Los jueces no ven problema en medir la temperatura en centros de trabajo porque prevalece la salud pública

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Los jueces no ven problema en medir la temperatura en centros de trabajo porque prevalece la salud pública

Las asociaciones de jueces coinciden al afirmar que en caso
de que las empresas decidan controlar la temperatura de sus empleados a la
entrada del centro de trabajo no vulnerarán el derecho de las personas a su
intimidad ya que se trata de prevenir nuevos contagios, y la salud pública
prevalece sobre los derechos individuales.

 

Control
temperatura empresa

En este sentido, el portavoz de la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha indicado en
declaraciones a Europa Press que no ve problema en ese control de temperatura y
recuerda además que existe la obligación de prevenir riesgos laborales.

A juicio de la AJFV el control no es invasivo y se trata de
una medida sanitaria que tiene por objetivo evitar contagios por la pandemia de
Covid-19. Además, recuerda que ese dato personal que se recoja, está sujeto a
la Ley de Protección de Datos, y que por tanto no se difunde salvo para los
fines adecuados.

Así, según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de 1995, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y alerta de que este derecho supone
la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores.

Por otro lado, el artículo 33 de la Ley General de Salud
Pública prevé que la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral se
debe desarrollar «de forma coordinada con los empresarios y los
representantes de los trabajadores» cuando se den unas circunstancias
concretas, como puede ser «en caso de pandemias u otras crisis sanitarias,
en especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación».

Además, tanto la Ley de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales como la Ley General de Salud Pública
advierten de que el «acceso a la historia clínica» por razones
epidemiológicas o de salud pública «obliga a preservar los datos de
identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial,
de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el
propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos».

Añade que cuando las Administraciones sanitarias necesiten
acceder a estos datos por las razones mencionadas, se hará a través de «un
profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta,
asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte
de la Administración que solicitase el acceso a los datos».

 

La
medida «no es invasiva» para la intimidad

Por todo esto, desde la AJFV inciden en que «a priori
no hay especial problema» y añaden que el control de temperatura está
justificada, es proporcionada y no es especialmente invasiva desde el punto de
vista de la intimidad. No obstante, añaden que el control de temperatura en
comercios, a los que el ciudadano acceda para consumir, es un caso diferente
porque se debe partir de la voluntariedad.

Por su parte, desde el Foro Judicial Independiente (FJI), su
portavoz Concepción Rodríguez apunta que en ese control en los centros de
trabajo «hay dos derechos fundamentales contrapuestos», el de la
privacidad y el derecho a la salud, y recuerda que cuando esto ocurre, uno de
ellos puede ser limitado por el otro.

«Hay un derecho prevalente, el derecho a la salud pública
prevalece sobre el de la privacidad», ha añadido para luego aseverar que
se puede controlar la temperatura de los trabajadores puesto que «la salud
es prioritaria». En este sentido, ha añadido que cuando el trabajador dé
positivo en un test, también se podrá restringir su derecho deambulatorio por
la misma razón: «Prevalece la salud pública a los derechos
individuales».

 

No
hay problema aunque la medición sea voluntaria

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD),
Ignacio González Vega, tampoco ve ningún problema en que se instaure la
medición de la temperatura como medida para la prevención de un riesgo para la
salud pública. Considera que no se vulnera ningún derecho, ni cuando la
medición sea «obligatoria», como puede ocurrir con un detenido en una
comisaría, ni cuando sea «voluntaria», pues el objetivo es
«evitar contagios».

Así, ha explicado que el dueño de un establecimiento puede
poner como requisito en su derecho de admisión la comprobación de la
temperatura y que el cliente puede decidir si se expone a ello o no. «Si
no quieres que te tomen la temperatura, no entras. Esto es algo
voluntario», ha indicado González Vega.

Algo distinto podría ocurrir con las aplicaciones
telefónicas que controlan el movimiento de los usuarios, como las creadas para
alertar si no se mantienen las distancias mínimas de seguridad recomendadas por
las autoridades sanitarias. González Vega afirma que si éstas utilizan unos
«códigos anónimos» que no estén vinculados a las personas, no
vulneraría ni su derecho a la intimidad ni la protección de datos.

 

«Utilidad
y proporcionalidad»

Por último, el presidente de la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha incidido en que «no hay problema de
legalidad» en el uso de termómetros o cámaras térmicas siempre y cuando
respondan a los parámetros de «utilidad y proporcionalidad».

Según ha explicado, tanto en los casos que sean
«obligatorios» realizar la prueba (como puede ser en empresas, en
virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) como en los
«voluntarios» (el acceso a una tienda), el uso de estos mecanismos
deben ser anunciados; no pueden almacenar ningún tipo de datos, como podría
ocurrir con las cámaras; y se deben ceñir al tiempo necesario para controlar una
crisis sanitaria o pandemia.

En este sentido, subraya que a la hora de realizar la prueba
se debe «proteger el anonimato» y que en caso de que una persona
presente fiebre, debería tener la oportunidad de «explicarse y
justificarse», ya que la temperatura corporal elevada no es un síntoma
exclusivo del Covid-19, sino que puede ser provocada por otras enfermedades o
infecciones.

 

Así, sobre las aplicaciones telefónicas que se están
desarrollando para garantizar las distancias interpersonales de seguridad, ha
señalado que no vulneran el derecho a la intimidad si únicamente funcionan como
«sensor de movimiento».

El «problema», ha puntualizado, sería que los
aparatos o aplicaciones «te identifiquen o te puedan hacer un
seguimiento» porque «eso sí que afecta a derechos de carácter personal
y necesita una regulación específica».

Source: econsulting

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