Me ofrecen un plan de ‘stock options’: ¿cómo tributan?

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Me ofrecen un plan de ‘stock options’: ¿cómo tributan?

La retribución variable con acciones como incentivo es cada vez más frecuente.
Cada vez es más común escuchar a algún amigo decir que su empresa le ofrece acciones como parte de su retribución variable. Los planes de stock options son una forma de pago en especie que las grandes compañías suelen aplicar para complementar la parte variable del sueldo que ofrecen a sus trabajadores, especialmente a los directivos.
Esta forma de pago se popularizó en Estados Unidos en la década de los noventa y hoy sigue siendo muy común entre los altos cargos de las multinacionales que cotizan en bolsa. Mediante la entrega de acciones, las compañías lo que hacen es ofrecer a sus trabajadores el derecho a comprar un paquete de acciones de la propia entidad, a un precio fijado con anterioridad, que suele ser inferior al de mercado (y puede llegar, incluso, a ser de cero euros).
Los planes de stock options surgieron para fidelizar e incentivar a los empleados de una forma en la que tanto la empresa como el empleado ganen. El objetivo de esta fórmula de retribución es conseguir que los intereses de los empleados vayan de la mano con el de la compañía -los accionistas y propietarios-. Es decir, la entidad espera que con la entrega de acciones los trabajadores contribuyan a que sus resultados mejoren y su valor en bolsa suba, de forma que las dos partes se vean beneficiadas.
La fiscalidad de las stock options
A efectos fiscales, el plan de stock options tiene dos valoraciones: en el momento en el que ese ejercita el plan -se entiende que el empleado ejecuta las opciones cuando el precio de las acciones es inferior al de mercado en un momento predeterminado- y cuando se venden las participaciones.
Cuando se ejerce el derecho de comprar las acciones, hay que tributar en la base general como rendimientos del trabajo por la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el precio de ejercicio, que es la cantidad que paga el empleado para comprar esas acciones -en algunos casos no paga importe alguno-. Esta cuantía constituye la retribución en especie y, por otro lado, la base para realizar el ingreso a cuenta correspondiente.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que, cuando se cumplen una serie de requisitos, dicha retribución en especie está sujeta a una exención máxima anual de 12.000 euros:
1. Que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa o, en su caso, del grupo o subgrupo de sociedades. Con todo, en este requisito hay una excepción, y es que la empresa puede exigir a sus empleados una antigüedad mínima para poder acceder al plan de retribución.
2. Que los trabajadores -conjuntamente con sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado- no tengan una participación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o cualquier otra del grupo superior al 5%.
3. Que las acciones se mantengan al menos 3 años desde que se han ejecutado.
Adicionalmente, existe la posibilidad de obtener un rendimiento reducido, que es el resultado de minorar el rendimiento íntegro en un 30% (con un máximo de 300.000 euros).
Para poder aplicar esta reducción se tienen que cumplir dos supuestos: que los planes no se concedan de forma anual y que se ejerciten transcurridos más de dos años desde su concesión, siempre que su pago no se fraccione. Aquí hay que tener en cuenta otra serie de excepciones y que cuando se el rendimiento abarca los 700.000 y 1.000.000 euros, la reducción se va minorando.
¿Cómo se aplica la reducción del 30%?
Supongamos que un inversor recibió hace tres años un paquete de stock options de su compañía, que le permitía comprar a 20 euros 500 acciones y que ahora que ya puede ejercitar las opciones, la acción cotiza a 100 euros. Vamos a calcular el impacto fiscal de este contribuyente, considerando que cumple todos los requisitos para aplicarse la exención de 12.000 euros y el rendimiento reducido y suponiendo que su tipo marginal asciende al 45%. Así, el rendimiento por el que tendría que tributar el trabajador es:
– Rendimiento total: 500 * (100-20) = 40.000 euros.

– Exención: – 12.000 euros.

– Reducción: 30% * (40.000 – 12.000) = 8.400 euros.

– Impuestos a pagar: (28.000 euros – 8.400 euros) * 45% = 19.600 * 45% = 8.820 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 40.000 – 8.820 = 31.180 euros.

¿Por cuánto tiene que tributar?

Por último, y desde el punto de vista de los impuestos, hay que hablar del impacto de la venta de acciones. Cuando el empleado -que previamente ha ejecutado el plan- decide vender sus acciones, puede obtener una ganancia o pérdida patrimonial, que tendrá que declarar en su IRPF. Deberá tributar en la base del ahorro por la diferencia entre la cotización de la acción el día de la venta y la cotización de esta el día de la ejecución de las stock options.
Continuando con el ejemplo anterior, si el inversor vende las acciones a 120 euros, el impacto fiscal sería el siguiente:
– Ganancia patrimonial = 500 * (120-100) = 10.000 euros.

– Impuestos a pagar: 6.000 * 19% + 4.000 * 21% = 1.980 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 500 * 120-1.980 = 58.020 euros.

FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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Una ley de contratos públicos para que pymes y grandes empresas compitan en igualdad

La nueva norma cumple seis meses. Antes de la reforma, solo el 25% de las pequeñas firmas podía licitar.
Cuando se trata de acceder a contratos públicos, las pequeñas empresas no lo tienen fácil. Hasta el pasado mes de marzo, el 70% de las licitaciones se repartían, únicamente, entre una decena de empresas, dejando sin oportunidad a emprendedores y pymes.
“En la actualidad, los mercados de contratación pública son un elemento imprescindible para la actividad de las empresas”, confirman desde la patronal Cepyme, y añaden: “De hecho, la participación de los mismos sobre el PIB representa alrededor del 15%, es decir, aproximadamente 160.000 millones de euros”.
“Los mercados de contratación pública son imprescindibles para la actividad de las pymes”
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que cumple ahora seis meses, ha cambiado por completo el panorama y permite a las pymes, ahora sí, competir de tú a tú con las grandes compañías.
Para Carlos Ruiz, director de economía de Cepyme, “dentro de las medidas que deben favorecer la competitividad de las pequeñas empresas, las más importantes son las que fomentan su acceso a todo tipo de mercados”. Previo al arranque de la nueva norma “tan solo el 25% de las pymes tenían posibilidad de acceder a competir por un contrato público. Uno de los porcentajes más bajos de toda la UE”, alerta Ruiz. Y eso que, en la red empresarial española, las pequeñas empresas suponen el 99% del total de las compañías.
“Previo a los cambios, la principal limitación para acceder a las licitaciones eran los requisitos de solvencia”
“Con anterioridad al pasado mes de marzo, cuando entró en vigor la ley, la principal limitación para acceder a licitaciones eran unos requisitos de solvencia demasiado exigentes para la inmensa mayoría de las pymes”, comenta el experto.
Los cambios introducidos son básicamente cuatro: la simplificación de los procesos de adjudicación, la exigencia de dividir los contratos en pequeños lotes que reduzcan las exigencias de solvencia, la flexibilización de dichos criterios y la eliminación, en general, de la garantía provisional.

Registro obligatorio
Otra de las novedades vinculadas a la nueva normativa es la obligatoriedad de registrarse como licitadores públicos en el llamado Rolece (Registro Oficial de Licitadores), una herramienta online en la que se deben haber inscrito, antes del pasado 9 de septiembre, las empresas aspirantes a ganar concursos públicos.
Se trata de un acto necesario para poder presentarse a licitaciones de obras con contratos inferiores a dos millones de euros o a 100.000 euros en el caso de prestación de servicios y suministros.
La inscripción en el Rolece evita tener que presentar documentación cada vez que se quiere acceder a un concurso
“Las ventajas de inscripción en el Rolece para las pymes son evidentes. La aplicación del principio de la UE solo una vez, enunciado en la Small Business Act (SBA), está en este registro, puesto que la inscripción de las compañías en el mismo les exime de presentar en cada procedimiento de contratación la documentación necesaria para su relación con el sector público”, explica el director de Cepyme.
En estos primeros meses, los expertos aprecian “una cierta paralización en el ritmo de las licitaciones”, un hecho que consideran “lógico” teniendo en cuenta que las Administraciones públicas han tenido que adaptar sus procedimientos, documentos y modelos de contratación a una nueva norma con muchas novedades.
FUENTE: CINCODÍAS

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Los peligros fiscales al vender o traspasar un negocio

Muchos son los motivos que pueden llevar a un empresario a traspasar a vender su negocio. Inversión, jubilación, cambio de orientación laboral, nuevas oportunidades, enfermedad… sea como fuere, se trata de un proceso que puede provocar importantes dolores de cabeza si no se tienen en cuenta las implicaciones fiscales.
No sólo hay que pensar en el montante económico del cambio de titularidad, sino también en muchas otras casuísticas, como el Incremento Patrimonial o el Impuesto de Donación, si es el caso.
«Lo más importante es conocer bien todas las implicaciones fiscales, para evitar sustos en inspecciones, ya que se pueden convertir en enormes gastos no contemplados» afirman algunos expertos. «Abandonar un negocio no significa un fracaso, sino que puede ser todo un éxito y un logro profesional, pero para ello hay que evitar que el proceso se convierta en una pesadilla que te persiga durante años», advierten.
El Incremento Patrimonial se produce cuando un autónomo cede su contrato mercantil a un tercero
El Incremento Patrimonial se produce cuando un autónomo cede su contrato mercantil a un tercero, ya sea familiar o no, persona física o jurídica. No todos los autónomos tienen contrato mercantil. El Incremento Patrimonial se produce cuando el valor de traspaso del negocio es superior al valor de adquisición del mismo. Esto sucede en la cesión de contrato mercantil sólo en aquellos casos en los que existe esta relación (por ejemplo, Loterías o Franquicias), pero en otros negocios puede haber incremento sin haber contrato mercantil. Esto quiere decir que cuando este propietario venda o traspase su negocio, se producirá esta subida de su patrimonio, que tendrá que declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de ese ejercicio, para presentarla en el siguiente.
Se considera ganancia patrimonial por la diferencia existente entre el valor de venta y el valor contable (los bienes y derechos entregados). Es por ello, que en vez de tributar como Rendimiento de Actividad Económica en la base general a una escala mayor, lo hace en la base del ahorro a una escala inferior como ganancia patrimonial.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha llevado a cabo numerosas inspecciones al respecto, ya que se han dado casos de empresarios que han vendido su negocio, no declarando este incremento en la renta. Hay que recalcar, eso sí, que la venta de un negocio no está sujeta a IVA, pero sí hay que tener en cuenta que si además de la empresa, se vende el local en el que esta se encuentra, se tendrá que hacer frente a los impuestos que deriven de esta transacción.
El Incremento Patrimonial no debe ser declarado en todos y cada uno de los casos, existiendo algunas salvedades que se pueden tener en cuenta:

– Si se transmite el negocio al cónyuge y/o a los hijos por razón de jubilación. En este caso, existe la posibilidad de que se solicite también el Impuesto de Donaciones, un impuesto directo con carácter progresivo y que depende de cada comunidad autónoma, por lo que es importante tenerlo en cuenta.
– Cuando se traspasa el negocio a una sociedad, reservándose el autónomo las participaciones que representan el total del valor de lo aportado.
En ambos casos, es necesario cumplir una serie de requisitos legales y avalados por consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.
Para llevar a cabo acciones tras la inspección de un negocio, se puede acudir al Tribunal Económico Administrativo. Hay que recalcar que sea éste regional (TEAR) o central (TEAC), no es un Tribunal de Justicia, sino un órgano administrativo del sistema tributario español. Esto quiere decir que está encargado de resolver los recursos administrativos y a él se acude con posterioridad a la liquidación que hace la Agencia Tributaria como consecuencia de la inspección. Previamente, existe la posibilidad de hacer un recurso de reposición.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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Aspectos legales de las nuevas fórmulas de financiación alternativa para las empresas

En los últimos años han aparecido nuevas fórmulas de financiación e inversión para las empresas, que se caracterizan por la rapidez en el acceso al capital, la simplificación de los procesos, además de por valorar a las compañías emergentes con criterios distintos a los tradicionales ratings bancarios.
Sin embargo, estas nuevas fórmulas de acceso al crédito tienen diversas características que hay que tener en cuenta para descubrir cuál puede ser la más adecuada para cada empresa, según sus necesidades, su estructura y el momento en el que se encuentre el negocio.
«La obtención de financiación no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de una planificación financiera rigurosa y de un conocimiento profundo de estos instrumentos, ya que su preparación, ejecución y seguimiento requiere de una gran cantidad de recursos por parte de posiciones claves de la compañía», asegura Luis Gosálbez, socio director de una firma especializada en el asesoramiento a negocios tecnológicos e innovadores.
El tiempo es un elemento a tener en cuenta porque cada instrumento tiene plazos de maduración distintos. Con la financiación compramos tiempo, porque antes o después habrá que devolver el dinero obtenido, y con la inversión compramos potencial de crecimiento, porque son recursos propios de la empresa, a cambio de nuevas obligaciones y de reducir la capacidad de actuar de los socios iniciales.
Muchas empresas acaban fracasando porque tratan los préstamos como recursos propios o se olvidan de que hay que cuidar a los inversores. Además, algunas fórmulas exigen un histórico o una estructura financiera determinada, que hay que conocer antes de acudir a ellas. Por último, hay que tener en cuenta la jurisdicción, pues algunos instrumentos están regulados de forma distinta dependiendo del país, lo que puede dificultar el acceso o la ejecución, recuerdan los expertos.
Nuevas fórmulas de financiación de las empresas:
1. Venture debt
Son préstamos en los que parte del retorno se obtiene bajo la forma de acciones de la sociedad que lo recibe. En ocasiones se capitaliza parte de la deuda, parte de los intereses o bien se otorga al inversor derecho a suscribir parte de las nuevas acciones a valor nominal o con un descuento importante. Es un instrumento pensado para compañías en fases avanzadas, con necesidades de cashflow puntuales o que se encuentran entre dos rondas y no quieren diluirse de forma importante.
2. Crowdlending
Durante los últimos años hemos experimentado un importante auge del crowdfunding o inversión colaborativa, en el que varios inversores participan en rondas aportando pequeñas cantidades. El principal reto de este modelo es definir un modelo de gestión de la sociedad adecuado tras la ronda, ya que el derecho societario español está mal preparado para las sociedades limitadas con decenas o centenares de socios. Una opción igual de interesante, pero menos utilizada, es el crowdlending o préstamo colaborativo, en la que los inversores prestan dinero a cambio de un interés. Un elemento clave de este modelo es el rating de la empresa y de la operación, que es analizado por la plataforma que organiza el crowdlending y la retribución del mismo.
3. Descuento colectivo
Una evolución interesante del crowdlending es la que permite a las empresas descontar sus facturas frente a una comunidad de inversores. Tanto el crowdfunding como el crowdlending están regulados por la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, de 27 de abril de 2015, una norma que aporta seguridad al sistema pero que resulta tan restrictiva que, en la práctica, está dificultando mucho el desarrollo de esta actividad.
4. Business angels
En España empezamos a tener inversores particulares o fondos de inversión promovidos por estos business angels, que conocen bien su sector y tienen los contactos y la experiencia que buscan los emprendedores. Un error habitual es no definir bien en los acuerdos de inversión y pactos de socios las obligaciones de los BAs y las expectativas de los emprendedores, según el departamento de Corporate M&A de Metricson.
5. Convertible notes
Los préstamos convertibles no son una novedad en nuestro derecho, pero sí lo es la forma en la que se instrumentan para financiar empresas de reciente creación. Una de las principales debilidades de las rondas de inversión es que tardan tiempo en materializarse y que algunos inversores pueden dilatar el cierre durante meses, mientras que otros están dispuestos a hacer los desembolsos desde el principio. Los préstamos convertibles premian a los primeros inversores en desembolsar sus aportaciones, otorgándoles un descuento sobre el precio de cierre de la ronda. A más riesgo, más ganancia. Es un modelo cada vez más utilizado pero que tiene riesgos importantes si no se regula correctamente.
6. Contratos de cuenta en participación
Una figura clásica, pero que ha cobrado importancia durante los últimos años, que permite agilizar las inversiones en unidades productivas de negocios ya existentes a través de acuerdos entre los participantes, sin constituir complicadas estructuras societarias. Gracias a estos contratos, los inversores se sindican y actúan de forma unitaria para facilitar la financiación a la empresa interesada y para repartir los resultados de ese negocio.
7. ICOs
La oferta inicial de moneda (Initial Coin Offering) se ha destapado como una de las fórmulas de inversión más disruptiva de los últimos años, no exenta de polémica por la falta de definición de su marco normativa en algunos países. Jurisdicciones como Suiza (con su Crypto Valley) o Hong Kong están actuando como polos de atracción para empresas de todo el mundo interesadas en tokenizar activos y ofrecerlos al público bajo la forma de nuevas monedas, normalmente vinculadas a mercados secundarios que facilitan la liquidez del sistema. Se trata de un modelo similar al contrato de cuenta en participación, ya que los inversores adquieren un porcentaje de un activo productivo, derecho, rama de negocio o cualquier otro elemento con capacidad de ver su valor incrementado, bajo la forma de un token o moneda.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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Hacienda puede exigir a los Colegios información sobre las minutas de los abogados

Los Colegios de Abogados tienen la obligación de proporcionar, si la Agencia Tributaria (AEAT) así se lo requiere, información sobre las minutas de sus colegiados. Y ello sin necesidad de recabar el consentimiento del abogado afectado. Así lo ha determinado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que afirma que este deber se extiende tanto a las minutas que hayan sido obtenidas como consecuencia de un procedimiento de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales, o referentes a determinación de costas procesales.
La resolución confirma la adecuación del requerimiento formulado a un Colegio de Abogados por parte de Hacienda porque, según argumenta, los datos requeridos tienen trascendencia tributaria, la solicitud está suficientemente motivada y consta identificada la información que se busca.
El TEAC apunta, tal y como subrayó la AEAT, que los colegiados son potenciales contribuyentes de impuestos y están vinculados con la entidad requerida por razón de su actividad mercantil y/o económica. Además, la información solicitada está acotada en un ámbito temporal determinado.
Asimismo, el requerimiento es individualizado atendiendo a la entidad a quien se dirige, un Colegio de Abogados. En este sentido, la resolución remarca que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha afirmado que no existe un derecho absoluto e incondicionado a la reserva de los datos económicos del contribuyente con relevancia fiscal frente a la Administración. De ser así, resultaría imposible toda la labor inspectora y toda actividad de interés general que hubiera de conseguirse a través del deber de sostenimiento de los gastos públicos.
Por último, el TEAC rechaza la queja sobre la vulneración del secreto profesional porque el cumplimiento del deber de información no alcanza a datos de carácter estrictamente personal, íntimo, no patrimonial o confidencial de los clientes, sino solo a las minutas. Tampoco se vulnera el derecho a la intimidad porque, aun tratándose de datos personales, estos tienen trascendencia económica y, en consecuencia, tributaria. Por todo ello, se concluye que el requerimiento no necesita de mayor motivación: se solicita el importe de las minutas resultantes de los dictámenes, no se requieren los expedientes completos ni siquiera el contenido de los mismos, sino solo datos cuantitativos relativos a las minutas de los procedimientos.
FUENTE: CINCODÍAS

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Maneras de que el autónomo contrate a un familiar. ¿Cuál es mejor?

Los autónomos pueden contratar a su cónyuge, padres o hijos. En función de la fórmula elegida accederá a unas u otras ayudas.Tras la entrada en vigor de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo cambiaron las fórmulas por las que un autónomo puede contratar a un familiar. Con anterioridad a la ley, lo habitual era proceder bajo la figura de autónomo colaborador. Sin embargo, la nueva normativa permite la contratación por cuenta ajena de familiares, con una serie de bonificaciones que favorecen esta modalidad.Eso sí, para contratar familiares, los autónomos deberán cumplir una serie de obligaciones, dependiendo del tipo de familiar y su condición. A continuación repasamos las diferentes fórmulas que tiene un autónomo para contratar a un familiar y cuál es la que más le puede compensar según qué casos.Fórmulas para que los autónomos contraten familiares1 – Bonificación por contrato de un familiar. La última ley de autónomo concede una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes del 100% durante un año. Para poder beneficiarse de esto, el autónomo deberá contratar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o familiar de hasta segundo grado por consanguinidad. Además, es preciso que el trabajador por cuenta propia o haya despedido a empleados, ya sea por causas objetivas o de forma disciplinaria que se hayan declarado como improcedentes en el último año. De igual manera, tampoco estos despidos pueden haber sido de carácter colectivo, y declarados como no ajustados a Derecho.En este caso, el autónomo que quiera acceder a esta bonificación, deberá mantener el nivel de empleo que se tenga en ese momento durante 6 meses después de la bonificación. En este sentido, no se contemplan las extinciones de contratos por causas objetivas, ni despidos disciplinarios no declarados como improcedentes. Tampoco se tendrán en cuenta los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho, así como aquellas extinciones que hayan sido causadas por dimisión del trabajador, muerte o incapacidad permanente total, absoluta. También se excluyen casos de gran invalidez de los trabajadores o en caso de que el tiempo convenido expire o la realización de la obra o servicio para la que fue contratado se termine.2 – Contrato de hijos. Los autónomos con hijos menores de 30 años que convivan con ellos también podrán ser contratados. En este caso, los hijos de los trabajadores por cuenta propia tienen excluida la cobertura por desempleo. En caso de que el hijo sea mayor de 30 años, el autónomo también podrá contratarle, siempre y cuando tenga especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Para ser considerado como tal, el trabajador que se vaya a contratar deberá pertenecer a alguno de los siguientes casos.- Padecer una parálisis cerebral, una enfermedad mental o tener una discapacidad, ya sea intelectual o mental, reconocido en un porcentaje igual o superior al 33%.- Aquellos con una discapacidad física o sensorial reconocida en un porcentaje igual o superior al 33%, pero menor al 65%, siempre y cuando causen alta por primera vez en la Seguridad social.- Tener una discapacidad sensorial o física igual o superior al 65%.3 – Bonificación por alta de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. Los autónomos que contraten a su cónyuge, pareja de hecho, y parientes de hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad y, en su caso por adopción, podrán obtener una bonificación durante 24 meses. Para ello, se deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, deberán darse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y no pueden haber estado dados de alta en los últimos cinco años, ni haber colaborado con el autónomo realizando trabajos directamente relacionados con la actividad empresarial. En este caso, desde que entró en vigor la nueva ley, están incluidos aquellos trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.Otro de los aspectos a tener en cuenta para acceder a la bonificación es el caso de las parejas de hecho. Para ser considerada como tal, deberá estar constituida con una relación de afectividad similar a la conyugal entre los dos, sin haber tenido ningún impedimento para contraer matrimonio, ni tengan ningún vínculo matrimonial con nadie. Todo ello deberá acreditarse a través de un certificado de empadronamiento, así como una convivencia estable con una duración ininterrumpida de, al menos, cinco años. Para poder demostrarlo, la pareja deberá presentar la certificación de la inscripción en el registro correspondiente a la comunidad autónoma de residencia o en el ayuntamiento de la localidad, a través del documento público en el que se demuestre que, efectivamente, están constituidos como pareja de hecho.Cumplidos estos requisitos, la bonificación que se obtiene es el 50% de la cuota que resulte de aplicar el tipo de cotización vigente sobre la base mínima en el Régimen o Sistema Especial de trabajo por cuenta propia que corresponda. Esta ayuda tiene una duración de 18 meses. Los 6 meses siguientes la bonificación es del 25%.FUENTE: CINCODÍAS

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Análisis del sistema de autónomos para acceder a una pensión digna

Los autónomos deberán aumentarse la base de cotización antes de cumplir los 47 años para percibir una mejor pensión en el futuro.El cobro de las pensiones es una de las mayores preocupaciones de los españoles en general y de los autónomos en particular. Muchos trabajadores por cuenta propia se preguntan qué pensión les quedará a ellos cuando decidan jubilarse. A continuación vamos a analizar las claves del actual sistema de cotización de los autónomos. En función de las decisiones que tomemos, podremos disminuir las enormes diferencias de pensión de jubilación con los asalariados, que superan en la actualidad los 510 euros cada mes, como certifica un estudio de UATAE publicado esta misma semana. Decisiones claves: cuánto cotizar y durante cuánto tiempoEl autónomo tiene que considerar dos parámetros, sobre los que tiene control. Cuánto aportar a su jubilación y durante cuánto tiempo hacerlo. Para responder a la primera pregunta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el autónomo puede elegir, libremente, cuánto cotizar a la Seguridad Social. Dicha elección cuenta con limitaciones especiales a partir de los 47 años. En la actualidad, la base máxima al cumplir esa edad queda limitada. Obligatoriamente, el autónomo tendrá que cotizar, como máximo, 2.052 euros mensuales, si su base de cotización fue inferior a 2.023,5 con anterioridad.Es por eso que este experto da un primer consejo: cotizar todo lo que se pueda antes de cumplir los 47 años. Cuestión que ahora es más sencilla, puesto que la Seguridad Social permite hasta cuatro cambios de cuota al año. De este modo, el trabajador por cuenta propia puede tomar mejores decisiones y modificar sus aportaciones a la Seguridad Social con mayor flexibilidad.Este es el principal factor que achaca Fernández a las bajas pensiones de los autónomos. Como aseguran diferentes informes oficiales, un gran porcentaje de estos profesionales cotiza por el mínimo. Esto nos da liquidez durante el ejercicio de la profesión. Sin embargo, nos resta ingresos en el futuro, en lo que a cobrar una mayor pensión se refiere.En conclusión, con respecto a cuánto cotizar el especialista concluye que lo más recomendable es, en primer lugar, cotizar por encima del mínimo antes de los 47 años. Y, en segundo lugar, recuerda la existencia de los planes de pensiones privados, como una opción de ahorro interesante para completar la pensión pública. Un producto que, en el caso del autónomo, cuenta además con ventajas fiscales.»Se caracterizan por reducir directamente la base imponible de la declaración de la renta, se difiere el pago del impuesto de la renta hasta el momento de su rescate y por permitir la desgravación de la base imponible del IRPF hasta la menor de las siguientes cantidades: 8.000 euros o bien hasta el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas», recuerda el experto.El tiempo, la otra clave del sistema de autónomosCuando se realiza un análisis de este elemento para el cálculo de las pensiones, se tienen muy en cuenta los años mínimos necesarios para acceder al 100% de la jubilación. Sin embargo, se deja de lado un factor fundamental: los años que realmente computan para el cálculo de las pensiones.El autónomo que se jubile ahora debe tener en cuenta que su pensión se calculará en base a lo cotizado en los últimos 21 años. Cuestión que, a partir de 2022, se ampliará a 25 años. Este sería el primer parámetro a tener en cuenta, a la hora de valorar la configuración de nuestra pensión de jubilación.Por otro lado, para que un autónomo pueda acceder al 100% de la pensión, si se jubila hoy día, debe haber cotizado 36 años y seis meses. Sin embargo, el experto recuerda que estos requisitos se irán endureciendo próximamente. Por ejemplo, el autónomo que prevea su jubilación en 2027 necesitará tener 67 años y haber cotizado un mínimo de 37.Esto puede obligar a los autónomos a postergar la jubilación, en el caso de que no cuenten con esos periodos. La situación es tal que Fernández de la Cigoña recuerda que existen trabajadores que se dan de alta de autónomos, a pesar de tener pocos ingresos, con el único objetivo de sumar nuevas aportaciones a la Seguridad Social que le permitan llegar a ese 100% de cobro de la pensión.FUENTE: CINCODÍAS