Las empresas definen el papel del delegado de protección de datos

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Las empresas definen el papel del delegado de protección de datos

Sobre los robots aspiradores conocemos muchos detalles, pero el sector de los cortacésped también está incorporando las diversas mejoras en sensores y conectividad. Si desde iRobot aseguraban que la inteligencia artificial permitirá “entender” nuestros hogares, no menos cierto es que los robots cortacésped más avanzados también están incorporando algoritmos que les permiten reconocer los obstáculos existentes en el jardín y mejorar la eficiencia de su recorrido.

Según algunos analistas, el mercado de los cortacésped tiene un potencial mayor que sus actuales ventas. Y es que pese a las distintas mejoras en su tecnología, comentan que se sigue viendo como un sector anticuado. Para ver qué ofrecen las distintas marcas, aquí repasamos sus nuevos modelos y cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el cuidado del césped.

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Las empresas definen el papel del delegado de protección de datos

La gestión de la seguridad, la implementación de la política de retención de datos o lograr integrar la privacidad en los procesos de las empresas son algunos de los desafíos a los que se enfrentarán los delegados de protección de datos. 
La figura del delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés) ha ganado protagonismo con el arranque de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Tras más de seis meses desde el inicio de su aplicación, los expertos están convencidos de que, a pesar de las dudas que existen sobre el texto legislativo europeo respecto al rol de DPO, existen más aspectos positivos que negativos.
«La normativa de protección de datos ha pasado a formar parte de una realidad dentro de las organizaciones. Eso le confiere un mayor peso al profesional que tiene que guiar a las instituciones y que debe ocupar un espacio clave dentro de las mismas», apunta Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y DPO de Pfizer en Europa. La experta asegura que si existe alguna dificultad en todo este cambio normativo únicamente se podría hablar de la concienciación. «Éste es un proceso complejo, que requiere que toda la organización se involucre para que funcione. El éxito del DPO no es el éxito del profesional, sino de la compañía que decida abrazar esos valores en su modelo de negocio». 
En esa misma línea se posiciona Carlos García-Mauriño, responsable de protección de datos para EMEA en General Electric Healthcare, que aseguró durante la jornada Luces y sombras del rol de DPO en la implementación del RGPD, organizado por la APEP, que «la figura del DPO necesita todavía de mucha maduración y se consolidará a lo largo de los años» y que, entre otros asuntos, todavía es necesario definir mejor el sistema de reporte de este trabajador con el consejo de administración. Para García-Mauriño, no sólo es esencial que el DPO encaje dentro de los parámetros fijados por el RGPD, sino que además debe «conocer perfectamente todos los aspectos de la ley, entender el negocio en el que se mueve, realizar estudios técnicos para saber qué necesita la empresa, así como ser diplomático, pragmático y tener sentido común».
¿Abogado o no?
En cuanto a la formación y el perfil necesario para ocupar este puesto, los expertos parecen tener diversas opiniones sobre el asunto. Para Enrique Peloche, DPO en LaLiga, «la persona más adecuada para ser responsable de protección de datos es un abogado, puesto que se dedica a interpretar las directrices y las leyes, y además debe tomar decisiones que no vayan contra la legislación vigente». Sin embargo, Álvarez afirma que este puesto no debe ser ocupado obligatoriamente por un letrado. «Ser abogado aporta un cierto bagaje, pero no es esencial para ser DPO. Lo que sí es fundamental es que la persona tenga amplios conocimientos jurídicos, técnicos y empresariales. Por eso, es básico hacer autocrítica al aceptar el puesto y si no se cuenta con todas las habilidades necesarias, buscar soluciones y aliados en la compañía». 
Sobre los mayores retos a los que se va a enfrentar un DPO en un futuro próximo, Peloche explica que quizá el mayor desafío puede ser «conseguir integrar la privacidad en el conjunto de procesos de la organización». Por su lado, García-Mauriño destaca como algo esencial «la gestión de la seguridad», pero es Álvarez la que vislumbra más retos para los próximos meses, como el uso indiscriminado del derecho de acceso, las dudas que puedan surgir sobre el uso del interés legítimo de los datos o las posibles prácticas de competencia desleal por parte de auditoras externas. 
Sin embargo, la presidenta de la APEP destaca que, «desde un punto de vista operacional, quizá el desafío más importante tiene que ver con la implementación de la política de retención de datos. Es difícil para un organismo, público o privado, saber cómo determinar cuándo los datos dejan de ser necesarios a los efectos de proceder a su destrucción, puesto que esto está determinado por normas de distintas características que cambian a lo largo del tiempo».
Administraciones
Los expertos están convencidos de que las empresas privadas han hecho los deberes y están demostrando que se toman muy en serio las obligaciones del RGPD. Sin embargo, no piensan lo mismo de lo que está ocurriendo con la Administración Pública. 
Para García-Mauriño, la falta de posibles sanciones impuestas por el reglamento podría ser una de las razones a este desinterés. Por su parte, Álvarez va más allá y asegura que las normas de protección de datos han nacido precisamente como un límite al Estado. «Es muy importante que la Administración Pública, con la cantidad ingente de información que tiene, se tome este asunto más en serio. Según la autoridad española de protección de datos, el número de nombramientos de DPO que les comunica la Administración no es equivalente a lo que ellos esperan, dado el tejido administrativo tan importante que tenemos en nuestro país. Es evidente que serán estos DPO los que más ayuda necesiten».
Responsabilidad y reparto
En el apartado de dudas, los expertos quisieron cerrar el debate sobre dos asuntos esenciales: la responsabilidad del DPO y cómo se debe realizar el reparto de delegados en las compañías. Respecto a este último punto, todos destacaron que en las multinacionales lo más lógico es contar con un único responsable para una amplia región. Por la experiencia acumulada, estos profesionales prefieren este sistema, para que no exista descoordinación. 
Este DPO multipaís, eso sí, deberá contar con el apoyo de enlaces locales -privacy stewarts- en los diferentes países cubiertos. En cuanto a la responsabilidad del DPO ante un incumplimiento, Cecilia Álvarez destaca que es importante que todo el mundo entienda que el Grupo Artículo 29 ya ha confirmado que «el DPO no es responsable de los incumplimientos, el responsable es la empresa y es ella la que será sancionada», aunque el delegado de protección de datos haya podido realizar un mal asesoramiento.
FUENTE: EXPANSION

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¿Se puede ser autónomo colaborador toda la vida?

Esta figura permite obtener ventajas para los familiares y los empresarios, aunque existen limitaciones que deben mantenerse en el tiempo, para no perder dichas ayudas.
En el mundo empresarial es muy común que el empresario autónomo opte por rodearse de personas de su confianza. Una de las figuras más comunes para darle forma jurídica a esta colaboración es la del autónomo colaborador.
Hablamos de autónomo colaborador cuando un familiar cercano al titular del negocio, que convive y trabaja con él, tiene un parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Además, esta persona no podrá trabajar por cuenta ajena.
De esta manera, padres, hijos, hermanos o cónyuges podrán ser autónomos colaboradores, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y trabajen con el empresario o empresaria de manera regular.
No obstante, desde Territorio Pyme nos surge la duda de cuánto es el límite de tiempo que una persona puede estar bajo el amparo de esta figura. La respuesta a ello es de la siguiente manera:
El autónomo colaborador podrá mantener su situación de manera indefinida siempre y cuando continúen existiendo las mismas circunstancias que en el momento en el que se realizó. Es decir, si un hijo se independiza no podrá ejercer esta ventaja y debería ser contratado por su padre o darse de alta en el RETA.
En caso de separación de hecho o divorcio, el cónyuge también perdería el derecho de figurar como autónomo colaborador familiar.
Con respecto al primer punto (convivencia) existen dudas sobre la necesidad de su mantenimiento, ya que en las últimas normativas no se especifica como requisito para ser autónomo colaborador. Sin embargo, desde la publicación especializadas Iberley, recuerdan que la no especificación da lugar a un vacío legal que determina que sigue siendo aplicable; ya que las anteriores normas sí lo marcan como requisito. Dicho de otro modo, para estar 100% seguros de que no violamos el requisito (lo que conllevaría la pérdida de las ayudas y bonificaciones), lo recomendable es mantener la convivencia.
Ventajas
Para los autónomos colaboradores no es preciso darse de alta en Hacienda, como en el caso de los autónomos convencionales. Además, no tendrán que realizar las declaraciones trimestrales del IVA e IRPF, teniendo que hacerlo el autónomo titular del negocio exclusivamente.
Además, desde 2012 también se benefician de un 50% de reducción en la cuota de autónomos durante 18 meses.
Paso a seguir
Para darse de alta como autónomo colaborador, una vez se cumplan los requisitos, se deberá descargar en la web de la Seguridad Social el formulario de alta, bajo el modelo TA0521/2,
Con esto, se estaría haciendo efectiva la solicitud de alta en el RETA bajo la figura de autónomo colaborador.
FUENTE: CINCODÍAS

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Trabajo ya levanta actas para frenar el trasvase de trabajadores al RETA

El Gobierno trata de evitar que los empresarios busquen “incentivos” al pasar a sus trabajadores del Régimen General al RETA
Evitar los trasvases de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es uno de los objetivos en los que ahora trabaja el Gobierno con el objetivo de evitar la “picaresca fiscal”.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha informado, en declaraciones a Europa Press, que el Ministerio se ha dado percatado de que en la ley general sobre infracciones no existe una pena que castigue como delito o falta los falsos encuadramientos en un régimen u otro de la Seguridad Social.
Tal y como ha anunciado, el Gobierno va a perseguir esta situación para evitar que se generen «situaciones imposibles».

Un problema tolerado por la anterior Administración
Según el actual Gobierno, la anterior Administración toleró que algunos trabajadores estuvieran toda la vida «mal encuadrados» y ahora la Inspección de Trabajo está levantando actas por las que se están pidiendo a las empresas hasta cuatro años de cotización atrasadas, lo que supone una petición que puede llegar a unos 7 o 10 millones de euros.
«Vamos a ver cómo salimos de este embrollo. De momento, hemos conseguido garantizar derechos de trabajadores y de la Seguridad Social que es esencial», ha apuntado Granado.
Reducir las cotizaciones
Según consideran, el hecho de que los trabajadores autónomos tengan una base de cotización por debajo de la base general del sistema «puede generar incentivos» para que los empresarios con trabajadores, que ahora están en el Régimen General, pasen a buscar «una forma de reducir cotizaciones encuadrándolos en el RETA».
«Esta Administración no va a permitir que se produzca un trasvase del Régimen General al RETA», ha dejado claro el secretario general de la Seguridad Social, que también ha apuntado que de momento la Tesorería General de la Seguridad Social ya tiene mandato para desarrollar un protocolo de vigilancia. «Tenemos que iniciar un proceso muy claro para evitar que se produzcan esas anomalías», ha añadido.
FUENTE: CINCODÍAS

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Una IA logra contar una a una todas las placas solares de EEUU partiendo únicamente de fotos de satélite

Una IA logra contar una a una todas las placas solares de EEUU partiendo únicamente de fotos de satélite

Configurar y gestionar una infraestructura eléctrica a nivel nacional es una empresa extraordinariamente compleja, que muchos grandes países no han sido capaces de resolver aún adecuadamente (por unas razones u otras).

En los Estados Unidos, por ejemplo, los apagones (de amplias zonas del país y a veces durante más de 24h) constituyen un problema endémico. Pero, por si esto no fuera poco, las energías renovables, pese a su innegable utilidad, añaden otro grado de complejidad al problema.

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Las (claras) ventajas para el autónomo que tiene Contingencias Profesionales

Una IA logra contar una a una todas las placas solares de EEUU partiendo únicamente de fotos de satélite

Configurar y gestionar una infraestructura eléctrica a nivel nacional es una empresa extraordinariamente compleja, que muchos grandes países no han sido capaces de resolver aún adecuadamente (por unas razones u otras).

En los Estados Unidos, por ejemplo, los apagones (de amplias zonas del país y a veces durante más de 24h) constituyen un problema endémico. Pero, por si esto no fuera poco, las energías renovables, pese a su innegable utilidad, añaden otro grado de complejidad al problema.

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Las (claras) ventajas para el autónomo que tiene Contingencias Profesionales

¿Qué son las contingencias profesionales? ¿Me conviene escogerlas como autónomo? ¿Qué pasará si finalmente son obligatorias?
Actualmente, un autónomo decide la protección social que quiere tener, en función de las coberturas escogidas. Las contingencias comunes son obligatorias, y cubren al profesional en caso de enfermedad común. Sin embargo, en la mayoría de las actividades como autónomo, las contingencias profesionales son a día de hoy opcionales. Es decir, si tenemos un accidente o enfermedad derivada de nuestra actividad laboral, tendremos peores coberturas.
Esta situación puede cambiar, pues el reciente acuerdo entre asociaciones de autónomos y Gobierno plantea la posibilidad de que las contingencias profesionales sean obligatorias para todos. Por esa razón analizamos a continuación qué aportaría al autónomo contar con ellas.
En una jornada de Unión de Mutuas celebrada en Barcelona, se han analizado los diferentes tipos y bases de cotización existentes para el profesional autónomo.
Como decíamos, cotizar por contingencias profesionales supone para el trabajador autónomo el tener cubiertas las coberturas por accidente laboral. Cuando un autónomo, por desconocimiento, no cotiza por contingencias profesionales, cuando sufre un accidente o enfermedad laboral carece de cobertura sociales.
De ahí que, según se explicó en la jornada, la cotización que elija el autónomo “es clave”, puesto que “determinará en el futuro su protección social”, incluida la cantidad que cobrará por baja laboral.
Contingencias profesionales vs contingencias comunes
En este caso, si un autónomo que cotiza por contingencias profesionales sufre un accidente laboral, cobrará desde el día siguiente a la baja médica el 75% de la base de cotización del mes anterior a la baja. Sin embargo, si el trabajador autónomo no ha optado por la contingencia profesional, cuando cause baja médica deberá de cumplir un periodo de carencia de 180 días cotizados, por lo que no cobrará los tres primeros días, del 4º al 20º cobrará solo el 60 % de su base reguladora y sólo a partir del 21º día cobrará el 75%.
Y es que una de las grandes diferencias entre las contingencias comunes y las profesionales es que las primeras no cubren las prestaciones por muerte y supervivencia, mientras que las contingencias profesionales aseguran el derecho de los familiares a tener una indemnización especial a tanto alzado de seis mensualidades de la base reguladora y una mensualidad más por cada hijo beneficiario.
Por otro lado, si el accidente deriva en una incapacidad permanente total, absoluta o una gran invalidez, la cuantía del subsidio variará. Si el autónomo tiene la cobertura por contingencia profesional, para el cálculo de la prestación se toman los últimos 12 meses cotizados, con lo que la cuantía resultante es mucho más próxima a la realidad económica del autónomo y, probablemente, más alta al reducirse el periodo de cotización.
FUENTE:CINCODÍAS

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¿Qué nuevos derechos 'digitales' reconoce la ley de protección de datos a los trabajadores?

La nueve Ley Orgánica reconoce y regula el ejercicio de derechos como el de la desconexión laboral
La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que entró en vigor el pasado 7 de diciembre, reconoce expresamente a los trabajadores un conjunto de derechos digitales que pueden hacer valer frente al empresario. Alguno de ellos, como el derecho a la desconexión laboral, es la primera vez que se regula, otros, como la intimidad frente a la videovigilancia se ejercitaban ya dentro del genérico derecho fundamental a la intimidad (reconocido por el artículo 18 de la Constitución) pero referido al ámbito laboral. En este último caso los tribunales han ido, caso a caso, delimitando las líneas rojas de la empresa a la hora de controlar a sus empleados.
La gran novedad es que, ahora, existe un precepto que recoge explícitamente estos derechos, regula su extensión, y, además, incorpora una serie de garantías para protegerlos. Por otro lado, el legislador extiende estos nuevos derechos digitales a los empleados públicos.

Uso de dispositivos digitales
El artículo 87 de la ley reconoce a los trabajadores el «derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador» y a su vez, la obligación del empresario de «establecer criterios de utilización» estos dispositivos. Estos deberán respetar en todo caso los «estándares mínimos» de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente.
Esta cláusula, a diferencia de la regla general del Código Civil, enumera en primer lugar el uso o costumbre como parámetro al que deben ajustarse los criterios de utilización del ordenador y otros dispositivos. De esta manera, deberá tenerse muy en cuenta el hábito social generalizado la tolerancia en el uso, por ejemplo, de internet. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (accede aquí al texto), que confirmaba el despido disciplinario de un empleado por navegar demasiado en su tiempo de trabajo, tuvo en cuenta que este hacía un uso de la red que triplicaba el de sus compañeros.
Además de establecer criterios claros en el uso de estos dispositivos digitales, la ley precisa que deben establecerse garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, «tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados» (acceso a redes sociales, cuentas de correo, leer el periódico, etc.).
En todo caso, los trabajadores deben ser informados de los criterios de utilización que se establezcan.
Desconexión digital
El conocido como derecho a la desconexión digital regulado en el artículo 88 de la ley tiene su origen en la legislación francesa, y establece una garantía para que se respete el descanso, permisos y vacaciones, de los trabajadores (incluidos los directivos) fuera del horario laboral, así como su intimidad personal y familiar.
La dificultad de articular este derecho queda patente en el desarrollo que hace la norma. Se establece que las modalidades de ejercicio «atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral» y se «sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores».
Por otro lado, el empleador debe incluir una política interna, consensuada con los trabajadores, que establecerá cómo se puede ejercitar este derecho y sensibilizará sobre el riesgo de fatiga informática. La norma se refiere al caso particular del teletrabajador, señalando que se garantizará su derecho a la desconexión informática.
Preservar el descanso y la intimidad personal y familiar a veces entra en conflicto con determinadas exigencias de la relación laboral. El Tribunal Supremo confirmó en una reciente sentencia (accede aquí al texto) el despido de un conductor que se negó a prolongar su jornada para cumplir con las exigencias de un cliente. Existía en este caso un acuerdo firmado con los representantes de los trabajadores para atender estas eventualidades.

Videovigilancia y grabación de sonidos
La ley permite al empleador el tratamiento de las imágenes obtenidas mediante videocámaras. Sobre la colocación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo para controlar a los empleados hay muchas resoluciones judiciales. La más comentada fue la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligó a indemnizar a cinco cajeras filmadas robando porque no se les informó de las cámaras ocultas.
En el actual artículo 89 de la ley se hace referencia a este caso concreto y se establece que si la cámara captó la comisión flagrante de un ilícito se entenderá cumplido el deber de informar a los empleados de esta medida cuando el dispositivo incluya un cartel o dispositivo que cumpla con los estándares previstos en la norma. Debe colocarse en un lugar visible e informar al menos de que se realizará tratamiento de las imágenes, la identidad del responsable, así como la posibilidad de ejercitar los derechos sobre las imágenes, principalmente de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
Se prohíbe la instalación de cámaras o sistemas de grabación de sonido en lugares de descanso como, por ejemplo, los comedores. También limita el uso de sistemas de grabación de sonidos a situaciones en los que sea una medida relevante para evitar riesgos en la «seguridad de las instalaciones, bienes o personas», aunque siempre respetando el principio de proporcionalidad.
Geolocalización
El artículo 90 reconoce el derecho del empleador a tratar los datos obtenidos a través del sistema de geolocalización de automóviles o dispositivos móviles para controlar a sus empleados. Siempre se ha de informar a los trabajadores de la existencia y características de estos dispositivos, así como sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
De la jurisprudencia existente hasta ahora, existen dos reglas básicas: la empresa puede controlar al empleado mediante GPS siempre que esté previamente informado, y, este control no podrá exceder de la jornada u horario laboral, como estableció el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una sentencia.
FUENTE: EL PAÍS

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Los 12 momentos tecnológicos más importantes del año (Despeja la X, 1×29)

Los 12 momentos tecnológicos más importantes del año (Despeja la X, 1x29)

Menudo año. Si en enero nos dicen que 2018 iba a ser tan «movidito» en lo que se refiere a tecnología y ciencia… posiblemente no nos lo habríamos creído. Que hasta Zuckerberg se ha puesto traje (raro) y ha tenido que comparecer delante del Senado de Estados Unidos (más raro aún).

El capítulo de Despeja la X de esta semana es un poco especial, y es que contamos con la presencia de muchos de los colaboradores de Xataka que han ido apareciendo en el podcast durante estos meses. Les hemos preguntado cuál ha sido, para ellos, el gran momento tecnológico del año, y a continuación puedes escuchar lo que nos han respondido. A los mandos, como siempre, nuestro gran compañero Santiago Araujo. Leer más

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Cuando el concurso de acreedores es solo un punto y seguido

Los 12 momentos tecnológicos más importantes del año (Despeja la X, 1x29)

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