El ICAC adapta la regulación contable a la normativa de información financiera de la UE

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El ICAC adapta la regulación contable a la normativa de información financiera de la UE

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto el trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad (PGC) y sus disposiciones complementarias, para avanzar en la adaptación de la regulación contable de España a los criterios contenidos en dos normas internacionales de información financiera adoptados por la Unión Europea (NIIF-UE). También ha abierto dicho trámite para el proyecto de real decreto para la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC).
El Ministerio de Economía y Empresa explica que las disposiciones del Plan General de Contabilidad afectan a dos áreas muy significativas, como son la contabilización de los instrumentos financieros y el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios.
La convergencia normativa supone una mejora de la calidad de la información financiera en estas áreas, tras la experiencia acumulada a nivel internacional. Las modificaciones del PGC se aplicarán a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 por las empresas no financieras.
Con este proyecto, se mantiene la estrategia de armonización contable española con las normas europeas de acuerdo a los principios de simplificación y proporcionalidad, considerando las características y actividades desarrolladas por las empresas que aplican el Plan General de Contabilidad, que no pertenecen al sector financiero.
La elaboración del proyecto se realizó por un grupo de trabajo en el que han formado parte expertos y profesionales relacionados con la futura aplicación de la norma: empresas, auditores, catedráticos de contabilidad e instituciones públicas (Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Banco de España, CNMV, DGS e IGAE).
El proyecto recibió el informe favorable del Consejo de Contabilidad del ICAC, órgano donde quedan representadas la mayoría de esas instituciones.
Desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría de Cuentas
Igualmente, el ICAC ha abierto el trámite de audiencia pública del proyecto de real decreto para la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), cuyas modificaciones entrarán en vigor, con carácter general, a partir del próximo 1 de julio.
El objetivo principal de este desarrollo reglamentario es incrementar la garantía y seguridad para interpretar y ejecutar las disposiciones que se establecen en la ley. Según el Ministerio de Economía, este incremento de la seguridad jurídica redundará en una mejor ejecución y realización de los trabajos de auditoría, en el mejor cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la norma y, por consiguiente, en una mayor fiabilidad de la información que se audita.
Con la nueva regulación se busca proteger la función de interés público que desempeña la auditoría de cuentas al afianzar su calidad. Para ello, se desarrollan, entre otros, los aspectos relacionados con el deber de independencia y las medidas que deben adoptar los auditores para salvaguardarla, y se precisan las normas que limitan la concentración de honorarios respecto a una entidad auditada.
Asimismo, se desarrollan los principios que deben seguir los procedimientos y sistemas internos de los auditores y sociedades de auditoría para que cuenten con una «sólida» organización interna. Con ello, se asegura la efectiva aplicación del principio de responsabilidad proactiva que incorpora la ley que se desarrolla.
Finalmente, la nueva regulación desarrolla también las disposiciones específicas para los auditores de menor tamaño en cumplimiento de las habilitaciones contenidas en la ley.
Para su elaboración, se han mantenido numerosas reuniones con representantes de las corporaciones representativas de los auditores, debatiéndose pormenorizadamente su articulado.
FUENTE:DISJUREX

Source: econsulting

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El ICAC adapta la regulación contable a la normativa de información financiera de la UE

Australia instala seis paneles solares al minuto y, por eso mismo, las renovables australianas están a punto de morir de éxito

«Australia debería estar exportando sol». Eso defendía, hace unos días y en horario de máxima audiencia, el economista Jeffrey Sachs, profesor de Columbia, asesor de la ONU y uno de los mayores expertos en economía del desarrollo. Razón no le faltaba. El éxito de la energía solar australiana es tan rutilante que está a punto de romper el sistema eléctrico del país.

En el país oceánico se instalan seis paneles solares cada minuto, el equivalente a una nueva central eléctrica de carbón cada año. Si la tendencia sigue así, es cuestión de tiempo que la red eléctrica no pueda manejar tanta electricidad solar. Australia se está dando cuenta, de la peor forma posible, que apostar por las renovables va mucho más allá de conectar paneles solares a la red.

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Programas de compliance para evitar responsabilidad penal de la empresa

El TS, en sentencia condenatoria por administración desleal, señala que es importante introducir programas de compliance en la empresa, como conjunto de normas de carácter interno, establecidas a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.
La Sala confirma la condena  al ex administrador de una sociedad que cometió diversas irregularidades al considerar plenamente acreditada la autoría del acusado de las conductas puestas a su cargo por parte de las acusaciones, que se proyectó en una doble vertiente afectante a los fondos de la sociedad y a los intereses societarios, que incorporan cada una de ellas, todos los elementos del injusto que se describen en el art. 252 y art. 295, respectivamente, del Código penal en su redacción vigente al tiempo de los hechos.
El acusado, durante el tiempo que duró su cargo, como la domiciliación de sus gastos personales y familiares en la cuenta de la sociedad o el desvío de fondos de ésta a su cuenta bancaria personal, a 4 años de prisión por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, además de a indemnizar a la sociedad con más de 2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Por otra parte, a pesar de que no se enjuicia la responsabilidad de la persona jurídica, el TS señala la importancia de que en éstas se implanten programas de cumplimiento normativo para evitar:
– la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados (casos de ilícitos penales ad extra), que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son sujetos pasivos por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc;
– la comisión de  los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra, que, aunque no derivan la responsabilidad penal a la empresa, sí que permiten obstaculizar su comisión.
STS Sala 2ª de 28 junio de 2018. EDJ 2018/513444
FUENTE: ACTUALIDAD MEMENTOS SOCIAL

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La impresora dice que es una actualización de seguridad, en realidad es un bloqueo para los cartuchos genéricos

La impresora dice que es una actualización de seguridad, en realidad es un bloqueo para los cartuchos genéricos

Entre finales de 2016 y principios de 2017, muchos usuarios de una impresora Epson recibieron un mensaje alertándoles de que había una actualización de seguridad disponible para el firmware de su impresora. Tras proceder a la instalación y al querer volver a utilizar la impresora, un mensaje les alertaba de que los cartuchos de tinta no podían utilizarse. Eran cartuchos genéricos y no de Epson.

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Cálculo indemnización por despido cuando hay contratos temporales

El TS declara que siendo único el despido, procederá el abono de la indemnización correspondiente a la calificación de improcedencia, y no la relativa a la extinción reglada de un vínculo temporal, de manera que la indemnización ya abonada por el empleador deberá detraerse de la correspondiente al parámetro indemnizatorio preceptuado para el despido improcedente.
Los trabajadores prestaron servicios para el ayuntamiento en virtud de sucesivos contratos temporales para obra o servicio determinado, desarrollando siempre las mismas funciones. En 2013, el ayuntamiento notificó la finalización de sus contratos por fin de los programas a los que estaban adscritos. A la finalización de cada contrato temporal, el ayuntamiento abonaba la correspondiente indemnización.
La principal cuestión planteada consiste en determinar, en el caso de encadenamiento fraudulento de contratos temporales que son declarados indefinidos judicialmente, la procedencia o no de deducir de la indemnización por despido improcedente las indemnizaciones ya percibidas por finalización de los contratos temporales suscritos.
La Sala, aplicando su propia doctrina, rechaza tal posibilidad puesto que para que dos deudas sean compensables, es preciso que las dos estén vencidas, sean liquidables y exigibles. Las cantidades que se pretende compensar con parte del importe de la indemnización por despido, fueron satisfechas por el empleador por la extinción de los contratos temporales, que posteriormente se han declarado celebrados en fraude de ley. Por ello, no generaron ninguna deuda del trabajador a la empresa, e inexistente la deuda, no procede compensación alguna.
No obstante, este criterio debe ser matizado. Considera que la minoración ha de operar sobre la indemnización abonada por la extinción del último contrato temporal respecto de la indemnización abonada por despido improcedente a fin de evitar duplicidad. La ruptura final del vínculo no se produce por la extinción regular del contrato temporal sino por un despido improcedente para el que se establece una indemnización superior y en cuyo cómputo se integra el período de prestación de servicios correspondiente al último contrato.
La decisión de cese adoptada por el empleador es única y no debe llevar aparejado un sumatorio de indemnizaciones. Siendo único el despido, procede el abono de la indemnización correspondiente a la calificación de improcedencia y no la relativa a la extinción de un vínculo temporal de manera que lo ya abonado debe detraerse de la correspondiente al despido improcedente.
Por tanto, se estima parcialmente el recurso a fin de resolver que de las sumas indemnizatorias declaradas se deduzcan las cantidades abonadas por la extinción del último de los contratos suscritos por cada trabajador con el ayuntamiento.
STS Sala 4 Pleno de 20 junio de 2018. EDJ 2018/517982
FUENTE: ADN SOCIAL

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Cálculo indemnización por despido cuando hay contratos temporales

La impresora dice que es una actualización de seguridad, en realidad es un bloqueo para los cartuchos genéricos

Entre finales de 2016 y principios de 2017, muchos usuarios de una impresora Epson recibieron un mensaje alertándoles de que había una actualización de seguridad disponible para el firmware de su impresora. Tras proceder a la instalación y al querer volver a utilizar la impresora, un mensaje les alertaba de que los cartuchos de tinta no podían utilizarse. Eran cartuchos genéricos y no de Epson.

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Relación abogado-cliente: responsabilidad por negligencia

El TS establece que en la relación jurídica abogado-cliente, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato debe ajustarse a la diligencia media razonablemente exigible según su naturaleza y circunstancias y la responsabilidad por negligencia o morosidad concurre cuando, producido objetivamente el incumplimiento, el obligado no acredita, si, como normalmente ocurre, está en su mano haber actuado con el grado de cuidado exigible con arreglo a dichas circunstancias y haber concurrido circunstancias imprevisibles o inevitables que impidieron el cumplimiento en los términos convenidos.
Se centra la cuestión en determinar si el cliente había encargado al abogado dos procedimientos, sobre reclamación de metros cuadrados usurpados y otro de paralización de obra que causaba grietas en su propio inmueble, los cuales estaban relacionados con el encargo de anular un contrato de permuta.
La Sala considera que el deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la «lex artis», esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado.
Así, se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos.
En el presente caso, habiéndose concertado un contrato de encargo de servicios profesionales, relativo a la resolución del contrato de permuta, ello conlleva extremar el celo interpretativo en relación con otras acciones ejercitadas por el letrado al margen de dicho encargo profesional (art. 1544 del Código Civil), pudiendo acreditarse que el encargo efectuado al abogado es más amplio que el contenido en el contrato escrito.
Por tanto, el abogado no incumplió las obligaciones contratadas, dado que este respetó el compromiso de defender los intereses de su cliente al que tuvo informado de las acciones ejercitadas, las que se plantearon con el conocimiento y consentimiento del cliente, concurriendo conexión entre las pretensiones del cliente y las demandas y recursos interpuestos, cuya dirección se desarrolló bajo el dictado de la «lex artis», es decir, con arreglo a una adecuada práctica profesional de la abogacía.
STS Sala 1ª de 6 junio de 2018. EDJ 2018/529094?
FUENTE: ESPACIO ASESORÍA

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La Asesoría AUFYCON de Málaga se incorpora a la red ADADE/E-consulting

El prestigioso despacho del economista-auditor de Málaga, D. José Luís Gallardo, AUFYCON, se incorpora a la Red de Adade/E-Consulting
AUFYCON ofrece servicios de Asesoramiento fiscal y contable a empresas y autónomos, auditorías, confección de nóminas y seguros sociales, administraciones de fincas y gestión de comunidades. Su administrador D. José Luis Gallardo, cuenta con una dilatada experiencia dentro de la asesoría.
Con su incorporación a ADADE/E-Consulting, AUFYCON pretende ampliar sus servicios, con Protección de Datos, PBC, Compliance, etc., con el fin de mejorar y como consecuencia ofrecer un mejor servicio a sus clientes y aprovechar las sinergias positivas que le ofrece esta unión y como no ampliar su capacidad en el área internacional.
Todo ello contando con las importantes herramientas de formación, bases de datos, circulares, novedades legislativas, foros temáticos, etc. lo que nos permitirá contar con una importante actualización de nuestros profesionales así como ofrecer un servicio de valor añadido a nuestros clientes.
D. José Luis Gallardo y Anna Calduch en el momento de la firma


Equipo de AUFYCON, con José Luis Gallardo al frente

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El Congreso reconoce el derecho a la desconexión digital

Los trabajadores no podrán «ser molestados fuera de los horarios de trabajo». La Ley de Protección de Datos incluirá un apartado sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas.
La Ley de Protección de Datos que tramita el Congreso ha incorporado a su redacción el reconocimiento del llamado derecho a la desconexión digital a trabajadores y empleados públicos con el fin de garantizar de que estos no tengan que atender a cuestiones relacionados con su empleo en momentos de descanso, permisos y vacaciones. 
Concretamente, el artículo recogido en la ley y al que ha tenido acceso a Europa Press establece que «los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal o familiar».
La ley, además, contempla que el empresario elabore una política interna dirigida a los trabajadores, directivos incluidos, para definir tanto la forma en la que se ejerce este derecho a la desconexión, como acciones de formación y de sensibilización del personal «sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática».
«En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas», apostilla.
Por otro lado, se establece que la forma de ejercer este derecho será conforme a lo acordado en el marco de la negociación colectiva, o entre empresa y representantes de los trabajadores, atenderá a «la naturaleza y objeto de la relación laboral» y «potenciará el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar». 
Ley de garantía de los derechos digitales 
La medida forma parte de un nuevo título de la norma, que añade 21 nuevos artículos bajo el epígrafe de Garantía de los derechos digitales. Un título que, además, acompañará al propio nombre de la ley, inicialmente bautizada como Ley de Protección de datos. El proyecto de ley ha sido ya aprobado en fase de ponencia y pasará la próxima semana a la Comisión de Justicia.
En palabras de uno de sus ponentes, el diputado socialista Artemi Rallo, la ley incluirá «un catálogo de derechos digitales» y que, concretamente con este artículo se busca «reconocer el derecho de todos trabajadores de no ser molestados fuera de los horarios de trabajo».
«Somos muy conscientes de que hay una realidad social en la que las relaciones personales, familiares, y la necesidad de conciliar vida laboral y familiar, están bastante afectadas por el uso del teléfono y dispositivos digitales que se hace derivado de las obligaciones laborales», subraya.
El reconocimiento del derecho a la desconexión no sólo se recogerá en esta ley, sino que además se llevará, junto con otros derechos digitales reconocidos en la nueva norma, al propio Estatuto de los Trabajadores y al Estatuto Básico del Empleado Público.

Derecho a la intimidad en el móvil y el ordenador de trabajo
Además del derecho a la desconexión digital, ambas normas fundamentales reconocerán el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición en la empresa y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.
Así, la futura regulación establece autoriza al empresario a acceder a estos dispositivos facilitados al trabajador dentro de unos límites. El empleador únicamente podrá acceder a contenidos derivados del uso de medios digitales «a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos».
Asimismo, subraya que los criterios de utilización de estos dispositivos debe respetar «los estándares mínimos de protección» de la intimidad del trabajador «de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente», y que los trabajadores deben ser informados de los mismos.
En el caso concreto de que haya admitido el uso privado en dispositivos digitales, para acceder a los mismos será necesario especificar «de modo preciso los usos autorizados» y que «se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados».
FUENTE: CINCODÍAS

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El Congreso reconoce el derecho a la desconexión digital

Este material se repara a sí solo, pero al hacerlo además reduce los niveles de CO2

Un grupo de investigadores del MIT ha desarrollado un nuevo material que puede recolectar el dióxido de carbono del aire y utilizarlo para reforzar su estructura o autorepararse.

Este compuesto combina diversos elementos con un componente clave: los mismos cloroplastos de las plantas, que precisamente se encargan de catalizar la luz durante la fotosíntesis. Estos elementos son claves para un proceso sorprendente y que además ayudaría a reducir los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera.

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