El “Compliance Tributario” entra en fase de información pública

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El “Compliance Tributario” entra en fase de información pública

El Boletín publica la Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se inicia el proceso de información pública para la futura Norma 19602 que atañe a los sistemas de gestión de compliance tributario y los requisitos con orientación para su uso.
El Boletín del 7 de diciembre publicó la Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se inicia el proceso de información pública para la futura Norma 19602 que atañe a los sistemas de gestión de compliance tributario y los requisitos con orientación para su uso.
A partir de ahora, y con un plazo de cuarenta días, se someterá a comentarios el estándar que pretende ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. La respuesta de la sociedad civil para avanzar en la relación cooperativa en materia tributaria, una práctica implantada desde hace años en países de nuestro entorno económico que ahora llega a España.
La normalización del sistema de gestión del compliance tributario, es un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios de forma proporcional y que incluye la estructura de alto nivel de ISO.
La Asociación Española de Normalización (UNE), a través del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 Compliance tributario que preside el abogado Javier Martín, ha redactado esta futura norma UNE 19602 con un doble objetivo. En primer lugar ofrecer pautas a las organizaciones para implantar un sistema de cumplimiento que minimice sus riesgos tributarios y facilita la creación de mecanismos de detección y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos en el futuro.
En segundo lugar, la certificación de la aplicación efectiva del Manual de Buenas Prácticas Tributarias, de acuerdo con la UNE 19602, puede ser un elemento de prueba para demostrar, ante la Administración tributaria o los Tribunales, la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones.
La implantación de un sistema de estas características persigue los siguientes objetivos de difundir una cultura de prevención y cumplimiento en la organización; establecer medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir riesgos tributarios y reducir, de forma significativa, su posible comisión; y dar una mayor garantía de seguridad y confianza ante la Administración tributaria, órganos de gobierno, accionistas e inversores.
Tras el periodo de comentarios, al contenido de la norma, la UNE 19602 será una realidad que garantizará la relación cooperativa y las buenas prácticas tributarias que supondrán un cambio de modelo de la relación jurídico tributaria.
Para conocer todo lo relacionado con este nuevo modelo de actuación jurídico tributaria, Lefebvre celebrará el próximo 12 de marzo en Madrid un Congreso sobre Buenas Prácticas Tributarias en el que contará con los principales expertos en la materia. Durante una jornada completa se analizarán desde todos los ángulos y con un enfoque también sectorial, los principales cambios que van a afectar a despachos, profesionales y empresas.
FUENTE: ESPACIO ASESORÍA

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La Unión Europea tendrá una autoridad para conflictos laborales comunitarios

La agencia facilitará la movilidad de los trabajadores en los países miembros.
La Unión Europea tendrá a partir del año que viene una autoridad que podrá mediar y realizar inspecciones conjuntas con los países miembros en caso de conflictos laborales que vayan más allá de las fronteras de un estado. Los Veintiocho dieron ayer luz verde a una agencia que, además, facilite la movilidad de trabajadores dentro del continente, aunque algunos países lamentaron que se hayan rebajado sus competencias respecto a la propuesta inicial. Eslovaquia, Letonia y Chipre avanzaron que aspiran a que sus capitales alberguen la institución.
Los estados no siempre son capaces de hacer frente a un conflicto laboral por sí solos. El de Ryanair, que amenaza con reabrirse en Navidad, supuso la cancelación de cientos de vuelos después de que los trabajadores de la compañía de cinco países —entre ellos, España— decidieran ponerse en huelga. La aerolínea pretendía seguir aplicando la legislación irlandesa a sus empleados en lugar de la del país donde tenían su residencia. Los sindicatos y la misma empresa acudieron a Bruselas en varias ocasiones, pero la Comisión Europea poco podía hacer.
La solución seguirá siendo la misma: la vigilancia de que las empresas cumplan las reglas corresponde a las autoridades nacionales. Y la negociación colectiva estará en sus manos. Ahora bien, Bruselas tendrá una agencia con la que, a petición de los países afectados, podrá hacer que las partes afectadas se sienten en el caso de “disrupciones del mercado laboral a gran escala”, incluyendo reestructuraciones empresariales, cierres de fábricas o despidos colectivos.
El proyecto de la Comisión era más ambicioso que el adoptado ayer por el Consejo. Austria (que tiene la presidencia rotatoria) tuvo que hacer concesiones para atraer a los países más reacios a otorgar competencias. Los estados del Este aceptaron a regañadientes que la autoridad pudiera actuar en el transporte por carretera. En el lado contrario, España criticó que el proyecto inicial se haya ido diluyendo y que, por ejemplo, la futura autoridad no pueda mediar en asuntos que tengan que ver con la Seguridad Social.
Tal vez el punto que mejor ilustra el debate es el hecho de que, para satisfacer a varios países, Austria tuvo que cambiar el nombre de “autoridad” por “agencia” en el redactado. Lo lamentó la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen. “Es el nombre más claro para los ciudadanos, puesto que será el sitio que servirá para defender sus derechos”, sostuvo.
Aun así, varios países se mostraron confiados en que, durante las negociaciones que ahora encaran las tres instituciones —Comisión, Consejo y Parlamento Europeo— la entidad pueda recuperar algunas de esas cesiones. “Se trata de luchar contra el dumping social”, recordó Thyssen, quien quitó hierro a que en muchos apartados sea necesario que el estado colabore para poder intervenir. “No esperaba inspecciones que no contaran con el acuerdo del país miembro”, ilustró Thyssen.
La Comisión Europea no quiso ayer hablar del coste y las dimensiones de la estructura, aunque fuentes comunitarias aseguraron que este podría rondar los 50 millones de euros. La institución forma parte del llamado “pilar social” de la UE y es uno de los proyectos prioritarios para el presidente del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker. “Lo importante es que esté operativa una autoridad en la que los estados miembros trabajen de forma permanente intercambiando información para que el mercado interior funcione sin sobresaltos”, añadió Thyssen.
Entre sus funciones, está la lucha contra los abusos y fraudes en el trabajo, facilitar la cooperación y el intercambio de información para que se apliquen las directivas, la formulación de análisis y la advertencia de riesgos en la movilidad laboral, así como la mediación en las disputas entre países miembros. También centralizará varios programas ya en marcha para la movilidad laboral dentro de la UE.
NUEVOS LÍMITES A SUSTANCIAS NOCIVAS
La Comisión Europea propuso ayer una tercera revisión a la directiva que limita la exposición de los trabajadores a cinco sustancias químicas cancerígenas, que se añadirán a las 21 que ya han sido objeto de limitaciones. Son elementos que se usan en sectores como el refinado, la fabricación de baterías, la construcción o el reciclaje. Bruselas estima que mejorará la vida de más de un millón de trabajadores y evitará 22.000 casos de enfermedades.
FUENTE.: EL PAÍS

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Compliance financiero o la lógica evolución del compliance penal: La Norma UNE19602

A modo de introducción, debemos necesariamente retroceder en el tiempo a La Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, como aquella que reguló por primera vez y de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunando a la imputación de aquellos cometidos por las personas que tienen poder de representación en las mismas, la responsabilidad por no haber ejercido la persona jurídica un control adecuado sobre sus trabajadores.
Compliance
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, intentó poner fin a las dudas interpretativas que había propiciado la anterior Ley, a la vez que se centraba en la introducción de programas y modelos de organización y gestión con el fin de que las personas jurídicas no cometiesen delitos. A tal fin, estableció, como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la existencia de un programa de prevención o «compliance penal» que propiciara una reducción significativa del riesgo de que la persona jurídica cometiera un delito.
La importancia de llevar a cabo de forma correcta estos programas de prevención ha quedado establecida por el mismo Tribunal Supremo que ha destacado en varias recientes sentencias, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos protocolos de cumplimiento normativo. Por ejemplo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su Sentencia n º 136/2018, de 28 de junio considera al compliance penal como un «conjunto de normas de carácter interno de las empresas, cuya finalidad fundamental es la de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos. Exonerando de esa forma a la propia empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.»
Fruto de la importancia de esta figura, la Asociación Española de Normalización (en adelante, AENOR) publicó el 18 de mayo de 2017 la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal, donde estableció los requisitos necesarios para proceder a la implantación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión del compliance penal a fin de prevenir la comisión de delitos en las sociedades mercantiles.
No obstante lo anterior, los sistemas de gestión del compliance penal se revelaron insuficientes a la hora de prevenir riesgos de índole tributaria por lo que, y siguiendo con su labor de normalización, en el mismo año 2017, AENOR inicia el proyecto PNE 19602 que se materializará, a principios del próximo año, en la publicación de la Norma UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario: Requisitos y recomendaciones, avalada por la propia Agencia Tributaria, y que tiene como objetivo el establecimiento de unas medidas estándar que faciliten a las sociedades mercantiles la prevención y gestión de sus riesgos tributarios.
En este sentido, AENOR ha confirmado que, durante el mes de diciembre y parte de enero, dicho proyecto será sometido al trámite de información pública, por lo que tendremos acceso a su contenido íntegro e, incluso, se podrán hacer aportaciones a través de la página web de AENOR.
En cualquier caso, sin duda, la misma establecerá unos requisitos y directrices que facilitarán a las sociedades mercantiles implementar y mejorar continuamente políticas de compliance tributario, sin que por ello deban obviarse las normas anteriores que contienen ya algunas prácticas de compliance tributario.
Una de estas normas a destacar es el Código de Buenas Prácticas Tributarias, elaborado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT) y el Foro de Grandes Empresas y que cuenta ya, a fecha 2 de noviembre de 2018, con 139 grandes corporaciones adheridas al mismo. La finalidad de esté es promover una relación fluida de recíproca colaboración entre la AEAT y las empresas que, voluntariamente, estén adheridas.
Probablemente, la importancia fundamental de la futura norma UNE 19602 es que, todas las empresas que adapten sus protocolos de cumplimiento a dicha norma gozarán de una presunción de veracidad, esto es, tendrá un carácter probatorio de la ausencia de voluntad defraudatoria por parte de la sociedad.
Esto es especialmente relevante, dada la altísima litigiosidad en materia tributaria que se da en nuestro país ya que, mediante el establecimiento de unos requisitos y directrices para implementar y mejorar continuamente políticas de compliance tributario, esta se reducirá al ser, por un lado, capaz la propia empresa de detectar mediante dichas políticas la existencia en su seno de posibles contingencias de carácter tributario y, en su caso, neutralizarlas y, por otro lado, evitará, si la empresa se adapta a los protocolos de cumplimiento de la UNE 19602 y ante cualquier discrepancia interpretativa por presumirse la ausencia de voluntad defraudatoria, que la AEAT considere, como ocurre actualmente y en la mayoría de los casos, que la actuación del contribuyente ha sido culpable, aunque sea únicamente en grado de negligencia, e imponga sanciones de forma sistemática.
Por tanto, el compliance fiscal debe ser un objetivo prioritario para las sociedades mercantiles por dos razones principales: para poder identificar y neutralizar adecuadamente los riesgos fiscales que inevitablemente surgirán en un entorno de constantes cambios de normativa fiscal y en los criterios de interpretación de la misma aplicables por los Tribunales o por la propia Dirección General de Tributos y, asimismo, para poder, en la medida de lo posible, evitar que las comprobaciones e inspecciones fiscales por parte de la AEAT tengan también como consecuencia, además de la regularización tributaria pertinente, la imposición de sanciones, ya que, como se ha indicado y a diferencia del ámbito penal, la mera negligencia puede ser objeto de sanción tributaria en el ámbito administrativo sin que deba existir necesariamente el dolo preceptivo en la responsabilidad penal.
FUENTE: LEGAL TODAY

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El diseño irregular de Comic Sans también tiene sus ventajas: ayuda a que sea más fácil de leer y escribir

El diseño irregular de Comic Sans también tiene sus ventajas: ayuda a que sea más fácil de leer y escribir

Vincent Connare se inspiró en los cómics de superhéroes para crear Comic Sans, una de las fuentes más utilizadas de todos los tiempos pero también de las más repudiadas. Su autor lo tiene claro: «probablemente es lo mejor que he hecho en mi vida» llegó a asegurar en varias ocasiones. La Comic Sans no es minimalista, no es apropiada para muchos casos pero su peculiar diseño sí tiene varias ventajas que quizás no son tan conocidas.

Comic Sans es una fuente especial. Entre todas las preinstaladas en los principales sistemas operativos, es la única que posee un diseño irregular. Cada letra tiene un diseño particular y esto tiene su repercusión a la hora de leer y escribir con ella. Y es que pese a que Comic Sans está habitualmente asociada a textos infantiles, lo cierto es que hay múltiples estudios que recomiendan su uso. Esta es una pequeña defensa de Comic Sans, una fuente que guarda varias peculiaridades que no encontramos en casi ninguna otra de las letras populares.

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Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos

Esta norma, publicada en el BOE de 6 de diciembre, adapta nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD), complementando y clarificando algunos temas de gran relevancia.
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Personas fallecidas

Entre otros aspectos que incorpora la nueva ley, destaca la regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido. También excluye del ámbito de aplicación los tratamientos que se rijan por disposiciones específicas, en referencia, entre otras, a la normativa que transponga la citada Directiva (UE) 2016/680, previéndose en la disposición transitoria cuarta la aplicación a estos tratamientos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, hasta que se apruebe la citada normativa.
Videovigilancia

El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada «información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las «cookies»), facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
Habilitaciones legales

e regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, Este es el caso, por ejemplo, de las bases de datos reguladas por ley y gestionadas por autoridades públicas que responden a objetivos específicos de control de riesgos y solvencia, supervisión e inspección del tipo de la Central de Información de Riesgos del Banco de España regulada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, o de los datos, documentos e informaciones de carácter reservado que obren en poder de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Delegado de protección de datos

La figura del delegado de protección de datos adquiere una destacada importancia en el Reglamento (UE) 2016/679 y así lo recoge la ley orgánica, que parte del principio de que puede tener un carácter obligatorio o voluntario, estar o no integrado en la organización del responsable o encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica. La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona.
Los conocimientos en la materia se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido, salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento.
Infracciones y sanciones

En esta Ley se procede a describir las conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento general de protección de datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones se introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea. La ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento general de protección de datos.
Derecho digitales

Son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital. Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales.
FUENTE: ESPACIO ASESORÍA

Source: econsulting

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Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos

El diseño irregular de Comic Sans también tiene sus ventajas: ayuda a que sea más fácil de leer y escribir

Vincent Connare se inspiró en los cómics de superhéroes para crear Comic Sans, una de las fuentes más utilizadas de todos los tiempos pero también de las más repudiadas. Su autor lo tiene claro: «probablemente es lo mejor que he hecho en mi vida» llegó a asegurar en varias ocasiones. La Comic Sans no es minimalista, no es apropiada para muchos casos pero su peculiar diseño sí tiene varias ventajas que quizás no son tan conocidas.

Comic Sans es una fuente especial. Entre todas las preinstaladas en los principales sistemas operativos, es la única que posee un diseño irregular. Cada letra tiene un diseño particular y esto tiene su repercusión a la hora de leer y escribir con ella. Y es que pese a que Comic Sans está habitualmente asociada a textos infantiles, lo cierto es que hay múltiples estudios que recomiendan su uso. Esta es una pequeña defensa de Comic Sans, una fuente que guarda varias peculiaridades que no encontramos en casi ninguna otra de las letras populares.

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Trabajo estudia adoptar medidas para evitar el mal encuadramiento de asalariados en el régimen de autónomos

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está estudiando adoptar medidas para evitar el mal encuadramiento de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando deben estar en el Régimen General, es decir, el uso de los llamados ‘falsos autónomos’.
Así lo comentó el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en la rueda de prensa para exponer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre en el que el desempleo bajó en 1.836 personas y la ocupación descendió en 47.449 personas.
Granado indicó que casi 14.000 trabajadores de las industrias cárnicas pasarán de ser ‘falsos autónomos’ a trabajadores asalariados en el Régimen General y para evitar estos casos basados en «picaresca fiscal» se están estudiando un conjunto de medidas.
El secretario de Estado señaló que la ley sobre infracciones no contempla como delito el mal encuadramiento de trabajadores, «lo cual, nos dificulta mucho la persecución de esa actividad».
Granado se quejó de que «como la administración anterior toleró el que esos trabajadores estuvieran mal encuadrados, ahora la Inspección pide cuatro años de cotizaciones atrasadas, y tenemos un volumen de actas que van alrededor de los 240 millones de euros». En esta situación, afirmó que las empresas están «aterrorizadas» porque la Inspección les exige la cotización como asalariados.
Además, explicó que se está desarrollando un protocolo de vigilancia de estos casos.
Respecto al acuerdo con las organizaciones de autónomos sobre la cotización el próximo año, Granado destacó que ese pacto «está completo a falta de un fleco», que es una escala de transición en el sistema especial de autónomos agrarios. Señaló que se va a trasladar una propuesta al respecto en el día de hoy.
Mientras, en el ámbito del diálogo social, apuntó que los sindicatos han manifestado preocupación por el hecho de que la base mínima de los autónomos sea inferior a la del resto de trabajadores y eso pueda generar un trasvase de empleados del Régimen General al de autónomos para reducir cotizaciones sociales.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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Para mí el mejor móvil en relación calidad precio del año es…

Para mí el mejor móvil en relación calidad precio del año es...

Con el 2019 a la vuelta de la esquina, es momento de hacer balance del año que nos ocupa y elaborar los propósitos del que está por llegar. En telefonía ya sabemos cuál es el teléfono del año y el smartphone más innovador según nuestros editores más expertos, pero a veces no es tanto cuestión de destacar en algo como en ofrecer una buena propuesta a un precio interesante.

Quizás no sean los más mediáticos, pero estos teléfonos han logrado su popularidad por ofrecer más por menos. ¿Cuál es el teléfono de 2018 con mejor relación calidad precio? Leer más

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Hacienda multará con 150.000 euros el uso de programas de doble contabilidad

La Agencia Tributaria perseguirá la fabricación y utilización de sistemas informáticos para ocultar ingresos en los negocios de venta al público
Hacienda quiere erradicar el ‘con o sin IVA’, las ventas no declaradas por ausencia de factura o bien por ocultación de parte de las operaciones mediante programas informáticos que permiten llevar una contabilidad B. Acabar con ese tipo de sistemas electrónicos, conocidos como ‘software de doble uso’, es una de las prioridades de la Agencia Tributaria para atajar el fraude en torno al IVA, señalado ayer como «el impuesto que más preocupa en términos de recaudación» por Manuel Cabrera, delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia.
En una jornada organizada por el despacho de abogados y economistas de PwC, Cabrera prometió contundencia en la lucha contra ese tipo de fraude, con medidas como la «multa de 150.000 euros, directa, para cualquiera que produzca o que use ese software» prevista en el proyecto de ley aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros.
Esas actuaciones podrían ser una realidad «a lo largo del primer trimestre» de 2019, como las recogidas en los anteproyectos de impuestos a servicios digitales -publicidad, intermediación y venta de datos- o a las transacciones financieras sobre acciones en las empresas con una capitalización bursátil superior a mil millones, 65 en el caso de España.
¿Qué es el ‘software de doble uso’ que el fisco quiere suprimir?
Se trata de programas informáticos que permiten llevar una doble contabilidad al ocultar parte de las ventas. Los sistemas que Hacienda pretende erradicar, con el foco puesto en negocios intensivos en manejo de efectivo, enmascaran la facturación real al reMumerar tiques, modificar precios o cobrar sin dejar rastro.
En materia de lucha contra el fraude, Cabrera destacó que «se prohiben por ley las amnistías fiscales para que nunca vuelva a haber regulaciones fiscales en nuestro país», se reduce de un millón a 600.000 euros el listón para aparecer en el listado público de morosos semestral y se potencian los procedimientos amistosos para resolver conflictos. También se actualiza el listado de paraísos fiscales y se baja de 2.500 a 1.000 euros el tope para los pagos en efectivo entre empresarios.
En la Comunitat, aseguró haber «multiplicado por veinte en los dos o tres últimos años» el número de actas con acuerdo, por el que la empresa investigada ingresa la deuda con una reducción de hasta el 60%.
Para Cabrera, no obstante, una de las prioridades es esa utilización de «programas informáticos que permitan llevar doble contabilidad, contabilidad A y B, o cualquier tipo de control distinto a un único control».
En este sentido, avisó de que se volcarán para «eliminar ese software del mercado», detectado en los últimos años en comercios o negocios de hostelería para enmascarar parte de sus ventas, y controlar que todo sistema de gestión empresarial «cumpla los requisitos de integridad, conservación y trazabilidad, es decir, que no se pueda manipular».
Según explicó, actuarán para que «cualquier caja registradora que tenga venta al público deba tener un software que cumpla unas especificaciones técnicas, unos sistemas de certificación y una salida estándar» que permitan el «suministro inmediato de información» al fisco.
En la jornada celebrada en Cámara Valencia se abordó la inversión de ‘family office’ y capital riesgo en empresas de retail, alimentación, automoción, tecnológicas o empresas emergentes. Según Javier Megías, cofundador de Startupxplore, la plataforma tiene 13.000 miembros y lleva invertidos 2,7 millones en la Comunitat en dos años, de 5.000 a 10.000 euros por operación, y centrada en turismo, salud y ‘foodtech’.
FUENTE: LAS PROVINCIAS

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Hacienda multará con 150.000 euros el uso de programas de doble contabilidad

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Con el 2019 a la vuelta de la esquina, es momento de hacer balance del año que nos ocupa y elaborar los propósitos del que está por llegar. En telefonía ya sabemos cuál es el teléfono del año y el smartphone más innovador según nuestros editores más expertos, pero a veces no es tanto cuestión de destacar en algo como en ofrecer una buena propuesta a un precio interesante.

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