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El Gobierno aprueba el primer tramo de 8.000 millones, de la nueva línea de avales ICO dotada con 40.000 millones

El Ejecutivo ha aprobado las
características del primer tramo de la línea por importe de 8.000 millones de
euros, de los que 5.000 se destinarán a garantizar préstamos de autónomos y
pymes y 3.000 al resto de empresas.

La vicepresidenta tercera y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha
explicado que la 
nueva
línea de avales
 se
suma a las medidas ya adoptadas desde el inicio de la pandemia para apoyar la
liquidez y solvencia de las empresas, entre las que destacan los avales
públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Consejo de Ministros
extraordinario celebrado el 3 de julio aprobó el Real Decreto-ley de
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que incluía
la creación de una nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de
euros. El pasado 28 de julio se aprobó el acuerdo que recoge las
características del primer tramo de esa línea por importe de 8.000 millones. Tras
la experiencia de la Línea de Avales aprobada por el Real Decreto-ley
8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, se mantiene el mismo diseño, gestión y modelo
de asignación.

Esta nueva línea de créditos
estaría destinada no solo a financiar capital circulante, sino también a
impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor
valor añadido, en torno a dos ejes principales “la sostenibilidad medioambiental y la digitalización” para la
adaptación de las empresas al futuro.

La ministra Calviño ha señalado
que, en conjunto, se movilizarán 140.000 millones de euros en avales. Y a
través de la colaboración público-privada se podrían movilizar 200.000 millones
en liquidez e inversión para paliar el daño estructural generado en tejido
productivo por el coronavirus, impulsar la recuperación económica, la creación
de empleo y apoyar específicamente a los sectores más golpeados.

Así mismo, también ha
indicado que, hasta el 26 de julio, se han aprobado un total de 741.000
operaciones con cargo a la línea de avales para autónomos y empresas, que han
permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación de tejido
productivo.

Nadia Calviño ha afirmado que
el impacto conjunto de las medidas adoptadas en estas dos fases asciende a un
20% del PIB previsto para el año 2020. Estos avales los pueden
solicitar hasta el 30 de septiembre
 de forma exclusiva las empresas
afectadas por los efectos económicos del covid-19, siempre que los solicitantes
no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en
procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.


Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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El TS deja sin efecto la obligación de informar a Hacienda de la cesión de vivienda de uso turístico

El
Supremo ha estimado el recurso presentado por ADIGITAL (Asociación
española de la Economía Digital), 
contra el apartado 11 del artículo primero del
Real Decreto 1070/2017, donde se incluía en el Reglamento General de las
actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de
uso de viviendas con fines turísticos
”.

 

La Sala III, de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, con este fallo, ha anulado y dejado sin efecto dicho artículo (54 ter),
ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era
preceptivo. Por lo que, Hacienda ya no puede obligar a las plataformas de pisos
turísticos a identificar a caseros y huéspedes. El TS aplica a este caso la
sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, en la que se
dicta que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber
sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en
reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su
invalidez”.

 

El ahora anulado artículo
establecía que “las personas y entidades
que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines
turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el
apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una
declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien
”. Además,
que tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades
que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a
que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito, en
particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas
colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de
prestador de servicios de la sociedad de la información.

 

Según el artículo 54 ter, la
declaración informativa debía contener los siguientes puntos:

  • la identificación del
    titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como del
    titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda. Esta se realizaría
    mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de
    identificación fiscal
  • la identificación del
    inmueble con especificación del número de referencia catastral.
  • la identificación de las personas o entidades
    cesionarias así como el número de días de disfrute de la vivienda con
    fines turísticos. Igualmente, tal reconocimiento se realizará mediante nombre y
    apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación
    fiscal.
  • Y la cantidad o importe
    percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines
    turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

 

FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Impago de cuotas a la SS y casos de fuerza mayor

El TS declara que los
problemas económicos de la empresa, por extraordinarios que sean, no
constituyen una circunstancia de fuerza mayor que exculpe de la responsabilidad
administrativa de ingresar las cuotas de Seguridad Social.

Mediante resolución del
Consejo de Ministros de 5-7-2019, se impone a la empresa una sanción de
159.992,53 € como consecuencia del acta de infracción extendida por la ITSS por
no ingresar en tiempo y forma las cuotas Seguridad Social en el periodo de
junio de 2014 a noviembre de 2018 que, en cómputo global, ascendían a
199.965,67 euros. La empresa impugna la resolución solicitando su anulación.
Alega que la crisis severa, desde el 2009 y hasta el 2014, hizo que la empresa
redujera su nivel de ventas de forma drástica, lo que justifica que no pudiera
hacer frente al pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El TS, rechaza en primer
lugar la excepción de falta de competencia formulada por el Abogado del estado.
El TS viene entendiendo en esta materia que si el acta de infracción no va
acompañada de un acta de liquidación de cuotas, la competencia es del orden
social. En el caso analizado lo que se impugna no es una actuación administrativa
recaída en procedimiento de liquidación de cuotas, sino en procedimiento
sancionador, como consecuencia de un acta de infracción, que ha finalizado en
una sanción. El supuesto no tiene encaje, por lo tanto, en art.3 f) LRJS que
excluye de conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social las
actas de liquidación y de infracción, conjuntas o con tramitación simultánea,
sino en la regla general de atribución competencial al orden social del art.2
del mismo texto legal.

En relación con el fondo del
asunto, el TS recuerda que la falta de ingreso, en la forma y plazos
reglamentarios, de las cuotas de Seguridad Social constituye una infracción
grave salvo que concurra una de las siguientes circunstancias: que la falta de
ingreso obedezca a una declaración concursal de la empresa, a un supuesto de
fuerza mayor, o que se haya solicitado aplazamiento antes de la actuación
inspectora y no se haya denegado. La empresa no cuestiona la calificación de la
conducta sino que la misma está incursa en la excepción justificativa del
impago, que vendría dada por la declaración de concurso o la existencia de
fuerza mayor.

El TS rechaza que la difícil
situación económica que pueda presentar la empresa sea subsumible en el
concepto de fuerza mayor como causa exculpatoria. La regulación de la
infracción grave por esta causa, en su redacción original, incluía como causa
exculpatoria la situación extraordinaria de la empresa. Posteriormente, la L
13/2012 la sustituyó por la fuerza mayor descartando, de este modo, que los problemas
económicos de la empresa, por extraordinarios que sean, tengan cabida como
circunstancias exculpatorias de responsabilidad administrativa.

STS (Social) de 22 mayo de 2020. EDJ
2020/570755



Source: econsulting

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La AIReF recomienda eliminar la tributación conjunta de la Renta porque perjudica a las mujeres

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal), tras realizar la segunda fase de su revisión del gasto público
(spending review FASE II), ha recomendado  cambios en los
beneficios fiscales 
para que cumplan sus objetivos  y sean más eficientes. En su revisión ha analizado
13 beneficios fiscales
, que representan un coste recaudatorio de 35.000
millones de euros
, concluyendo que son necesarios cambios en la tributación
conjunta del IRPF, el IVA superreducido 
(4%) y reducido (10%) y la
reducción por aportaciones a los planes de pensiones. 

Cristina Herrero, presidenta
del organismo, presentó los resultados, y entre otras recomendaciones, está la
de eliminar la tributación conjunta,
en
el caso de la tributación conjunta
del IRPFLos analistas de la autoridad han encontrado
que desincentiva a la
participación laboral de las mujeres. La tributación conjunta ahorra 3.400 euros anuales a los matrimonios, sin embargo puede generar incentivos negativos sobre la oferta laboral de las
mujeres, ya que son ellas quienes aportan las rentas más
bajas en el 83,2% de los casos.

Motivo por el que la AIReF propone su progresiva desaparición, con un régimen
transitorio para que no se vean perjudicadas las familias que sí se benefician
de esta medida, como es el caso de los hogares que solo tienen un perceptor de
rentas, que por ejemplo, en un matrimonio con unos ingresos de 24.000 euros
anuales, proviniendo de un solo un cónyuge, ese contribuyente tendría que pagar
3.000 de IRPF, sin embargo si hiciera una conjunta no pagarían nada.

«La tributación
conjunta solo resulta fiscalmente atractiva cuando uno de los miembros de la
pareja no percibe rentas, o cuando percibe rentas bajas. En
consecuencia, esta figura puede generar incentivos negativos sobre la oferta
laboral de las mujeres, que suelen ser el miembro del hogar con menor nivel de
renta
«, explica la AIReF

Enlace a (AIReF)



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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La Autoridad Fiscal pide subir el IVA reducido de restaurantes, transporte y cultura

La institución considera que
las desgravaciones en los planes de pensiones son ineficaces y deberían
transformarse.

La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto este miércoles incrementar, cuando
la situación económica lo permita, los tipos reducidos del IVA (del 4 y del
10%) de productos que sean consumidos fundamentalmente por rentas altas. Un
cajón de sastre en el que la institución incluye a la
restauración y la hostelería, el transporte de personas, los libros y la
prensa. Según la institución, el 61% del beneficio generado por los
tipos reducidos va a parar a rentas altas.

Es una de las conclusiones
del primer estudio de la segunda fase del «Spending Review» comprometido por la
Airef con la UE, que ha sido presentado este miércoles. El documento,
que bebe de fuentes como la Agencia Tributaria, las declaraciones del IRPF y el
impuesto de Sociedades, el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, 
se
centra en el análisis de 13 beneficios fiscales, que tienen un coste total para
el Estado de 35.000 millones de euros, el 60% del total de beneficios. La
institución no solo analiza en el informe si estas políticas públicas cumplen
el objetivo para el que se crearon, sino que también evalúa si su implantación
ha provocado algún tipo de distorsión. 

La presidenta de la Airef,
Cristina Herrero, ha puesto en valor el estudio durante su presentación, al
explicar que en España «hace falta un diseño estratégico de las políticas
públicas» que permita salir de la crisis económica actual con la mayor rapidez
posible.

Los tipos reducidos del IVA
es el incentivo que tiene un coste mayor para las arcas públicas: 17.878
millones de euros. La institución considera que sí cumple su objetivo, porque
«facilitan el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales,
culturales o estratégicos». Pese a ello, puntualiza que «desde el punto
de vista distributivo
» los tipos reducidos y superreducidos no son «eficientes»,
porque incluyen bienes que son consumidos por rentas altas.

Herrero ha hecho referencia a
que otras políticas de gasto, como el ingreso mínimo, serían «más eficientes»
para beneficiar a colectivos vulnerables y sectores estratégicos. La supresión
del IVA reducido es una medida que ya ha sido recomendada por organismos como
la Comisión Europea, si bien todavía genera un gran rechazo entre determinados
sectores.

La
Airef considera más «eficientes» partidas de gasto como el ingreso mínimo que
el IVA reducido

La disección de la Airef deja
en una posición todavía peor a las desgravaciones por aportaciones a planes de
pensiones. La organización presidida por Cristina Herrero considera que estos
incentivos, que tienen un coste de 1.643 millones de euros, ni
siquiera cumplen su objetivo, porque pueden resultar negativos «para un
conjunto amplio de ahorradores una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de
las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes
de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal».

Estas desgravaciones, en el
punto de mira del Gobierno, son utilizadas fundamentalmente por rentas altas,
que copan el 60% de este incentivo fiscal. Curiosamente, son las rentas
bajas las que se beneficiarían en mayor medida de los incentivos fiscales a los
planes de pensiones privados
, pero su escasa capacidad de ahorro impide que
en la práctica sean beneficiosos. Esta escasa repercusión se refleja en que las
aportaciones a planes individuales, según el organismo, apenas alcanzan los
11.000 euros de media.

Por todo ello, la institución
propone la «reformulación completa de este beneficio fiscal», en consonancia
con las recomendaciones que se alcancen en el Pacto de Toledo sobre este tipo
de planes privados.

 

La tributación conjunta, un desincentivo
laboral

Otra de las políticas
fiscales cuestionadas por la Airef es la tributación conjunta, que tiene un
coste de 2.393 millones. Si bien permite que salvaguardar la progresividad del
IRPF y beneficiar a los hogares que solo tiene un perceptor de las rentas,
también desincentiva para la institución la participación laboral de las
mujeres, que son el segundo perceptor en las declaraciones conjuntas en el 84%
de los hogares españoles, según los cálculos de la Airef. Por ello, la
organización propone suprimir la declaración conjunta del IRPF, en consonancia
«con otros países europeos».

En el ámbito de la vivienda,
la Airef pone en valor la reducción del IRPF por alquiler (que genera un
impacto de 1.039 millones)
 aunque considera que debería reformularse
para facilitar el acceso al mercado de colectivos vulnerables, como los
jóvenes. «España destina menores recursos al alquiler social que otros países
europeos, por lo que el beneficio fiscal debería reorientarse para que sea más
generoso para los individuos de rentas medias y bajas de grandes áreas
metropolitanas», explican desde la institución. En este sentido, la Airef
considera que el índice de precios del alquiler publicado hace escasas semanas
por el Ministerio de Transportes puede ser una buena herramienta para
reorientar estos incentivos.

 

Contra los mariachis

Y en el caso de las sicav,
que pagan un tipo reducido del 1% en el impuesto de sociedades, la organización
detecta «una elevada concentración de la inversión en manos de un número
limitado de accionista que hace dudar de la naturaleza colectiva de la
inversión», que tiene que estar formada por 100 integrantes. Por ello, reclama
reforzar el control sobre estas sociedades para evitar la proliferación de los
denominados mariachis, personas que si bien están incluidas desde
vehículo solo realizan aportaciones simbólicas y no tienen participación sobre
las inversiones que se realizan.

Source: econsulting

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Las empresas podrán solicitar desde 25 millones del fondo de rescate y tendrán que presentar plan de viabilidad

Hacienda da luz verde a los
detalles del fondo de 10.000 millones.

El Gobierno ha aprobado
los detalles del fondo de rescate de 10.000 millones para
que las empresas consideradas estratégicas puedan reforzar su solvencia. El
pasado 3 de julio el Ministerio de Hacienda aprobó este instrumento que va a
depender de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a
través del cual las empresas podrán solicitar desde 25 millones de
euros. El importe máximo dependerá de las necesidades financieras de cada
una para ser viable, aunque en ningún caso podrá mejorar la cantidad solicitada
el patrimonio neto de la compañía del 2019.

Según ha detallado la
portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, podrán acceder a esos
fondos “empresas estratégicas a nivel nacional y regional”. Asimismo,
la ministra de Hacienda ha aclarado que la entrada del Gobierno en las
sociedades que atraviesan una situación complicada desde el punto de vista
financiero es compatible con las ayudas de la Unión Europea.

 

Proceso

Solicitar por escrito y no
ser insolvente en el 2019

Las empresas que quieran
acogerse a este fondo deberán iniciar el procedimiento mediante solicitud
por escrito. Entre las condiciones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado
para acceder al fondo, destaca la obligatoriedad de que la sociedad tenga la
sede social en España, así como sus principales centros de trabajo.

La compañía que recurra a
esta fórmula porque su situación económica ha empeorado por la pandemia no
podía estar en crisis a 31 de diciembre del 2019. Tampoco podía haber
presentado antes de esa fecha concurso voluntario de acreedores o ser
insolvente. Además, no puede haber sido condenada por malversación de caudales
públicos.

Otro requisito fundamental es
que debe demostrar que sin esa ayuda resultaría muy difícil “mantenerse a
flote”, ha subrayado Montero en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de
Ministros. Además, debe acreditar que el cese del negocio supondría
“un impacto fuerte en la economía y en
el empleo del país”.

 

Empresas candidatas

Las aerolíneas recurrirán a
esta fórmula

Entre las empresas que suenan
como candidatas para acudir a este rescate destacan Iberia, el grupo Globalia,
dueño de Air Europa y propietario de Halcón Viajes, así como Duro Felguera.

Para recibir la ayuda, que
puede ser en forma de préstamos participativos, suscripciones de acciones,
deuda convertible o participaciones sociales, hay que presentar un plan de
viabilidad a medio y largo plazo, que describa la utilización de los
fondos públicos. Además, la empresa deberá presentar una previsión de reembolso
del apoyo estatal, estar al corriente del pago de las
obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas y de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Y entre
las restricciones que ha impuesto el Gobierno destacan que no se
podrá hacer una expansión comercial agresiva, tampoco repartir dividendos y los
consejeros de la compañía no podrán recibir primas o remuneraciones
extraordinarias.

El fondo de rescate, dotado
con 10.000 millones, estará operativo en 30 días, según la portavoz.

Source: econsulting

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El Gobierno movilizará 140.000 millones públicos y privados para digitalizar España

El presidente Sánchez ha
presentado La Agenda “España Digital 2025”, el nuevo plan de su
Gobierno para digitalizar España. 
El plan contempla movilizar 140.000
millones de euros de inversión pública y privada
 con la puesta en
marcha de cuarenta y siete medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con
los que se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de
forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea y con la
participación de todos los agentes económicos y sociales del país.

Pedro Sánchez ha adelantado
que se desembolsarán 70.000 millones entre 2020 y 2023, de los que alrededor de
unos 15.000 procederán de los nuevos
fondos europeos que España recibirá
para hacer frente a la recuperación de
la crisis del coronavirus
. Unos 5.000
millones
corresponderán a inversión
pública estatal
y el resto de 50.000
millones al sector privado
. En el 2024 y 2025, se invertirán el resto de
70.000 millones.

Los objetivos incluidos en el
plan son entre otros son, la conectividad
digital
, adecuada al reto demográfico, para jóvenes que trabajen en
medio urbano y vivan en medio rural. La intención final es conseguir que el
100% de la población tenga conectividad digital. Además, de liderar el despliegue del móvil 5G y la revolución
industrial 4.0
, junto con el reforzamiento de las competencias digitales de
los trabajadores, para cerrar la brecha digital en educación. «Se ha visto que los hogares vulnerables
tienen mas dificultad para seguir la educación digital
«, ha asegurado.
Así como, reforzar las competencias digitales de los trabajadores y
del conjunto de la ciudadanía con el objetivo de que en 2025 el 80% de las
personas tengan competencias digitales básicas. También, se espera acelerar
la digitalización de las empresas
, con especial atención a las micropymes.

José María Álvarez-Pallete,
presidente de Telefónica, asistente al acto de presentación del “Plan España
Digital 25”, ha alabado el compromiso del Gobierno y de los agentes sociales
para impulsar la digitalización de España. “En
menos de cinco meses hemos realizado un viaje al mundo digital tan acelerado
como improvisado. Ahora toca acometer una verdadera transición digital
”, ha
señalado Álvarez-Pallete, quien ha añadido que “el impulso a la digitalización es la segunda mejor noticia, después del
acuerdo europeo alcanzado en la madrugada del pasado martes y del papel que
éste asigna a la transición digital dentro de la recuperación económica y
social europea

El Gobierno impulsará
la ciberseguridad, desarrollando un centro de operaciones (un
‘hub’ tecnológico) en torno al Incibe, el órgano público más importante en este
ámbito. Sánchez también habló de la importancia de impulsar la digitalización
en las administraciones públicas
, tanto del estado como autonómicas y
locales.

Igualmente, será importante
la digitalización del modelo productivo de muchos sectores de
la economía, como el agroalimentario, el de la automoción o el turismo, que
permitirá además la descarbonización de los mismos.

Para Sánchez, “este plan no es un plan más, es uno de
los pilares estratégicos en los que debe asentarse la recuperación
económica de España
: la creación de empleo, el aumento de la productividad
y la conquista de mercados exteriores
.”

La Agenda España Digital 2025
recoge 47 medidas, articuladas en 10 ejes estratégicos con un
horizonte de 5 años. Se pondrán en
marcha en línea con la estrategia digital de la UE, con la colaboración
público-privada y la participación de todos los agentes económicos y sociales.

Enlace
la Agenda ‘España Digital 2025’


FUENTE: ADADE CENTRAL

 

Source: econsulting

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El Gobierno desligará el teletrabajo de la conciliación y se reunirá de nuevo con los agentes sociales esta semana

  • Evitar
    que ayude a la perpetuación de los roles de crianza y cuidados
  • Algunos
    artículos que «hacían pensar que el teletrabajo se orientaba a la
    mujer»

El Ministerio de Trabajo ha
presentado a los agentes sociales una nueva propuesta sobre la regulación del
teletrabajo, tras las alegaciones realizadas por sindicatos y empresarios al
anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia elaborado por el Gobierno, y volverá
a mantener una nueva reunión sobre este asunto esta misma semana.

Entre las modificaciones, el
Gobierno ha accedido a desligar el teletrabajo de la conciliación, tal y como
proponían los sindicatos, con el objetivo de evitar que termine siendo
utilizado como una forma de perpetuación de los roles de la crianza y los
cuidados sobre las mujeres.

El nuevo encuentro del
diálogo social se celebró ayer entre el secretario de Estado de Empleo y
Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y los representantes de CCOO, UGT, CEOE y
Cepyme, tras el primero del pasado 8 de julio en el que se fijó un calendario
de negociaciones
 y la presentación de alegaciones por parte de
sindicatos y empresarios al anteproyecto elaborado por el Ministerio de
Trabajo. 

El secretario de Política
Sindical de UGT, Gonzalo Pino, explicó a Efe que la nueva
propuesta de Trabajo recoge algunas peticiones sindicales, como la eliminación
de aquellos artículos que «hacían pensar que el teletrabajo estaba
orientado a la mujer». Por ejemplo, en la nueva versión se ha eliminado la
preferencia de esta forma de trabajo durante el periodo de cuidado de lactancia
o en el caso de personas al cuidado de dependientes, que «suele recaer
sobre mujeres».

Desde UGT solicitan al
Gobierno que la norma fije las condiciones y la responsabilidad a la hora de
asumir los costes del teletrabajo, que debe ser voluntario, y «luego será
la negociación colectiva la que lo desarrollará».

Por su parte, el secretario
de Juventud y Nuevas Realidades Laborales de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha
señalado a los medios que, a falta de «cerrar discrepancias no
menores», la negociación avanza «a buen ritmo» y ha confiado en
poder cerrar un acuerdo.

Tanto UGT como CCOO reclaman
que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas pongan los
medios necesarios para que sus empleados puedan trabajar desde sus casas y que
se compense económicamente los gastos derivados del trabajo a las personas que
teletrabajan. También demandan las organizaciones sindicales el derecho
a la desconexión
; el respeto a la jornada laboral, y medidas específicas
para la prevención de riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud
laboral de los teletrabajadores, entre otras cuestiones.

 

A CEOE tampoco le gustó

La nueva propuesta de Trabajo
responde también a las alegaciones y el comunicado remitido por CEOE tras la
primera reunión, en el que tildó de «desequilibrado» el texto
del anteproyecto 
de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social a información pública, considerando que
tiene un enfoque «errático» y «apartado de la realidad» del
tejido productivo español y de las necesidades de empresas y trabajadores.

La patronal criticó que se
concibiese el texto al margen del diálogo social, reproche compartido por los
sindicatos, y advirtió de que «lejos de fomentar con garantías la
utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar
su implantación en España
 y ralentizar su consolidación» ya que
el enfoque no aporta la «confianza y la seguridad» precisa para
generar inversiones y empleo. En respuesta, el Ministerio de Yolanda Díaz
señaló que el teletrabajo no puede ser una forma de abaratar costes para
las empresas.

Los empresarios abogan por
incorporar «el vector de la sostenibilidad» en su espíritu y en su
articulado, fomentando el protagonismo de la negociación colectiva para su
mejor adaptación a las distintas realidades que se viven en los diferentes
sectores de la economía y la sociedad.

 

La primera propuesta del
Gobierno

Según el anteproyecto de Ley
de Trabajo a Distancia que presentó el Gobierno a principios de julio y que
tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, los empleados que
teletrabajen tendrán derecho al «horario flexible» y
podrán «alterar» dicho horario respetando la normativa sobre tiempo
de trabajo y descanso, salvo en el caso de los tiempos de disponibilidad
obligatoria o los límites que se hubieran acordado.

Además, el texto normativo
fija que los costes que conlleve para el trabajador el desarrollo del trabajo a
distancia deberán ser sufragados en su «totalidad» por la empresa.

La nueva ley define al
trabajo a distancia como «aquel trabajo que se presta en el domicilio de
la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante toda
su jornada o parte de ella, de modo no ocasional»; y el teletrabajo como
«aquel trabajo que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente
de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de
telecomunicación». 

Source: econsulting

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Las empresas rescatadas no podrán repartir dividendo y su consejo no podrá cobrar bonus

Los instrumentos de apoyo
podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, en deuda
convertible o en la suscripción de acciones o participaciones sociales.

El Gobierno ha avanzado este
martes que cualquier empresa que solicite apoyo del fondo de rescate dotado con
10.000 millones tendrá que presentar desde un primer momento un plan con su
previsión sobre cuándo devolverá la ayuda pública, ha explicado la ministra
portavoz, María Jesús Montero.

Cualquier empresa considerada
estratégica puede optar a las ayudas del fondo si su solvencia se ha visto
deteriorada por la crisis del coronavirus pero tendrá que solicitarlo de manera
formal por escrito y justificar que sin esta ayuda cesaría actividad o tendría
serias dificultades para mantenerse a flote.

Las empresas consideradas
estratégicas que acudan al fondo de ayudas públicas tendrán prohibido
distribuir dividendos, su consejo de administración no podrá cobrar
remuneración variable y no podrá realizar una expansión comercial “agresiva”.
Montero desveló que las empresas acogidas a dichas ayudas públicas deberán
tener su domicilio social y sus principales centros de trabajo en España, no
deberán encontrarse en crisis a 31 de diciembre de 2019, no podrán haber sido
condenadas por delitos de malversación o cohecho, deberán demostrar que sin esa
ayuda cesarían su actividad o tendrían “graves dificultades” para continuar, y
deberán presentar un plan de viabilidad en el medio y largo plazo con la
previsión de devolver el dinero.

Además, las empresas que
accedan tendrán una serie de “restricciones”. Montero citó la imposibilidad de
repartir dividendos, de percibir remuneración variable por parte de los
consejeros y no expandir el negocio de forma “agresiva” o asumiendo excesivo
riesgo.

Los instrumentos de apoyo
podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, en deuda
convertible o en la suscripción de acciones o participaciones sociales, según
precisó Montero.

El importe mínimo de ayudas
por empresa es de 25 millones de euros y el máximo será “el que se considere
imprescindible para restaurar esta viabilidad de la empresa”, en palabras de la
portavoz gubernamental, que añadió que “en ningún caso”, la ayuda pública podrá
mejorar el patrimonio neto de la compañía a 31 de diciembre de 2019.

Este fondo se pondrá en
marcha «antes de 30 días», según Montero. Fue aprobado en el Consejo
de Ministros del 3 de julio y es un fondo adscrito al Ministerio de Hacienda y
gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

 

Compra de acciones o deuda

El fondo permite que el Estado
entre de forma transitoria en el capital de empresas viables con problemas de
solvencia tras la pandemia, aunque no es estrictamente necesario y el apoyo
llegará mediante la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento
convertible en capital, pero siempre que las propias empresas lo soliciten y
como opción de último recurso.

El órgano que decidirá si la
ayuda se aprueba es el Consejo Rector del propio fondo, que se pondrá en marcha
en un plazo de menos de 30 días, ha dicho Montero, y cuya constitución, aunque
no ha entrado a detallar, se ha aprobado ya desde este martes.



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Por primera vez una Audiencia aplica la doctrina de TJUE y declara abusivos los gastos de hipoteca y la cláusula suelo

La Sección Cuarta de la
Audiencia de Las Palmas ha notificado las dos primeras sentencias conocidas que
declaran abusivas los gastos de hipoteca derivados de contratos con cláusulas
nulas. El tribunal confirma que el banco no puede cargar al cliente gastos del notario,
tasación, arancel del registrador,
 así como la controvertida comisión
de apertura. 

Avalando así los argumentos
de la demanda de dos particulares en sus litigios contra las entidades
bancarias: son ellas las que tienen que asumir los gastos derivados del
préstamo (derechos del notario, arancel del registrador de la propiedad,
tasación) y los excesos de aplicación de la cláusula suelo, y el cliente solo tiene
que hacer frente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, 
según apunta el Poder Judicial en una
nota de prensa a raíz de la cuestión. 

“En particular”, dice el
fallo, “no consta información previa sobre la evolución en el pasado del índice
en que se basa el cálculo del tipo aplicable”.

En el primer caso, según
señala el fallo, el banco no suministró al cliente, con anterioridad a la firma
del contrato, toda la información necesaria sobre los beneficios o inconvenientes
de esta cláusula, por lo que el Tribunal estima el recurso contra el fallo que
dio la razón al banco y declara la
nulidad del documento privado firmado entre la entidad
y el cliente por el
que se eliminó la cláusula suelo (con el que el particular renunció al cobro de
las cantidades cobradas en exceso), condenando al banco a realizar un nuevo
cuadro de amortización “sin límite mínimo de interés” y a la devolución “de las cantidades cobradas en exceso desde el inicio
del contrato, con los intereses legales desde el momento de cada pago
”.

 

En el segundo caso, la
Audiencia de Las Palmas dicta sentencia el 21 julio, aplicando el último fallo
del TJUE del pasado jueves 16 de julio, confirmando
que la comisión de apertura y la cláusula de gastos
(la que carga al
cliente los honorarios del notario, del registrador de la propiedad y del
tasador) son “abusivos”, dando la
razón a los particulares y condenando al banco al pago de las costas generadas
no solo en la alzada sino también en la primera instancia, “para salvaguardar el interés del consumidor
y evitar el efecto disuasorio
”.



FUENTE: ADADE CENTRAL

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