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El Supremo aclara si la compra de un inmueble sin hipoteca por empresas tributa en la plusvalía municipal

En los últimos años han proliferado las operaciones de ‘leasing inmobiliario’ o, lo que es lo mismo, la adquisición de inmuebles mediante un arrendamiento financiero y sin necesidad de firmar una hipoteca. Ahora el Tribunal Supremo ha puesto negro sobre blanco en cuanto a si bajo esta fórmula la empresa debe pagar el impuesto de plusvalía municipal.

En realidad, el ‘leasing inmobiliario’ se trata de una fórmula de financiación para que las empresas y otro tipo de organizaciones puedan hacerse con un inmueble sin necesidad de pasar por el trámite de firmar una hipoteca. Así pues, con esta fórmula pueden acceder a un inmueble, gracias a un acuerdo con un arrendador financiero, que lo compra y que acto seguido lo cede en régimen de arrendamiento, con una opción de compra al final del contrato, a cambio de pagar un “valor residual”.

José María Salcedo, apunta a que, al tratarse de la transmisión de un inmueble, entra en juego el impuesto de plusvalía municipal. Pero algunos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), como, por ejemplo, el de Asturias, han considerado que en este tipo de transmisiones nunca habría incremento de valor. Por ello, no habría que tributar en el impuesto de plusvalía municipal.

En concreto, para el TSJ de Asturias la transmisión de un terreno por leasing inmobiliario no tributa en la plusvalía municipal. Así, en sentencia de 27-5-2019 (recurso 60/2019), este TSJ declaró que “El negocio de las entidades financieras en esta clase de operaciones no radica en la obtención de una ganancia con la reventa del inmueble, cuyo coste únicamente recupera o amortiza, sino el cobro de un canon arrendaticio durante el tiempo que dura el contrato, siendo por ello por lo que no cabe apreciar un incremento de valor del bien cuando se ejecuta la opción de compra abonando el valor residual previamente establecido, puesto que, como bien se dice en la sentencia de instancia, aquel valor ha quedado definitivamente fijado en la fecha del contrato inicial de tal modo que en la (fecha) correspondiente al ejercicio de la opción la entidad bancaria no puede alterarlo aduciendo un mayor valor del bien en su día objeto del leasing, siendo esta la única manera en la que se revelaría en la entidad bancaria vendedora una mayor capacidad económica que es lo que constituye la esencia última del impuesto».

Es decir, el tribunal asturiano considera que no hay incremento de valor del terreno porque las empresas de leasing inmobiliario no registran una ganancia por la diferencia entre la compra la venta del inmueble, sino por el cobro de un alquiler con su carga financiera.

En cambio, el TSJ de Aragón mantiene una opinión contrapuesta y considera que este tipo de operaciones sí deben tributar en el impuesto de plusvalía municipal. En sentencia de 27-9-2017 (recurso 332/2017) consideró que la particularidad del contrato de leasing solo impediría tomar los valores reflejados en dicho contrato, para determinar el incremento de valor del terreno.

Sin embargo, ello no significa que no haya incremento de valor, y que éste no pueda probarse por cualquier otra vía. Así, declaró que “frente a la alegada estabilidad o mantenimiento del precio fijado con antelación en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento financiero, que en el presente caso la «materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial» se obtiene -según se ha expuesto en el fundamento de derecho precedente- por una vía distinta de la fijación del precio del terreno en el contrato de arrendamiento financiero, pero debe concluirse que dicho incremento del valor, que revela una capacidad económica real, existe y, por lo tanto, es susceptible de ser grabado por medio del tributo controvertido”.

Ante las diferentes sentencias contradictorias, el asunto ha llegado al Tribunal Supremo, que ha dictado ya sentencia aclarando cuál es la interpretación correcta. En la sentencia del pasado 21 de junio de 2021 (recurso 5302/2019), el Alto Tribunal da la razón a la administración, es decir, establece que en el leasing inmobiliario puede haber incremento de valor del terreno y, por tanto, debe tributar en el impuesto de plusvalía municipal.

En su opinión, la ley no recoge que este tipo de transmisiones no queden sujetas al impuesto. Además, señala que la transmisión del inmueble se produce cuando se ejecuta la opción de compra por parte del inquilino y no cuando se firma el contrato de leasing. Además, se remite a su sentencia de 9-7-2018. Por ello, considera que es al sujeto pasivo del impuesto al que corresponde probar la inexistencia de incremento de valor del terreno. Y ello, mediante las escrituras, pericial, o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

José María Salcedo recalca también que el Supremo considera que para determinar el valor del inmueble al tiempo de la transmisión puede acudirse a una valoración ajena a la efectuada en el propio contrato de leasing. Y quien debe demostrar que no hay incremento de valor del terreno es el sujeto pasivo, esto es, la empresa de leasing (no el inquilino), y no la Administración.

En concreto, afirma el Supremo que “en los contratos de arrendamiento financiero la «materialización» del incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial, se ha de obtener por una vía distinta de la fijación del precio del terreno en el contrato de arrendamiento financiero.”

En definitiva, Salcedo señala que en los contratos de leasing inmobiliario puede haber incremento de valor del terreno, aunque debe estarse a cada caso concreto. El Supremo concluye que ““es posible la existencia de un incremento de valor del terreno en las operaciones de arrendamiento financiero si bien, habrá o no sujeción al tributo, dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso, lo que determina que no puedan establecerse parámetros generales, sino que habrá que examinar caso por caso a fin de determinar si se ha producido el hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana, correspondiendo al sujeto pasivo probar la inexistencia de una plusvalía real conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley General Tributaria.”


Quién debe pagar la plusvalía municipal

El socio de Ático Jurídico señala que quien debe pagar este impuesto es la empresa de leasing, que es quien transmite el inmueble, aunque es habitual que se incluya en el pacto que sea el inquilino el obligado a pagar este tributo.

En caso de que al inquilino, ya sea empresa o persona física, le haya tocado abonar erróneamente la plusvalía municipal, Salcedo recuerda que puede solicitar y obtener la devolución de lo pagado de más. Si el Ayuntamiento notificó una liquidación, este contribuyente que ha pagado el impuesto sin ser sujeto pasivo podrá recurrir directamente en reposición, en vía económico administrativa (si existe en el municipio), y en vía contencioso-administrativa. Así lo declaró el Supremo en sentencia de 30-10-2019 (recurso 3738/2018).

“Sin embargo, si se presentó una autoliquidación del impuesto, solo la empresa de leasing (sujeto pasivo), podrá solicitar su rectificación, y la devolución de ingresos indebidos. Y, una vez desestimada tal solicitud, ya podrá el que pagó el impuesto, sin ser sujeto pasivo, recurrir en reposición, en vía económico-administrativa, y en la contencioso-administrativa. Así lo ha declarado recientemente el TSJ de Madrid, en sentencia de 10-12-2020”, sentencia José María Salcedo.


FUENTE: IDEALISTA


Source: econsulting

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Proyecto de Ley que modifica la Ley de Impuestos Especiales y la Ley del IVA para adaptarla a directivas comunitarias

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, como la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objetivo de adaptarlas a varias directivas de la Unión Europea.

El pasado 18 de mayo, el Gobierno tomó razón de este anteproyecto de Ley y fue sometido al procedimiento de información pública y al resto de trámites establecidos. Una vez que hoy se aprueba por el Consejo de Ministros comenzará la tramitación parlamentaria ordinaria.

Este proyecto de Ley tiene, entre otros objetivos, modificar las citadas leyes para trasponer varias directivas comunitarias y reforzar el control en el uso de productos similares a carburantes para que también estén sujetos al pago del impuesto. De esta manera, la norma introduce cambios para atajar el fraude en el Impuesto sobre Hidrocarburos, aumentando el control sobre el uso de productos similares usados como carburante con los que se pretendiera eludir el pago del tributo.


Trasposiciones

En concreto, se transponen tres Directivas:

·     Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de los Impuestos Especiales.

Las modificaciones introducidas en esta Directiva son fundamentalmente técnicas y tienen por objeto adaptarla a la terminología y a los procedimientos del Tratado de Lisboa.

En ese sentido, también se actualiza la terminología y los procedimientos recogidos en el Código Aduanero de la Unión Europea y se avanza en la coordinación de los procedimientos aduaneros y de los impuestos especiales.

·     Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica otra directiva relativa a la armonización de las estructuras de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.

En este caso, actualiza las referencias a los códigos de la nomenclatura combinada que se utilizan para la descripción de los productos derivados del alcohol. En concreto, se actualizan los códigos del «vino espumoso» y de «otras bebidas fermentadas espumosas» para su mejor categorización.

·     Directiva (UE) 2019/2235/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2019, por la que se modifican la Directiva 2006/112, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los Impuestos Especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión.


Otras modificaciones

Adicionalmente, se aprovecha esta reforma para introducir otras modificaciones en la Ley de Impuestos Especiales.

En materia de hidrocarburos, en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2020, se modifica la Ley de Impuestos Especiales para determinar que no están sujetos al impuesto las operaciones de autoconsumo que impliquen la utilización de hidrocarburos como combustibles en el proceso de fabricación de otros hidrocarburos, pero únicamente cuando la sustancia resultante de ese proceso de fabricación se destine a un uso como combustible o carburante.

También en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, con el cambio normativo se pretende atajar una modalidad de fraude, que consiste en la utilización de productos muy similares a los carburantes de automoción convencionales, en particular al gasóleo, pero con alguna pequeña modificación introducida para lograr que su uso como carburante se realice sin tener que pagar el impuesto.


Para evitar dichas prácticas se adoptan dos medidas:

·     Se establece un supuesto de responsabilidad solidaria del pago del impuesto a quienes posean, bien para su distribución al por mayor o al por menor, o para su uso como carburante en vehículos destinados al transporte, hidrocarburos en los que se detecte la presencia de otros productos, excepto los aditivos o marcadores autorizados, o que hayan sido adquiridos a operadores no habilitados para poder comercializarlos.

·     Dado que la circulación intracomunitaria de estos productos no está sujeta a control y que existe un alto riesgo de su uso final como carburante o combustible, se habilita a la Agencia Tributaria para que pueda exigir la aportación de una garantía para amparar la circulación, tenencia y utilización de estos productos.

De esta forma, todos aquellos productos que se utilicen como carburantes estarán sujetos al Impuesto sobre Hidrocarburos, sea cual sea su naturaleza, fueran mezclas o no. Lo determinante para su tributación es el uso que se hace del producto.


Ley de Tasas Consulares

Por último, este proyecto de Ley también modifica la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de Tasas Consulares, con el objeto de adecuarla a lo dispuesto en el Reglamento de la Oficina de Interpretación de lenguas del Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, que incluye entre sus disposiciones la creación de dos títulos profesionales, el de Traductor Jurado y el de Intérprete Jurado.

En concreto se regulan dos nuevas tasas consulares: las tasas por la tramitación y, en su caso, expedición de los títulos de Traductor Jurado e Intérprete Jurado, que no pudieron incluirse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 por no existir la habilitación normativa pertinente para ello.


FUENTE ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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¿Podemos firmar contratos en una servilleta?

En una servilleta, por teléfono o por carta. Da igual la forma en la que se haya formalizado un contrato, las partes están obligadas a cumplirlo

Quizá la servilleta más famosa del mundo es aquella que, allá por el año 2000, firmaron los representantes del futbolista Lionel Messi y los del Fútbol Club Barcelona. Tras un encuentro informal en un bar, el entonces secretario técnico del club, Carles Rexach, se comprometió a fichar al jugador.  Ahora bien, ¿qué valor jurídico se le puede atribuir al emblemático trozo de papel?

El Código Civil (CC) consagra en el artículo 1279 el principio de libertad de forma. En virtud de este principio, como regla general, un contrato puede celebrarse de cualquier manera y las partes estarán obligadas a cumplirlo.

Para que un contrato sea válido deben existir tres elementos esenciales: consentimiento, objeto cierto y causa.

En cuanto al consentimiento, es preciso que este haya sido dado por una persona con capacidad suficiente para contratar. La capacidad de los menores y de las personas que tienen sus habilidades cognitivas afectadas es especialmente problemática. A estas personas se les suele atribuir una capacidad relativa en función de sus circunstancias: no recibe el mismo tratamiento jurídico el menor que compra un lapicero que el que compra un ordenador.

Para proteger a los sujetos con capacidad para contratar limitada, el legislador establece que los acuerdos por ellos suscritos serán anulables. El contrato anulable es inicial y provisionalmente válido, aunque es potencialmente inválido si las personas legitimadas para ello solicitan su anulación. La anulabilidad resulta más ventajosa que la nulidad, ya que esta última impediría a estos sujetos aprovecharse de los beneficios de un contrato ventajoso (un ejemplo: un menor adquiere un ordenador con gran rebaja en el precio).

Además, ha de tratarse de un consentimiento libre. Diremos que concurren vicios en el consentimiento cuando este se obtenga mediando violencia o intimidación o cuando exista dolo, es decir, cuando el contrato busque de forma deliberada dañar a una de las partes.

Sobre el objeto, la legislación establece que este podrá consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa o prestar algún servicio. En todo caso, el objeto de un contrato nunca podrá ser cosas contrarias las leyes y las buenas costumbres.

La causa, por su parte, dependerá de cada contrato, ya que es el motivo por el que las partes han decidido celebrarlo. Por ejemplo, la causa de una compraventa es el intercambio de cosa por precio.

La forma no es un elemento esencial del contrato, y este existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras. Como establece el artículo 1091 CC, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, lo que implica que nacen para ser cumplidos. Así lo expresa también la expresión latina frecuentemente utilizada en el mundo jurídico “pacta sunt servanda”.

Los contratos que se perfeccionan por el consentimiento reciben el nombre de “contratos consensuales”. La compraventa y los arrendamientos son contratos de este tipo.

Si bien la forma no determina la validez, juega un papel muy relevante a la hora de probar la existencia de un contrato. Un ejemplo: alquilo un coche de forma oral, sin ningún documento que lo acredite. La persona que me lo ha arrendado interpone una denuncia, alegando que le he sustraído el vehículo ¿Cómo demuestro que poseo un título legítimo para su utilización? Lo tengo difícil.

La forma escrita tiene un mayor poder acreditativo que la forma oral. Dentro de la forma escrita, los documentos públicos, que son aquellos firmados por un fedatario público (notario), prevalecen sobre los privados a nivel probatorio. Además, los documentos públicos son los únicos que pueden acceder al Registro Civil, adquiriendo así publicidad y valor frente a terceros.

No obstante, todo lo anterior, existen contratos que se apartan del criterio general de Código Civil y requieren para su validez una determinada forma, en concreto, documento público. Ejemplo de este tipo de contratos son:

·       Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.

·       La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal.

·       El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.

·       La hipoteca.

En el ámbito mercantil los contratos formales son mucho más frecuentes que los consensuales.

Además, el Código Civil aconseja que la compraventa, arrendamiento y donación de inmuebles se efectúe en documento público. En caso contrario, no podrá acceder al Registro, y no tendrá valor frente a terceros (la compraventa de una vivienda realizada de este modo sólo será válida entre las partes contratantes. A ojos del resto del mundo, el inmueble seguirá perteneciendo a la persona que conste como titular en el Registro, que previsiblemente será el vendedor).


FUENTE: ECONOMIST & JURIST

 

Source: econsulting

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El SEPE avisa de la baja automática de llllllllll

El SEPE anuncia en su cuenta de Twitter que si en un periodo de 36 meses la cuenta bancaria 

utilizada para el cargo en cuenta estuviese inactiva, en cualquiera de los regímenes y sistemas


Enlace al BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16477


FUENTE ADADE CENTRAL

 Hacienda no puede investigar dos veces un ingreso sospechoso sin motivo

Source: econsulting

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El 'compliance' es un tren de alta velocidad, al que hay que subirse.

En 2021, el cumplimiento normativo es un valioso activo empresarial que empuja a competir con éxito en el mercado

En 2021, el compliance es un valioso activo empresarial que empuja a competir con éxito en el mercado.

Ciertamente, el compliance nació como la herramienta para protegerse de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 2010, el Estado decidió que era hora de que las organizaciones empezaran a cuidar de sí mismas y de traspasarles la prevención de los delitos que pudieran cometerse en su órbita de control. Las organizaciones deben vigilar su interior y se espera de ellas que se pongan de parte de la justicia. Que cambien de bando y se conviertan en una especie de policías de sí mismas.

Sin embargo, la asimilación del compliance por parte del empresariado español no fue fácil, ni rápida. En un entorno como el nuestro, formado mayoritariamente por empresas medianas y pequeñas, la reforma produjo absoluto escepticismo, alimentado, en buena medida, por la desorientación que creó la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado y la timidez de los juzgados, durante los primeros años, para abordar la nueva responsabilidad. En el fondo, la mayoría de los empresarios creyeron, o quisieron creer, que era una especie de moda pasajera, que no modificaría sus rutinas. Pero se equivocaban, ya nada volvería a ser igual.

En realidad, fueron las multinacionales con matrices en países donde ya era un hecho la responsabilidad penal de las organizaciones, las que abrieron brecha. Pusieron en práctica programas de prevención penal, códigos éticos, etcétera y, lo que es más importante, comenzaron a exigirlos a sus contratistas españoles. Esto sí que produjo en poco tiempo –mucho más que el temor a las sanciones penales, que, hasta entonces, apenas existían– un auténtico vuelco en la situación. Los empresarios escépticos comprendieron que, para sobrevivir en el mercado, era imprescindible abrirse a los nuevos tiempos. La mayor parte, además de adoptar los programas que exigían las grandes, comenzaron a imponerlos, a su vez, a sus subcontratistas, todo lo cual produjo un rapidísimo efecto dominó.

Por otra parte, el control interno que supone el compliance, limitado, en origen, a evitar ilícitos penales, se extendió pronto a todas las áreas de las organizaciones y a la prevención, no solo de delitos, sino también de cualquier otro incumplimiento que pudieran acarrear consecuencias desfavorables. (por ejemplo, en materia laboral, regulatoria, etc.). En definitiva, de mero instrumento de prevención de delitos, el compliance había mutado en un concepto integral, dando paso a una especie de nueva cultura empresarial, basada en el cumplimiento de la ley.

A partir de ahí, se inició una auténtica explosión del compliance en nuestro país que, en solo unos años, lo ha convertido en un valor competitivo de primera. Las organizaciones con un buen programa de cumplimiento transmiten confianza al mercado y esta reputación potencia sus transacciones. Nadie quiere ya comprar, ni tener como socios de negocio, a entidades desorganizadas, o de comportamiento contractual imprevisible, aunque sus ofertas puedan parecer ventajosas.

En este sentido, la unificación internacional de los estándares de control que están creando las normas ISO juega un papel fundamental. Cualquiera puede contratar, sin temor, en cualquier país del mundo, con una organización que posea un programa de compliance adaptado, por ejemplo, a la nueva norma ISO 37.301, con la seguridad de que su nuevo socio tiene un sistema de controles internos virtualmente infalible.

Lo que las organizaciones gastan en compliance se ha convertido en una inversión, que genera prestigio y contratos. Nadie lo habría sospechado hace solo cinco años. El compliance es hoy un tren de alta velocidad, al que no queda más remedio que subirse, no hay tiempo para la nostalgia.


FUENTE: EL PAIS

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El Supremo vuelve a rechazar que las inspecciones de Hacienda a las empresas se realicen sin previo aviso

El Alto Tribunal anula las resoluciones de judiciales fiscalizadas en sede de casación por falta de motivación y justificación

Como ya lo hiciera en octubre del 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha reiterado, en su sentencia de 23 de septiembre de 2021, su rechazo ante la entrada en la sede social de una empresa llevada a cabo por Hacienda y sin previa notificación de inicio de inspección.

En opinión del Supremo, habría bastado con requerir a la entidad recurrente en casación “para que facilitase la información que necesitase la Administración (…), de acuerdo con el deber que estatuye el art. 93.1 de la Ley General Tributaria, para poder obtenerla, en principio, de una manera menos gravosa o invasiva”.


Antecedentes

Después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife autorizase mediante auto la entrada en la sede de la empresa y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimase el recurso de apelación presentado en nombre de esta última, el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil afectada y apreció la concurrencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en los siguientes términos:

1.     Determinar si, para la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, únicamente pueden ser objeto de autorización judicial de entrada en el domicilio las solicitudes de la Administración tributaria relativas a procedimientos de inspección, en los que el obligado tributario se encuentre ya incurso.

2.     Precisar si en el recurso de apelación interpuesto contra el aludido auto de autorización de entrada en el domicilio, resulta exigible que se entregue copia del expediente judicial al recurrente dentro del plazo previsto para formular dicho recurso.


Objeto del recurso de casación

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS localiza el objeto del presente recurso de casación en precisar si el repetido auto de autorización de entrada en la sede de la empresa recurrente observa los preceptos legales que disciplinan la competencia judicial (para otorgar la autorización) y administrativa (para solicitarla), así como los límites concretados por la jurisprudencia de la Sala, en sus SSTS 1343/2019, de 10 de octubre y 1231/2020, de 1 de octubre.

Cabe apuntar, en relación la pretensión casacional, que el escrito de preparación del recurso de casación y la sentencia de apelación que ahora se recurren son anteriores a la STS de 1 de octubre de 2020, en que se fijó doctrina en relación a la necesidad de que las autorizaciones de entrada en domicilio constitucionalmente protegido se efectúen en el seno de un procedimiento de inspección ya iniciado, con conocimiento formal del inspeccionado.


El Supremo reafirma su doctrina

Centrándonos únicamente en el análisis de la cuestión que platea la primera de las preguntas que contiene el auto de admisión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, sin intención de rectificar lo establecido hace casi justo un año, reafirma su reciente doctrina prevista en la ya aludida STS de 1 de octubre de 2020, cuyos Fundamentos de Derecho segundo, tercero y acuarto, referidos a la necesidad de un procedimiento inspector previo, abierto y dado a conocer al interesado, reproduce extractadamente.

Sin ánimo de repetirnos y recomendando al lector repasar la información publicada por esta Redacción referente a la STS de 1 de octubre de 2020 y titulada “La corazonada de la Administración no basta para solicitar el registro de un domicilio o sede social”, estimamos oportuno invocar un par de conclusiones alcanzadas por nuestro Alto Tribunal en el repetido fallo de octubre de 2020:

·     “La autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas, por derivar tal exigencia de los arts. 113 y 142 de la LGT. Sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia (art. 8.6 LJCA y art. 91.2 LOPJ).

·     La posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte (sin oír a la otra parte) no guarda relación con la exigencia del anterior punto, sino que se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio, como aquí ha sucedido”.


El Supremo aterriza al supuesto concreto

En relación a la proyección de la doctrina establecida al asunto ahora debatido, el Ato Tribunal recuerda, en primer término, cuál fue el contenido de la solicitud de entrada que suscribió la Delegada Especial de la AEAT en Canarias en el presente supuesto:

“En estas circunstancias, parece necesario obtener de la ‘AAA S.L.’ toda la información relevante respecto de las compras de las mercancías, previas a su venta a ‘BBB’ para su introducción por esta última en la UE.

A estos efectos, de conformidad con el art. 93, apartado 1, de la LGT, se establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del art. 35 de dicha Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con transcendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”.

Pues bien, a juicio de la Sala Tercera del TS, “habría bastado requerir al ahora recurrente para que facilitase la información que necesitase la Administración, propia o de terceros (…) para poder obtenerla, en principio, de una manera menos gravosa o invasiva”, máxime si se tiene presente que “no cabe la mera suposición o conjetura de que el requerimiento se va a incumplir” y cuando en nuestro sistema sancionador, “los incumplimientos de deberes de esta clase están severamente castigados” en la LGT.


Consecuencias

La consecuencia inmediata de cuanto se ha dicho en líneas anteriores obliga al Supremo a declarar que las resoluciones fiscalizadas en sede de casación han de ser anuladas, en cuanto adolecen ambas de una invalidante falta de motivación y, a la vez, de justificación, en la adopción del auto de entrada y su posterior respaldo en apelación, a lo que se añade que se pronuncian sobre una petición de entrada no referida o conectada a una inspección ya abierta y conocida por el investigado.

Además, la mercantil afectada conserva intactas sus acciones frente a las liquidaciones que pudiesen dictarse, entre otros, en el carácter nulo de la prueba obtenida en la entrada en domicilio.


FUENTE: ECONOMIST & JURIST

 

Source: econsulting

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Gestha sospecha que los señalados en Pandora Papers regularizarán su situación antes de que Hacienda reaccione.

Advierten de que estos grandes evasores evitarán las sanciones y condenas por los eventuales delitos fiscales


Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sospechan que las personas señaladas en los ‘Pandora Papers’ regularizarán su situación fiscal antes de que la Agencia Tributaria reaccione, por lo que piden a la ministra, María Jesús Montero, que permita a los técnicos iniciar inmediatamente la inspección de las grandes fortunas y sociedades que ya se conocen.

Gestha ha lamentado a través de un comunicado que la «lentitud» en formar los expedientes retrasará en cuatro meses el inicio de la inspección de las grandes fortunas y sociedades relacionadas en los ‘Papeles de Pandora’.

En concreto, Gestha señala que cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria reciba de ‘La Sexta’ y ‘El País’ toda la información requerida, entre la que figurará la de las 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore relacionadas, comprobará si los residentes han incluido esas propiedades en el modelo 720 de bienes en el exterior, y si las rentas obtenidas están declaradas en el IRPF y la titularidad en el Impuesto sobre el Patrimonio.

En caso contrario, elaborará una propuesta para incluir en el plan de inspección a las personas y entidades que no hayan declarado. «Sin embargo, en ese tiempo, estas grandes fortunas habrán presentado las declaraciones complementarias que les habrán preparado los grandes despachos de la asesoría española», han advertido los técnicos.

Pese al tiempo al que hacen referencia los Papeles de Pandora, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas offshore o las propiedades en el extranjero en el modelo 720, esos importes se calificarán como una ganancia patrimonial no justificada que tributará al tipo marginal máximo del IRPF del último año no prescrito, entre el 43,5% y el 48% en 2017.


FUENTE ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a cobrar las ayudas escolares completas.

La justicia reconoce la naturaleza social y no salarial de este plus que todos deben cobrar de forma íntegra

El complemento de ayuda escolar recogido en muchos convenios colectivos debe abonarse en su integridad a los trabajadores con independencia de si su contrato es a tiempo completo o parcial. Así lo “proclama” en una reciente sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (disponible aquí).

Los magistrados resuelven el debate planteado para determinar si el complemento de ayuda escolar debe pagarse a los trabajadores a tiempo parcial en su integridad y en idéntica cuantía como lo perciben los trabajadores a tiempo completo o, si por el contrario, rige el criterio de proporcionalidad en atención al tiempo efectivo de servicios.

La Federación de Servicios de CCOO presentó demanda por conflicto colectivo contra las medidas adoptadas por una empresa de telecomunicaciones que disminuía proporcionalmente las ayudas escolares recogidas en el convenio colectivo en función de la reducción de jornada a todas las trabajadoras, alegando para ello el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores sobre descanso semanal, fiestas y permisos por reducción de jornada.

La magistrada de lo Social de Málaga dio la razón al sindicato y la empresa recurrió en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Martin Hernández-Carrillo, se establece -en base a la Directiva 1997/81 y el artículo 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores- que la aplicación del principio de no discriminación se asienta en dispensar un igual trato al trabajador a tiempo parcial que al contratado a tiempo completo. Queda justificado un trato diferenciado cuando aborde derechos cuyo reconocimiento dependan del tiempo trabajado aplicando la regla de proporcionalidad, como puede ser el ajuste del salario.


Ayuda social, no salario

El Tribunal fundamenta su decisión a favor de los trabajadores, en primer lugar, porque el plus de ayuda escolar no es una partida salarial, sino que tiene naturaleza social. Es una ayuda por los gastos derivados de la escolarización de los menores a cargo el trabajador y que se producirán en idéntica intensidad ya sea por trabajar a jornada completa que a tiempo parcial. “Es indiscutible que el gasto que debe sufragar el trabajador o la trabajadora en la escolarización o realización de estudios es independiente y no resultará afectado por la realización de la jornada (competa o parcial)”, aseguran los magistrados.


Discriminación a la mujer trabajadora

El segundo argumento del tribunal se fundamenta en que aplicar una ayuda escolar menor por tener una jornada parcial implicaría una interpretación indirectamente discriminatoria para la mujer trabajadora.

El Tribunal recuerda que tres de cada cuatro asalariados a tiempo parcial son mujeres y que una de cada cuatro mujeres asalariadas tiene una jornada a tiempo parcial. En la práctica, esto se traduce, respaldando el razonamiento de la juez de lo social, en un impacto negativo sobre las mujeres, puesto que “son éstas las que se siguen viendo afectadas por situaciones de temporalidad, con lo que se restringe su acceso a estas prestaciones sociales y asistenciales con la consiguiente discriminación indirecta”.

La decisión de los magistrados andaluces mantiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo recogida en la sentencia 91/2020, reconociendo que el principio de proporcionalidad en las ayudas escolares, si bien es un «método formalmente neutro», incide “peyorativamente” en un número mayor de mujeres que de hombres.


Plus de transporte

En los contratos a tiempo parcial también es habitual que las empresas reduzcan el cobro del plus de transporte. En muchos casos, se tiende a rebajar la cantidad del plus de transporte a la mitad del importe en jornada completa.

Sin embargo, “esta situación no es legal, ya que el desplazamiento al lugar de trabajo no se ve afectado por la duración de la jornada, de forma que con independencia de que la jornada sea de menos horas o menos días, finalmente, el importe del plus de transporte debe ser el correspondiente a cualquier trabajador a jornada completa”, asegura el abogado Mariano Salinas, socio-director de Salinas Porras Abogados.


FUENTE: CINCODÍAS

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El SEPE presenta su nueva Guía para solicitud de prestaciones derivadas de ERTE COVID-19 para adaptarla al Real Decreto-ley 18/2021

La nueva Guía básica incluye información sobre la prórroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID en octubre y a partir de noviembre.

Dentro de la «Guía básica de tramitación Prórroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID y para fijos discontinuos» del SEPE, encontramos una nueva referencia actualizada a octubre de 2021.

Estos son los puntos desarrollados en la guía:


Prórroga de los ERTE COVID en vigor a 30/09/2021 y de las prestaciones extraordinarias por desempleo.


Las prestaciones extraordinarias por ERTE COVID vigentes a fecha 30 de septiembre se prorrogarán automáticamente hasta noviembre (D.T. Única del RDL 18/2021).

        Prórroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID Situación de las prestaciones en OCTUBRE 2021

        Prórroga prestaciones extraordinarias por ERTE COVID Situación de las prestaciones en NOVIEMBRE 2021

        Tramitación de las prestaciones por ERTE COVID-19 NOVIEMBRE 2021 – 

o   1. Solicitud de prórroga a la Autoridad Laboral

o   2. Presentación de solicitud colectiva al SEPE

o   3. Comunicación de la actividad por XML

o   4. Resto de información a MITES, TGSS e ITSS

 

Situaciones transitorias: Nuevos ERTE COVID FM o ETOP iniciados entre 01/10 y 31/10/2021 Ampliación de ERTE COVID ETOP  entre 01/10 y 31/10/2021

– Tramitación de las prestaciones por ERTE COVID-19 Situaciones transitorias en octubre 2021

 

Solicitud de prestaciones por desempleo para nuevos ERTE COVID FM de impedimento o limitación de actividad o ETOP COVID de tránsito  a partir de 01/11/2021 

– Tramitación de las prestaciones por ERTE COVID-19 Nuevos ERTE COVID a partir de noviembre de 2021

 

Prestaciones extraordinarias para  trabajadores fijos discontinuos a partir de octubre 2021 

– Tramitación de las prestaciones por ERTE COVID-19 Prestación extraordinaria de fijos discontinuos

Para información más detallada pueden consultar a cualquiera de nuestros despacho y bajarse la guía en el siguiente enlace.


Enlace a la Guía del SEPE: file://localhost/Users/rosamajo/Downloads/Guia- de- tramitacion- prorroga-ERTE- OCT21-NOV21-y- FD-v-2 (1).pdf


FUENTE ADADE CENTRAL

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¿Están exentos de IRPF los vales de comida si se usan en días de teletrabajo?

Siempre que se cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos, está exenta la entrega de vales-comida a trabajadores.


Una asociación agrupa empresas emisoras de vales de servicios, como vales de comida, que se entregan por determinadas empresas como retribución a sus empleados, para costear los gastos en comidas en que incurren dichos empleados, eleva consulta a la DGT con las siguientes dudas:

Si pueden considerarse como exentos los vales de comida entregados como rendimiento de trabajo en especie a aquellos trabajadores que desempeñan su función total o parcialmente a través de la modalidad de teletrabajo, y asimismo, si es aplicable en el caso de entrega a trabajadores que desempeñan sus funciones mediante jornadas continuas.

También plantea si los gastos de llevanza de la comida al domicilio, tanto en el caso de que se facturen por el establecimiento de hostelería conjuntamente con la comida, como en el caso de que sean facturados de forma independiente por la empresa encargada de la llevanza, quedarían incluidos en la exención.

La Dirección General establece que el uso de los vales-comida para empleados en teletrabajo o con jornada continua, cumpliéndose con los requisitos reglamentariamente establecidos, se estaría ante una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento, con el límite de 11 euros diarios.

Respecto de los gastos de llevanza de la comida al domicilio, resulta indiferente si los mismos se facturan por el establecimiento de hostelería conjuntamente con la comida, o bien se facturan de forma independiente por la empresa encargada de la llevanza, quedando en ambos casos incluidos en la exención, si bien, el importe total exento de esta fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa no puede superar el referido límite de 11 euros diarios.


CONSULTA DGT V1035/2021 DE 21 ABRIL DE 2021. EDD 2021/576227 (Fuente: ADN Fiscal)


FUENTE: ESPACIO ASESORÍA

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