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Anteproyecto de Ley para impulsar los Planes de Pensiones de Empleo

Todos los trabajadores, incluidos los autónomos, podrán adherirse a estos planes de pensiones de promoción pública, gestión privada y que incluyen beneficios fiscales. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo con el objetivo de impulsar la previsión social complementaria.

Este anteproyecto de ley, que ha pasado por el Consejo de Ministros en su primera vuelta, responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que pone el foco en la necesidad de dotar de estabilidad al «actual modelo de previsión social complementaria» e «impulsar, de forma preferente, los sistema sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el segundo pilar del modelo de pensiones» a los que debería dotar «de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado». 

Esta reforma también se recoge en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo de la nueva normativa es facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes. Además, a través del impulso público de los fondos de pensiones, de la negociación colectiva y de la promoción de planes por asociaciones de autónomos y colegios profesionales, se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo con un coste menor que el actual. 


La reforma se acompañará de una modificación de los incentivos fiscales, de forma que se traslade el beneficio fiscal hacia los partícipes.

En primer lugar, la norma prevé la creación de fondos de empleo de impulso público, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores. Además, las entidades gestoras y depositarias serán seleccionadas mediante procedimiento abierto y su tamaño les permitirá una mayor eficiencia y, por tanto, unas comisiones más bajas. Estos fondos tendrán una gobernanza específica, con comisiones de control propias.

Los activos de los fondos de pensiones públicos serán invertidos exclusivamente en interés de las personas partícipes y beneficiarias tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.

En segundo lugar, se facilita la creación de los planes simplificados, en los que los convenios colectivos de carácter sectorial se convertirán en el instrumento clave de impulso. Se habilita así normativamente a la negociación colectiva sectorial para que establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector.


La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual de forma que, en lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Además, para facilitar la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones se pondrá en marcha una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar fácilmente toda la información y realizar los trámites de forma sencilla.

Finalmente, la normativa se acompañará por una modificación de la fiscalidad de estos productos, focalizando en los planes de empleo los beneficios fiscales, siguiendo la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y las conclusiones del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre beneficios fiscales. En los presupuestos de 2022 ya se focaliza en los planes de empleo la deducción en el IRPF al elevarse a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, en total la suma de todas las aportaciones será de 10.000. En el caso de los trabajadores autónomos, la deducción debe estar en línea con la suma de ambas deducciones.

José Luis Escrivá, el ministro de ISSM, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anticipó una de las grandes novedades del texto. Finalmente, el límite conjunto deducible por planes individuales y colectivos -establecido en 10.000 euros en los Presupuestos para 2022- se elevará de 2.000 a 5.750 euros para los autónomos (sumando los 1.500 euros de tope establecido para los planes individuales a partir del próximo año y los 4.250 por aportaciones a un plan colectivo). Así los autónomos podrán deducirse hasta 5.750 euros al año en planes de pensiones.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros en primera vuelta, el anteproyecto de ley pasa al trámite de información y audiencia pública para recibir las contribuciones de la sociedad civil. Además, el texto será remitido al Consejo Económico y Social. Después de este trámite, volverá a pasar por Consejo de Ministros para ser remitida, una vez se produzca su aprobación, al Parlamento. El Plan de Recuperación prevé la aprobación de esta reforma en la primera mitad de 2022.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones. El primer pilar, ha afirmado, es asegurar su revalorización y mantener su poder adquisitivo indefinidamente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC). El segundo pilar recoge un conjunto de medidas orientadas a liberar a la Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios.

Escrivá ha detallado que la futura ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. El ministro ha indicado que la oferta actual de fondos de pensiones está dirigida principalmente a planes individuales, que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y concebida para rentas altas. La norma incorpora distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido.


FUENTE ADADE CENTRAL

 

Source: econsulting

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Los contratos de formación se blindarán para evitar que sean una vía de precarización

Las posturas entre Gobierno, sindicatos y patronal están cercanas y este apartado de la reforma laboral podría quedar resuelto en la reunión del viernes

En el transcurso de las últimas semanas, la contratación ha sido uno de los temas principales sobre los que ha versado la negociación de la reforma laboral. De entre las distintas modalidades, la relacionada con la formación ha centrado los encuentros más recientes, como el de este miércoles. Sin embargo, según confiesan fuentes cercanas al diálogo social, tanto protagonismo no tiene que ver con lejanía alguna entre las posturas de Gobierno, sindicatos y patronal, sino más bien todo lo contrario. Las mismas fuentes confirman que solo restan algunos flecos para terminar de acordar el esquema final de estos contratos, y que este nunca ha sido uno de los puntos de mayor fricción entre las partes.

Los de formación representan una modalidad de contratación de uso casi residual en comparación con los indefinidos y los temporales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se contabilizaron 155.100, apenas el 0,96% del total. ¿Por qué tanto revuelo entonces? ¿Para qué tanta reunión? Desde el comienzo de las negociaciones en la bancada sindical ha existido el temor de que las empresas, una vez vieran limitadas las circunstancias en las que poder contratar de manera temporal, pudieran utilizar los acuerdos formativos como vía de flexibilización laboral. Sin embargo, desde Trabajo aseguran que ese temor es infundado, ya que en ningún momento de las conversaciones se han dado pasos que permitieran ningún tipo de precarización de estos acuerdos laborales. “Sería, además, instrumentalmente muy complicado para las empresas”, detallan. “Lo que estamos intentando es que se asimilen lo máximo posible al resto de contratos”, añaden.

En la última propuesta sobre tipos de contratos, los formativos ?regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores?, se determinan una serie de requisitos para su utilización y que han suscrito conjuntamente sindicatos y Gobierno. Es el caso de la limitación a un máximo de dos años —la mitad de lo que se establece en estos momentos—; que el tiempo de trabajo efectivo no sea superior al 65% de la jornada (el primer año) y que las empresas que se acojan a esta modalidad tengan que inscribirse en un registro público.


Algunos flecos

A pesar de que no han trascendido los detalles finales del marco definitivo, fuentes conocedoras de la negociación reconocen que “solo quedan algunos flecos”, alrededor de cuestiones periféricas sobre estos contratos y esperan que estas se resuelvan próximamente. La siguiente reunión de la mesa para la modernización del mercado de trabajo en la que se dirime la derogación de la reforma laboral de 2012 está programada para el viernes. Pese a esta cercanía, teniendo en cuenta que la negociación se ha de resolver como un todo, es decir, no valen acuerdos puntuales sobre apartados concretos, es probable que una vez superada la pantalla de los contratos formativos se continúe adelante sin necesidad de trasladar la consolidación de esta materia.

Aunque los contratos formativos ocuparon gran parte de la reunión del miércoles, en ella se abordó de nuevo el problema de la temporalidad, aunque en este punto las diferencias son todavía notables. De hecho, fuentes cercanas al diálogo social indican que las negociaciones sobre cómo remediar el abuso de la eventualidad siguen adelante, y aunque el tiempo para determinar el nuevo marco de relaciones laborales es cada vez menor ?Europa exige que esté listo antes del 31 de diciembre? hay margen para lograr un pacto.

Desde que el Gobierno presentó hace dos semanas su propuesta para los nuevos ERTE estructurales ?que recibió el rechazo unánime de sindicatos y empresarios? no se han puesto encima de las mesas nuevas propuestas referentes a este apartado o a ningún otro. Fuentes cercanas al diálogo social señalan que las modificaciones que se recogen desde todas las partes se amparan en los textos ya presentados y “sobre ellos se van realizando anotaciones”.


FUENTE: EL PAÍS

 

Source: econsulting

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Digitalizar la contabilidad, clave para que las pymes eviten sanciones de Hacienda

Profesionalizar la gestión mejora la productividad y viabilidad empresarial

El último trimestre del año es un periodo clave para las empresas españolas. Cerrar los últimos 12 meses, tener la contabilidad al día y en orden es una prioridad. Aunque todavía, para miles y miles de empresas continúa siendo un gran problema y dejan los deberes para el último día. Un riesgo para el que, en muchas ocasiones, las empresas no pueden poner remedio ante la falta de recursos y tiempo, por lo que se enfrentan a posibles sanciones por parte de Hacienda con multas que, en muchos casos pueden ser cuantiosas. Muestra de esa falta de rectitud en lo que a la contabilidad empresarial se refiere se destaca en datos del último Observatorio de Morosidad realizado por Cepyme como que siete de cada diez facturas emitidas se pagaron con retraso. Un coste de casi 1.500 millones de euros solo entre enero y marzo de este año.

«Para las empresas, la contabilidad es un problema en sí. Si eres grande necesitas un departamento de contabilidad con jefe de administración que se encarga de controlar el flujo de facturas que entran. Si eres pequeña llevas las cuentas tú mismo en un Excel repleto de errores que es u imán de sanciones de Hacienda», señala pablo Jiménez, CEO y fundador de Enzimum.

De hecho, para miles y miles de pymes españolas la contabilidad se centra en tres palabras: obligación, miedo y tiempo. La obligación de la Agencia Tributaria por pagar y tener un control exhaustivo de las operaciones de la empresa; miedo a hacerlo mal al no tener -en muchos casos- ni recursos ni conocimientos; y falta de tiempo en el día a día para realizarlo y tener que contratar un servicio externo -a veces a última hora-. «Las empresas en España no utilizan la contabilidad como herramienta de gestión básicamente porque nunca llevan la contabilidad al día. Esto no les permite tomar decisiones acertadas. De media en España la contabilidad suele llevar un retraso de más de 3 meses y eso que cada 3 meses como máximo se liquidan impuestos, pero los decalajes en tesorería suelen ser de más de 6 meses», continúa en esa línea pablo Jiménez.


Sanciones o la quiebra

La falta de actuación sobre este área del negocio y la consiguiente mala gestión a nivel financiero puede desembocar en sanciones por parte del ICAC o el Registro Mercantil, derivando todo ello en una posible revocación del NIF y la imposibilidad de seguir operando. Por no hablar, de la consecuencia última que es la quiebra de muchas de estas empresas.

Para poner remedio a esta amenaza, «las pymes necesitan una herramienta que transforme el capital humano en tecnología. Hoy en día los procesos mecánicos son cosa de máquinas y no de humanos. Eso es productividad porque van a mejorar su estructura de costes y van a profesionalizar su gestión a la larga; por lo que se traduce en que la viabilidad de la empresa sea más probable» destaca el CEO de Enzimum.

En esta línea y para ayudar a frenar este problema en la empresa española, surgen nuevas ideas que se han propuesto virar el sistema de contabilidad actual para modernizarlo y crear una solución ágil, útil y sencilla que les permita estar al día. Una de ellas es Enzimum. Todo ello lo hacen de manera digital, permitiendo que la empresa, con una única foto de las facturas pueda llevar el control instantáneo de los impuestos que hay que pagar y permite deducir todo lo permitido, ayudando a ahorrar a la empresa.


Proceso de transformación

«Ofrecemos un servicio de asesoramiento Premium a nuestros clientes y perseguimos un objetivo muy distinto que los despachos tradicionales. Mientras que su mentalidad es únicamente la de presentar los impuestos de su cliente; la nuestra es la de ofrecer un servicio ágil, útil y cómodo mientras presentamos sus impuestos. Este cambio de concepto parece sutil, pero es radical y nos está haciendo duplicar la facturación cada año. Hemos percibido que nuestros clientes están quemados de su antigua asesoría y nos comentan que no pensaban que podrían encontrar un servicio tan moderno», destaca Pablo Jiménez.

Una de las claves del sector de la contabilidad está precisamente en ese factor de revolución digital que está llegando, pero no con la velocidad que debería para lo rápido que ha avanzado el sistema empresarial. «Los relevos generacionales en las empresas son claves. Afortunadamente, hemos dejado a un lado esa costumbre tan española del yo lo sé hacer todo y buscamos profesionalizar la gestión, probando nuevas tecnologías y nuevas formas de gestionar la empresa que nos reporten beneficios», afirma Jiménez.

Uno de los principales caballos de batalla de las empresas en el día a día todavía necesita un largo camino por recorrer, pero está poco a poco asentando las bases que permitan a la empresa española automatizar tareas como esta, laboriosas y en las que a día de hoy se invierten demasiados recursos. El futuro pasa por innovar en valor.


FUENTE: EL ECONOMISTA

 

Source: econsulting

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Real Decreto Ley de prórroga de medidas económicas para apoyar la recuperación

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha aprobado, en línea con la extensión de la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, un Real Decreto-ley que amplía la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para garantizar su plena recuperación y viabilidad.

Se trata de seguir apoyando la recuperación y solvencia del tejido productivo para que las empresas puedan aprovechar el nuevo entorno de crecimiento económico.

El Real Decreto-ley aprobado amplía la vigencia de las Líneas de Avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal.

Por otra parte, cabe señalar que, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.


Ampliación de las Líneas de Avales

Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

Las Líneas de Avales puestas en marcha por el Instituto de Crédito Oficial han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

El diseño, gestión y modelo de asignación de los avales han permitido que sean de las líneas más utilizadas en toda Europa y constituyen uno de los mayores y más eficaces ejemplos de colaboración público-privada.

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las Comunidades dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.


Extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras

El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.


Medidas en el ámbito concursal

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.

El objetivo de esta reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.


FUENTE ADADE CENTRAL

 

Source: econsulting

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25 consejos de los economistas para ahorrar en la factura de la Renta de 2021 antes de que acabe el año

El Consejo General de Economistas ha recopilado un amplia variedad de recomendaciones relativas a la venta de una vivienda, aportaciones a planes de pensiones, trabajo en el extranjero o retribuciones en especie, entre otras, para lograr el máximo ahorro fiscal

Un año más, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGE), ha recopilado 90 recomendaciones para minimizar el coste de la factura de la Renta 2021 antes de que acabe el año. Las recomendaciones permiten a los contribuyentes ahorrarse distintas cantidades en la declaración de la Renta y buscan minimizar el coste fiscal del IRPF según el perfil de cada contribuyentes. De las 90 recomendaciones detalladas por el presidente del REAF, Agustín Fernández, estas son las 25 más destacables:

1. Si durante 2021 ha realizado trabajos en el extranjero, puede que las remuneraciones percibidas por los mismos estén exentas. En ese caso, para no tener problemas en una comprobación administrativa, exija a su empresa que tenga en cuenta esta exención a la hora de practicar las correspondientes retenciones. Para calcular la parte exenta, según un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, puede tener en cuenta los días de desplazamiento al país de destino.

2. Plantearle a su empresa cambiar retribuciones dinerarias por retribuciones en especie que no tributan. Es el caso del cheque-transporte, el cheque-restaurante o el seguro médico que paga la empresa.

3. Cualquier contribuyente puede dejar exonerada la ganancia obtenida en la transmisión de su vivienda habitual pero, si no tiene 65 o más años o no es gran dependiente, solo si el importe obtenido lo reinvierte en otra vivienda habitual en un plazo de 2 años. Tenga en cuenta que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se paraliza el cómputo de dicho plazo de 2 años, desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020.

4. Si puede aplicar el régimen transitorio de la deducción por adquisición de vivienda, será una buena estrategia agotar el límite de la base de deducción, 9.040 euros –de amortización de préstamo más intereses– por contribuyente, amortizando préstamo antes de que finalice el año, para reducir la cuota a pagar en un 15% de lo aportado. Si se ha separado o divorciado y le han adjudicado la vivienda habitual, podrá seguir aplicando la deducción por el 100% de las cantidades satisfechas.

5. Si va a transmitir un elemento adquirido antes de 1995 y tiene otros que también adquirió antes de esa fecha, le conviene analizar si le interesará reducir la plusvalía –con los llamados coeficientes de abatimiento– porque si esta es pequeña, como el límite por contribuyente del importe de estas transmisiones es de 400.000 euros, podría ser más conveniente no reducirla y reservar límite para minorar una posterior.

6. Como la aplicación de varios incentivos fiscales quedan condicionados a la acreditación de estos a través de certificados oficiales, es necesario disponer de los mismos lo antes posible. Esto sucede por ejemplo si se quieren aplicar los mínimos por discapacidad o la deducción por familia numerosa, aunque serían aplicables también si se emplearan otros medios de prueba.

7. En el caso de separaciones o divorcios, es importante que, en el Convenio regulador –aprobado judicialmente, suscrito ante secretario judicial o documentado en escritura pública–, se especifique el importe de la pensión compensatoria y, en su caso, el de las anualidades por alimentos a los hijos, para que el contribuyente pueda reducir su base imponible o aplicar el tratamiento especial que reciben esas anualidades por alimentos.

8. Si tiene más de 65 años y quiere obtener liquidez, la primera opción que debe de contemplar es la transmisión de su vivienda habitual, ya que la ganancia patrimonial que obtenga estará exenta. Eso sí, si la vivienda también es de su cónyuge y este no ha llegado a dicha edad, quizás les convenga esperar a que la cumpla para formalizar la transmisión y no tener que tributar por el 50% de la plusvalía.

9. Los mayores de 65 años tienen la posibilidad de transmitir cualquier bien o derecho y no tributar por la ganancia patrimonial que se le produzca a condición de invertir lo obtenido, con un máximo de 240.000 euros, en una renta vitalicia, con un plazo para realizar la reinversión de 6 meses. En caso de que todavía no haya llegado a esa edad, valore si le interesa aplazar la operación hasta el año en que la tenga.

10. La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha introducido una modificación con la finalidad de que un contribuyente que adquiere un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subrogue en el valor y la fecha de adquisición que tenía dicho bien en el causante, aunque esto solo ocurrirá si el beneficiario transmite el bien antes de que transcurran 5 años desde la fecha en que se realizó el pacto sucesorio y antes del fallecimiento del causante. Únicamente se aplica esta norma a transmisiones efectuadas a partir del 11/07/2021.

11. Si hace aportaciones a un sistema de previsión social podrá ahorrarse impuestos por cada euro que destine a este tipo de productos hasta el menor de los siguientes límites: un máximo anual de 2.000 euros o el 30% de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades económicas. En 2020, la cuantía que podía desgravarse de la base imponible del IRPF alcanzaba los 8.000 euros. En 2021, disminuyó a 2.000 y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevé reducir este límite hasta los 1.500 euros a partir del 1 de enero próximo, por lo que este año todavía es más interesante agotar el límite con aportaciones hasta 31 de diciembre.

12. Si se acerca el momento de la jubilación y se plantea la posibilidad de rescatar el plan de pensiones, es importante señalar que las prestaciones tributan como rendimientos del trabajo, imputándose al año en que sean percibidos, y que, si se rescata en forma de capital, se puede disfrutar de una reducción del 40% sobre el importe correspondiente a las aportaciones realizadas con anterioridad al año 2007. En cambio, si se rescata en forma de renta, no se podrá aplicar dicha reducción.

13. Si ha obtenido alguna plusvalía transmitiendo elementos patrimoniales, aún está a tiempo de rebajar el coste de la factura fiscal transmitiendo otros elementos con pérdidas, independientemente del tiempo que hayan permanecido en su patrimonio. Estas pérdidas se restan de las ganancias derivadas de transmisiones. Ahora bien, la pérdida no será aprovechable si vuelve a adquirir los elementos, en general en el plazo de un año y, si se trata de valores cotizados, en los 2 meses anteriores o posteriores.

14. Si en ejercicios anteriores tuvo un saldo negativo originado por la transmisión de elementos patrimoniales, incluso cuando ese saldo se hubiera originado por transmisiones de bienes o derechos con menos de un año de antigüedad, y no han pasado más de 4 años, puede aprovechar esos importes para eliminar o atenuar la tributación de las plusvalías que realice antes de fin de año.

15Si juega online, en casinos, en bingos, hace apuestas deportivas, etc., le conviene acumular las pruebas de sus pérdidas, y así solo tendrá que tributar por las ganancias netas.

16. Si es empresario o profesional y ha satisfecho gastos de atenciones a clientes y proveedores durante 2021, debe de tener en cuenta que el máximo deducible es el 1% del importe neto de la cifra de negocios, por lo que, desde el punto de vista fiscal, le conviene no pasarse de ese porcentaje en el año.

17. Si va a realizar o está realizando una actividad económica a través de una sociedad, tenga en cuenta que, en general, tendrá que valorar a mercado las contraprestaciones por las entregas de bienes o por las prestaciones de servicios del socio a la sociedad, y viceversa, si la participación alcanza o supera el 25%. También deberá tener en cuenta esta regla de valoración para las retribuciones percibidas por los administradores, salvo las referidas al ejercicio de sus funciones.

18. Siendo empresario o profesional, aún está a tiempo de adquirir algún activo nuevo y aplicar una deducción del 5% de la inversión realizada con los rendimientos netos de la actividad de 2020 o de 2021 –2,5% cuando se hubiera practicado la reducción por inicio de actividad–. El importe de la deducción no puede exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos invertidos.

19. Si aplica el régimen de módulos, le conviene hacer un cálculo del rendimiento neto que debería declarar si estuviera en estimación directa y, si le conviene más, renunciar a módulos, pero sepa que solo es posible si la renuncia se hace efectiva en diciembre de este año o, como muy tarde, cuando se presente el pago fraccionado del 1T de 2022 por estimación directa. Y si le interesa el régimen de estimación objetiva que está aplicando, vigile el cumplimiento de los límites en 2021 para no tener que pasar a estimación directa en 2022.

20. Si ha realizado inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF), tenga en cuenta que, con efectos 1 de enero de 2022, se procede a homogeneizar el tratamiento fiscal de estas inversiones, con independencia del mercado, nacional o extranjero, en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento. Por tanto, si dispone de ETF extranjeros y desea vender y reinvertir, puede aprovechar a hacerlo antes de 31 de diciembre para acogerse al régimen de diferimiento.

21. En caso de que en 2021 haya transmitido acciones de una sociedad que no cotiza, obteniendo una ganancia patrimonial, debe estar preparado para una posible comprobación si el precio fijado ha sido inferior al mayor de dos: el valor del patrimonio neto de la sociedad que corresponda a los valores transmitidos, o el importe que resulte de capitalizar al tipo del 20% el promedio de los resultados de los 3 ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. Para ello, lo mejor será disponer de una valoración de la empresa realizada por un perito, que acredite que el precio obtenido es el de mercado.

22. Tenga en cuenta que se puede deducir el 30% de las cantidades satisfechas en 2021 por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, sobre una base máxima anual de 60.000 euros, sin que formen parte de dicha base los importes respecto de los que practique alguna deducción establecida por una comunidad autónoma. La aplicación de la deducción procede realizarla en el período impositivo en que se desembolsen las cantidades correspondientes, aunque la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil se produzca en un ejercicio posterior.

23. A efectos de la cuantificación del gasto por amortización, que es el 3% del mayor del coste de adquisición satisfecho o del valor catastral de la construcción, hay que saber que, si el inmueble ha sido adquirido a título gratuito, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “el coste de adquisición satisfecho” es el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es decir, el consignado en la escritura de herencia o donación. Si aplicó el criterio administrativo –considerar que el valor satisfecho era lo pagado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones–, es posible que tenga derecho a solicitar una devolución de ingresos indebidos por los 4 años anteriores.

24. Si dispone de una vivienda alquilada como vivienda habitual del inquilino, recuerde que podrá deducir entre un 20 y un 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde el 06-10-2021 hasta el 31-12-2022, o 31-12-2023 en algunos casos, siempre que esas obras contribuyan a la reducción de determinados porcentajes del consumo de energía o incrementen la eficiencia energética. Lo mismo es predicable de las obras realizadas en la vivienda habitual del contribuyente.

25. No pierda de vista que los arrendadores de locales –siempre que no sean calificados como grandes tenedores–, cuyos arrendatarios los utilicen en la realización de una actividad económica de turismo, hostelería o comercio, van a poder computar, como un gasto extraordinario para determinar el rendimiento neto del capital inmobiliario, la rebaja de la renta arrendaticia que hayan acordado para el primer trimestre de 2021, siempre que después no se compense, y que arrendador y arrendatario no sean parientes –hasta segundo grado–.


FUENTE: LA RAZÓN

Source: econsulting

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La AEAT publica una guía para procedimientos amistosos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado el Kit Digital, el programa de ayudas del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno para promover la digitalización de pymes y autónomos, que contribuirá a modernizar el tejido productivo español.

El programa está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y tiene el objetivo de digitalizar a de pymes y autónomos en todo el territorio nacional.

El Kit Digital nace para apoyar la transformación digital de pequeñas empresas, microempresas y autónomos y acompañarles en la adopción de soluciones digitales que aumenten su nivel de madurez digital. Un programa enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes.

«El futuro de nuestras pymes y autónomos se escribe en clave digital. El objetivo es claro: aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación para dotar a nuestras pymes y autónomos de las herramientas digitales que necesitan para aumentar su escala, acceder a nuevos mercados y desarrollar todo su potencial», ha señalado la vicepresidenta primera.

Tras la publicación en los próximos días de la orden de bases, que recogerá el funcionamiento del programa, saldrá una invitación pública para que los agentes digitalizadores puedan unirse al programa y ofertar sus soluciones.

Posteriormente, durante el período 2021-2023, se lanzarán varias convocatorias de ayudas dirigidas a los diferentes segmentos de pymes y autónomos. La primera convocatoria de ayudas, con una inversión de 500 millones de euros, irá dirigida a pymes de entre 10 y 49 trabajadores.


Asesoramiento en el proceso de digitalización

Para acceder a las soluciones digitales personalizadas, las empresas interesadas deberán comprobar primero su nivel de digitalización a través de un ‘test de autodiagnóstico’, puesto a su disposición en la plataforma AceleraPyme. También pueden acceder a toda la información y recibir asesoramiento en el teléfono 900 909 001, o presencialmente en las Oficinas AceleraPyme distribuidas por toda la geografía española.

Las empresas que accedan a este programa a través de la convocatoria pública recibirán un bono digital que identificará la cuantía económica que dispondrán para utilizar en las soluciones digitales que mejor se adapten a sus necesidades. Estas soluciones digitales se podrán elegir de un amplio catálogo. Se han identificado inicialmente diez categorías:

  • Presencia en internet y sitio web: creación de una página web para la pyme y/o prestación de servicios para dar visibilidad a la misma en los principales sitios de Internet.
  • Comercio electrónico: creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que utilice medios digitales para su intercambio.
  • Gestión de redes sociales: promocionar la pyme en redes sociales.
  • Gestión de clientes y/o proveedores: digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
  • Business Intelligence y analítica: explotación de datos de la empresa para la mejora del proceso de toma de decisiones.
  • Servicios y herramientas de oficina virtual: implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabajadores de la pyme.
  • Gestión de procesos: digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados con los aspectos operativos o productivos de la pyme.
  • Factura electrónica: digitalizar el flujo de emisión de facturas entre la pyme y sus clientes
  • Comunicaciones seguras: proporcionar a las pymes seguridad en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la empresa.
  • Ciberseguridad: proporcionar a las pymes seguridad básica y avanzada para los dispositivos de sus empleados


Una iniciativa con interés

Para articular la iniciativa del Kit Digital se lanzó una Manifestación de Interés el pasado mes de abril que recibió más de 900 propuestas, el 74% provenían de empresas y, de éstas, un 90% eran pymes. Estos datos reflejan la conciencia sobre la importancia de la digitalización en el ámbito de las pymes.


FUENTE ADADE CENTRAL

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La subida de cotizaciones del MEI implicará 5 euros al mes para autónomos

Según cálculos difundidos este jueves por UPTA

La subida de cotizaciones pactada entre el Gobierno, CCOO y UGT en el marco del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá para los autónomos un esfuerzo contributivo adicional de 5 euros mensuales, según cálculos difundidos este jueves por UPTA.

La organización de autónomos ha denunciado en un comunicado que, antes del nuevo modelo que se ha pactado para subir las pensiones con el IPC, la revalorización de las prestaciones percibidas por 1,9 millones de pensionistas del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) se vio «mermada de forma notable».

UPTA recuerda que uno de sus principales objetivos es romper con la brecha existente entre las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena y las de los autónomos, pues actualmente la distancia entre la pensión media de los autónomos (714,93 euros mensuales) y la de los asalariados (1.138,5 euros) supera los 423 euros al mes.

En el caso de la pensión de jubilación, esta diferencia se incrementa hasta los 543,7 euros mensuales. Según UPTA, ello se debe a que el 87% de los más de 3,3 millones de autónomos cotizan por la base mínima, lo que hace que al final cobren una menor pensión.

«Este problema es mucho más grave para los más de 700.000 trabajadores autónomos que obtienen rentas más bajas de su actividad económica, que por su situación no pueden contratar planes de pensiones privados adicionales o no son capaces de ahorrar o acumular un patrimonio lo suficientemente amplio para cubrir las necesidades económicas en su jubilación», expone UPTA.

A ello se suma que más del 40% de los autónomos tienen contratados seguros de pensión privados, «lo que redunda en la apatía de elevar las bases de cotización en el sistema público».

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, la reforma de pensiones «es razonable», tendrá un efecto positivo en la revalorización de las prestaciones y hará que no sea necesario acometer reformas que aumenten el periodo de vida laboral ni recortes en las pensiones, «tal y como lleva sucediendo desde el año 2013».

Además, el nuevo sistema de cotización en función de los rendimientos netos de la actividad que se pretende implantar en España, hará que aquella parte del colectivo de autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) reduzca su esfuerzo contributivo, según UPTA.

«Es necesario dejar cerrado el nuevo sistema y devolver al RETA uno de sus principales cometidos, la justicia contributiva, aunque está claro que hay quien prefiere mantenerse al lado de las clases económicas más pudientes. En UPTA no», ha afirmado Abad.


FUENTE: EL DERECHO.COM

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¿Implantar el teletrabajo supone eliminar compensación por comida?

Es una compensación de gastos por tener que realizar la comida fuera del domicilio, única y exclusivamente cuando se trabaja.Los trabajadores de la empresa venían prestando el servicio de forma presencial hasta la declaración del estado de alarma, fecha en la que pasan a prestar sus servicios de forma telemática. Desde esta fecha y, aunque los trabajadores continuaron prestando sus servicios en jornada partida, la empresa, unilateralmente, dejó de abonar la compensación por comida prevista en el convenio colectivo.

La representación de los trabajadores solicita que la citada compensación sea abonada y, tras la negativa de la empresa, presenta de presenta demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare el derecho de los trabajadores a percibir la compensación por comida cuando desarrollen su trabajo en régimen de jornada partida.

La AN desestima la demanda declarando el carácter indemnizatorio de la compensación por comida por las siguientes razones:

a) El convenio colectivo aplicable (oficinas y estudios técnicos) establece una compensación por comida por jornada partida, procediendo su entrega salvo que la empresa esté facilitando a su cargo servicio de restaurante o comedor en el centro de trabajo o sus cercanías inmediatas. Por ello, aplicando una interpretación integradora, considera que la compensación está contemplada para la realización de la jornada partida presencial pero no en teletrabajo.

Asimismo, el hecho de que el convenio no obligue a realizar el abono de una cantidad de dinero, sino que a su elección pueda establecer que la prestación del servicio de comedor se realice en el centro de trabajo o en sus cercanías inmediatas apoya la interpretación de que la compensación por comida en jornada partida está pensada para el trabajo presencial y no para el teletrabajo.

b) Tanto jurisprudencia de la AN como del TS avalan esta interpretación. Así se ha denegado la compensación por comida en jornada partida al personal de la empresa demandada en situación de IT, al considerarlo de un gasto indemnizatorio o una compensación de gastos.

No puede aplicarse en este supuesto los últimos pronunciamientos de la AN en los que se aprecia la existencia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puesto que el pago se realizaba obligatoriamente mediante un sistema de recarga, sin que la empresa pudiese elegir la forma de prestación de la compensación por comida en jornada partida.

c) No existe una diferencia de trato entre trabajadores presenciales u a distancia, puesto que como han señalado tanto el TC como el TEDH no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del Const. art.14; tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin ofrecer una justificación objetiva y razonable para ello. En el supuesto enjuiciado en cuando que no se parte de la misma situación entre los trabajadores presenciales y los no presenciales, no puede pretenderse un trato idéntico, pues éstos no deben realizar desplazamiento alguno en la jornada partida, lo que si deben realizar los presenciales.

Se emite un voto particular, en el que se considera que la demanda debió ser estimada pues entiende que el convenio colectivo únicamente condiciona su abono a la prestación efectiva de servicios, estableciendo que el tiempo de comida no podrá ser inferior a una hora ni superior a dos.

Siempre que el tiempo para comida se encuentre dentro de estos márgenes, se tendrá derecho a una compensación por comida en los términos fijados en el art. 41 del presente Convenio, por día trabajado en jornada partida, lo que en este caso no consta se modificara, por lo que los trabajadores afectados tenían derecho a percibir la ayuda reclamada.


STS (SOCIAL PLENO) DE 29 SEPTIEMBRE DE 2021. EDJ 2021/711168 ( Fuente: ADN Social )


FUENTE: ESPACIO ASESORÍA

 

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El Gobierno y los sindicatos acuerdan que las cotizaciones a las empresas suban 0,5 puntos y 0,1 a los trabajadores a partir del 2023

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social,  cerró con los sindicatos el acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), uno de los asuntos más controvertidos de la primera parte de la reforma de pensiones, tras el rotundo rechazo de los empresarios, que quedan así al margen de la subida de impuestos al empleo propuesta de medio punto a las empresas.

El plan pactado entre Gobierno y sindicatos supone un alza de la cotización del 0,6% a partir de 2023 y durante un periodo de diez años y de ese porcentaje 0,5% lo pagarán las empresas y un 0,1% los trabajadores.

En su comparecencia el ministro Escrivá explicó, esto supondrá un incremento mensual de los pagos sociales “que no llegan a 12 euros mensuales” en una base media de cotización de alrededor de 2.000 euros al mes. De esta cantidad algo menos de 10 euros los pagará el empresario y poco menos de 2 euros el trabajador.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que con esta nueva cotización extra se pretende recaudar unos 50.000 millones de euros para volver nutrir la llamada hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) para costear el sobrecoste de las pensiones desde 2033 a 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación más amplia del país, los ‘baby boomers’.

. La subida se aplicará durante 10 años, entre 2023 y 2032; para ser utilizados en caso de que las cuentas del sistema de pensiones se desequilibren, y ese desequilibrio se medirá, a partir de 2033 y con una periodicidad trienal.

Y concluyó señalando que «todo el mundo tiene que entender que el Estado de Bienestar hay que pagarlo» y que en los países con modelos análogos al español también se hace de esta forma.


 FUENTE ADADE CENTRAL

 

Source: econsulting