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ADADE/E-Consulting participa en la IV Jornada Tributaria

El pasado 13 de marzo, se celebró en Barcelona la IV JORNADA TRIBUTARIA, organizada por el Colegio de Economistas de Catalunya, en la que participó Adade/E-Consulting, representada por el economista y abogado, el Dr. Ramón Mª Calduch.
La Jornada contó con la presencia de D. Valentí Pich, Presidente del Consejo General de Economistas de España, el Decano del Colegio de Economistas de Catalunya, D. Anton Gasol y D. Nacho Cornet, Presidente de la Comisión de Fiscalistas del Colegio.
En la misma intervinieron ponentes como Dª Rosa Mª Prieto, Directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, D. José Manuel Lizanda, Jefe del equipo Regional de la Inspección en la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña, Dª Natalia Caba, Directora General de Tributos de la Generalitat de Catalunya, y los letrados y fiscalistas D. Alejandro del Campo, Esalú Alarcón, Ignacio Ucelay y Cristobal Martell.
Se analizaron y debatieron temas de rabiosa actualidad, como el modelo 720 después del dictamen motivado de la UE, los aspectos tributarios del Pacto Sucesorio, la Responsabilidad Penal de los Asesores Fiscales y la problemática con la planificación fiscal y las consecuencias fiscales del proyecto de reforma contable, entre otros.

Source: econsulting

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Es necesario consentimiento del trabajador para acceder a sus datos fiscales

En una sentencia reciente la AN declara contrario al derecho a la intimidad y al honor exigir al trabajador que aporte la declaración de la renta o el informe de la AEAT para comprobar el cumplimiento de las normas del código de conducta de la empresa. Esta exigencia de documentos con o sin consentimiento expreso del trabajador es una medida inadecuada y desproporcionada para la finalidad que se persigue.
En la demanda de conflicto se solicita que se declare la nulidad de distintos artículos del Código de conducta del Banco de España que contienen medidas tales como:
a) Necesidad de autorización previa para intervenir en cualquier tipo de conferencia, congreso, cursos o seminarios externos o cualquier colaboración que se realice en todo tipo publicación o para relacionarse con medios de comunicación cuando se trate de cuestiones económicas, financieras, bancarias o cualesquiera otras relacionadas con las funciones del banco de España.
b) Restricciones a la realización, directa o indirecta, de operaciones financieras privadas críticas.
Los demandantes consideran que estas medidas vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y dignidad del trabajador. Si bien la AN desestima la demanda en este punto, diferente es la conclusión con respecto de la posibilidad de que la Unidad de Cumplimiento interno lleve a cabo actuaciones de verificación del cumplimiento de las normas aplicables a la realización de operaciones críticas, mediante la solicitud al empleado de una copia de la declaraciones de IRPF y de los datos fiscales facilitados al interesado por la AEAT pudiendo apoyarse, para ello, en empresas externas.
En los documentos de IRPF y de la AEAT se consignan datos que pertenecen a la intimidad de las personas pues informan sobre el gasto en que incurre el obligado tributario, datos de afiliación a un sindicato, o de si colabora o no con la iglesia católica o con ONG o el patrimonio personal que posee. La cuestión se refiere a si la obligación de entrega de las declaraciones de IRPF así como los datos fiscales facilitados por la AEAT vulnera o no el derecho a la intimidad personal.
La AN es clara al respecto: entre las facultades de control del empresario no figura la de poder solicitar a sus empleados datos que pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de los mismos.
 
FUENTE: ADADE CENTRAL
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Igualdad de oportunidades en el empleo

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. Adopta medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
(BOE 57/2019, publicado el 7 de marzo)        Ver documento

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¿Puede la ley blindar un secreto empresarial?

La nueva norma patrimonializa y convierte en un activo esa materia confidencial.
El próximo día 13 de marzo entrará en vigor la nueva Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que aprobaron in extremis las Cortes el 22 de febrero. Apremiaba dejar promulgada esta ley antes de la disolución de la Cámara para no demorar aún más la trasposición de la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de junio de 2016 y evitar el riesgo de sanción al Gobierno.
Sin duda que era preciso armonizar las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en esta materia. El fomento de la ­I+D+i pasa ineludiblemente por la mejor protección de los secretos empresariales. Sobre todo en lo que concierne a la innovación. Las mejoras en la productividad, en los procesos organizativos, el desarrollo de planes de investigación, la implantación de nuevas estrategias comerciales y tantas otras iniciativas de emprendimiento dependen de ello. Porque son elementos de competitividad, y quienes han de acometerlos –incluyendo a las pymes– pueden quedar desanimadas si no cuentan con el adecuado respaldo normativo e institucional.
¿Qué supone la nueva ley? ¿Realmente conseguirá su objetivo de preservar la confidencialidad de esa información sensible? Aunque solo el tiempo nos dará la respuesta, sí podemos aventurar algunas reflexiones.
Partimos de una regulación muy tenue de esta temática. Solo contábamos con la proclamación por la Organización Mundial del Comercio, en la Ronda Uruguay de 1994, del principio de protección de los secretos empresariales y un artículo de nuestra Ley de Competencia Desleal de 1991 que tipificaba como desleal la violación de secretos. Evidentemente una regulación más exhaustiva mejora la protección de derechos y generará confianza.
Resaltamos la mejor definición de los secretos empresariales. En línea con la directiva, solo se protege la información que sea secreta, que tenga un valor empresarial real o potencial y siempre que su titular haya adoptado las medidas adecuadas para su protección. También se perfilan con nitidez las conductas prohibidas, huyendo de la ambigüedad que hasta ahora existía por la parquedad normativa. Una novedad destacable en este sentido es la inclusión, como conducta infractora, de la producción y comercialización de las “mercancías infractoras”; es decir, de productos o servicios obtenidos mediante el acceso ilícito a secretos empresariales. Estas circunstancias propician una mayor seguridad jurídica en los operadores del mercado, ya sean titulares de los secretos empresariales o ya sean quienes utilizan información ajena.
Con el nuevo marco legal los secretos empresariales se patrimonializan. Pasan a ser un activo más. Su titular puede venderlos, aportarlos o conceder licencias de uso. Esta novedad, que va más allá de los contenidos impuestos por la directiva, a buen seguro incentivará la generación de estos intangibles. Podemos pensar en tantas startups ávidas de crear y desarrollar estructuras, activos o elementos rentabilizables.
Una aportación destacable de la nueva normativa es la concerniente al ejercicio de acciones judiciales. Las peculiaridades de este ámbito justifican las especialidades procesales que ha introducido el legislador. Una mejor tutela judicial significa mayor incentivo para crear y emprender. Porque se espera obtener una respuesta favorable de los tribunales. Ello implica la esperanza de evitar la pérdida de la confidencialidad con unas medidas cautelares eficaces; a su vez, la convicción de obtener una adecuada reparación si el daño se consuma, y, por último, la posibilidad, no siempre fácil, de obtener los medios de prueba para demostrar las prácticas ilícitas, pues un sistema tan garantista como el nuestro exige probar los hechos en juicio. La ley aprobada abunda en esos tres frentes para reforzar la posición del titular del secreto que se siente perjudicado. 
Cierto es que la norma exige a los tribunales la aplicación del principio de proporcionalidad, sobre todo cuando sus resoluciones pueden resultar gravosas para terceros. Medidas como la indemnización coercitiva pueden ser apropiadas para reprimir la vulneración de derechos.
El nuevo marco legal constituye un auténtico reto para las empresas. Como expresamente menciona el artículo 1, solo merecerán protección los secretos cuyos titulares se hayan preocupado de preservarlos con medidas razonables. Esto exige redoblar los esfuerzos para mantener la privacidad de esa información. Entablar compromisos adecuados de confidencialidad; crear protocolos exigentes y demás códigos de conducta en el seno de la empresa; involucrar en la confidencialidad a terceros que participan en la gestión de la información o acceden a ella por cualquier causa (proveedores, clientes, colaboradores…). Del mismo modo que hace aconsejable dotarse de unos clausulados exigentes en los contratos de transferencia o de licencia de uso.
La tarea de protección de los secretos no parará en la mera formulación documental de acuerdos, cláusulas o disposiciones. El titular habrá de cuidar la implantación de medidas adecuadas de seguridad informáticas, de hermetismo en sus archivos, de control en los accesos, de prevención de usos o desvíos indeseados de datos y actuaciones similares. Siempre con el fin de poder demostrar, llegado el caso, que puso sus mejores oficios para impedir que la información confidencial dejara de serlo.
Y, cómo no, un comportamiento exigible a quien pretende una respuesta cautelar en sede jurisdiccional contra infractores es la celeridad en la denuncia. No puede demandar una protección judicial urgente quien no sea diligente en el ejercicio de las acciones procedentes.
Ante la nueva norma es aconsejable, por otro lado, que las empresas revisen sus programas de compliance; el cambio normativo requiere actualizar la prevención de irregularidades de los miembros de sus plantillas.
FUENTE: CINCODÍAS

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Futuro sistema de puntos para que empresas "cumplidoras" no paguen el IVA en compras europeas

Hacienda estudia un sistema de puntos para que empresas «cumplidoras» no paguen el IVA en compras europeas.
Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria aboga por extender los acuerdos a la vía económico administrativa, según ha adelantado en una comparecencia, el organismo que él dirige estudia implantar un sistema de puntos para calificar a empresas «cumplidoras»,  evitando así que tengan que hacer frente al IVA en compras intracomuntarias, se tendrán en cuenta distintos criterios, como estar adherido al código de buenas prácticas, la presentación de información transparente o estar sujeto al Sistema Inmediato de Información del IVA sin incidencias.
También según Gascón, estos requisitos son compatibles con los modelos de compliance en lo que respecta a la autorregulación y el cumplimiento voluntario tributario, que es el «principal objetivo» de la Administración Tributaria en aras de evitar la litigiosidad.
La Administración Tributaria estudia un modelo que contempla un sistema de puntos, solo añadiría puntos y no restaría, para certificar a contribuyentes y que puedan seguir comprando en otros países sin tener que pagar el IVA, y evitar así que se repercuta a los consumidores finales.
El futuro marco de IVA que se debate en la Unión Europea para la futura directiva correspondiente incluye entre otros la posibilidad de que las empresas que comercien con el mercado comunitario deban tener el «sujeto pasivo certificado» para poder beneficiarse de las ventajas del futuro marco. Esta exigencia afectaría a «centenares de miles» de empresas españolas según los datos de Aduanas, firmas que deberán conseguir este documento para poder seguir comerciando con la UE sin disparar sus costes, esta medida provocaría que la Agencia Tributaria clasificaría a los contribuyentes según obtuviesen el certificado o no.
En palabras de Gascón, el sujeto pasivo certificado complicará la situación sobre todo a las pymes, ya que para conseguir este documento deberán de probar «que son solventes financieramente, que tienen un expediente limpio». La negociación sigue abierta en UE.
FUENTE: ADADE CENTRAL

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La AEAT advierte de que el compliance tributario “no es un escudo frente al incumplimiento”

Anuncia además un carné por puntos eximir a las empresas del pago de IVA en las compras intracomunitarias.
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón Catalán, ha afirmado esta mañana que los modelos de compliance tributario tienen validez como mecanismo de autorregulación, «pero en ningún caso deben ser entendidos como un escudo cuando se incurra en incumplimiento de las obligaciones fiscales». Además, Gascón ha anunciado que la AEAT estudia crear «una especie de sistema de puntos» para empresas cumplidoras, que podrían así evitar hacer frente al IVA en compras intracomuntarias, al obtener la calificación de sujeto pasivo certificado. Todo ello en el marco de la futura modificación de la gestión del IVA comunitario.
Jesus Gascón ha hecho estas declaraciones durante su ponencia en el Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters, que se celebra hoy en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid. El evento, dirigido por Margarita Santana, socia directora de Santana Lorenzo Abogados, ha reunido a cerca de 200 profesionales expertos en una materia de absoluta actualidad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La implementación de mecanismos de buen gobierno tributario en las empresas no solo sirve para prevenir y minimizar los riesgos tributarios, sino también constituye un importante factor reputacional ante los clientes. Los expertos han analizado en profundidad las novedades más relevantes que se están produciendo en el ámbito normativo tributario, con especial referencia a la recientemente publicada Norma UNE 19602, el primer estándar nacional sobre compliance penal tributario.
El director general de la AEAT ha intervenido en el panel Qué es el Compliance Tributario: situación en España. Afirma que el organismo que dirige no tiene previsto impulsar cambios normativos que conlleven una rebaja de las sanciones. «Lo que hay que hacer es ver qué podemos mejorar con el sistema normativo actual. No descarto un cambio normativo a futuro, pero primero hay que ver qué queremos hacer antes de cambiar las normas. Hay mucho recorrido con el marco normativo actual». Gascón ha añadido por último que para la AEAT «lo fundamental es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Necesitamos fomentar los modelos cooperativos».
En parecidos términos Manuel Trillo Álvarez, delegado Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, ha afirmado que «cualquier iniciativa que favorezca a la administración tributaria su relación con los contribuyentes es buena, pero no deben generarse falsas expectativas en un momento en el que aún falta recorrido. Lo vemos con buenos ojos, pero hay que dejar claro que hoy por hoy todas las normas de compliance deben entenderse como mecanismos de autodefensa interna, no de defensa externa. Es una norma de carácter preventivo, pero no de blindaje frente a la administración tributaria».
De la misma opinión es Rosa María Prieto del Rey, directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, quien ve la UNE 19602 «como un instrumento más, pero que aún requiere llevarse a la práctica para ver cómo funciona».
Por su parte Isaac Merino Jara, magistrado de la Sección Tercera del Tribunal Supremo, ha valorado «de forma muy positiva» la reciente aprobación de la UNE 19602, porque «contribuye a que todos los mecanismos preventivos se potencien». Reconoce no obstante que el compliance tributario «no tiene el mismo respaldo normativo que el penal», que contempla eximentes y atenuantes «si se cuenta con plan de cumplimiento». El aspecto más positivo de la UNE 19602 «es la filosofia que emana: los principios de transparencia y seguridad jurídica». Ha reclamado también una cultura de colaboración entre las administraciones tributarias para llegar a unificación de criterios «a la hora de valorar la conducta del contribuyente».
Por último, José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), ha afirmado que «hace falta un cambio normativo radical» y ha reconocido que «hay que mejorar la pendencia de asuntos en los tribunales económicos administrativos ya que no resolver en un plazo razonable nos hace perder autoridad». En línea con lo anterior, «estamos trabajando en la unificación de criterios en los TEAC» en aras de la «seguridad jurídica», pero «necesitamos el apoyo político y el social. Soy partidario de que vayamos todos en la misma dirección para tener una justicia tributaria justa», ha afirmado.
¿Exención de la responsabilidad penal?
Ante la pregunta que ha dado nombre al segundo panel: Delito fiscal ¿es aplicable la exención de responsabilidad penal con el compliance tributario?, el Fiscal Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha afirmado que «el cumplimiento de la UNE 19602 no garantiza que no se cometan delitos, tal y como reconoce la propia norma», máxime «si los cometen los subordinados». Ha añadido que deberá acreditarse vía certificación que el programa existía, «pero que nadie crea que una pegatina de acreditación va a eximir de responsabilidad… eso lo harán los tribunales».
Según Luzón, es fundamental que las empresas «se doten de recursos para permitir detectar riesgos tributarios, que no son solo financieros», como es el caso de «los planes de contratación con socios estableciendo con ellos cláusulas que limiten riesgos».
Por su parte, Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, ha explicado la necesidad de prestar especial atención al artículo 31 bis del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que regula también los supuestos de exención, y «que describe la imputación a nivel directivo o a nivel empleado». Ha recordado que si el directivo deja de pagar impuestos, él comete el delito, «pero también arrastra a otra persona distinta, que es la empresa como sujeto obligado».
El abogado y magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia José Antonio Choclán ha afirmado que el compliance tributario «tiene una gran importancia», si bien ha recordado que «no es un tema nuevo» ya que la responsabilidad de la persona jurídica «es por omisión, lo que ya existía como delito». En su opinión, la norma UNE tiene «la virtud de establecer unos parámetros de conducta que permiten a la persona jurídica identificar sus riegos». Y aclara que si no establece mecanismos de prevención, «va a ser jurídicamente culpable porque no ha hecho nada».
María Ángeles Villegas García, letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo, ha recordado que «en el ámbito penal las empresas pueden poner en valor la existencia de un programa de cumplimiento», pero «en el tributario parece que su relevancia va a ser menor».

Los empresarios dicen que prima el sistema represivo frente al de la prevención
En contraposición a las tesis defendidas por los representantes de la administración tributaria, Bernardo Soto Siles, secretario de la Comisión Fiscal y jefe del Área Tributaria de la CEOE, ha afirmado que «tenemos un sistema tributario en el que aún prima el modelo represivo frente al de prevención. Va más encaminado a castigar al incumplidor que a primar el cumplimiento». Por eso cree que la UNE 19602 «es un buen primer paso para incluir el compliance tributario en la normativa española». Bernardo Soto ha afirmado que los empresarios «me transmiten que en materia tributaria navegan en aguas revueltas, con sucesión de normas cambiantes, con criterios en la administración también cambiantes y que se establecen en un tiempo posterior a la entrada en vigor de la norma».
Ha recordado por último que hay un problema en las liquidaciones tributarias, «como se ve en la excesiva litigiosidad». En su opinión se requiere un cambio de actitud por parte de la administración tributaria, «que impone miles de sanciones que saben que muy probablemente serán rectificadas por los tribunales. Pedimos algo de autocrítica por parte de la administración tributaria, que además tiene que fijar con rapidez criterios generales para cuando haya dudas en la interpretación».
FUENTE: LEGALTODAY

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El Gobierno aprueba un Decreto Ley para la protección social y contra la precariedad laboral

Además del subsidio para parados mayores de 52 años y el registro de la jornada laboral el Decreto Ley aprobado este viernes incluye otras medidas como:
– La elevación de las prestaciones por hijo a cargo. Se duplican las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo no contributivas. 
– Aumentan también las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total.
– Se establece una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social de 1.300 euros al año por la contratación indefinida de parados de larga duración (que hayan estado inscritos al menos 12 meses de los últimos 18 meses anteriores a la contratación). La bonificación se eleva a 1.500 euros si la contratada es una mujer desempleada.
– La Seguridad Social abonará las cuotas por todas las contingencias a todos los autónomos que se encontraban en situación de incapacidad temporal el 28-12-2018, una vez transcurridos 60 días de baja.
– Se reducirán a la mitad las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos de las empresas del sector turismo, hostelería y comercio durante los meses de febrero, marzo y noviembre.
– Los menores de 30 años se considerarán automáticamente inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil
– Se permitirá a los artistas de espectáculos públicos que permanezcan en el Régimen General durante los periodos de inactividad, con ciertas condiciones.
– Se establecen bonificaciones a la conversión en indefinidos de contratos temporales de trabajadores agrarios
– Se reduce la cotización de los trabajadores por cuenta ajena agrarios para que no les afecte tanto la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional, dado que mayoritariamente cobran esta renta

FUENTE: ADADE CENTRAL
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La nueva LOPD esclarece los tratamientos de datos en las 'due diligence'

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD) no sólo ha adaptado el ordenamiento jurídico nacional al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sino también ha introducido aclaraciones que ayudarán a responsables y encargados de tratamiento a llevar a cabo operaciones de tratamiento con mayor seguridad jurídica. 
Este es el caso de los tratamientos de datos personales realizados en el marco de procesos de due diligence, siendo que la nueva LOPD prevé, por fin y expresamente, la licitud de estos tratamientos.
El intercambio de información personal que se produce entre entidades participantes previamente a la culminación de una operación societaria o de compraventa de empresa es evidente. Así, para que el comprador, absorbente o cesionario de una rama de actividad -bajo el título que sea-, tenga un buen conocimiento de la entidad que se dispone a comprar, absorber, o recibir en virtud de la correspondiente transmisión, el acceso a datos personales relativos a trabajadores, clientes y proveedores puede presentarse como un factor determinante para el buen fin de la operación.
El ya derogado Reglamento de desarrollo de la también derogada LOPD del año 1999 establecía una ficción jurídica aplicable para operaciones de modificación estructural o transmisiones de negocio o rama de actividad según la cual, una vez formalizada la operación societaria, se permitía continuar con el tratamiento originalmente realizado por el anterior responsable, siendo que la comunicación de datos a favor del nuevo responsable resultante de la operación no se consideraba como una cesión de datos. Por consiguiente, no era necesario contar con el consentimiento de los interesados, sino que bastaba con informarles sobre la sucesión en la condición del responsable de sus datos. 
Ahora bien, ¿qué ocurría en la práctica cuando, por ejemplo, la entidad absorbente en una fusión pretendía tener acceso a datos personales de la entidad absorbida antes de la ejecución de la operación? En mi opinión, esta situación generaba problemas, máxime cuando este tratamiento resultaba necesario para la efectiva culminación de la operación, pues no quedaba claro si el acceso a datos por parte del nuevo responsable tenía cabida antes de concluir la operación. 
Ello dio lugar a la emisión de varios informes por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en los que declaró la viabilidad del acceso previo a los datos personales (véase el informe número 518/2009, donde en el marco de una fusión iniciada y no concluida, se permite el acceso de la entidad absorbente a datos de la entidad absorbida para permitir la integración de los sistemas de información de ambas entidades; en el mismo sentido, véase el informe número 194/2017 que analiza el Anteproyecto de la actual LOPD).
En la nueva LOPD, el legislador nacional ha querido hacerse eco de estos pronunciamientos de la AEPD. En efecto, el artículo 21.1 presume lícitos los tratamientos de datos derivados de cualquier operación de modificación estructural o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, incluida su comunicación previa. 
Ciertamente, y en base a la causa de licitud del interés legítimo, se permiten las comunicaciones de datos antes de la consecución de la operación, pues el legislador entiende que resultan necesarias para el buen fin de la operación e incluso pueden garantizar la continuidad de los servicios que pudieran prestarse a los interesados. Por lo tanto, podemos afirmar que el acceso a datos en el marco de las due diligence que conlleva la transmisión de datos de la empresa cedente a la empresa cesionaria puede entenderse amparado por este nuevo precepto. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que en tanto no concluya la operación, no será posible que la cesionaria de los datos los utilice para otra finalidad distinta de la correcta consecución de aquélla, lo que sólo será posible en el momento de su conclusión. 
Por otra parte, nada dice la ley respecto la obligación de informar a los interesados sobre la comunicación de datos realizada en el marco de estos procesos, la cual -a mi juicio- sigue siendo igualmente aplicable. Ahora bien, si se considera que el cumplimiento del deber de informar puede afectar gravemente al logro de los objetivos de la comunicación de datos previa, entonces dicho deber no sería de obligado cumplimiento.
Por último, el artículo 21.2 de la nueva LOPD obliga a la entidad cesionaria de los datos a suprimirlos en caso de que la operación no llegue a buen fin. Y ello es totalmente lógico que sea sí, dado que el acceso a los datos habría quedado limitado a la finalidad indicada (el buen fin de la operación), sin posibilidad de que las entidades participantes puedan conservar información personal de otras.
FUENTE: EXPANSIÓN

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Vuelve el “registro de horarios” de la jornada laboral

El real decreto de este último viernes incluye una modificación en el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada con la obligación para las empresas de llevar un registro horario que cuente las horas efectivas de trabajo de sus empleados, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, «sin perjuicio de la flexibilidad horaria». Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del real decreto en el BOE para poner en marcha esta medida.
Las compañías tendrán que conservar durante cuatro años los registros, que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno contempla sanciones a las empresas que incumplan esta medida, que acarrean multas de entre 626 y 6.250 euros para las empresas y no son individualizadas.
La medida según el Gobierno se justifica por “los problemas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” para vigilar los abusos horarios sin un registro. Hasta hace unos años, ese registro era obligatorio pero dos sentencias del Supremo acabaron con este criterio. Hace unas semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir lo contrario.
Desde la CEOE se argumenta, que esta medida es «un cambio hacia lo antiguo y que no tiene sentido en la actualidad con el desarrollo del teletrabajo y las nuevas tecnologías. Además el registro horario propuesto por el Ejecutivo aumenta la burocracia y los costes empresariales, tiene «problemas reales de aplicación», elimina las medidas de flexibilidad interna y de conciliación y es «de muy difícil aplicación» para las pequeñas y medianas empresas.
FUENTE: ADADE CENTRAL

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Nuevas ayudas de hasta 15.000 euros para que el autónomo compre un vehículo

El Programa MOVES dispone de 45 millones para permitir la adquisición de vehículos alternativos.
Los trabajadores autónomos que vayan a comprar un vehículo podrán acceder a ayudas de hasta 15.000 euros. Así es como se contempla en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, también denominado MOVES.
El programa MOVES dispone de un total de 45 millones para permitir la compra de vehículos alternativos, la creación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que se desarrollen sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y se puedan crear planes de transporte a centros de trabajo.
En el caso de que el autónomo esté pensando en comprar vehículos, las ayudas oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros.
Vehículos sostenibles
Según establece la normativa, el fabricante deberá ofrecer un descuento mínimo de mil euros, excepto si se trata de cuadriciclos y motos. A través de esto se pretende generar un incentivo adicional para aquellos profesionales y particulares que vayan a comprar un vehículo, para que este sea sostenible.
También habrá ayudas específicas para desarrollar puntos de recarga para coches eléctricos, así como para el desarrollo de sistemas de préstamos de bici. En estos casos, las ayudas serán de entre el 30% y el 40% del coste subvencionable. Además, se establece un límite máximo de ayudas para estos casos, que el Real Decreto ubica en 100.000 euros.
Ayudas movilidad sostenible
El Real Decreto también establece ayudas para la movilidad sostenible para aquellos trabajadores autónomos que adquieran un vehículo de este tipo. En concreto, esta partida tiene una dotación económica de 15 millones de euros, para mejorar la movilidad sostenible en ciudades con alta contaminación, las Islas, ciudades Patrimonio de la Humanidad u otras iniciativas enfocadas a la electromovilidad.
FUENTE: CINCODÍAS

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