cree que puede padecer la enfermedad -una circunstancia que la guía limita a casos con «riesgo grave e inminente de contagio»- pone «patas arriba» el sistema productivo.
Asimismo, ha criticado la sugerencia de recurrir al teletrabajo porque no es posible en sectores como la hostelería o la industria, en cuyo caso «paralizarían el país».
Garamendi ha afeado que la guía genera «una alerta y confusión que no corresponde con la valoración del Ministerio de Sanidad» y ha insistido en que «los ministerios tienen que ir coordinados».
Con respecto al posible impacto de la crisis del coronavirus en el crecimiento económico, el presidente de la patronal se ha limitado a señalar que es pronto para hacer cálculos, ya que antes es necesario valorar «hasta qué punto nos va a afectar».
Garamendi ha criticado, en otra entrevista en Onda Cero, que el Ministerio de Trabajo no haya convocado previamente a patronal y sindicatos, «que somos los que sufrimos el tema» y que no se haya coordinado con los departamentos del Gobierno como el de Sanidad y el de Economía, con los que la CEOE está en contacto.
Además de por las formas, ha manifestado su malestar por el contenido de la guía, en la que se ha hecho un «corta-pega» con el que «se genera alerta y no se resuelve nada».
«Hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando desde el punto de vista del turismo, hay hoteles en los que caen las reservas por este tipo de noticias», que también pueden llevar a pensar que hay «falta de suministros a las empresa», ha dicho.
El Ministerio de Trabajo publicó el pasado miércoles una «Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus», en la que establece la paralización de la actividad laboral en un centro de trabajo debería adoptarse si existe un peligro «grave, inminente e inevitable» de contagio.
Las empresas, no obstante, deberán cesar la actividad cuando las autoridades sanitarias aconsejen el cierre por razones de cautela, lo que se consideraría una causa de fuerza mayor.
Los empresarios califican la guía de «grave error»
La CEOE y Cepyme ya mostraron ayer su disconformidad con la guía mediante un comunicado. Las patronales consideran que el Ministerio de Trabajo y Economía Social comete un «grave error» al difundir una guía de actuación en el ámbito laboral en relación con la epidemia del coronavirus.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales cree que la decisión de Trabajo genera alerta y confusión al no corresponder con la evaluación del riesgo efectuada por el Ministerio de Sanidad.
El Ministerio de Trabajo transmitió este miércoles a las empresas que la paralización de la actividad laboral en un centro de trabajo debería adoptarse si existe un peligro «grave, inminente e inevitable» de contagio del coronavirus, y aclaró que la interpretación de la situación de riesgo debe ser «restrictiva».
Las empresas, no obstante, deberán cesar la actividad cuando las autoridades sanitarias aconsejen el cierre por cautela, lo que se consideraría una causa de fuerza mayor, según consta en la «Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus», elaborada por el Ministerio.
La patronal añade que la decisión de Trabajo no ha contado con la participación de las empresas ni de los sindicatos a pesar de que lo había solicitado previamente, lo que contribuye según la patronal a una mayor incertidumbre.
Los empresarios, según la patronal, trabajan desde hace semanas en la prevención y contención del riesgo de contagio de la mano del Ministerio de Sanidad y en coordinación con el resto de los interlocutores sociales y otros agentes al tratarse de un asunto de salud pública.
El ministerio desoye a los interlocutores sociales y deja al margen la necesaria protección de las empresas en un momento trascendente, añade la CEOE, al publicar documento durante la tarde sin ni siquiera habérselo comunicado previamente a las organizaciones que conforman el diálogo social.
El documento de Trabajo no aporta ninguna novedad para garantizar la salud de los trabajadores ni para minimizar el impacto en la actividad económica, según la CEOE, que opina que se limita a la transcripción de normas y procedimientos poco adecuados para hipotéticas situaciones de urgencia por razones de riesgo de salud pública.
Tampoco responde, añade la fuente, a los supuestos de caída repentina de la actividad o falta de suministros que ya están afectando a numerosos sectores y empresas, por lo que la CEOE pide urgentemente que se tomen medidas excepcionales para proteger a las empresas en esta situación en el diálogo social y en coordinación con todos los ministerios competentes.
El cierre de las empresas es una «medida extrema» que está prevista en la ley de prevención de riesgos laborales para «situaciones de muy elevado riesgo», declaró en el Congreso de los Diputados la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
«Esperemos que no tenga que llegar a aplicarse, pero el Gobierno tiene que prever todas las situaciones (…) mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada», dijo la ministra.
La guía recuerda que, dentro de la normativa laboral, existe la posibilidad de recurrir al teletrabajo y a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) para reducir o suspender total o parcialmente la actividad de la empresa si fuera necesario.
La guía aclara que si alguna empresa afectada por el coronavirus paraliza su actividad sin tramitar un ERTE, los empleados conservarán el derecho a su salario.
En el caso de que el ERTE sea por fuerza mayor (aislamiento forzoso o cierre por decisión de la autoridad sanitaria) será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral.
Si el ERTE se justifica por causas organizativas, técnicas o de producción (falta de suministros o descenso de la demanda) se deberá tramitar conforme a los mecanismos previstos en la ley.
El teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual con carácter temporal y extraordinario para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, pero tendrá que revertirse cuando dejen de concurrir las circunstancias excepcionales que lo aconsejaron.
La guía hace asimismo hincapié en que la empresa debe adoptar las medidas que indiquen los servicios de prevención, de acuerdo con la evaluación de riesgos, informando de las medidas higiénicas y proporcionando los productos y elementos adecuados para seguirlas.
FUENTE: EXPANSIÓN

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Allinial Global, asociación a la que pertenece ALARIS (Grupo ADADE/ E-Consulting) se ha convertido este año 2020 en la segunda mayor asociación de contabilidad del mundo

Tal y como ya anunciamos el pasado mes de enero, ALARIS (GRUPO ADADE) ha pasado a formar parte, desde el 1 de enero del 2020, como miembro de pleno derecho, de ALLINIAL GLOBAL, una asociación de miembros, dedicada al éxito de las empresas de contabilidad y consultoría independientes, fundada en 1969. Esta afiliación estratégica de firmas de contabilidad legalmente independientes tiene la misión de fomentar la independencia, la rentabilidad y la mejora continua de sus miembros. Gracias a la incorporación de ALARIS (GRUPO ADADE) en la Red ALLINIAL GLOBAL, todos los despachos y sus clientes de la Red ADADE/E-CONSULTING dispondrán de las ventajas de pertenecer a dicha importante red internacional, ahora la segunda del ranking mundial.
Elevar el listón ha sido un tema clave para Allinial Global en los últimos años, y este importante hito refleja el notable éxito de la asociación y su capacidad para encontrar el equilibrio entre una rápida expansión con un enfoque en la calidad y el servicio al cliente. Desde su rebautizo de marca como Allinial Global en noviembre de 2015, con ingresos inferiores a 2.000 millones de dólares, menos de 100 miembros y presencia en sólo 15 países, Allinial Global ha alcanzado ahora los 4.111 millones de dólares en ingresos colectivos y ha aumentado su número de miembros a 229 empresas de contabilidad y consultoría independientes que representan a 76 países alrededor del mundo.
En medio de este crecimiento excepcional, Allinial Global sigue cosechando el reconocimiento internacional por su liderazgo progresista y su enfoque innovador centrado en el cliente. Nombrada la Asociación del Año 2018 y la Asociación Rising Star 2019 por el International Accounting Bulletin, Allinial Global cerró el año de su 50º aniversario con la mirada puesta en el futuro y en un montón de iniciativas emocionantes que aún están por venir en 2020.
«Nuestra meta no era sólo ser ‘grande’. Nuestro crecimiento es el resultado de una estrategia deliberada, y lo que es más importante, su consecución. Gracias a los esfuerzos y dedicación del equipo de Allinial Global, no sólo estamos teniendo éxito, sino también estamos cambiando el sector. Es por lo tanto, no sólo un placer, si no un honor ver que nuestra visión de un modelo impulsado por los miembros y centrado en el cliente se hace realidad», señalaba Terry Snyder, Presidente y Director General de Allinial Global.

De Izq a dcha, Terry Snyder, Presidente y CEO de Allinial, Rosa Majó de Adade Central, José Luis García Núñez Presidente del Grupo ADADE y Chris Robinson, EMEIA Regional Market Director de Allinial, durante la reunion que mantuvieron el pasado mes de octubre en Budapest

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Las claves para entender la sentencia de las tarjetas 'revolving'

Las tarjetas revolving son aquellas que no contemplan como forma de pago la opción de pagar todo lo gastado el mes siguiente sin intereses, solo permiten aplazar las compras en las cuotas que elija el usuario de la tarjeta, lo que conlleva una serie de intereses que vendrán especificados en el contrato de la tarjeta, estas tarjetas están sujetas a intereses superiores a la media de los préstamos tradicionales. 
El titular de estas tarjetas revolving tiene dos opciones de pago: pagar un porcentaje determinado del dinero cada mes, o elegir una cantidad fija para desembolsar en las mensualidades que necesite, y según se vaya pagando el dinero, se irá recuperando “la línea de crédito”, vienen a ser un crédito de consumo que se instrumenta a través de ellas, siempre dentro de los límites que establecen los contratos firmados. De ahí el nombre de revolving (‘giratorio’ en inglés).
Pues bien el Tribunal Supremo, en el contencioso abierto sobre si este tipo de tarjetas conllevaban o no usura por parte de los bancos, ha dictado una nueva sentencia donde se precisa los criterios que deben aplicarse para considerar que los intereses de este tipo de préstamos son usurarios y, por tanto, nulos.
En esta sentencia, el Tribunal Supremo declaró «usurarios» los préstamos revolving que cobren mucho más del 20% tras rechazar el recurso que interpuso WiZink, el banco más afectado por estas reclamaciones, la tarjeta comercializada por WiZink Bank tiene una TAE inicial del 26,82%.
ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros) ya advirtió que este tipo de tarjetas puede llevar a los consumidores a una espiral de endeudamiento y que superaban ampliamente el precio de mercado. Según esta asociación la tasa anual equivalente media (TAE, que incluye no solo el tipo de interés nominal sino también comisiones y gastos) de las tarjetas revolving es del 25,2% por financiar compras y del 29,63% por disponer de efectivo en cajeros o en cuenta corriente.
El artículo 1 de la Ley de Usura, que data de 1908, determina como nulo cualquier contrato de préstamo, extensible a un crédito, en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de una situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Ya se refirió a esta ley la anterior sentencia del Supremo del 25 de noviembre de 2015, por la que se declaró nulo un préstamo del Banco Sygma Hispania a un interés del 24,5% más otro 4,5% por demora.
Tras este nuevo fallo en contra del Supremo es previsible que se disparen las reclamaciones y por tanto los bancos que las han comercializado es posible que tengan que hacer dotaciones para cubrir los riesgos legales. Para algunas plataformas de reclamación frente a abusos bancarios “con esta sentencia, los afectados por tarjetas revolving a los que se les aplicase un interés usurario, siguiendo lo establecido por el Tribunal Supremo, tendrán derecho a reclamar las cantidades abonadas de más hasta la fecha”.
FUENTE: ADADE CENTRAL

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El temor al plan fiscal del Gobierno dispara las donaciones en España

En regiones gobernadas por PP y Cs, la demanda aumentó el 77%. Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia, sin rebajas fiscales.
El temor a que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe interviniendo, y por tanto gravando los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, como es el caso de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, ha provocado una avalancha de consultas a los despachos de abogados para informarse del modo de transmitir el patrimonio familiar a través de una donación, y sin tener que llegar al momento de la herencia. Solo en las CCAA gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, sumándose a ellas Cantabria, las donaciones han aumentado en un 76,97% hasta el último trimestre de 2019.
Así lo constatan informes de la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, y lo manifiesta la estadística del Colegio Nacional de Notarios, reflejando que, desde 2018 hasta el tercer trimestre de 201,9 se observa un claro incremento de las donaciones en España, especialmente en comunidades como Andalucía -donde aumenta hasta un 265%-, Murcia, Canarias, Cantabria o La Rioja. Ahora bien, en líneas generales, entre las que suben y las que se quedan prácticamente igual, el incremento es del 6%.
Es especialmente llamativo el aumento de donaciones que se registra en la comunidad andaluza, que pasa de 4.999 en 2018, a, 13.290 en los primeros nueve meses del año 2019 (un 265%). Andalucía ha sido precisamente una de las comunidades más castigadas por el impuesto de Sucesiones, hasta el punto de que en 2018 eran 62.177 personas las que renunciaban a sus herencias, frente a los 45.328 que lo hicieron en 2019.
En los tres primeros trimestres del 2019 se ha producido una reducción en el número de renuncias a las herencias, que alcanza el 3,48%
Es en este periodo cuando se produce un cambio de Gobierno, tras 37 años de Ejecutivo Socialista, parando a una administración en manos del PP y de Cs, y cuando tiene lugar un cambio normativo, con bonificaciones del 99% tanto en Sucesiones como en Donaciones, lo cual se ha traducido en un mayor número de donaciones, y en uno menor en renuncias a las herencias, así como a la aceptación de herencia a beneficio de inventario.
Salvo Valencia, que tiene bonificado Sucesiones al 50% y en donaciones, que no tiene nada, en el resto de comunidades donde crecen las donaciones prevalece un sistema de bonificaciones del 99%, excepto Cantabria, que llega al 100%. Ni que decir tiene que entre ellas hay gobiernos de distintos signo político, si bien son la mayoría de regiones gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos donde más bonificados están estos impuestos.
La mayoría de bonificaciones en Sucesiones y Donaciones vienen de las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos 
De la estadística del Colegio Nacional de Notarios también se colige que son Extremadura, Baleares, Asturias y Cataluña donde menos crecen las donaciones con respecto a 2018. Estas comunidades se rigen por un sistema impositivo de Sucesiones y Donaciones sin bonificación alguna, excepto el caso catalán, que bonifica al cónyuge en el impuesto de Sucesiones, pero a partir de ahí bonifica con porcentajes que aplica a un tramo de base imponible. Pero en donaciones carece de rebajas fiscales.
Entre algunos de los expertos consultados, hay sospechas de que una próxima armonización fiscal, por parte del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero -como viene anunciado desde 2018-, acabe con las competencias de las Comunidades Autónomas que les permite aplicar sus propios impuestos, como recoge la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.

El debate
En España existe un debate entre los partidarios de la armonización fiscal -como en líneas generales es la postura oficial de las formaciones de izquierdas-, y de todo lo contrario, a rebajar impuestos, especialmente los que gravan el patrimonio que un individuo ha ido acumulando y que, tras su fallecimiento, se transmite a sus familiares.
Los críticos censuran el cambio de residencia para que los herederos tributen menos
En la actualidad, en la Unión Europea Sucesiones y Donaciones está siendo eliminado progresivamente. Permanece en 11 de los 28 países que la conforman, y en 16 ha desaparecido. España, se encuentra entre los que conservan este tributo, con un impacto sobre el PIB del 0,2%.
En el estudio de 50 años de evolución impositiva, la Asociación Española de Asesores Fiscales se abona a la doctrina de que, si bien el uso que las Comunidades Autónomas hacen de sus tributos no es objeto de inconstitucionalidad hasta el momento, sí que ha dado lugar a que la imposición en materia de sucesiones y donaciones haya pasado a ser una fuente de desigualdad.
Profundizando en esa desigualdad, subrayan que son ya muchos los casos en España de contribuyentes que trasladan su residencia habitual, buscando una menor tributación para sus herederos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En su opinión, el tema es preocupante, porque esta posible deslocalización causa daño no solo a este tributo, sino sobre todo en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
Es, precisamente, en la sobreimposición con el IRPF, con el impuesto de Patrimonio, o sobre Bienes Inmuebles donde nacen criticas de reputados fiscalistas.
César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, cuestiona la compatibilidad de este impuesto con el principio de capacidad económica, remarcando el carácter desmesuradamente extenso de su hecho imponible, al gravar todo incremento patrimonial. Autores como Simón Acosta no encuentran justificación a este impuesto. A su juicio, la capacidad económica para contribuir se tiene por poseer patrimonio, pero no por morirse.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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Trabajo fija como prioridad acabar con los falsos autónomos

La ministra quiere delimitar el espacio entre el trabajo por cuenta propia y ajena.
Reforzar las labores de inspección para eliminar los falsos autónomos. Esa es una de las prioridades que se ha marcado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz para los próximos meses, que también ha incluido en su agenda de trabajo el avanzar en la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según un comunicado de la Agencia EFE.
Y es que, según ha manifestado la propia ministra, el modelo laboral dominado por la precariedad “y la rotación laboral extrema es inaceptable”. Es por ello por lo que ha recordado las “duras” cifras del mercado laboral español, así como sus principales problemas antes de añadir que se debe derogar la reforma laboral del 2012.
Cambios legislativos para los autónomos
En ese sentido ha avanzado que entre sus planes figura estudiar la situación de los falsos autónomos con cambios legislativos que lleven a su vez a reforzar la labor de la Inspección de Trabajo y actualizar las sanciones para luchar contra fraudes.
Para ello ha ejemplificado la situación de los riders señalando que un joven en bicicleta con un móvil “no es un trabajador autónomo”, que también ha reiterado su para proteger los derechos de las personas «que siendo en realidad trabajadoras por cuenta ajena se ven abocadas a operar como autónomas frente a su voluntad».
La situación de los falsos autónomos se abordará con cambios legislativos, «delimitando el espacio» entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena en base a los presupuestos recogidos en los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores.
Más efectivos
Entre las medidas que se tomarán al respecto destacan el refuerzo de los efectivos de la Inspección de Trabajo, el uso de las nuevas tecnologías, como el big data para mejorar el sistema de control y sancionador de lucha contra el fraude, y se actualizarán las cuantías de las sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, congeladas desde 2006 con arreglo al IPC acumulado.
En lo referente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una comisión de expertos evaluará el impacto social y económico de las subidas del mismo y fijará la cifra a la que se debe llegar en 2023, para que sea acorde al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europa.
FUENTE: CINCO DÍAS

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