La jubilación del autónomo empresario

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La jubilación del autónomo empresario

Xiaomi Mi Box S, el exitoso set-up box se actualiza con mejor sonido y accesos directos a Google Assistant y Netflix

A inicios de este 2018, Xiaomi presentó en China un par de actualizaciones para su exitoso Mi Box, los Mi Box 4 y 4c, que cambiaban en diseño y añadían funciones como inteligencia artificial y mejoras en la reproducción de sonido. Pues ahora, después de varios meses, tenemos la versión internacional de este set-up box que será conocido fuera de China como Xiaomi Mi Box S. Leer más

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La jubilación del autónomo empresario

En el momento en el que un trabajador autónomo llega a su jubilación surgen diferentes dudas debido a las modalidades de jubilación a las que puede optar, a continuación se explican.
La jubilación de los autónomos que siguen ejerciendo una actividad productiva genera frecuentemente dudas porque las fórmulas son variadas, así como el porcentaje de pensión al que tiene derecho de percibir. Las formulas son las siguientes, existiendo dudas y controversia en algunas de ellas.
Jubilación activa

Así se llama la fórmula a la que pueden acogerse tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos y que consiste en cobrar la mitad de la pensión a la que tiene derecho en el momento de la jubilación y continuar laboralmente activo. Es necesario haber accedido a la pensión a la edad reglamentaria sin bonificaciones y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%. Es decir, se trata de una opción que excluye el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos y exige haber cumplido la edad ordinaria de jubilación a menos que se tenga ya derecho a la pensión completa. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o parcial. Cuando el contrato termine y se produzca el retiro total y definitivo, percibirá el 100% de la pensión a que tenga derecho.
Jubilación con ingresos limitados

Los autónomos exclusivamente pueden realizar algunos trabajos por cuenta propia siempre que los ingresos anuales no superen el SMI (salario mínimo interprofesional) en cómputo anual, es decir, 10.302 euros en 2018.
Pensión de jubilación y envejecimiento activo
De esta manera denominó la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo un nuevo sistema de jubilación que se concretó en su disposición final quinta, la cual reformó los apartados 2 del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). Este apartado asegura que la jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia del pensionista y «la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%».
En principio, esta reforma parece dejar claro que el autónomo tiene derecho a compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia (es decir cuando ejerza de empresario) en un 50%, porcentaje que sería el 100% cuando tenga contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, más recientemente han surgido dudas sobre si es posible recibir a totalidad de la pensión en todos los casos en los que el autónomo cree al menos un puesto de trabajo. El pasado 25 de julio la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) emitió un comunicado diciendo que el «criterio por el que se establece que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el pensionista que quiera compatibilizar el 100% de la cuantía de la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia debe enmarcarse en la actividad que dé lugar a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)». Es decir, que el trabajador contratado por el autónomo pensionista «debe enmarcarse» en la misma actividad que ejerce el autónomo contratante. Por ejemplo, si éste tiene un restaurante, el empleado podrá ser cocinero o camarero y entonces el empresario individual recibiría el 100% de la pensión, pero se quedaría en el 50% si el empleo creado recae en una señora de la limpieza. De hecho, el criterio comunicado por la DGOSS invalida de forma expresa la posibilidad de que el contrato se realizase a favor de una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.
Pensión del empresario societario

La fórmula anterior parece clara cuando el autónomo ejerce la actividad económica como empresario individual, tributando por tanto en el IRPF, si bien surgen dudas sobre las limitaciones señaladas respecto al tipo de funciones que realiza el empleado si se pretende recibir la totalidad de la pensión. No obstante, las dudas son mayores si el autónomo administra una sociedad, es decir, cuando ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma de sociedad. Se trataría del llamado autónomo societario. En este caso, los criterios son variados y contradictorios en muchos casos. En primer lugar, para la Seguridad Social y siguiendo el criterio del comunicado antes mencionado, aunque el autónomo societario esté encuadrado el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), nunca puede cumplir el requisito de tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena porque en realidad lo contrata la sociedad, que tiene su propia personalidad jurídica. En consecuencia, al autónomo societario solo puede reconocérsele la compatibilidad en un 50%, pero no en el 100%.
Sin embargo, la sentencia emitida el pasado 18 de julio por el juzgado de lo social número 3 de Oviedo reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. En el caso juzgado, cuando el demandante llegó a la edad de jubilación, la SS denegó al autónomo la pensión completa por no tener trabajadores contratados a su nombre, aunque sí le reconoció el 50% de la prestación. No obstante, la sentencia afirma que la interpretación hecha por la SS es «contraria a la finalidad legislativa misma de la Ley (de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), además de no ser resultante del tenor literal de la norma». En consecuencia, la magistrada ha decidido otorgar al autónomo societario la pensión de jubilación activa al 100% de su base reguladora y además al abono de los atrasos correspondientes.
Esta sentencia argumenta además, que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) establece en una consulta fechada a 21 de marzo de 2018, que a los autónomos societarios incluidos en el RETA se les debe aplicar lo establecido la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en octubre de 2017. Según este criterio, los autónomos que hayan celebrado contratos por cuenta ajena en su condición de empresarios, aunque quien contrate sea la sociedad respectiva, pueden acceder a la jubilación activa porque la contratación la formaliza el administrador societario. No parece razonable, argumenta la consulta, que, estando incluido en el RETA precisamente por ser administrador de la sociedad, se le exija realizar la contratación del trabajador por cuenta ajena como persona física o empresario individual.
FUENTE: DISJUREX

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Exención de vivienda habitual y trabajadores desplazados

El TSJ Madrid declara que la exención de la vivienda habitual en la imputación de rentas inmobiliarias no es de aplicación a los no residentes que han optado por tributar bajo el régimen de trabajadores desplazados.
La Administración dicta una liquidación con imposición de sanción relativa al IRNR frente a una persona física, que trae causa en la autoliquidación presentada por este, bajo el régimen de trabajadores desplazados, en la cual considera que el inmueble de su propiedad constituye su residencia habitual. A efectos de la imputación de la renta inmobiliaria, se remite a la LIRPF, que excluye de tributación a esta.
La cuestión controvertida es si la exclusión de imputación de rentas del capital mobiliario de la vivienda habitual establecida en el ámbito del IRPF es asimismo aplicable por remisión al IRNR.
El Tribunal entiende que tienen la consideración de rentas obtenidas en España, entre otras, las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos sitos en España no afectos a actividades económicas. La base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por IRNR obtienen sin mediación de EP está constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas de la LIRPF. Asimismo, el recurrente añade que, en el caso de personas físicas no residentes, la renta imputada de los bienes inmuebles situados en territorio español se determina con arreglo a lo dispuesto en el art. 85 LIRPF.
Sin embargo, la AEAT sostiene que el contribuyente ha optado por tributar en el régimen de trabajadores desplazados, lo cual le aporta un beneficio que no puede ser interpretado de forma extensiva, por lo que la exención en la imputación de rentas por inmuebles que constituyen su vivienda habitual no puede ser de aplicación.
Considera la Sala que la exención solo opera en el supuesto de que el sujeto pasivo tenga la condición de residente en España y sea contribuyente por el IRPF en el período controvertido. Adicionalmente, señala el Tribunal que la remisión que hace la LIRNR a la normativa del IRPF solo se hace a efectos del cómputo de la base imponible, sin mencionar beneficio fiscal alguno. Por último, y dado que, como se acaba de señalar, se trata de un beneficio fiscal, no cabe la analogía, impedida a este respecto por el art. 14 LGT.
STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 abril de 2018. EDJ 2018/103360
FUENTE: ACTUALIDAD MEMENTOS FISCAL

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Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Hoy Intel presentó al mundo su novena generación de procesadores con bombo y platillo, tanto así que aseguran que el Core i9-9900K es «el mejor procesador para gaming del mundo». Como vemos, Intel parece estar orgullosa de sus nuevos micros, ya que han logrado buenas mejoras que en el papel lucen bien, pero ahora nos enteramos que además, son los primeros en contar con nuevas protecciones vía hardware para Spectre y Meltdown. Leer más

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Las exenciones del IVA en España son el 60% de la recaudación potencial

El fisco pierde casi 2.000 millones de euros por fraude o retrasos en los pagos
España es el país de Europa en el que más exenciones y tipos reducidos de IVA existen, con lo que de forma legal el fisco del país deja de ingresar un 60% de la recaudación potencial máxima, según datos de un informe de la Comisión Europea en el que ha participada el Institut d’Economia de Barcelona (IEB) con datos del 2016. En el informe se destaca que en el caso de España ese mayor volumen de exenciones se debe en parte a que en las islas Canarias, Ceuta y Melilla no se paga IVA. En esos territorios se paga otro impuesto al consumo que es algo ­inferior.
Un tercio de los 150.000 millones de pérdida de ingresos en Europa es culpa de delincuentes
De ese casi 60% que se pierde por recaudación, un 46,7% corresponde a las citadas exenciones, y el 12,8%, a menores ingresos por tipos reducidos de IVA. El investigador del IEB José María Durán, que participó en el estudio, señala que en las pérdidas de IVA es porque se paga un tipo reducido en algunos alimentos, productos de higiene y salud o servicios médicos, por ejemplo. Durán recuerda que ese tipo de IVA reducido o superreducido que persigue abaratar productos de primera necesidad es para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, por lo que quizás otras medidas sobre el IRPF serían “más eficaces”.
El informe de la Comisión también analiza la “brecha fiscal” que significa qué porcentaje de la recaudación fiscal de IVA se pierde esencialmente como consecuencia del fraude. En este caso, España muestra un porcentaje de brecha fiscal entre los más bajos del conjunto de la UE al situarse en el 2,7% de su recaudación potencial. La media europea está en el 12,3%. La cifra del informe sitúa en 1.996 millones de euros el volumen de ingresos que dejan de recaudarse en España por diversas razones como el citado fraude, la elusión fiscal o el retrasos en el pago.

Exenciones fiscales y brecha fiscal
España ha reducido esa brecha fiscal desde el 12% que tenía en el 2013 hasta el citado 2,7%. Según Durán, la reducción de la brecha fiscal se puede explicar por tres grandes razones: el crecimiento económico alto de los últimos años en España, la estructura productiva del país y el modelo fiscal impuesto por el Gobierno.
Los 2.000 millones de menor recaudación en el IVA está muy lejos de otras estadísticas que cifran el fraude fiscal y la economía sumergida en el 23%. Durán explica que el informe no ha bajado a los detalles micro y se ha hecho de forma genérica para toda Europa. En el conjunto de los países de la Unión Europea, la pérdida de recaudación es de 147.146 millones, lo que equivale al 1% del PIB. De esa cantidad, alrededor de un tercio se debe a fraude fiscal. El comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, explicó ayer en un comunicado que “sigue sin ser aceptable una pérdida para los presupuestos nacionales de 150.000 millones de euros al año, sobre todo cuando 50.000 millones se van a parar al bolsillo de delincuentes, timadores y probablemente hasta terroristas”. Moscovici explicó que algunas empresas compran productos sin IVA en un país de la UE y lo venden en otro con IVA, pero no ingresan el impuesto que pagan sus clientes en ninguno de los dos países.
FUENTE: LA VANGUARDIA

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Me ofrecen un plan de ‘stock options’: ¿cómo tributan?

La retribución variable con acciones como incentivo es cada vez más frecuente.
Cada vez es más común escuchar a algún amigo decir que su empresa le ofrece acciones como parte de su retribución variable. Los planes de stock options son una forma de pago en especie que las grandes compañías suelen aplicar para complementar la parte variable del sueldo que ofrecen a sus trabajadores, especialmente a los directivos.
Esta forma de pago se popularizó en Estados Unidos en la década de los noventa y hoy sigue siendo muy común entre los altos cargos de las multinacionales que cotizan en bolsa. Mediante la entrega de acciones, las compañías lo que hacen es ofrecer a sus trabajadores el derecho a comprar un paquete de acciones de la propia entidad, a un precio fijado con anterioridad, que suele ser inferior al de mercado (y puede llegar, incluso, a ser de cero euros).
Los planes de stock options surgieron para fidelizar e incentivar a los empleados de una forma en la que tanto la empresa como el empleado ganen. El objetivo de esta fórmula de retribución es conseguir que los intereses de los empleados vayan de la mano con el de la compañía -los accionistas y propietarios-. Es decir, la entidad espera que con la entrega de acciones los trabajadores contribuyan a que sus resultados mejoren y su valor en bolsa suba, de forma que las dos partes se vean beneficiadas.
La fiscalidad de las stock options
A efectos fiscales, el plan de stock options tiene dos valoraciones: en el momento en el que ese ejercita el plan -se entiende que el empleado ejecuta las opciones cuando el precio de las acciones es inferior al de mercado en un momento predeterminado- y cuando se venden las participaciones.
Cuando se ejerce el derecho de comprar las acciones, hay que tributar en la base general como rendimientos del trabajo por la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el precio de ejercicio, que es la cantidad que paga el empleado para comprar esas acciones -en algunos casos no paga importe alguno-. Esta cuantía constituye la retribución en especie y, por otro lado, la base para realizar el ingreso a cuenta correspondiente.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que, cuando se cumplen una serie de requisitos, dicha retribución en especie está sujeta a una exención máxima anual de 12.000 euros:
1. Que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa o, en su caso, del grupo o subgrupo de sociedades. Con todo, en este requisito hay una excepción, y es que la empresa puede exigir a sus empleados una antigüedad mínima para poder acceder al plan de retribución.
2. Que los trabajadores -conjuntamente con sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado- no tengan una participación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o cualquier otra del grupo superior al 5%.
3. Que las acciones se mantengan al menos 3 años desde que se han ejecutado.
Adicionalmente, existe la posibilidad de obtener un rendimiento reducido, que es el resultado de minorar el rendimiento íntegro en un 30% (con un máximo de 300.000 euros).
Para poder aplicar esta reducción se tienen que cumplir dos supuestos: que los planes no se concedan de forma anual y que se ejerciten transcurridos más de dos años desde su concesión, siempre que su pago no se fraccione. Aquí hay que tener en cuenta otra serie de excepciones y que cuando se el rendimiento abarca los 700.000 y 1.000.000 euros, la reducción se va minorando.
¿Cómo se aplica la reducción del 30%?
Supongamos que un inversor recibió hace tres años un paquete de stock options de su compañía, que le permitía comprar a 20 euros 500 acciones y que ahora que ya puede ejercitar las opciones, la acción cotiza a 100 euros. Vamos a calcular el impacto fiscal de este contribuyente, considerando que cumple todos los requisitos para aplicarse la exención de 12.000 euros y el rendimiento reducido y suponiendo que su tipo marginal asciende al 45%. Así, el rendimiento por el que tendría que tributar el trabajador es:
– Rendimiento total: 500 * (100-20) = 40.000 euros.

– Exención: – 12.000 euros.

– Reducción: 30% * (40.000 – 12.000) = 8.400 euros.

– Impuestos a pagar: (28.000 euros – 8.400 euros) * 45% = 19.600 * 45% = 8.820 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 40.000 – 8.820 = 31.180 euros.

¿Por cuánto tiene que tributar?

Por último, y desde el punto de vista de los impuestos, hay que hablar del impacto de la venta de acciones. Cuando el empleado -que previamente ha ejecutado el plan- decide vender sus acciones, puede obtener una ganancia o pérdida patrimonial, que tendrá que declarar en su IRPF. Deberá tributar en la base del ahorro por la diferencia entre la cotización de la acción el día de la venta y la cotización de esta el día de la ejecución de las stock options.
Continuando con el ejemplo anterior, si el inversor vende las acciones a 120 euros, el impacto fiscal sería el siguiente:
– Ganancia patrimonial = 500 * (120-100) = 10.000 euros.

– Impuestos a pagar: 6.000 * 19% + 4.000 * 21% = 1.980 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 500 * 120-1.980 = 58.020 euros.

FUENTE: CINCODÍAS

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Una ley de contratos públicos para que pymes y grandes empresas compitan en igualdad

La nueva norma cumple seis meses. Antes de la reforma, solo el 25% de las pequeñas firmas podía licitar.
Cuando se trata de acceder a contratos públicos, las pequeñas empresas no lo tienen fácil. Hasta el pasado mes de marzo, el 70% de las licitaciones se repartían, únicamente, entre una decena de empresas, dejando sin oportunidad a emprendedores y pymes.
“En la actualidad, los mercados de contratación pública son un elemento imprescindible para la actividad de las empresas”, confirman desde la patronal Cepyme, y añaden: “De hecho, la participación de los mismos sobre el PIB representa alrededor del 15%, es decir, aproximadamente 160.000 millones de euros”.
“Los mercados de contratación pública son imprescindibles para la actividad de las pymes”
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que cumple ahora seis meses, ha cambiado por completo el panorama y permite a las pymes, ahora sí, competir de tú a tú con las grandes compañías.
Para Carlos Ruiz, director de economía de Cepyme, “dentro de las medidas que deben favorecer la competitividad de las pequeñas empresas, las más importantes son las que fomentan su acceso a todo tipo de mercados”. Previo al arranque de la nueva norma “tan solo el 25% de las pymes tenían posibilidad de acceder a competir por un contrato público. Uno de los porcentajes más bajos de toda la UE”, alerta Ruiz. Y eso que, en la red empresarial española, las pequeñas empresas suponen el 99% del total de las compañías.
“Previo a los cambios, la principal limitación para acceder a las licitaciones eran los requisitos de solvencia”
“Con anterioridad al pasado mes de marzo, cuando entró en vigor la ley, la principal limitación para acceder a licitaciones eran unos requisitos de solvencia demasiado exigentes para la inmensa mayoría de las pymes”, comenta el experto.
Los cambios introducidos son básicamente cuatro: la simplificación de los procesos de adjudicación, la exigencia de dividir los contratos en pequeños lotes que reduzcan las exigencias de solvencia, la flexibilización de dichos criterios y la eliminación, en general, de la garantía provisional.

Registro obligatorio
Otra de las novedades vinculadas a la nueva normativa es la obligatoriedad de registrarse como licitadores públicos en el llamado Rolece (Registro Oficial de Licitadores), una herramienta online en la que se deben haber inscrito, antes del pasado 9 de septiembre, las empresas aspirantes a ganar concursos públicos.
Se trata de un acto necesario para poder presentarse a licitaciones de obras con contratos inferiores a dos millones de euros o a 100.000 euros en el caso de prestación de servicios y suministros.
La inscripción en el Rolece evita tener que presentar documentación cada vez que se quiere acceder a un concurso
“Las ventajas de inscripción en el Rolece para las pymes son evidentes. La aplicación del principio de la UE solo una vez, enunciado en la Small Business Act (SBA), está en este registro, puesto que la inscripción de las compañías en el mismo les exime de presentar en cada procedimiento de contratación la documentación necesaria para su relación con el sector público”, explica el director de Cepyme.
En estos primeros meses, los expertos aprecian “una cierta paralización en el ritmo de las licitaciones”, un hecho que consideran “lógico” teniendo en cuenta que las Administraciones públicas han tenido que adaptar sus procedimientos, documentos y modelos de contratación a una nueva norma con muchas novedades.
FUENTE: CINCODÍAS

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