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Futura Ley de Teletrabajo: ventajas e inconvenientes

Se encuentra en fase de
consulta pública el proyecto normativo para la regulación del trabajo a distancia
entendido como trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros
habituales de la empresa, e implica la prestación de servicios con nuevas
tecnologías.

El objeto de la norma es
establecer las condiciones laborales de los teletrabajadores y compaginar las
necesidades de flexibilidad y seguridad comunes a los empresarios y los
trabajadores para que estos ejerzan sus actividades de manera segura utilizando
las tecnologías de la información, y que pueda ser ejecutada habitualmente
fuera de los centros de las empresas.

 

Problemas que se pretenden solucionar con la
nueva norma.

Hasta ahora, se consideraba
trabajo a distancia a aquel que se realizaba fuera del centro de trabajo
habitual, sin el control de la empresa y vinculado a sectores y ámbitos
geográficos muy concretos, pero este se ha visto superado por la realidad de un
nuevo marco de relaciones y una implantación global de las nuevas tecnologías.

Realmente en la actualidad
más que trabajo a domicilio, lo que existe es un trabajo remoto y flexible que
permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la
presencia del trabajador en el centro de trabajo.

Esta virtualización de las
relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar
y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre
otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los
descansos; conciliación de la vida laboral, personal y familiar, reducción de
costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos,
productividad, racionalización de horarios; compromiso y experiencia del
empleado, atracción y retención de talento, inserción laboral de personas con
movilidad reducida y con responsabilidades familiares y reducción del
absentismo.

Sin embargo, también presenta
posibles inconvenientes: protección de datos, brechas de seguridad,
tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital
permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa,
deficiencias en el intercambio de información entre los trabajadores
presenciales y los trabajadores a distancia y traslado a la persona trabajadora
de costes de la actividad productiva a la persona trabajadora sin compensación
alguna, entro otros.

El impacto real de estas
formas de prestación u organización del trabajo se ha visto incrementada de
manera exponencial por el impacto de la pandemia del COVID-19, lo que ha puesto
de manifiesto sus ventajas y debilidades, así como la necesidad de que se
aborde su regulación desde un marco jurídico de seguridad, certeza y
transparencia.

 

Teletrabajo

El impacto real de estas
formas de prestación u organización del trabajo se ha visto incrementada de
manera exponencial por el impacto de la pandemia del COVID-19

 

Objetivo de la norma

Según se establece en el
texto, la futura norma tratará de dar respuestas a diversas necesidades,
equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta
ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras .

Además debe proteger los
derechos basados en los principios sobre su carácter voluntario y reversible,
el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial
la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación
profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de
trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la distribución flexible del tiempo
de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la
fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los
riesgos de aislamiento.

Por último, es necesario
introducir los elementos precisos para asegurar que el trabajo a distancia y el
empleo de los dispositivos digitales y otras formas de trabajo en red, no
supongan una desprotección o merma de los derechos a la

privacidad, sin perjuicio de
las formas de control empresarial que puedan ejercerse de acuerdo con las
exigencias de la LOPD y el ET.

Source: econsulting

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7 riesgos del modelo actual del teletrabajo

Los expertos advierten de que
este sistema es insostenible en el largo plazo.

La pandemia está acelerando
cambios en la estructura laboral. Algunos de ellos, como una mayor relevancia
del teletrabajo, ya se han hecho notar, mientras que otros se irán
desarrollando con más intensidad en los próximos meses: trabajos por proyectos,
automatización, nuevos diseños curriculares… Pero estas transformaciones
también traen consigo nuevos riesgos vinculados a la precarización del
mercado laboral.

Sobre todo ello se habló este
semana en la conferencia web La nueva configuración del trabajo tras la
pandemia
, organizada por Esade, en la que directora del Instituto de
Estudios Laborales de la escuela de negocios, Anna Ginès, y el decano de la
facultad de Derecho de Icade, Iñigo Navarro, enumeraron las principales
amenazas que se presentan e hicieron hincapié en la necesidad de diseñar un
sistema legal que proteja a los trabajadores. “Se habla de la pandemia
como una oportunidad, pero esta por sí sola no va a solucionar los problemas.
El futuro depende de lo que hagamos ahora y, sobre todo, de cómo queremos que
sea”, justificó Ginès. Estos son algunos de los riesgos:

1.   
Precariedad. “La crisis sanitaria ha
sacado a relucir las vergüenzas del mercado laboral”, criticó la directiva de
Esade. España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de
temporalidad, de hecho, esta afecta a más del 26% de los asalariados. Un
problema al que se une la generalización del falso trabajo autónomo, lo que ha
supuesto la exclusión de estas personas de la protección social básica. El
futuro, apuntó Ginès, pasa entonces por fomentar el empleo, pero también por
vigilar que este sea de calidad y por luchar contra las irregularidades.

2.   
Uberización. En relación con el punto
anterior, Navarro se mostró especialmente preocupado por la precarización
ligada a las nuevas plataformas digitales. “Podría llegar a pasar que en lugar
de trabajadores tuviéramos una auténtica nube humana de trabajo. Así, cada uno
desarrollaría las funciones en su casa y cuando una empresa necesitara la
realización de ciertas tareas, contrataría a alguno de estos agentes libres
para que sirvieran en un momento concreto”, comentó el profesor de Icade, quien
insistió también en la importancia de que en el teletrabajo se mantengan las
garantías y condiciones laborales previas al mismo.

3.   
Adaptación y salud. Si bien la respuesta de gran
parte de las compañías para habilitar el teletrabajo ha sido muy positiva y en
menos de una semana trasladaron sus operaciones al mundo online, también ha
habido importantes deficiencias, como es la falta de dotación a los empleados
de medios técnicos con los que realizar su actividad. “La capacidad de
adaptación en materia de riesgos laborales ha sido anecdótica. Son muy pocas
las empresas que han dado pautas específicas sobre cómo afrontar el teletrabajo
de forma saludable”, criticó Ginès, quien también recordó que no es
recomendable pasar ocho horas de trabajo frente a un ordenador portátil.
Corresponde a la empresa, continuó, garantizar la seguridad y la protección de
datos, a pesar de que el trabajo no se desarrolle en sus instalaciones.

4.   
Conciliación y desconexión. Para aprovechar los
beneficios del trabajo en remoto, este debe implementarse respetando
determinadas pautas, pues la manera en la que se ha hecho durante estos meses
es insostenible, especialmente con los centros educativos cerrados, reivindicó
la portavoz de Esade. “El teletrabajo solo facilita la conciliación si este va
asociado con la autonomía en la gestión de tiempos y horarios”, recordó Ginès.
En esta línea, la experta alertó sobre cómo el nuevo escenario ha exigido un
mayor esfuerzo por parte de todos, lo que se ha traducido en más horas
trabajadas. Un hecho que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con
políticas de desconexión digital. “Se han difuminado todavía más las fronteras
entre el tiempo de trabajo y el de descanso”, criticó la experta de Esade. Una
reivindicación a la que también se sumó Navarro: “Durante estos meses hemos
trabajado y vivido en el mismo espacio, sin que haya habido momentos
completamente estancos”.

5.   
Negociación colectiva. En un primer momento se
creía que la atomización de los empleados y el hecho de que no hubiera un
centro de trabajo propiamente dicho traería consecuencias nefastas para la
capacidad de asociación, pero la realidad ha superado este temor. “Los
trabajadores de las plataformas digitales han demostrado que pueden usar las
nuevas herramientas para la negociación colectiva”, celebró Ginès.

6.   
Género. Todavía no hay datos que
analicen cómo afecta el teletrabajo a cada sexo, sin embargo, si esta
posibilidad se presenta como una herramienta para la conciliación, existe el
riesgo de que, como suele pasar con este tipo de políticas, sean exclusivamente
las mujeres las que acaben acogiéndose a ello. Para evitar esto, la directiva
de Esade instó a ofrecer este modelo como una fórmula para compaginar la vida
profesional y la personal –no solo la familiar–, a la que puede acogerse
cualquier trabajador, indiferentemente de su momento vital, para ganar calidad
de vida.

7.   
Cultura. No es suficiente con
ofrecer el teletrabajo como una opción, sino que toda la estructura de la
empresa debe ser acorde: si se organizan reuniones presenciales a diario, el
trabajo en remoto será impracticable. “Estos meses ha funcionado porque
estábamos todos en las mismas condiciones, pero hay que ver qué pasa con un
sistema híbrido”, recordó Ginès. Un formato que también requiere de nuevas
habilidades: “Presentar bien un proyecto a través de una videollamada será tan
importante como hacerlo presencialmente”, concluyó Navarro.


Source: econsulting

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En el BOE, los nuevos modelos fiscales (770 – 771) de regularización voluntaria de la deuda tributaria

El BOE del día 16 de junio, se ha publicado la Orden HAC/530/2020 por la que se
aprueban los modelos los modelos 770
“Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización
voluntaria”
y 771 “Autoliquidación
de cuotas de conceptos y ejercicios
sin modelo disponible en la Sede
electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria”, con efectos desde el día 26 de junio de 2020, dicha Orden (HAC/530/2020,
de 3 de junio), desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21
de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003 General Tributaria,
por la que se aprueban los modelos 770 y 771.

La Ley 34/2015, de 21
de septiembre
, de modificación
parcial de la LGT
introdujo un nuevo artículo 252 y habilitó, en su
disposición final décima, la aprobación de los modelos para la regularización
voluntaria de la deuda tributaria prevista en el artículo 252 de la LGT, en casos de delitos contra la Hacienda Pública.

La presente orden ministerial resultará de aplicación,
exclusivamente, a aquellos tributos cuya exigencia se somete al procedimiento
de autoliquidación, quedando sujetos, los restantes, al régimen general
aplicable a las declaraciones tributarias y a los plazos de ingreso de deudas
tributarias derivadas de liquidaciones practicadas por la Administración
Tributaria, no siendo, por tanto, objeto de desarrollo en esta orden
ministerial.

      El modelo 770 destinado a la autoliquidación e ingreso de intereses de
demora y recargos legalmente devengados para la regularización voluntaria
prevista en el artículo 252 de Ley General Tributaria, en relación,
exclusivamente, con aquellos tributos cuya exigencia se somete al procedimiento
de autoliquidación, y

 

      El modelo 771 destinado a la autoliquidación e ingreso de cuotas
correspondientes a conceptos impositivos y ejercicios, cuyo modelo de
presentación no se encuentre disponible en la Sede electrónica de la Agencia
Tributaria en ese momento.

* Estos modelos estarán disponibles exclusivamente en
formato electrónico

1. Tributos que deben ser objeto de autoliquidación por los
obligados tributarios, tales como, entre otros, el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto
sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido o los impuestos especiales
de fabricación; y

2. Tributos que se exigen mediante la presentación de
declaraciones por los obligados tributarios y posterior liquidación practicada
por la propia Administración Tributaria, tales como, entre otros, los tributos
que integran la deuda aduanera a la importación.

Se presentará un modelo 770 y, en su caso, un modelo 771,
por cada concepto impositivo y ejercicio o hecho imponible que se pretenda
regularizar, teniendo en cuenta, a estos efectos, las normas para determinar la
cuantía de la cuota defraudada contenidas en el apartado 2 del artículo 305 del
Código Penal.

Enlace
a
La Orden HAC/530/2020, de 3 de junio,


FUENTE: ADADE CENTRAL

 

Source: econsulting

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El Gobierno considera a aislados por coronavirus de baja por accidente de trabajo

El Gobierno ha aprobado este
martes un real decreto ley para que las personas en aislamiento preventivo por
razón de contagio del Covid-19, conocido como coronavirus, se consideren en
situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de
trabajo.

 

Baja laboral por coronavirus

Así lo ha anunciado el
ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros, acompañado de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda,
María Jesús Montero. Con la norma se considera tanto a las personas en
aislamiento preventivo como a quienes se han contagiado del virus en situación
de incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo.

El Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones ha destacado que esto supone una mejora de la
prestación tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus,
ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de
la base reguladora, con cargo a la Administración.

De esta forma, el Gobierno
cambia el criterio respecto al aislamiento, ya que hace menos de dos semanas la
Seguridad Social aclaró en una nota que los trabajadores en aislamiento
preventivo por el virus se consideraban en situación de incapacidad temporal
(baja laboral) por enfermedad común, si cumplían los demás requisitos y
conforme al régimen de la Seguridad Social.

Por otra parte, queda
pendiente para el próximo Consejo de Ministros la moratoria de las cotizaciones
a la Seguridad Social correspondientes a tres mensualidades consecutivas, para
empresas y trabajadores por cuenta propia, en las zonas geográficas y sectores
que se determinen según orden ministerial.

 

PLAN DE CHOQUE, EL JUEVES

Por su parte, Montero ha
explicado que el Gobierno lleva semanas monitorizando la situación desde el
punto de vista sanitario, el aspecto «prioritario», y a nivel
económico analizando los indicadores económicos en contacto
«permanente» con los sectores más afectados, ya que «empieza a
tener ya algún efecto».

Ha adelantado que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir este jueves con los
sindicatos y los empresarios para analizan conjuntamente un plan de choque con
medidas económicas, en el que se viene trabajando las últimas semanas, y ese
mismo día el Consejo de Ministros se reunirá para valorar el informe de los
expertos sanitarios y tomar nuevas medidas «si procediera».

Entre ellas, medidas
económicas de estímulo en las áreas de actividad que se resientan en mayor
medida por el coronavirus, medidas para facilitar el teletrabajo y para
«aliviar» la carga económica de las empresas con el fin de evitar los
despidos, así como «determinadas ayudas» para las familias que lo
necesiten ante el cierre de colegios en la Comunidad de Madrid, Vitoria y
Labastida. También para evitar que los trabajadores afectados en cuarentena
agoten sus prestaciones.

Por otra parte, también se ha
prohibido la realización de vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado
en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España
a partir de las 00:00 horas del día 11 de marzo de 2020 y hasta las 00:00 horas
del día 25 de marzo de 2020. Esta prohibición no será de aplicación a las
aeronaves de Estado, ni a la realización de escalas con fines no comerciales,
vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de
emergencia.

Además, se ha decretado la
suspensión de todos los viajes del Imserso por un periodo de un mes, así como
para el conjunto del territorio nacional, de común acuerdo con las CC.AA., se
adopta la supresión de todos los eventos deportivos y competiciones nacionales,
profesionales y no profesionales, que supongan una gran afluencia de
aficionados. De esta forma, estos eventos se celebrarán a puerta cerrada, al
tiempo que otro tipo de eventos con movimientos de población importantes se
valorarán por parte de las autoridades.

También
se ha aprobado la suspensión de actividades y eventos de ocio, culturales y
similares en espacios cerrados para más de 1.000 personas, y en el caso de aquellos
que comporten una asistencia inferior a las 1.000 personas se reduce a un
tercio el aforo.

Source: econsulting

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El Gobierno fija la apertura de fronteras de la UE al 21 de junio, salvo con Portugal que será el 1 de julio

Sánchez, ha anunciado que se levantarán los controles de las
fronteras de la Unión Europea a partir del 21 de junio, salvo con Portugal, que
ha pedido que sea el 1 de julio, cuando además, habrá un acto en la frontera, entre
los dos países de la península ibérica, al que asistirán, el rey,  el primer ministro portugués y el propio Pedro
Sánchez.

Todos los estados miembros de la UE levantarán los controles
fronterizos en el espacio Schengen y en España también se levantará, además, la
cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que
llegaran a España de fuera.

En lo que respecta a España, gran parte del país se
encuentra en la fase 3, unos pocos territorios en la 2 avanzada y cuatro
comunidades, (Galicia, Cantabria, País Vasco y Cataluña) ya estrenan la nueva
normalidad. Así el 21 de julio,  día en
el que decae el estado de alarma, la mayoría del país estará en fase 3 o en la
“Nueva normalidad” según lo vayan decidiendo sus gobiernos autonómicos.



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Las costas judiciales se pueden deducir a partir de ahora en IRPF y Sociedades

El Tribunal Económico
Administrativo Central contradice a Hacienda. Hacienda impedía descontar los
gastos del litigio al ganador.

Las costas judiciales son
deducibles en los Impuestos sobre la Renta, Sociedades y sobre la Renta de no
residente, según reconoce el Tribunal Económico Administrativo Central (Teac)
en una resolución, de 1 de junio, sobre un recurso de alzada para la unificación
de doctrina.

La Sala determina que
«para determinar la posible ganancia patrimonial, al litigante vencedor
debe permitírsele deducir del importe que reciba en concepto de costas civiles,
los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito calificables de costas,
importe deducible que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, pero sin
superarlo», en ningún caso.

De esta forma, afirma la Sala
en su resolución «los gastos que no le sean resarcidos sigan corriendo a
su cargo, con el pacífico tratamiento de los mismos como renta consumida (de
acuerdo con el artículo 33.5.b de la Ley 35/2006, y, por lo tanto, no
deducible» en su IRPF, mientras que si se le resarcen todos los gastos
calificables de costas (según establece el artículo 141.1 de la Ley de
Enjuciamiento Civil (LEC), en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial
alguna.

Gómez Taboada: «Nuestro
maltrecho sistema fiscal está plagado de ‘minas’ como esta, genuinos agujeros
negros que están ahí, sin razón alguna»

Para el abogado tributarista,
Javier Gómez Taboada, que lleva años recurriendo en contra de la no
deducibilidad defendida por Hacienda, afirma que «es una sensación del
todo agridulce». El fiscalista destaca que es una «satisfacción por
ver que la Administración entra en razón, pero desazón por tantos años de
sinsentidos, tantos contribuyentes que han quedado en la cuneta sin posibilidad
alguna, ya no de resarcimiento, siquiera de una pública disculpa. Nuestro
maltrecho sistema fiscal está plagado de ‘minas’ como ésta, genuinos agujeros
negros que están ahí, sin razón alguna, a la espera de que los contribuyentes
caigan en sus redes».

La Sala concluye explicando
que «la naturaleza jurídica del pago de las costas procesales al vencedor
es la de un auténtico resarcimiento, pero resarcimiento que puede que no
suponga un resarcimiento íntegro, y que, por definición, nunca debe depararle a
él -al litigante vencedor- un beneficio, apunta justamente a todo lo contrario
de lo que sostienen el Tribunal Económico Administrativo Regional (Tear) de Madrid
y los Directores de Tributos del Ministerio de Hacienda y de Gestión de la
Agencia Tributaria (Aeat)». Éstos últimos defendía que «el pago de
las costas supone una pérdida patrimonial deducible en su totalidad para el
pagador de las mismas», tal y como se establece en la consulta vinculante
V0844-19, de 23 de abril de 2019.



Source: econsulting

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El Gobierno aprueba la última financiación a las empresas con 15.500 millones de los créditos ICO

El Consejo de Ministros del pasado 16 de junio ha activado
el quinto y último tramo de la Línea de
Avales ICO
aprobada el pasado 17 de marzo para garantizar la liquidez de
empresas y autónomos. Quedando publicada la Resolución de 16 de junio de 2020,
en el BOE del día 17 de junio 2020.

En este último tramo se liberan los últimos 15.500 millones
de euros del programa del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que 7.500 millones se destinan a autónomos y pymes, 2.500 millones irán al sector
turístico
y 500 millones se
destinarán a la adquisición de vehículos
de uso profesional
, con el fin de impulsar la renovación del parque de
vehículos y fomentar la movilidad sostenible.

Hasta el pasado 14 de junio se han puesto a disposición de
las empresas españolas más de 69.000 millones de euros a través de 565.110
operaciones. Los principales beneficiarios han sido pymes y autónomos, que han
suscrito, hasta ahora, el 98% del total de los préstamos aprobados, y el sector
turístico es el que ha recibido mayor línea de financiación, según se indicó en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se mantienen las mismas condiciones y requisitos para este
quinto tramo de la Línea de Avales, así como el mismo modo de tramitación de
los anteriores. Es decir, podrán solicitar estos avales hasta el 30 de
septiembre de forma exclusiva los autónomos y las empresas afectadas por los
efectos económicos del covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en
situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a
17 de marzo de 2020.

Enlace a Resolución de 16 de junio de
2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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El PSOE propone en el Congreso la eliminación gradual del dinero en efectivo

El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una
“Proposición no de Ley” en el Congreso de los Diputados, el pasado 24 de abril,
con la “eliminación gradual del pago en
efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva
”. Es decir, que
vayan desapareciendo los pagos en efectivo, entre otras medidas en el contexto
de mejorar el sistema fiscal, y para a desalentar un “deterioro de la
conciencia tributaria”. Ésta es una de las medidas en el ámbito fiscal que
plantea el PSOE en su propuesta para mejorar la eficacia del sistema tributario
y la lucha contra el fraude en un contexto de crisis económica.

Según el texto de dicha Proposición sobre la “orientación
del sistema tributario ante la crisis provocada por el coronavirus”, el
objetivo es llevar la propuesta a debate en la Comisión de Hacienda del Congreso
de los Diputados.

Actualmente, según se indica en el portal de la Agencia
Tributaria, no pueden darse pagos en efectivo mayores a 2.500 euros –o su
equivalente en moneda extranjera– si una de las partes es “empresario o
profesional”. La futura medida de desaparición del efectivo consta en las
propuestas de “prevención y erradicación
del fraude, entre las que se recogen “impulsar
sellos de excelencia en la contribución fiscal de las empresas como medida de
reconocimiento social y/o indicador de riesgo reputacional
”, así como «promover campañas de explicación del destino
de los ingresos públicos procedentes de impuestos y fomentar la formación y la
conciencia tributaria en el ámbito de una educación para la ciudadanía
».

Enlace
al texto en el
Boletín Oficial de
las Cortes Generales
.


FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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La Ley de la Segunda Oportunidad, un respiro para autónomos en la crisis de la Covid-19

Este colectivo es el primero en padecer los efectos de las crisis, ya que arriesga su patrimonio personal.

Desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia y con el decreto del estado de alarma, muchos trabajadores autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios y solicitar la prestación por cese de actividad.

En este contexto, aquellos que tengan que hacer frente a unas deudas que no pueden asumir, pueden acogerse al Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) y al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho ( BEPI), mecanismos especialmente configurados para personas físicas y pequeñas empresas. Nos lo explica Jorge Fayos.

El colectivo de los autónomos, tal y como apunta Fayos, “es el primero en padecer los efectos de las crisis económicas, ya que son los que arriesgan su patrimonio personal”. Por ello pueden solicitar el AEP, un trámite “muy sencillo que se desarrolla fuera del juzgado, en el que el deudor presenta a sus acreedores una propuesta con una quita y espera adaptadas a su capacidad real de pago”. Si esta propuesta no se aprueba, se debe acudir al juzgado para obtener, con determinados requisitos y bajo determinadas condiciones, la Segunda Oportunidad. “Esto es la exoneración (lo prefiero a hablar de ‘perdón’) definitiva o provisional de sus deudas para poder volver a comenzar sin ese lastre”.



Ley de la Segunda Oportunidad: ¿quién puede pedirla?

Pueden beneficiarse del AEP “las personas físicas, empresarias o no, que se encuentren en situación de insolvencia y cuyas deudas no superen los 5 millones de euros”, explica Fayos. También las personas jurídicas insolventes cuya estimación inicial del activo y pasivo exigible no supere los 5 millones de euros, tengan menos de 50 acreedores y dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del AEP, gastos que están reglados y son perfectamente asumibles.

Es importante destacar que el sacrificio que pide la Ley al deudor para otorgarle la exoneración de sus deudas consiste en que esté dispuesto a perder aquellos de sus bienes que excedan de los inembargables. Así, el deudor puede continuar con su actividad laboral o empresarial y con los bienes necesarios para ello, al tiempo que mantiene indemne su salario (hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional), los bienes de primera necesidad y aquellos cuyo coste de realización sea desproporcionado respecto a su previsible valor venal –el importe monetario que obtendría el propietario de un bien material usado-. En cuanto a su vivienda habitual,“podrá quedársela, en términos generales, siempre y cuando valga menos que el importe pendiente de la hipoteca, pues en ese caso se entiende que no tiene sentido obligarle a venderla si nadie más que el banco se beneficiaría con ello”.



¿Cuándo y cómo solicitarla?

Tanto el AEP como la Segunda Oportunidad requieren, “como todo mecanismo legal, de una buena estrategia”, apunta Fayos. Por ello, es muy importante analizar cuándo se presenta la solicitud de AEP, ya que no conviene precipitarse en estos momentos de reanudación progresiva y desigual de la actividad económica. Además, es recomendable analizar previamente el tipo de deuda, con especial atención a la privilegiada,singularmente la pública, Hacienda y Seguridad Social. Cabe destacar también la deuda que esté avalada, “porque la solicitud del AEP implica el vencimiento anticipado de todos los créditos y con ello la posibilidad de que los acreedores se dirijan contra los avalistas para el cobro de sus créditos”.

El AEP está diseñado para tener una duración aproximada de 3 meses, ya que los procesos suelen ser rápidos: “El mediador concursal convoca directamente a los acreedores a la reunión en la que se va a decidir si se aprueba o no la propuesta del deudor. Si ésta no se aprueba, también el concurso consecutivo de liquidación y la solicitud y concesión del BEPI deberían ser rápidos, pues, en la gran mayoría de los casos, los bienes a liquidar serán pocos, por no decir ninguno”.



“La tasa de éxito del BEPI es muy alta debido al propio diseño de la Ley”

En cuanto a los honorarios, “ni los de abogado,ni los del mediador concursal y del notario, estos últimos sujetos a una escala arancelaria, suponen en la práctica motivo para que el deudor renuncie a los importantísimos beneficios que le pueden reportar tanto el AEP como el BEPI”, explica Fayos. Cabe destacar que la tasa de éxito de este último es muy alta, ya que “la Ley ha diseñado este mecanismo para que su concesión no dependa de la conformidad de los acreedores, sino de que el deudor pague un porcentaje determinado de créditos o, subsidiariamente, de que durante 5 años destine una parte de sus ingresos no inembargables a un eventual Plan de Pagos”

Source: econsulting

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Coronavirus: las últimas medidas aprobadas para pymes y autónomos

Actualización de ayudas y
nuevas subvenciones para la modernización e innovación de las industrias culturales
y creativas.

Desde que España entrara en
estado de alarma el pasado 14 de marzo, se han ido aprobando una serie de
medidas para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto económico en las
empresas. La crisis sanitaria impactó directamente en la economía de nuestro
país, y muchos negocios se vieron afectados, teniendo que abandonar la
actividad o reduciendo mucho sus ingresos. Especialmente
los colectivos más vulnerables por la escasez de recursos, como los autónomos o
las pequeñas empresas
han podido acogerse a algunas de las ayudas
disponibles. El cese de actividad para autónomos que vieran reducidos sus
ingresos un 75%, la moratoria para el pago de las obligaciones fiscales o
acogerse al bono social eléctrico son algunas de las prestaciones más
destacadas. También se activaron medidas para facilitar el acceso a la
financiación, así como bonificaciones en contratos laborales, aplazamiento de
hipotecas o facilidades para que los trabajadores por cuenta propia puedan
acceder a una baja laboral en caso de infección por coronavirus.

 

Nuevas medidas de apoyo a la economía y el
empleo

Con el fin de complementar
las medidas de apoyo a la economía y el empleo, el Gobierno ha publicado un
nuevo Real Decreto-Ley 19/2020. En él se aprueban nuevas medidas complementarias en materia económica, tributaria, de
empleo y Seguridad Social
para atenuar los efectos negativos de la crisis
del covid-19. A continuación, exponemos cuáles son estas nuevas medidas que se
suman a las ya vigentes.

       
Ampliación del aplazamiento
del pago de obligaciones tributarias.
Para de tres a cuatro meses el periodo en el
que es posible aplazar las obligaciones tributarias sin que se cobren los
intereses de demora. La primera medida permitía que pymes y autónomos pudieran
aplazar estos pagos durante seis meses, con tres meses de carencia, con un
límite de 30.00S euros. Ahora, los tres meses se han aumentado hasta los
cuatro.

       
Impuesto de sociedades. En el Real Decreto se han
introducido una serie de cambios en lo que a la declaración del IS se refiere.
Actualmente, las sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales
antes del plazo estipulado (25 de julio de 2020), podrán presentarlo con las
cuentas que se tengan disponibles en el momento. De igual manera, se podrá
presentar, de forma excepcional, otra declaración en el momento en que se hayan
aprobado las cuentas anuales, sin ningún recargo.

       
Lista de deudores de la
Agencia tributaria
.
También se ha retrasado hasta septiembre de 2020 el listado de los deudores de
Hacienda. El objetivo es que puedan resolverse los procesos establecidos,
teniendo en cuenta la actual situación. Por tanto, este listado se aplaza hasta
después del verano.

 

Ayudas para pymes y autónomos del sector
cultural

De igual manera que la crisis
ha afectado más a unos colectivos que a otros, como es el caso de las pymes o
los autónomos, también se observan
diferencias entre sectores
. En este sentido, el último Boletín Oficial del
Estado ha anunciado nuevas ayudas para el sector cultural. En concreto, están
destinadas a la modernización e innovación de las industrias culturales y
creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos. Para ello, se pretende incrementar la oferta de contenidos
digitales
culturales en internet, así como introducir mejoras para la
modernización de la industria cultural.

 

Beneficiarios y requisitos para acceder a las
ayudas

Los autónomos o pymes
beneficiarios obtendrán una subvención para poder poner en marcha este tipo de
medidas con el fin de introducir innovaciones en el sector que facilite su
recuperación. La idea es que los beneficiarios utilicen la cuantía para
invertir en proyectos tecnológicos y digitales en su sector para poder ofrecer
contenidos de forma telemática. Se ha destinado un importe máximo de 1.940.000
euros para cubrir estas subvenciones.

Pueden acceder a estas nuevas
medidas los trabajadores por cuenta propia debidamente inscritos en el Régimen
especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pequeñas empresas y microempresas. Deberán tener nacionalidad española o de
cualquier otro país de la Unión Europea
o de alguno de los países miembros
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que tenga la residencia
fiscal en España. Las administraciones y empresas públicas, sus organismos
autónomos y las entidades sin ánimo de lucro están excluidas de la ayuda. En
caso de ser una persona jurídica extranjera sin delegación en España. Se deberá
contactar con Industrias Culturales y solicitar el formulario a través del
correo electrónico: ayudas.industriasculturales@cultura.gob.es.
Además, los autónomos o las pequeñas empresas que ya hayan recibido ayudas en
las tres últimas convocatorias, quedan excluidos de esta.

Los autónomos y las pequeñas
empresas interesados pueden realizar ya
su solicitud
. Para ello, se puede realizar de forma telemática, a través de
la web del Ministerio de Cultura y Deporte, hasta las 14:00 horas del 19 de
junio de 2020.

Source: econsulting