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Interinidad y otras ayudas especiales para autónomos

Los trabajadores pueden acceder a bonificaciones por bajas maternales o por conciliación, entre otras.
Los trabajadores por cuenta propia pueden acceder a una serie de ayudas durante el desempeño de su actividad profesional. Algunas de ellas muy conocidas como, por ejemplo, la tarifa plana. Otras, sin embargo, se aplican en casos menos comunes, pero son igualmente útiles. Repasamos a continuación el funcionamiento de bonificaciones en casos de interinidad o de contrato a un familiar colaborador, en caso de reincorporación o por conciliar la vida familiar o laboral.
Ayuda de interinidad para autónomos
Hay determinados momentos en los que un autónomo debe parar su actividad profesional. Se trata de casos en los que el profesional se encuentra de baja por maternidad, paternidad, embarazo o lactancia. Esta es la que se conoce como ayuda de interinidad. En estas circunstancias, el autónomo puede acogerse a una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social durante el periodo de descanso siendo el mínimo un mes.
Ayuda por conciliación

Otra de las ayudas del Estado puede concederse en casos de conciliación, para cuidar a hijos menores de 12 años o por cuidado de familiares enfermos o con discapacidad. En estas situaciones, el autónomo contrata personal para cubrir su reducción de actividad. Y puede recibir bonificaciones por ello. En concreto, las ayudas a la contratación durarán hasta 12 meses siendo el mínimo del contrato de tres meses. Si se hace un contrato indefinido la ayuda será del 100% de la cuota de la Seguridad Social, mientras que si es a tiempo parcial, del 50%.
Por otro lado, cuando el autónomo precisa de ayuda para sacar adelante su negocio en estos casos puede contratar a familiares hasta el segundo grado de consanguineidad, esto es, cónyuge o pareja de hecho, entre otros. La ayuda dura solo 24 meses. La bonificación sobre la cuota de la Seguridad Social varía en función de los meses de ayuda. Por ejemplo, del primer mes al 18, será del 50%, mientras que del 18 al 24, del 25%.
Ayuda a reincorporadas

Una cuarta ayuda afecta únicamente a las mujeres que hubieran tenido que cesar su actividad con motivo de la maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimientos y tutelas. Para estos casos, la autónoma tiene una ayuda en el caso de que decida reincorporarse al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. Más concretamente, accederá a una tarifa plana de 50 euros, durante los doce meses inmediatamente posteriores a dicha reincorporación. Siempre y cuando hayan pasado dos años desde la última vez que hubiera estado de alta como autónoma.
Ceuta y Melilla

Por último, los autónomos en Ceuta y Melilla percibirán una bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social por tiempo indefinido.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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Reformas en autónomos: ¿para cuándo un cambio del IVA de caja?

Adelantar el IVA de las facturas no cobradas genera problemas de liquidez. El IVA de caja no termina de resolver este problema.
El colectivo de los trabajadores autónomos está atravesando por una época de continuos cambios. Hace menos de un año entró en vigor la Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo. En la actualidad, se plantean nuevas modificaciones, por medio de otra proposición de Ley con cambios normativos que les afectan directamente.
Sin embargo, entre todas estas modificaciones no se vislumbran cambios en el IVA de caja. A pesar de los muchos análisis que recomiendan una depuración del actual sistema, que no es útil en absoluto. El último en denunciarlo ha sido la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE) quien ha pedido al Gobierno que se reforme. Lo ha hecho a través de su publicación Apyme Digital.
Alli explican que el IVA de caja es un sistema fiscal y contable alternativo, que permite dejar de lado las facturas de IVA pendientes de cobro de la contabilidad trimestral. También las que se prevén que se cobrarán con retraso. En la práctica, estas facturas se incluyen en los arqueos correspondientes una vez que definitivamente se hayan cobrado.
Limitaciones
No obstante, este sistema tiene sus limitaciones y obliga a las empresas a utilizar un sistema alternativo con demasiadas complejidades, lo que se traduce en que casi ninguna utiliza este sistema. En concreto, solo el uno por ciento de las empresas españolas.
El principal requisito que se establece para los sujetos pasivos que quieran acogerse al régimen especial del criterio de caja es que la facturación anual o volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros.
“Si se han iniciado actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, el importe del volumen de operaciones deberá elevarse al año. Si no se hubieran iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, se podrá aplicar este régimen especial en el año natural en curso”, explican.
“Desde CIAE defendemos no adelantar el IVA por las facturas no cobradas, y pedimos que se aborde una normativa clara de carácter obligatorio y no optativo, para que los autónomos consigan una inyección muy importante de liquidez al no tener que adelantar el IVA de las facturas que no han cobrado”, señalan en un comunicado.
“Cabe recordar que a la fracasada medida actual apenas se acogen un 1% de los autónomos, y esto se debe a que la ley está mal hecha y a las presiones que ejercen ante los autónomos sus clientes de mayor tamaño que se benefician de las grandes lagunas de la ley. Las últimas reformas que han afectado a los trabajadores autónomos han sido un avance en lo social pero que no han tocado aspectos fundamentales para el colectivo como la fiscalidad, la financiación y la dinamización del consumo, por eso consideramos que es hora de atajar y solventar estas cuestiones fundamentales para el auge y la consolidación del trabajo autónomo”, señalan.
FUENTE: CINCODÍAS

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Casos en los que el autónomo tiene prohibido emitir facturas simplificadas

Existen limitaciones en cuanto al tipo de negocio y la cantidad, según información oficial de la Agencia Tributaria.
Las facturas simplificadas son un tipo de facturas que puede emitir una empresa o un autónomo, aunque existen ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta para no incurrir en ilegalidades.
La primera de ellas está relacionada con el importe total de la misma. El autónomo podrá emitirlas, siempre y cuando el importe no exceda los 400 euros, con IVA incluido.
La agencia tributaria recuerda en su página web que existen otros usos que también están permitidos. Por ejemplo emitir simplificadas cuando se trate de rectificativas. Es decir, que se emitan para corregir errores de contabilidad llevados a cabo en una factura emitida con anterioridad. 
También se permite el uso siempre y cuando no sobrepasen los 3.000 euros con IVA incluido y se encuentren dentro de operaciones de ventas al por menor, venta ambulante o servicios a domicilio del consumidor. También en actividades relacionadas con el transporte de personas y sus equipajes, servicios de hostelería y restauración prestado por bares y restaurantes y suministro de comida y bebida para consumir en el acto.
La lista de actividades en donde sí se permite su uso en las mencionadas cantidades continúa: salas de baile y discotecas, así como servicios telefónicos prestados mediante cabinas o tarjetas magnética o electrónicas recargables que no permitan la identificación del portador, entre otros, y según recoge la Agencia EFE en una información.
Cómo hacer una simplificada
Para poder emitir una simplificada se debe incluir número y fecha de expedición, fecha de operación en caso de ser distinta y el NIF y el nombre y apellidos, así como la razón o denominación social del emisor.
Del mismo modo, se debe identificar los bienes entregados o los servicios prestados, el tipo impositivo y la inclusión del IVA.
La factura simplificada debe tener incluida la contraprestación total, mientras que en las facturas rectificativas debe incluirse la referencia de la rectificada.
FUENTE: CINCODÍAS

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La Directiva de intermediarios fiscales y el concepto de abuso fiscal

La Directiva de intermediarios fiscales (DAC 6) plantea algunos interrogantes en relación con su encaje con el abuso fiscal, otro de los temas recientemente regulados por el legislador comunitario
La Directiva 2018/822, de 25 de mayo de 2018, comúnmente conocida como «Directiva de intermediarios fiscales», es, sin duda, uno de los ámbitos que más controversia plantea en el panorama actual de la fiscalidad internacional. Como es sabido, en virtud de esta norma, los intermediarios (o en su defecto los contribuyentes) quedan obligados a informar a las administraciones tributarias sobre aquellos mecanismos fiscales que cumplan alguna de las señas distintivas que la propia Directiva recoge en su Anexo.
Respecto de las cuestiones formales conviene aclarar que esta Directiva de intermediarios fiscales modifica la Directiva 2011/16 de Cooperación Administrativa, que alcanza así su sexta versión (de ahí el acrónimo DAC 6). Su entrada en vigor antes de las vacaciones de verano marca un hito importante puesto que, aunque su plazo de transposición llega hasta el 31 de diciembre de 2019 y sus disposiciones se aplican desde el 1 de julio de 2020, la Directiva obliga a informar antes del 31 de agosto de 2020 de aquellos mecanismos «cuya primera fase se haya ejecutado» tras dicha entrada en vigor.
Desde el punto de vista sustantivo los interrogantes que se plantean son muchos y variados. Conceptos mencionados como «intermediario», «mecanismo» o «primera fase», además de muchos otros, quedan lejos de ser claros. No obstante, en este caso nos centraremos en una de las dudas que se suscitan y que afectan al propio enfoque de la Directiva: la relación entre esta nueva obligación de información y el concepto de abuso fiscal.
Ya se ha mencionado que un mecanismo únicamente debe ser comunicado a la administración tributaria cuando cumpla alguna de las señas distintivas del Anexo. Aunque el Anexo recoge cinco categorías de señas distintivas (a su vez, generales y específicas), puede hacerse una clasificación alternativa en dos grupos. Por un lado, las «señas objetivas», circunstancias cuya verificación implica la obligación automática de comunicar un mecanismo. Por otro lado, las «señas subjetivas», que generan la obligación de comunicar un mecanismo únicamente si, además de constatarse, se satisface el criterio del beneficio principal. Dicho criterio se cumple «cuando se pueda determinar que el beneficio principal o uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razonablemente de un determinado mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, es la obtención de un beneficio fiscal».
Como puede apreciarse, el criterio del beneficio principal implica que, respecto de determinadas señas distintivas, la obligación de comunicación únicamente existe si la obtención de un beneficio fiscal parece ser uno de los principales beneficios que una persona podría esperar. Ciertamente esta definición y su construcción en torno a qué se espera de la utilización de un mecanismo recuerda a algunas de las normas generales antiabuso que han visto la luz en los últimos tiempos, como por ejemplo la recogida en el artículo 6 de la Directiva 2016/1164 (ATAD). Ahora bien, en mi opinión, no son lo mismo.
En primer lugar, un análisis literal revela las diferencias entre ambos conceptos. Por un lado, el criterio del beneficio principal exige únicamente que uno de los beneficios principales que puede esperarse sea obtener un beneficio fiscal. Sin embargo, la norma general antiabuso de ATAD exige, además de que el establecimiento del mecanismo tenga entre sus objetivos principales la obtención de una ventaja fiscal, que dicha obtención sea contraria al objeto o finalidad de la normativa y que el mecanismo en sí no sea genuino (porque no se haya establecido por razones comerciales válidas que reflejan la realidad económica). La comparación permite comprobar que la norma antiabuso incluye dos test adicionales; es decir, este concepto de abuso es más estricto que la idea sobre la que se asienta el criterio del beneficio principal.
Ciertamente el concepto de abuso a nivel comunitario dista todavía de estar bien definido, en especial si se confirma la opinión de la Abogado General Kokott respecto de la posibilidad de que un mecanismo pueda considerarse abusivo aunque refleje la realidad económica. No obstante, la diferente redacción de ambas Directivas parece evidenciar que el ámbito de la obligación de información es más amplio que el del abuso, circunstancia que por otro lado encaja con el enfoque propuesto en el informe de la acción 12 del Plan BEPS de la OCDE (página 24), antecedente directo de esta DAC 6.
La consecuencia de lo anterior es que, incluso si se satisface el criterio del beneficio principal, la obligación de comunicación afecta a mecanismos que son abusivos y a mecanismos que no lo son. De hecho, como menciona el sexto considerando de la DAC 6, se pretende que los intermediarios informen a las autoridades tributarias sobre «determinados mecanismos transfronterizos que potencialmente podrían utilizarse para prácticas de planificación fiscal abusiva». Asimismo, el considerando decimocuarto matiza que los mecanismos de planificación fiscal agresiva quedan bajo el ámbito de ATAD. Por lo tanto, contrariamente a lo que habitualmente se menciona, en mi opinión la Directiva de intermediarios fiscales no busca la revelación de mecanismos abusivos o de planificación fiscal agresiva, sino de aquellos que quizás puedan serlo.
Evitar que la comunicación de un mecanismo tenga como consecuencia inmediata su calificación como abusivo es probablemente una de las cuestiones en las que más se deba trabajar para solventar algunas cuestiones problemáticas que plantea esta Directiva de intermediarios fiscales. Por ello, sería muy recomendable que la normativa de transposición de la Directiva incluyera la previsión de que la comunicación de un mecanismo no supondrá en ningún caso la base para determinar la existencia de un acto propio o indicio sobre la calificación de dicho mecanismo como abusivo. Ese análisis debería ser totalmente independiente de la obligación de información que incluye la DAC 6.
Dada la incertidumbre en torno a esta Directiva de intermediarios fiscales, ciertamente no se puede descartar la posibilidad (o incluso idoneidad) de una interpretación contraria que asuma que únicamente deben ser comunicados aquellos mecanismos abusivos, de acuerdo con la finalidad última de este tipo de obligaciones de información. Aunque seguramente pudieran encontrarse argumentos a favor de esta alternativa, debe repararse en que sus consecuencias serían graves: la comunicación de cualquier mecanismo estaría suponiendo el reconocimiento, por parte del contribuyente o de su asesor, de que el mecanismo en cuestión es abusivo. Por lo tanto, de facto, se habría invertido la carga de la prueba dentro del procedimiento que ventile si en el caso concreto existe abuso o no, quedando además el contribuyente que pretenda defenderse obligado a aportar una prueba especialmente cualificada por cuanto debería contrarrestar su previa calificación (o la de su asesor) del mecanismo como abusivo.
Por último, una cuestión práctica. En principio, el intermediario es quien debe evaluar si la obtención de un beneficio fiscal es uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razonablemente de un mecanismo. Dado que la Directiva parece evitar deliberadamente la identificación de quién es esa «persona» que razonablemente espera, puede entenderse que se reclama un análisis en abstracto del mecanismo en cuestión y de su fiscalidad asociada, sin focalizarlo en ningún contribuyente en concreto. No obstante, si se exige tener en cuenta «los factores y circunstancias pertinentes», parece que cualquier análisis debe partir inexorablemente de la toma en consideración de las circunstancias del contribuyente afectado para determinar qué es lo que razonablemente se podría esperar, en su caso concreto, de dicho mecanismo.
A partir de aquí, para determinar si el beneficio puede calificarse como «principal», pueden traerse a colación los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, en los que, respecto a la interpretación de dicha cuestión en la cláusula del propósito principal (PPT), se reclama un análisis objetivo de la situación. Dicho análisis podría concretarse en la comparación (cuantitativa y a veces cualitativa) entre los beneficios fiscales asociados al mecanismo y el resto de beneficios no fiscales que el contribuyente logra con el mismo (sinergias en el grupo, economías de escala, otras eficiencias, etc.). La cuestión es si, en la práctica, el intermediario (que, por ejemplo, actúa como abogado o asesor de su cliente respecto de determinados aspectos fiscales) dispone de toda la información para realizar dicho análisis y hasta qué punto puede exigírsele disponer de ella y concluir al efecto, cuando pueden ser relevantes aspectos propios de la realidad empresarial («extrafiscal») del contribuyente desconocidos para dicho intermediario.
FUENTE: LEGALTODAY

Source: econsulting

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La jubilación del autónomo empresario

En el momento en el que un trabajador autónomo llega a su jubilación surgen diferentes dudas debido a las modalidades de jubilación a las que puede optar, a continuación se explican.
La jubilación de los autónomos que siguen ejerciendo una actividad productiva genera frecuentemente dudas porque las fórmulas son variadas, así como el porcentaje de pensión al que tiene derecho de percibir. Las formulas son las siguientes, existiendo dudas y controversia en algunas de ellas.
Jubilación activa

Así se llama la fórmula a la que pueden acogerse tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos y que consiste en cobrar la mitad de la pensión a la que tiene derecho en el momento de la jubilación y continuar laboralmente activo. Es necesario haber accedido a la pensión a la edad reglamentaria sin bonificaciones y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%. Es decir, se trata de una opción que excluye el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos y exige haber cumplido la edad ordinaria de jubilación a menos que se tenga ya derecho a la pensión completa. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o parcial. Cuando el contrato termine y se produzca el retiro total y definitivo, percibirá el 100% de la pensión a que tenga derecho.
Jubilación con ingresos limitados

Los autónomos exclusivamente pueden realizar algunos trabajos por cuenta propia siempre que los ingresos anuales no superen el SMI (salario mínimo interprofesional) en cómputo anual, es decir, 10.302 euros en 2018.
Pensión de jubilación y envejecimiento activo
De esta manera denominó la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo un nuevo sistema de jubilación que se concretó en su disposición final quinta, la cual reformó los apartados 2 del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). Este apartado asegura que la jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia del pensionista y «la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%».
En principio, esta reforma parece dejar claro que el autónomo tiene derecho a compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia (es decir cuando ejerza de empresario) en un 50%, porcentaje que sería el 100% cuando tenga contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, más recientemente han surgido dudas sobre si es posible recibir a totalidad de la pensión en todos los casos en los que el autónomo cree al menos un puesto de trabajo. El pasado 25 de julio la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) emitió un comunicado diciendo que el «criterio por el que se establece que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el pensionista que quiera compatibilizar el 100% de la cuantía de la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia debe enmarcarse en la actividad que dé lugar a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)». Es decir, que el trabajador contratado por el autónomo pensionista «debe enmarcarse» en la misma actividad que ejerce el autónomo contratante. Por ejemplo, si éste tiene un restaurante, el empleado podrá ser cocinero o camarero y entonces el empresario individual recibiría el 100% de la pensión, pero se quedaría en el 50% si el empleo creado recae en una señora de la limpieza. De hecho, el criterio comunicado por la DGOSS invalida de forma expresa la posibilidad de que el contrato se realizase a favor de una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.
Pensión del empresario societario

La fórmula anterior parece clara cuando el autónomo ejerce la actividad económica como empresario individual, tributando por tanto en el IRPF, si bien surgen dudas sobre las limitaciones señaladas respecto al tipo de funciones que realiza el empleado si se pretende recibir la totalidad de la pensión. No obstante, las dudas son mayores si el autónomo administra una sociedad, es decir, cuando ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma de sociedad. Se trataría del llamado autónomo societario. En este caso, los criterios son variados y contradictorios en muchos casos. En primer lugar, para la Seguridad Social y siguiendo el criterio del comunicado antes mencionado, aunque el autónomo societario esté encuadrado el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), nunca puede cumplir el requisito de tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena porque en realidad lo contrata la sociedad, que tiene su propia personalidad jurídica. En consecuencia, al autónomo societario solo puede reconocérsele la compatibilidad en un 50%, pero no en el 100%.
Sin embargo, la sentencia emitida el pasado 18 de julio por el juzgado de lo social número 3 de Oviedo reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. En el caso juzgado, cuando el demandante llegó a la edad de jubilación, la SS denegó al autónomo la pensión completa por no tener trabajadores contratados a su nombre, aunque sí le reconoció el 50% de la prestación. No obstante, la sentencia afirma que la interpretación hecha por la SS es «contraria a la finalidad legislativa misma de la Ley (de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), además de no ser resultante del tenor literal de la norma». En consecuencia, la magistrada ha decidido otorgar al autónomo societario la pensión de jubilación activa al 100% de su base reguladora y además al abono de los atrasos correspondientes.
Esta sentencia argumenta además, que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) establece en una consulta fechada a 21 de marzo de 2018, que a los autónomos societarios incluidos en el RETA se les debe aplicar lo establecido la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en octubre de 2017. Según este criterio, los autónomos que hayan celebrado contratos por cuenta ajena en su condición de empresarios, aunque quien contrate sea la sociedad respectiva, pueden acceder a la jubilación activa porque la contratación la formaliza el administrador societario. No parece razonable, argumenta la consulta, que, estando incluido en el RETA precisamente por ser administrador de la sociedad, se le exija realizar la contratación del trabajador por cuenta ajena como persona física o empresario individual.
FUENTE: DISJUREX

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Exención de vivienda habitual y trabajadores desplazados

El TSJ Madrid declara que la exención de la vivienda habitual en la imputación de rentas inmobiliarias no es de aplicación a los no residentes que han optado por tributar bajo el régimen de trabajadores desplazados.
La Administración dicta una liquidación con imposición de sanción relativa al IRNR frente a una persona física, que trae causa en la autoliquidación presentada por este, bajo el régimen de trabajadores desplazados, en la cual considera que el inmueble de su propiedad constituye su residencia habitual. A efectos de la imputación de la renta inmobiliaria, se remite a la LIRPF, que excluye de tributación a esta.
La cuestión controvertida es si la exclusión de imputación de rentas del capital mobiliario de la vivienda habitual establecida en el ámbito del IRPF es asimismo aplicable por remisión al IRNR.
El Tribunal entiende que tienen la consideración de rentas obtenidas en España, entre otras, las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos sitos en España no afectos a actividades económicas. La base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por IRNR obtienen sin mediación de EP está constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas de la LIRPF. Asimismo, el recurrente añade que, en el caso de personas físicas no residentes, la renta imputada de los bienes inmuebles situados en territorio español se determina con arreglo a lo dispuesto en el art. 85 LIRPF.
Sin embargo, la AEAT sostiene que el contribuyente ha optado por tributar en el régimen de trabajadores desplazados, lo cual le aporta un beneficio que no puede ser interpretado de forma extensiva, por lo que la exención en la imputación de rentas por inmuebles que constituyen su vivienda habitual no puede ser de aplicación.
Considera la Sala que la exención solo opera en el supuesto de que el sujeto pasivo tenga la condición de residente en España y sea contribuyente por el IRPF en el período controvertido. Adicionalmente, señala el Tribunal que la remisión que hace la LIRNR a la normativa del IRPF solo se hace a efectos del cómputo de la base imponible, sin mencionar beneficio fiscal alguno. Por último, y dado que, como se acaba de señalar, se trata de un beneficio fiscal, no cabe la analogía, impedida a este respecto por el art. 14 LGT.
STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 abril de 2018. EDJ 2018/103360
FUENTE: ACTUALIDAD MEMENTOS FISCAL

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Las exenciones del IVA en España son el 60% de la recaudación potencial

El fisco pierde casi 2.000 millones de euros por fraude o retrasos en los pagos
España es el país de Europa en el que más exenciones y tipos reducidos de IVA existen, con lo que de forma legal el fisco del país deja de ingresar un 60% de la recaudación potencial máxima, según datos de un informe de la Comisión Europea en el que ha participada el Institut d’Economia de Barcelona (IEB) con datos del 2016. En el informe se destaca que en el caso de España ese mayor volumen de exenciones se debe en parte a que en las islas Canarias, Ceuta y Melilla no se paga IVA. En esos territorios se paga otro impuesto al consumo que es algo ­inferior.
Un tercio de los 150.000 millones de pérdida de ingresos en Europa es culpa de delincuentes
De ese casi 60% que se pierde por recaudación, un 46,7% corresponde a las citadas exenciones, y el 12,8%, a menores ingresos por tipos reducidos de IVA. El investigador del IEB José María Durán, que participó en el estudio, señala que en las pérdidas de IVA es porque se paga un tipo reducido en algunos alimentos, productos de higiene y salud o servicios médicos, por ejemplo. Durán recuerda que ese tipo de IVA reducido o superreducido que persigue abaratar productos de primera necesidad es para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, por lo que quizás otras medidas sobre el IRPF serían “más eficaces”.
El informe de la Comisión también analiza la “brecha fiscal” que significa qué porcentaje de la recaudación fiscal de IVA se pierde esencialmente como consecuencia del fraude. En este caso, España muestra un porcentaje de brecha fiscal entre los más bajos del conjunto de la UE al situarse en el 2,7% de su recaudación potencial. La media europea está en el 12,3%. La cifra del informe sitúa en 1.996 millones de euros el volumen de ingresos que dejan de recaudarse en España por diversas razones como el citado fraude, la elusión fiscal o el retrasos en el pago.

Exenciones fiscales y brecha fiscal
España ha reducido esa brecha fiscal desde el 12% que tenía en el 2013 hasta el citado 2,7%. Según Durán, la reducción de la brecha fiscal se puede explicar por tres grandes razones: el crecimiento económico alto de los últimos años en España, la estructura productiva del país y el modelo fiscal impuesto por el Gobierno.
Los 2.000 millones de menor recaudación en el IVA está muy lejos de otras estadísticas que cifran el fraude fiscal y la economía sumergida en el 23%. Durán explica que el informe no ha bajado a los detalles micro y se ha hecho de forma genérica para toda Europa. En el conjunto de los países de la Unión Europea, la pérdida de recaudación es de 147.146 millones, lo que equivale al 1% del PIB. De esa cantidad, alrededor de un tercio se debe a fraude fiscal. El comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, explicó ayer en un comunicado que “sigue sin ser aceptable una pérdida para los presupuestos nacionales de 150.000 millones de euros al año, sobre todo cuando 50.000 millones se van a parar al bolsillo de delincuentes, timadores y probablemente hasta terroristas”. Moscovici explicó que algunas empresas compran productos sin IVA en un país de la UE y lo venden en otro con IVA, pero no ingresan el impuesto que pagan sus clientes en ninguno de los dos países.
FUENTE: LA VANGUARDIA

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Me ofrecen un plan de ‘stock options’: ¿cómo tributan?

La retribución variable con acciones como incentivo es cada vez más frecuente.
Cada vez es más común escuchar a algún amigo decir que su empresa le ofrece acciones como parte de su retribución variable. Los planes de stock options son una forma de pago en especie que las grandes compañías suelen aplicar para complementar la parte variable del sueldo que ofrecen a sus trabajadores, especialmente a los directivos.
Esta forma de pago se popularizó en Estados Unidos en la década de los noventa y hoy sigue siendo muy común entre los altos cargos de las multinacionales que cotizan en bolsa. Mediante la entrega de acciones, las compañías lo que hacen es ofrecer a sus trabajadores el derecho a comprar un paquete de acciones de la propia entidad, a un precio fijado con anterioridad, que suele ser inferior al de mercado (y puede llegar, incluso, a ser de cero euros).
Los planes de stock options surgieron para fidelizar e incentivar a los empleados de una forma en la que tanto la empresa como el empleado ganen. El objetivo de esta fórmula de retribución es conseguir que los intereses de los empleados vayan de la mano con el de la compañía -los accionistas y propietarios-. Es decir, la entidad espera que con la entrega de acciones los trabajadores contribuyan a que sus resultados mejoren y su valor en bolsa suba, de forma que las dos partes se vean beneficiadas.
La fiscalidad de las stock options
A efectos fiscales, el plan de stock options tiene dos valoraciones: en el momento en el que ese ejercita el plan -se entiende que el empleado ejecuta las opciones cuando el precio de las acciones es inferior al de mercado en un momento predeterminado- y cuando se venden las participaciones.
Cuando se ejerce el derecho de comprar las acciones, hay que tributar en la base general como rendimientos del trabajo por la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el precio de ejercicio, que es la cantidad que paga el empleado para comprar esas acciones -en algunos casos no paga importe alguno-. Esta cuantía constituye la retribución en especie y, por otro lado, la base para realizar el ingreso a cuenta correspondiente.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que, cuando se cumplen una serie de requisitos, dicha retribución en especie está sujeta a una exención máxima anual de 12.000 euros:
1. Que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa o, en su caso, del grupo o subgrupo de sociedades. Con todo, en este requisito hay una excepción, y es que la empresa puede exigir a sus empleados una antigüedad mínima para poder acceder al plan de retribución.
2. Que los trabajadores -conjuntamente con sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado- no tengan una participación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o cualquier otra del grupo superior al 5%.
3. Que las acciones se mantengan al menos 3 años desde que se han ejecutado.
Adicionalmente, existe la posibilidad de obtener un rendimiento reducido, que es el resultado de minorar el rendimiento íntegro en un 30% (con un máximo de 300.000 euros).
Para poder aplicar esta reducción se tienen que cumplir dos supuestos: que los planes no se concedan de forma anual y que se ejerciten transcurridos más de dos años desde su concesión, siempre que su pago no se fraccione. Aquí hay que tener en cuenta otra serie de excepciones y que cuando se el rendimiento abarca los 700.000 y 1.000.000 euros, la reducción se va minorando.
¿Cómo se aplica la reducción del 30%?
Supongamos que un inversor recibió hace tres años un paquete de stock options de su compañía, que le permitía comprar a 20 euros 500 acciones y que ahora que ya puede ejercitar las opciones, la acción cotiza a 100 euros. Vamos a calcular el impacto fiscal de este contribuyente, considerando que cumple todos los requisitos para aplicarse la exención de 12.000 euros y el rendimiento reducido y suponiendo que su tipo marginal asciende al 45%. Así, el rendimiento por el que tendría que tributar el trabajador es:
– Rendimiento total: 500 * (100-20) = 40.000 euros.

– Exención: – 12.000 euros.

– Reducción: 30% * (40.000 – 12.000) = 8.400 euros.

– Impuestos a pagar: (28.000 euros – 8.400 euros) * 45% = 19.600 * 45% = 8.820 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 40.000 – 8.820 = 31.180 euros.

¿Por cuánto tiene que tributar?

Por último, y desde el punto de vista de los impuestos, hay que hablar del impacto de la venta de acciones. Cuando el empleado -que previamente ha ejecutado el plan- decide vender sus acciones, puede obtener una ganancia o pérdida patrimonial, que tendrá que declarar en su IRPF. Deberá tributar en la base del ahorro por la diferencia entre la cotización de la acción el día de la venta y la cotización de esta el día de la ejecución de las stock options.
Continuando con el ejemplo anterior, si el inversor vende las acciones a 120 euros, el impacto fiscal sería el siguiente:
– Ganancia patrimonial = 500 * (120-100) = 10.000 euros.

– Impuestos a pagar: 6.000 * 19% + 4.000 * 21% = 1.980 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 500 * 120-1.980 = 58.020 euros.

FUENTE: CINCODÍAS

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Una ley de contratos públicos para que pymes y grandes empresas compitan en igualdad

La nueva norma cumple seis meses. Antes de la reforma, solo el 25% de las pequeñas firmas podía licitar.
Cuando se trata de acceder a contratos públicos, las pequeñas empresas no lo tienen fácil. Hasta el pasado mes de marzo, el 70% de las licitaciones se repartían, únicamente, entre una decena de empresas, dejando sin oportunidad a emprendedores y pymes.
“En la actualidad, los mercados de contratación pública son un elemento imprescindible para la actividad de las empresas”, confirman desde la patronal Cepyme, y añaden: “De hecho, la participación de los mismos sobre el PIB representa alrededor del 15%, es decir, aproximadamente 160.000 millones de euros”.
“Los mercados de contratación pública son imprescindibles para la actividad de las pymes”
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que cumple ahora seis meses, ha cambiado por completo el panorama y permite a las pymes, ahora sí, competir de tú a tú con las grandes compañías.
Para Carlos Ruiz, director de economía de Cepyme, “dentro de las medidas que deben favorecer la competitividad de las pequeñas empresas, las más importantes son las que fomentan su acceso a todo tipo de mercados”. Previo al arranque de la nueva norma “tan solo el 25% de las pymes tenían posibilidad de acceder a competir por un contrato público. Uno de los porcentajes más bajos de toda la UE”, alerta Ruiz. Y eso que, en la red empresarial española, las pequeñas empresas suponen el 99% del total de las compañías.
“Previo a los cambios, la principal limitación para acceder a las licitaciones eran los requisitos de solvencia”
“Con anterioridad al pasado mes de marzo, cuando entró en vigor la ley, la principal limitación para acceder a licitaciones eran unos requisitos de solvencia demasiado exigentes para la inmensa mayoría de las pymes”, comenta el experto.
Los cambios introducidos son básicamente cuatro: la simplificación de los procesos de adjudicación, la exigencia de dividir los contratos en pequeños lotes que reduzcan las exigencias de solvencia, la flexibilización de dichos criterios y la eliminación, en general, de la garantía provisional.

Registro obligatorio
Otra de las novedades vinculadas a la nueva normativa es la obligatoriedad de registrarse como licitadores públicos en el llamado Rolece (Registro Oficial de Licitadores), una herramienta online en la que se deben haber inscrito, antes del pasado 9 de septiembre, las empresas aspirantes a ganar concursos públicos.
Se trata de un acto necesario para poder presentarse a licitaciones de obras con contratos inferiores a dos millones de euros o a 100.000 euros en el caso de prestación de servicios y suministros.
La inscripción en el Rolece evita tener que presentar documentación cada vez que se quiere acceder a un concurso
“Las ventajas de inscripción en el Rolece para las pymes son evidentes. La aplicación del principio de la UE solo una vez, enunciado en la Small Business Act (SBA), está en este registro, puesto que la inscripción de las compañías en el mismo les exime de presentar en cada procedimiento de contratación la documentación necesaria para su relación con el sector público”, explica el director de Cepyme.
En estos primeros meses, los expertos aprecian “una cierta paralización en el ritmo de las licitaciones”, un hecho que consideran “lógico” teniendo en cuenta que las Administraciones públicas han tenido que adaptar sus procedimientos, documentos y modelos de contratación a una nueva norma con muchas novedades.
FUENTE: CINCODÍAS

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Los peligros fiscales al vender o traspasar un negocio

Muchos son los motivos que pueden llevar a un empresario a traspasar a vender su negocio. Inversión, jubilación, cambio de orientación laboral, nuevas oportunidades, enfermedad… sea como fuere, se trata de un proceso que puede provocar importantes dolores de cabeza si no se tienen en cuenta las implicaciones fiscales.
No sólo hay que pensar en el montante económico del cambio de titularidad, sino también en muchas otras casuísticas, como el Incremento Patrimonial o el Impuesto de Donación, si es el caso.
«Lo más importante es conocer bien todas las implicaciones fiscales, para evitar sustos en inspecciones, ya que se pueden convertir en enormes gastos no contemplados» afirman algunos expertos. «Abandonar un negocio no significa un fracaso, sino que puede ser todo un éxito y un logro profesional, pero para ello hay que evitar que el proceso se convierta en una pesadilla que te persiga durante años», advierten.
El Incremento Patrimonial se produce cuando un autónomo cede su contrato mercantil a un tercero
El Incremento Patrimonial se produce cuando un autónomo cede su contrato mercantil a un tercero, ya sea familiar o no, persona física o jurídica. No todos los autónomos tienen contrato mercantil. El Incremento Patrimonial se produce cuando el valor de traspaso del negocio es superior al valor de adquisición del mismo. Esto sucede en la cesión de contrato mercantil sólo en aquellos casos en los que existe esta relación (por ejemplo, Loterías o Franquicias), pero en otros negocios puede haber incremento sin haber contrato mercantil. Esto quiere decir que cuando este propietario venda o traspase su negocio, se producirá esta subida de su patrimonio, que tendrá que declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de ese ejercicio, para presentarla en el siguiente.
Se considera ganancia patrimonial por la diferencia existente entre el valor de venta y el valor contable (los bienes y derechos entregados). Es por ello, que en vez de tributar como Rendimiento de Actividad Económica en la base general a una escala mayor, lo hace en la base del ahorro a una escala inferior como ganancia patrimonial.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha llevado a cabo numerosas inspecciones al respecto, ya que se han dado casos de empresarios que han vendido su negocio, no declarando este incremento en la renta. Hay que recalcar, eso sí, que la venta de un negocio no está sujeta a IVA, pero sí hay que tener en cuenta que si además de la empresa, se vende el local en el que esta se encuentra, se tendrá que hacer frente a los impuestos que deriven de esta transacción.
El Incremento Patrimonial no debe ser declarado en todos y cada uno de los casos, existiendo algunas salvedades que se pueden tener en cuenta:

– Si se transmite el negocio al cónyuge y/o a los hijos por razón de jubilación. En este caso, existe la posibilidad de que se solicite también el Impuesto de Donaciones, un impuesto directo con carácter progresivo y que depende de cada comunidad autónoma, por lo que es importante tenerlo en cuenta.
– Cuando se traspasa el negocio a una sociedad, reservándose el autónomo las participaciones que representan el total del valor de lo aportado.
En ambos casos, es necesario cumplir una serie de requisitos legales y avalados por consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.
Para llevar a cabo acciones tras la inspección de un negocio, se puede acudir al Tribunal Económico Administrativo. Hay que recalcar que sea éste regional (TEAR) o central (TEAC), no es un Tribunal de Justicia, sino un órgano administrativo del sistema tributario español. Esto quiere decir que está encargado de resolver los recursos administrativos y a él se acude con posterioridad a la liquidación que hace la Agencia Tributaria como consecuencia de la inspección. Previamente, existe la posibilidad de hacer un recurso de reposición.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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