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Golpe fiscal para los nuevos jubilados afectados por Erte en la declaración de 2021

  • El
    contribuyente jubilado tiene una retención del 12% por el 36% del
    trabajador
  • La
    percepción de ingresos por parte de dos pagadores elevará el coste fiscal
    de la Renta en 2021

El más que probable alza
fiscal para los trabajadores que en este año han pasado por un Erte por el
impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral, dado que se verán
obligados a hacer la declaración de la Renta al año siguiente
por haber tenido dos pagadores con percepciones base superiores a 12.450 euros,
también se producirá para miles de nuevos pensionistas que este año se
jubilarán y, por tanto, saldrán de la población en edad de trabajar.

Todo proviene del juego
progresivo del IRPF y más concretamente de los últimos cambios en la escala del
impuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aún hoy vigentes.
En aquel momento, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy modificó a propuesta
de Cs el primer tramo del IRPF ampliando las reducciones por
rendimientos del trabajo hasta los 16.825 euros.

Esto, bajo una lógica de
subidas salariales moderadas, era una mejora fiscal importante para los
salarios más bajos, aquellos que no superan el siguiente tramo de IRPF, pero
solo aplicable en realidad a los que sí hacen la declaración. Sin embargo, este
tipo de subescalones se convierten en una trampa
mortal para el contribuyente
 cuando por un hecho excepcional su renta
aumenta de forma transitoria y al tener dos pagadores se ve obligado a hacer la
declaración, en casos como la pensión de jubilación o la prestación derivada de
una situación de desempleo o Erte cuyos porcentajes de retención mensual son
bajos.

Esta es la situación, por
tanto, a la que se enfrentan miles de trabajadores con los Ertes y no una menos
despreciable cantidad de personas que pasan a la jubilación. En el momento de
cobrar la pensión, el contribuyente experimenta una importante
reducción de su carga fiscal
. Según los datos de la Encuesta de Estructura
Salarial del INE, un hogar jubilado posee una renta anual bruta media de 23.190
euros, generando una base liquidable media de IRPF de 14.490 euros y
un pago promedio de impuesto sobre la renta de 2.855 euros.

Por tanto, el contribuyente
jubilado se enfrenta a una cuña fiscal del 12,3% -frente al
38,6% en la cohorte inmediatamente anterior a la jubilación-, la cual es
sensiblemente menor si llegada la edad de jubilación tiene todavía hijos en la
unidad familiar -cada vez más normal dada la tenencia cada vez más tardía de
hijos en España-. La rebaja puede llegar hasta el 9,8%. Pero lo más
llamativo es cómo proporcionalmente la mayor rebaja de fiscalidad la tienen los
mayores de 65 años (1,29 puntos menos frente a 1,18 entre 45 y 64 años o 0,9
puntos entre 30 y 44 años). Con una población que va envejeciendo a marchas
forzadas, el sistema fiscal sobre las rentas del trabajo (IRPF +
Cotizaciones) 
concede desde los 30 años una mayor rebaja fiscal por
tener hijos en función creciente con la edad, cuando debería ser lo contrario.
Por tanto, se incentiva la tenencia de hijos tardía en hogares cuyo cabeza de
familia sobrepasa los 45 años de edad, con lo cual la ventaja fiscal se alarga
hasta después de la edad de jubilación mientras esos hijos siguen estando en
casa.

Sin embargo, supóngase que en
el último año de vida en activo, un contribuyente con un salario bruto de
16.440 euros recibe de manera extra 564,29 euros anuales en concepto de extras
por el fin de su vida laboral. Dado que habría dos pagadores, de
ser un contribuyente que no estaría obligado a hacer la declaración de la Renta
dado que no llega al mínimo para ello, pasaría a hacer la declaración,
dejando de percibir más de la mitad de la reducción por rendimientos del
trabajo y, por tanto, que la subida de IRPF termine siendo más elevada que el
propio aumento del salario (736,54 euros).

Complementos salariales

Esta es la problemática de
medidas como los complementos salariales que establecen subtramos dentro de
cada tramo general, los cuales en momentos de bonanza económica perjudican
a los más jóvenes
 y en momentos de crisis, sí suponen un colchón
siempre y cuando previamente el contribuyente estuviera sujeto a hacer
declaración de IRPF. Es la situación que se le presenta a una buena parte de
los beneficiarios de los Ertes. Un trabajador sin hijos percibe una prestación
máxima de 13.200 euros, mientras que cuando tiene un hijo la cantidad sube a
15.048 euros y con dos o más hijos, 16.932 euros.

Aún hoy es prematuro evaluar
el efecto fiscal, ya que existe una enorme confusión estadística en torno a
los beneficiarios de Erte, pero sí debe dedicarse un capítulo
específico en el momento en que se tenga claridad en torno a cuántos
trabajadores se están acogiendo a esta medida, los cuales tendrán que realizar
su declaración de IRPF en 2021 incluso aunque no lleguen al mínimo a partir del
cual es obligatorio realizar la declaración de la Renta. Y muy especialmente a
aquellos que acaban pasando directamente a la jubilación, tanto si
esta es en su debido momento por los años cotizados como si es por anticipado.


Source: econsulting

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El Gobierno refuerza la protección de los clientes de créditos y tarjetas 'revolving'

Los clientes sabrán con más precisión el coste del préstamo y la deuda que tienen.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una Orden ministerial para aumentar la transparencia y la protección de los usuarios de créditos ‘revolving’ por la que las entidades tendrán que avisar al cliente cuando se produzca una ampliación del límite de crédito, proporcionar más información sobre el coste y el estado del préstamo y evaluar mejor la solvencia del usuario.

Los créditos ‘revolving’, habitualmente asociados a instrumentos de pago como las tarjetas, tienen una duración indefinida, se renuevan automáticamente y requieren del abono de una cuota fija periódica por parte del cliente.

La nueva norma incrementa la transparencia y mejora la información que las entidades deben proporcionar a los usuarios en todas las fases, de manera que podrán conocer las características del producto que van a contratar y saber con más precisión el coste del préstamo y la deuda que mantienen periódicamente con la entidad.

Entre las nuevas obligaciones de transparencia que incluye, destacan la información precontractual más detallada, en la que debe reflejarse un ejemplo representativo de crédito ‘revolving’ con dos opciones de cuota, e información trimestral en la que se especifique la evolución y situación de aspectos concretos del crédito, como el importe, fecha estimada de finalización del pago del préstamo si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual.

El prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento información sobre su préstamo, así como el cuadro de amortización o las cantidades satisfechas y pendientes. La entidad también tiene la obligación de informar previamente al prestatario de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, incluyendo la nueva cuota y la deuda acumulada.

 

Evitar el sobreendeudamiento

Por otro lado, para evitar una prolongación excesiva del crédito y un aumento de la carga final de la deuda, la norma mejora la evaluación de solvencia que realizan las entidades e introduce orientaciones específicas para asegurar la suficiente capacidad de pago del cliente a lo largo de vida de la operación sin incurrir en el sobreendeudamiento. En concreto, establece como orientación que el importe anual de las cuotas permita amortizar una cuantía mínima anual del 25% del límite de crédito concedido.

Asimismo, se incrementa la información que aporta la Central de Información de Riesgos del Banco de España, lo que permitirá que las entidades dispongan de una información más completa y en menor tiempo de los clientes, lo que redundará en la mejora del análisis de solvencia.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el objetivo de esta nueva regulación es «evitar un posible sobreendeudamiento y reforzar así la seguridad del mercado financiero y la protección de todos los consumidores». «A partir de ahora la contratación de este tipo de tarjetas y créditos será más transparente y con más información y una mayor protección del usuario», ha asegurado Calviño.

FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting

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UGT advierte contra el colapso de la atención física y telefónica de la Seguridad Social

El sindicato advierte que
esta situación puede generar «incertidumbre y frustración» por parte de las
familias solicitantes de ayudas como el Ingreso Mïnimo Vital, cuya situación es
muy grave.

Desde el sindicato UGT han
lanzado un serio aviso sobre la necesidad de «reforzar los recursos humanos y
materiales» de la Seguridad Social para evitar el colapso de la antención
presencial y telefónica de este organismo, a la hora de atender las solicitudes
de los ciudadanos. Lo que podría sembrar inquietud entre las familias que
pueden beneficiarse de las ayudas sociales, especialmente el reciente Ingreso
Mínimo Vital (IMV)

A juicio del sindicato, esta
sería la mejor forma de «reforzar» el denominado escudo social. Una inquietud
que ya han trasladado al Ejecutivo durante la reunión del Consejo General del
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

En este sentido, desde UGT,
han avisado de que esta situación ya esta teniendo lugar y que puede generar
sentimientos de «incertidumbre» y «frustración» en muchas familias, sobre todo,
aquellas que están solicitando el IMV «y que no pueden esperar más»

Source: econsulting

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Un juzgado avala un ERTE de fuerza mayor en base al testimonio de los empleados

El juez confirma el
expediente de regulación después de que fuera tumbado por la autoridad laboral.

Desde que acabó el estado de
alarma han sido varios los casos en los que los tribunales han tenido que
analizar ERTE que en un primer momento fueron tumbados por la autoridad
laboral. Y, en muchas ocasiones, los han acabado avalando. Ejemplo de ello es
la sentencia dictada recientemente por un juzgado de Burgos en la que ha
respaldado el expediente de regulación temporal de empleo que hizo una empresa
de ebanistería en base a las declaraciones de los trabajadores, que
constataron que no se estaba registrando ninguna actividad.

Según recoge el fallo, la
compañía presentó una solicitud ante la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León para hacer un ERTE de suspensión a sus cinco
trabajadores. El organismo, no obstante, lo denegó al entender que no se
cumplía la causa de fuerza mayor. Y es que la actividad de la empresa no estaba
incluida dentro de las funciones que quedaron suspendidas por el real decreto
que promulgó el estado de alarma.

 

Falta de encargos

La jueza revoca esta decisión
al considerar que, aunque la ley permitía realizar funciones de ebanistería
durante el confinamiento, esta actividad se ha visto anulada por las
circunstancias generadas por la pandemia.

Para afirmarlo, se apoya en
los testimonios de los propios trabajadores, que confirmaron “con
total espontaneidad, sinceridad y congruencia” que la empresa se
encontraba completamente paralizada debido a la falta de nuevos encargos y a la
anulación de los existentes.

La plantilla contó que,
durante el confinamiento, no pudieron trabajar con normalidad ya que tanto
empresas como particulares cancelaron sus pedidos porque o bien tenían las
oficinas cerradas o bien por miedo al contagio.

En este sentido, la jueza
recuerda una de las órdenes publicadas por el Ministerio de Sanidad en el mes
de marzo en la que se prohibió toda clase de obra en casas habitadas a no ser
que fueran de carácter urgente. Asimismo, los empleados relataron que tuvieron
problemas de suministro de materiales esenciales.

Por todo esto, la jueza
confirma el ERTE al considerar que hubo causa de fuerza mayor parcial “por
cuanto la pérdida de la actividad de la empresa ha tenido carácter inevitable y
hubo una imposibilidad objetiva de continuar prestando servicios debido al
Covid-19”.


FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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El PIB español registró una caída del 18,5% en el segundo trimestre

La
economía española ha entrado en recesión técnica al sumar dos
trimestres consecutivos con caídas del PIB. En el segundo trimestre la
contracción
con respecto al primero fue un histórico 18,5% y en
términos interanuales fue del 22,1%, también una tasa inédita. La
del periodo abril-junio es la mayor caída trimestral en la serie
histórica que maneja el INE y que arranca en 1970. Hasta ahora, los
mayores retrocesos trimestrales del PIB habían sido el del primer
trimestre de este año (-5,2%) y el del primer trimestre del 2009 (-2,6%).

Ana
de la Cueva,

secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha valorado el avance de
Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) con
un desplome del 18,5% del PIB en el segundo trimestre
del año, reconociendo que esta caída corresponde con los momentos «más
duros» de la hibernación, siendo hasta ahora el peor resultado de la serie
histórica.

La debacle que reflejan los
datos INE en el periodo en el que España se encontraba en estado
de alarma
 y la máxima dureza de la pandemia del
coronavirus, 
 el confinamiento y la paralización
general de la actividad.
Sin embargo,
reconoce De la Cueva que los datos están «en línea» con las
previsiones del Gobierno y avanza una «recuperación gradual»
desde el mes de mayo. 

Asegura
la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa que los datos de
las últimas semanas «van
mostrando cómo se va produciendo la reactivación de la economía». Además,
reconoce que, tal y como justifica el INE, hay «dificultades
»
para hacer previsiones. 

En
términos interanuales la caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 ha sido del
22,1%, frente al descenso del 4,1% del primer trimestre. Es decir, el PIB a
precios corrientes retrocede 14 años, según el INE, situándose en su nivel más
bajo desde el segundo trimestre de 2006. Por sectores, el descenso interanual
fue del 29,9% en la construcción, el 23,8% en la industria, el 22% en los
servicios y solo la agricultura experimenta un repunte, del 7,4%.

Enlace
al informe INE:
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0220a.pdf


FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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A partir del 4 de agosto las notificaciones por Lexnet vuelven a caducar a los 60 días


El estado de alarma hizo que se ampliara hasta a 120 días la caducidad de los
mensajes enviados por LexNET


La caducidad de los mensajes en LexNET vuelve a ser, a partir del 4 de agosto,
de 60 días

Una de las medidas adoptadas
durante el estado de alarma, de cara a facilitar el trabajo a letrados y
procuradores, fue la de ampliar el período de vigencia de los mensajes y acuses
en los buzones de los destinatarios, siempre y cuando se hubieran emitido con
posterioridad al 31 de enero de 2020, de 60 a 120 días.

Con el restablecimiento de la
actividad y el cese del estado de alarma, y al objeto de evitar mensajes
atrasados que pueden ocasionar problemas en el sistema, LexNET informa que a
partir del próximo 4 de agosto, los mensajes volverán a tener una vigencia, tal
y como dispone el 
RD 1065/2015.

 

Source: econsulting

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El Gobierno aprueba el primer tramo de 8.000 millones, de la nueva línea de avales ICO dotada con 40.000 millones

El Ejecutivo ha aprobado las
características del primer tramo de la línea por importe de 8.000 millones de
euros, de los que 5.000 se destinarán a garantizar préstamos de autónomos y
pymes y 3.000 al resto de empresas.

La vicepresidenta tercera y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha
explicado que la 
nueva
línea de avales
 se
suma a las medidas ya adoptadas desde el inicio de la pandemia para apoyar la
liquidez y solvencia de las empresas, entre las que destacan los avales
públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Consejo de Ministros
extraordinario celebrado el 3 de julio aprobó el Real Decreto-ley de
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, que incluía
la creación de una nueva línea de avales del ICO dotada con 40.000 millones de
euros. El pasado 28 de julio se aprobó el acuerdo que recoge las
características del primer tramo de esa línea por importe de 8.000 millones. Tras
la experiencia de la Línea de Avales aprobada por el Real Decreto-ley
8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, se mantiene el mismo diseño, gestión y modelo
de asignación.

Esta nueva línea de créditos
estaría destinada no solo a financiar capital circulante, sino también a
impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor
valor añadido, en torno a dos ejes principales “la sostenibilidad medioambiental y la digitalización” para la
adaptación de las empresas al futuro.

La ministra Calviño ha señalado
que, en conjunto, se movilizarán 140.000 millones de euros en avales. Y a
través de la colaboración público-privada se podrían movilizar 200.000 millones
en liquidez e inversión para paliar el daño estructural generado en tejido
productivo por el coronavirus, impulsar la recuperación económica, la creación
de empleo y apoyar específicamente a los sectores más golpeados.

Así mismo, también ha
indicado que, hasta el 26 de julio, se han aprobado un total de 741.000
operaciones con cargo a la línea de avales para autónomos y empresas, que han
permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación de tejido
productivo.

Nadia Calviño ha afirmado que
el impacto conjunto de las medidas adoptadas en estas dos fases asciende a un
20% del PIB previsto para el año 2020. Estos avales los pueden
solicitar hasta el 30 de septiembre
 de forma exclusiva las empresas
afectadas por los efectos económicos del covid-19, siempre que los solicitantes
no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en
procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.


Enlace al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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El TS deja sin efecto la obligación de informar a Hacienda de la cesión de vivienda de uso turístico

El
Supremo ha estimado el recurso presentado por ADIGITAL (Asociación
española de la Economía Digital), 
contra el apartado 11 del artículo primero del
Real Decreto 1070/2017, donde se incluía en el Reglamento General de las
actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de
uso de viviendas con fines turísticos
”.

 

La Sala III, de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, con este fallo, ha anulado y dejado sin efecto dicho artículo (54 ter),
ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era
preceptivo. Por lo que, Hacienda ya no puede obligar a las plataformas de pisos
turísticos a identificar a caseros y huéspedes. El TS aplica a este caso la
sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, en la que se
dicta que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber
sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en
reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su
invalidez”.

 

El ahora anulado artículo
establecía que “las personas y entidades
que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines
turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el
apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una
declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien
”. Además,
que tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades
que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a
que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito, en
particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas
colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de
prestador de servicios de la sociedad de la información.

 

Según el artículo 54 ter, la
declaración informativa debía contener los siguientes puntos:

  • la identificación del
    titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como del
    titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda. Esta se realizaría
    mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de
    identificación fiscal
  • la identificación del
    inmueble con especificación del número de referencia catastral.
  • la identificación de las personas o entidades
    cesionarias así como el número de días de disfrute de la vivienda con
    fines turísticos. Igualmente, tal reconocimiento se realizará mediante nombre y
    apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación
    fiscal.
  • Y la cantidad o importe
    percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines
    turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

 

FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Impago de cuotas a la SS y casos de fuerza mayor

El TS declara que los
problemas económicos de la empresa, por extraordinarios que sean, no
constituyen una circunstancia de fuerza mayor que exculpe de la responsabilidad
administrativa de ingresar las cuotas de Seguridad Social.

Mediante resolución del
Consejo de Ministros de 5-7-2019, se impone a la empresa una sanción de
159.992,53 € como consecuencia del acta de infracción extendida por la ITSS por
no ingresar en tiempo y forma las cuotas Seguridad Social en el periodo de
junio de 2014 a noviembre de 2018 que, en cómputo global, ascendían a
199.965,67 euros. La empresa impugna la resolución solicitando su anulación.
Alega que la crisis severa, desde el 2009 y hasta el 2014, hizo que la empresa
redujera su nivel de ventas de forma drástica, lo que justifica que no pudiera
hacer frente al pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El TS, rechaza en primer
lugar la excepción de falta de competencia formulada por el Abogado del estado.
El TS viene entendiendo en esta materia que si el acta de infracción no va
acompañada de un acta de liquidación de cuotas, la competencia es del orden
social. En el caso analizado lo que se impugna no es una actuación administrativa
recaída en procedimiento de liquidación de cuotas, sino en procedimiento
sancionador, como consecuencia de un acta de infracción, que ha finalizado en
una sanción. El supuesto no tiene encaje, por lo tanto, en art.3 f) LRJS que
excluye de conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social las
actas de liquidación y de infracción, conjuntas o con tramitación simultánea,
sino en la regla general de atribución competencial al orden social del art.2
del mismo texto legal.

En relación con el fondo del
asunto, el TS recuerda que la falta de ingreso, en la forma y plazos
reglamentarios, de las cuotas de Seguridad Social constituye una infracción
grave salvo que concurra una de las siguientes circunstancias: que la falta de
ingreso obedezca a una declaración concursal de la empresa, a un supuesto de
fuerza mayor, o que se haya solicitado aplazamiento antes de la actuación
inspectora y no se haya denegado. La empresa no cuestiona la calificación de la
conducta sino que la misma está incursa en la excepción justificativa del
impago, que vendría dada por la declaración de concurso o la existencia de
fuerza mayor.

El TS rechaza que la difícil
situación económica que pueda presentar la empresa sea subsumible en el
concepto de fuerza mayor como causa exculpatoria. La regulación de la
infracción grave por esta causa, en su redacción original, incluía como causa
exculpatoria la situación extraordinaria de la empresa. Posteriormente, la L
13/2012 la sustituyó por la fuerza mayor descartando, de este modo, que los problemas
económicos de la empresa, por extraordinarios que sean, tengan cabida como
circunstancias exculpatorias de responsabilidad administrativa.

STS (Social) de 22 mayo de 2020. EDJ
2020/570755



Source: econsulting

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La AIReF recomienda eliminar la tributación conjunta de la Renta porque perjudica a las mujeres

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal), tras realizar la segunda fase de su revisión del gasto público
(spending review FASE II), ha recomendado  cambios en los
beneficios fiscales 
para que cumplan sus objetivos  y sean más eficientes. En su revisión ha analizado
13 beneficios fiscales
, que representan un coste recaudatorio de 35.000
millones de euros
, concluyendo que son necesarios cambios en la tributación
conjunta del IRPF, el IVA superreducido 
(4%) y reducido (10%) y la
reducción por aportaciones a los planes de pensiones. 

Cristina Herrero, presidenta
del organismo, presentó los resultados, y entre otras recomendaciones, está la
de eliminar la tributación conjunta,
en
el caso de la tributación conjunta
del IRPFLos analistas de la autoridad han encontrado
que desincentiva a la
participación laboral de las mujeres. La tributación conjunta ahorra 3.400 euros anuales a los matrimonios, sin embargo puede generar incentivos negativos sobre la oferta laboral de las
mujeres, ya que son ellas quienes aportan las rentas más
bajas en el 83,2% de los casos.

Motivo por el que la AIReF propone su progresiva desaparición, con un régimen
transitorio para que no se vean perjudicadas las familias que sí se benefician
de esta medida, como es el caso de los hogares que solo tienen un perceptor de
rentas, que por ejemplo, en un matrimonio con unos ingresos de 24.000 euros
anuales, proviniendo de un solo un cónyuge, ese contribuyente tendría que pagar
3.000 de IRPF, sin embargo si hiciera una conjunta no pagarían nada.

«La tributación
conjunta solo resulta fiscalmente atractiva cuando uno de los miembros de la
pareja no percibe rentas, o cuando percibe rentas bajas. En
consecuencia, esta figura puede generar incentivos negativos sobre la oferta
laboral de las mujeres, que suelen ser el miembro del hogar con menor nivel de
renta
«, explica la AIReF

Enlace a (AIReF)



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting