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¿En qué consiste el plan Me Cuida?

Con la inminente vuelta al
colegio y el aumento de rebrotes de contagios por COVID en todo el territorio
español, la mayor preocupación de las familias es: qué va a ocurrir con el
cuidado de los hijos en el caso de cuarentenas por haber estado en contacto con
un positivo en COVID.

El plan Me Cuida “adaptación
del horario y reducción de jornada relacionadas con el COVID-19”
, (
Art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) aprobado al inicio de la
pandemia por el Ministerio de Trabajo, es la
solución laboral
, junto con la bajas médicas y el teletrabajo, que propone la Ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, para
todas aquellas familias que necesiten cuidar de su familia en cuarentena para evitar la transmisión
del COVID-19, ya que dicho Plan faculta
al trabajador para adaptar su jornada laboral o reducirla hasta el 100 %.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que
acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como
respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la
persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su
jornada y/o a la reducción de la misma en los términos que se resumen (con
la consiguiente disminución proporcional del salario), cuando concurran
circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para
evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.”

Según
adelanto Díaz en una entrevista radiofónica, la voluntad del Gobierno es
prorrogar el plan «Me Cuida», que en principio expira el 22 de
septiembre, y «me consta que se va a prorrogar», ha afirmado la
ministra, aunque ha aclarado que previamente tendrá que abordarse en la mesa de
diálogo social que el próximo 4 de septiembre se retoma con el asunto central de
la extensión de las ayudas a los ERTE.

La
Ministra Díaz ha recordado, igualmente, que la Seguridad
Social estableció en marzo que el aislamiento preventivo de una persona
trabajadora fuera objeto de baja laboral, considerándose incapacidad temporal
por accidente de trabajo, una medida que sigue vigente y que podría ser de
aplicación a un progenitor que tenga que hacerse cargo de un menor contagiado
de COVID-19. Díaz insiste en que hay medidas suficientes para afrontar esa
situación
 y que si hicieran falta más el Gobierno las aprobará.

 

Los
empleados que se acojan al Plan MECUIDA tendrán derecho a una reducción
especial de la jornada de trabajo
, que deberá ser comunicada a la empresa
con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si
resultara necesario. Pero viene acompañada de la respectiva reducción de
salario, algo que muchos trabajadores no pueden permitirse.

Enlace al
Plan ME CUIDA:
https://www.iberley.es/temas/adaptacion-horario-reduccion-jornada-relacionadas-covid-19-plan-mecuida-64503



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Gobierno y agentes sociales retomarán la negociación Del teletrabajo el 1 de septiembre

El último borrador del anteproyecto clarifica
los límites a la capacidad de control de las empresas y excluye al personal laboral
público.

Gobierno, sindicatos y
empresarios retomarán las negociaciones para la regulación del trabajo a
distancia el próximo 1 de septiembre tras el parón vacacional, y lo harán
con un nuevo texto sobre la mesa, remitido hace unos días a los agentes
sociales, según indicaron fuentes de la negociación.

El nuevo borrador incorpora algunas novedades. Así, deja claro que la
regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal
laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa
específica.

Al mismo tiempo, el texto
clarifica los límites a la
capacidad de las empresas para controlar y vigilar 
que los
trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, respetando su
«dignidad» y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los
trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.

En el borrador
anterior se establecía que las empresas podrían ejercer su derecho de
control sobre el trabajo a distancia mediante el uso de medios telemáticos, en
los términos previstos en la Ley de Protección de Datos.

El último texto sustituye
este párrafo por otro en el que se especifica que la empresa podrá adoptar
«las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para
verificar» que el trabajador a distancia cumple con sus obligaciones y
deberes, «guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a
su dignidad».

Según fuentes del Ministerio
de Trabajo, este párrafo no implica que se vaya a dar más poder a las empresas
para controlar y vigilar a los trabajadores a distancia, sino que se trata de
delimitar sus capacidades de control sobre esta modalidad laboral para que no
existan lagunas legales.

Respecto a la no aplicación
de esta futura regulación al personal laboral de las Administraciones Públicas,
el borrador aclara que, hasta que no exista una normativa específica para este
colectivo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los
Trabajadores.

Dicho artículo consta de
cinco apartados que, en términos generales, establecen que el acuerdo para el
trabajo a distancia se formalizará por escrito y que los trabajadores de esta
modalidad tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total
establecida para su grupo profesional y funciones; a una adecuada protección en
materia de seguridad y salud, y a la formación profesional para el empleo,
entre otros aspectos.

El resto del borrador apenas
sufre cambios de calado respecto al texto anterior, en el que ya se habían
suavizado algunas medidas que, sobre todo, no gustaron a los empresarios, como
los costes que tendrían que asumir por el trabajo a distancia, eliminándose la
referencia a costes directos e indirectos.

 

Se aplicará con un 20% de jornada a distancia

El anteproyecto de Ley de
Trabajo a Distancia, que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo,
será de aplicación a las relaciones laborales que se desarrollen a distancia
con carácter regular, entendiéndose por regular cuando, en un plazo de
referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada o el porcentaje
proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada
bajo esta modalidad.

El texto distingue entre
trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido
por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia
realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas
informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el
centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

 

Los mismos derechos y carácter voluntario

Según el anteproyecto, los
empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los
presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales,
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación
y promoción profesional.

El trabajo a distancia será
voluntario para la persona trabajadora y el empleador y requerirá la firma de
un acuerdo. Será reversible y no constituirá causa justificativa de despido o
de modificación sustancial de las condiciones laborales la negativa del
trabajador a desempeñar su actividad a distancia, su falta de adaptación o
ineptitud, o el ejercicio de reversibilidad (volver a la modalidad laboral
anterior).

Las personas que trabajen a
distancia tendrán prioridad para ocupar puestos que se realizan total o
parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las
vacantes disponibles. Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a
los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión
digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y
salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para
desarrollar su actividad.

 

Costes a cargo de la empresa

Según el anteproyecto, el
desarrollo del trabajo a distancia «deberá ser sufragado o compensado por
la empresa», sin que pueda suponer costes para el trabajador relacionados
con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad. La
negociación colectiva o un acuerdo entre la empresa y sus representantes
legales determinará el modo de compensación y abono de los mencionados gastos.

Los trabajadores a distancia
podrán flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido y el
sistema de registro horario «deberá reflejar fielmente» el tiempo de
trabajo realizado, debiendo incluir el momento de inicio y finalización de la
jornada y de los tramos de actividad.


Source: econsulting

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Gestha recomienda a los afectados por ERTE que soliciten a su empleador un ajuste en la retención del IRPF, para evitar "sustos" en la próxima RENTA

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda aclaran que las
personas afectadas por un ERTE, este año, tendrán dos pagadores: su empresa y
el SEPE, por lo que la obligatoriedad para hacer la declaración se reduce
desde los 22.000 a los 14.000 euros anuales. «Dada la escasa o nula
retención aplicada a las prestaciones públicas (del ERTE), la carga tributaria
se trasladará a la declaración de la renta de 2020», avisa Gestha.

Es decir, los técnicos de
Hacienda aconsejan a los afectados pedir
al SEPE, pagador de la prestación del ERTE, que retenga el IRPF o a la empresa
que haga ajustes en la retención, aunque el pago sería al final el
mismo, sin embargo cuanto mayor sea la retención mensual, menor será el posible
impacto que tendrá el cobro de la prestación del ERTE en la próxima declaración
de la renta.

En todo caso, el resultado de
la misma variará en función de las circunstancias de cada trabajador y el cobro
de los ERTE afectará fundamentalmente a quienes tienen unas percepciones
mayores.



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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El cobro indebido del ERTE puede conllevar un recargo del 20%, si no se devuelve a tiempo

Ha habido un número importante de trabajadores que han seguido
cobrando la prestación cuando ya no estaban en ERTE, o que han recibido cantidades
más altas de lo que les correspondía, por error del SEPE, todos estos casos
serán notificados a los interesados y, a partir de entonces, tendrán 30 días hábiles para devolver el dinero
“sin recargos ni intereses si se hace en el plazo correspondiente”.

El beneficiario tiene 10 día para reclamar tras recibir la carta
del SEPE
, para aquellos que hayan solicitado el pago fraccionado, el
recargo será del 3,75%. El SEPE deberá contestar expresamente a la reclamación
previa en el plazo de 45 días. «En caso de no resolver la reclamación
en el plazo indicado, esta se entenderá denegada por silencio
administrativo
, lo que le permitirá al trabajador la presentación de
demanda ante la jurisdicción social
«.

El SEPE (Servicio Público de
Empleo Estatal), ha emitido una nota aclaratoria al respecto en su página
web donde insta a los
beneficiarios de esta percepción la necesidad de devolver los cobros
indebidos
 si no se quieren exponer a una sanción que podría
llevar aparejado el 20 por ciento de recargo.

“Aquellas
personas que hayan recibido cobros de forma indebida recibirán una notificación
para proceder a la devolución de estos cobros. Una vez que se haya notificado
este requerimiento, la persona interesada dispone de 30 días hábiles para realizar este trámite, sin recargos ni
intereses si se realiza en el plazo correspondiente.”

Es decir, que transcurridos los 30 días sin
que haya devuelto el cobro indebido el trabajador, y no se haya podido
compensar con el siguiente cobro o no se ha solicitado el fraccionamiento del
pago «se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por
la que se inicia la vía de apremio», y el trabajador se enfrentará a un
recargo del 20% sobre el importe original. En caso de solicitar un
fraccionamiento o aplazamiento después del plazo voluntario de 30 días, a la
cantidad adeudada también se le añadirán estos recargos. Lo mismo ocurrirá en
caso de compensación por ser nuevamente beneficiario de prestaciones.

La página web del SEPE tiene
un apartado llamado «Cobros
indebidos y reintegros
» donde se puede realizar la devolución del
importe reclamado por la Administración.

Enlace a Nota aclaratoria del SEPE en su página web



FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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Golpe fiscal para los nuevos jubilados afectados por Erte en la declaración de 2021

  • El
    contribuyente jubilado tiene una retención del 12% por el 36% del
    trabajador
  • La
    percepción de ingresos por parte de dos pagadores elevará el coste fiscal
    de la Renta en 2021

El más que probable alza
fiscal para los trabajadores que en este año han pasado por un Erte por el
impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral, dado que se verán
obligados a hacer la declaración de la Renta al año siguiente
por haber tenido dos pagadores con percepciones base superiores a 12.450 euros,
también se producirá para miles de nuevos pensionistas que este año se
jubilarán y, por tanto, saldrán de la población en edad de trabajar.

Todo proviene del juego
progresivo del IRPF y más concretamente de los últimos cambios en la escala del
impuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aún hoy vigentes.
En aquel momento, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy modificó a propuesta
de Cs el primer tramo del IRPF ampliando las reducciones por
rendimientos del trabajo hasta los 16.825 euros.

Esto, bajo una lógica de
subidas salariales moderadas, era una mejora fiscal importante para los
salarios más bajos, aquellos que no superan el siguiente tramo de IRPF, pero
solo aplicable en realidad a los que sí hacen la declaración. Sin embargo, este
tipo de subescalones se convierten en una trampa
mortal para el contribuyente
 cuando por un hecho excepcional su renta
aumenta de forma transitoria y al tener dos pagadores se ve obligado a hacer la
declaración, en casos como la pensión de jubilación o la prestación derivada de
una situación de desempleo o Erte cuyos porcentajes de retención mensual son
bajos.

Esta es la situación, por
tanto, a la que se enfrentan miles de trabajadores con los Ertes y no una menos
despreciable cantidad de personas que pasan a la jubilación. En el momento de
cobrar la pensión, el contribuyente experimenta una importante
reducción de su carga fiscal
. Según los datos de la Encuesta de Estructura
Salarial del INE, un hogar jubilado posee una renta anual bruta media de 23.190
euros, generando una base liquidable media de IRPF de 14.490 euros y
un pago promedio de impuesto sobre la renta de 2.855 euros.

Por tanto, el contribuyente
jubilado se enfrenta a una cuña fiscal del 12,3% -frente al
38,6% en la cohorte inmediatamente anterior a la jubilación-, la cual es
sensiblemente menor si llegada la edad de jubilación tiene todavía hijos en la
unidad familiar -cada vez más normal dada la tenencia cada vez más tardía de
hijos en España-. La rebaja puede llegar hasta el 9,8%. Pero lo más
llamativo es cómo proporcionalmente la mayor rebaja de fiscalidad la tienen los
mayores de 65 años (1,29 puntos menos frente a 1,18 entre 45 y 64 años o 0,9
puntos entre 30 y 44 años). Con una población que va envejeciendo a marchas
forzadas, el sistema fiscal sobre las rentas del trabajo (IRPF +
Cotizaciones) 
concede desde los 30 años una mayor rebaja fiscal por
tener hijos en función creciente con la edad, cuando debería ser lo contrario.
Por tanto, se incentiva la tenencia de hijos tardía en hogares cuyo cabeza de
familia sobrepasa los 45 años de edad, con lo cual la ventaja fiscal se alarga
hasta después de la edad de jubilación mientras esos hijos siguen estando en
casa.

Sin embargo, supóngase que en
el último año de vida en activo, un contribuyente con un salario bruto de
16.440 euros recibe de manera extra 564,29 euros anuales en concepto de extras
por el fin de su vida laboral. Dado que habría dos pagadores, de
ser un contribuyente que no estaría obligado a hacer la declaración de la Renta
dado que no llega al mínimo para ello, pasaría a hacer la declaración,
dejando de percibir más de la mitad de la reducción por rendimientos del
trabajo y, por tanto, que la subida de IRPF termine siendo más elevada que el
propio aumento del salario (736,54 euros).

Complementos salariales

Esta es la problemática de
medidas como los complementos salariales que establecen subtramos dentro de
cada tramo general, los cuales en momentos de bonanza económica perjudican
a los más jóvenes
 y en momentos de crisis, sí suponen un colchón
siempre y cuando previamente el contribuyente estuviera sujeto a hacer
declaración de IRPF. Es la situación que se le presenta a una buena parte de
los beneficiarios de los Ertes. Un trabajador sin hijos percibe una prestación
máxima de 13.200 euros, mientras que cuando tiene un hijo la cantidad sube a
15.048 euros y con dos o más hijos, 16.932 euros.

Aún hoy es prematuro evaluar
el efecto fiscal, ya que existe una enorme confusión estadística en torno a
los beneficiarios de Erte, pero sí debe dedicarse un capítulo
específico en el momento en que se tenga claridad en torno a cuántos
trabajadores se están acogiendo a esta medida, los cuales tendrán que realizar
su declaración de IRPF en 2021 incluso aunque no lleguen al mínimo a partir del
cual es obligatorio realizar la declaración de la Renta. Y muy especialmente a
aquellos que acaban pasando directamente a la jubilación, tanto si
esta es en su debido momento por los años cotizados como si es por anticipado.


Source: econsulting

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El Gobierno refuerza la protección de los clientes de créditos y tarjetas 'revolving'

Los clientes sabrán con más precisión el coste del préstamo y la deuda que tienen.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una Orden ministerial para aumentar la transparencia y la protección de los usuarios de créditos ‘revolving’ por la que las entidades tendrán que avisar al cliente cuando se produzca una ampliación del límite de crédito, proporcionar más información sobre el coste y el estado del préstamo y evaluar mejor la solvencia del usuario.

Los créditos ‘revolving’, habitualmente asociados a instrumentos de pago como las tarjetas, tienen una duración indefinida, se renuevan automáticamente y requieren del abono de una cuota fija periódica por parte del cliente.

La nueva norma incrementa la transparencia y mejora la información que las entidades deben proporcionar a los usuarios en todas las fases, de manera que podrán conocer las características del producto que van a contratar y saber con más precisión el coste del préstamo y la deuda que mantienen periódicamente con la entidad.

Entre las nuevas obligaciones de transparencia que incluye, destacan la información precontractual más detallada, en la que debe reflejarse un ejemplo representativo de crédito ‘revolving’ con dos opciones de cuota, e información trimestral en la que se especifique la evolución y situación de aspectos concretos del crédito, como el importe, fecha estimada de finalización del pago del préstamo si no se produjeran modificaciones en el contrato y diversos escenarios en función de la variación de la cuota mensual.

El prestatario tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento información sobre su préstamo, así como el cuadro de amortización o las cantidades satisfechas y pendientes. La entidad también tiene la obligación de informar previamente al prestatario de cada ampliación del límite de crédito no solicitado por el cliente, incluyendo la nueva cuota y la deuda acumulada.

 

Evitar el sobreendeudamiento

Por otro lado, para evitar una prolongación excesiva del crédito y un aumento de la carga final de la deuda, la norma mejora la evaluación de solvencia que realizan las entidades e introduce orientaciones específicas para asegurar la suficiente capacidad de pago del cliente a lo largo de vida de la operación sin incurrir en el sobreendeudamiento. En concreto, establece como orientación que el importe anual de las cuotas permita amortizar una cuantía mínima anual del 25% del límite de crédito concedido.

Asimismo, se incrementa la información que aporta la Central de Información de Riesgos del Banco de España, lo que permitirá que las entidades dispongan de una información más completa y en menor tiempo de los clientes, lo que redundará en la mejora del análisis de solvencia.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el objetivo de esta nueva regulación es «evitar un posible sobreendeudamiento y reforzar así la seguridad del mercado financiero y la protección de todos los consumidores». «A partir de ahora la contratación de este tipo de tarjetas y créditos será más transparente y con más información y una mayor protección del usuario», ha asegurado Calviño.

FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting

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UGT advierte contra el colapso de la atención física y telefónica de la Seguridad Social

El sindicato advierte que
esta situación puede generar «incertidumbre y frustración» por parte de las
familias solicitantes de ayudas como el Ingreso Mïnimo Vital, cuya situación es
muy grave.

Desde el sindicato UGT han
lanzado un serio aviso sobre la necesidad de «reforzar los recursos humanos y
materiales» de la Seguridad Social para evitar el colapso de la antención
presencial y telefónica de este organismo, a la hora de atender las solicitudes
de los ciudadanos. Lo que podría sembrar inquietud entre las familias que
pueden beneficiarse de las ayudas sociales, especialmente el reciente Ingreso
Mínimo Vital (IMV)

A juicio del sindicato, esta
sería la mejor forma de «reforzar» el denominado escudo social. Una inquietud
que ya han trasladado al Ejecutivo durante la reunión del Consejo General del
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

En este sentido, desde UGT,
han avisado de que esta situación ya esta teniendo lugar y que puede generar
sentimientos de «incertidumbre» y «frustración» en muchas familias, sobre todo,
aquellas que están solicitando el IMV «y que no pueden esperar más»

Source: econsulting

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Un juzgado avala un ERTE de fuerza mayor en base al testimonio de los empleados

El juez confirma el
expediente de regulación después de que fuera tumbado por la autoridad laboral.

Desde que acabó el estado de
alarma han sido varios los casos en los que los tribunales han tenido que
analizar ERTE que en un primer momento fueron tumbados por la autoridad
laboral. Y, en muchas ocasiones, los han acabado avalando. Ejemplo de ello es
la sentencia dictada recientemente por un juzgado de Burgos en la que ha
respaldado el expediente de regulación temporal de empleo que hizo una empresa
de ebanistería en base a las declaraciones de los trabajadores, que
constataron que no se estaba registrando ninguna actividad.

Según recoge el fallo, la
compañía presentó una solicitud ante la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León para hacer un ERTE de suspensión a sus cinco
trabajadores. El organismo, no obstante, lo denegó al entender que no se
cumplía la causa de fuerza mayor. Y es que la actividad de la empresa no estaba
incluida dentro de las funciones que quedaron suspendidas por el real decreto
que promulgó el estado de alarma.

 

Falta de encargos

La jueza revoca esta decisión
al considerar que, aunque la ley permitía realizar funciones de ebanistería
durante el confinamiento, esta actividad se ha visto anulada por las
circunstancias generadas por la pandemia.

Para afirmarlo, se apoya en
los testimonios de los propios trabajadores, que confirmaron “con
total espontaneidad, sinceridad y congruencia” que la empresa se
encontraba completamente paralizada debido a la falta de nuevos encargos y a la
anulación de los existentes.

La plantilla contó que,
durante el confinamiento, no pudieron trabajar con normalidad ya que tanto
empresas como particulares cancelaron sus pedidos porque o bien tenían las
oficinas cerradas o bien por miedo al contagio.

En este sentido, la jueza
recuerda una de las órdenes publicadas por el Ministerio de Sanidad en el mes
de marzo en la que se prohibió toda clase de obra en casas habitadas a no ser
que fueran de carácter urgente. Asimismo, los empleados relataron que tuvieron
problemas de suministro de materiales esenciales.

Por todo esto, la jueza
confirma el ERTE al considerar que hubo causa de fuerza mayor parcial “por
cuanto la pérdida de la actividad de la empresa ha tenido carácter inevitable y
hubo una imposibilidad objetiva de continuar prestando servicios debido al
Covid-19”.


FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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El PIB español registró una caída del 18,5% en el segundo trimestre

La
economía española ha entrado en recesión técnica al sumar dos
trimestres consecutivos con caídas del PIB. En el segundo trimestre la
contracción
con respecto al primero fue un histórico 18,5% y en
términos interanuales fue del 22,1%, también una tasa inédita. La
del periodo abril-junio es la mayor caída trimestral en la serie
histórica que maneja el INE y que arranca en 1970. Hasta ahora, los
mayores retrocesos trimestrales del PIB habían sido el del primer
trimestre de este año (-5,2%) y el del primer trimestre del 2009 (-2,6%).

Ana
de la Cueva,

secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha valorado el avance de
Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) con
un desplome del 18,5% del PIB en el segundo trimestre
del año, reconociendo que esta caída corresponde con los momentos «más
duros» de la hibernación, siendo hasta ahora el peor resultado de la serie
histórica.

La debacle que reflejan los
datos INE en el periodo en el que España se encontraba en estado
de alarma
 y la máxima dureza de la pandemia del
coronavirus, 
 el confinamiento y la paralización
general de la actividad.
Sin embargo,
reconoce De la Cueva que los datos están «en línea» con las
previsiones del Gobierno y avanza una «recuperación gradual»
desde el mes de mayo. 

Asegura
la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa que los datos de
las últimas semanas «van
mostrando cómo se va produciendo la reactivación de la economía». Además,
reconoce que, tal y como justifica el INE, hay «dificultades
»
para hacer previsiones. 

En
términos interanuales la caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 ha sido del
22,1%, frente al descenso del 4,1% del primer trimestre. Es decir, el PIB a
precios corrientes retrocede 14 años, según el INE, situándose en su nivel más
bajo desde el segundo trimestre de 2006. Por sectores, el descenso interanual
fue del 29,9% en la construcción, el 23,8% en la industria, el 22% en los
servicios y solo la agricultura experimenta un repunte, del 7,4%.

Enlace
al informe INE:
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0220a.pdf


FUENTE: ADADE CENTRAL

Source: econsulting

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A partir del 4 de agosto las notificaciones por Lexnet vuelven a caducar a los 60 días


El estado de alarma hizo que se ampliara hasta a 120 días la caducidad de los
mensajes enviados por LexNET


La caducidad de los mensajes en LexNET vuelve a ser, a partir del 4 de agosto,
de 60 días

Una de las medidas adoptadas
durante el estado de alarma, de cara a facilitar el trabajo a letrados y
procuradores, fue la de ampliar el período de vigencia de los mensajes y acuses
en los buzones de los destinatarios, siempre y cuando se hubieran emitido con
posterioridad al 31 de enero de 2020, de 60 a 120 días.

Con el restablecimiento de la
actividad y el cese del estado de alarma, y al objeto de evitar mensajes
atrasados que pueden ocasionar problemas en el sistema, LexNET informa que a
partir del próximo 4 de agosto, los mensajes volverán a tener una vigencia, tal
y como dispone el 
RD 1065/2015.

 

Source: econsulting