Huawei P Smart 2019, análisis: el primer candidato a superventas de 2019 aún tiene asignaturas pendientes

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Huawei P Smart 2019, análisis: el primer candidato a superventas de 2019 aún tiene asignaturas pendientes

Huawei P Smart 2019, análisis: el primer candidato a superventas de 2019 aún tiene asignaturas pendientes

Su apellido lleva a engaño porque lo hemos conocido a últimos de 2018, pero se trata de una jugada que Huawei repite con el smartphone que abre la veda de los más ajustados en precio en la media gama. Así, ya hemos visto cómo empiezan los chinos su curso del año que empieza el martes en el análisis del Huawei P Smart 2019.

Al Huawei P Smart lo daban a conocer también a finales de año (aunque llegaba a Europa y otras localizaciones ya en enero) como sucesor del Huawei P8 Lite, actualizando nomenclatura pero conservando misión: repetir el éxito de su antecesor. Este año se mantiene el nuevo apellido y también el cocktail del procesador de la casa y la doble cámara, aunque actualizando su aspecto al integrar el notch. Veamos qué tal han resuelto la apuesta para lograr un nuevo top ventas.

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La nueva ‘Ley de Startup’ diferenciará a los emprendedores de las pymes

Huawei P Smart 2019, análisis: el primer candidato a superventas de 2019 aún tiene asignaturas pendientes

Su apellido lleva a engaño porque lo hemos conocido a últimos de 2018, pero se trata de una jugada que Huawei repite con el smartphone que abre la veda de los más ajustados en precio en la media gama. Así, ya hemos visto cómo empiezan los chinos su curso del año que empieza el martes en el análisis del Huawei P Smart 2019.

Al Huawei P Smart lo daban a conocer también a finales de año (aunque llegaba a Europa y otras localizaciones ya en enero) como sucesor del Huawei P8 Lite, actualizando nomenclatura pero conservando misión: repetir el éxito de su antecesor. Este año se mantiene el nuevo apellido y también el cocktail del procesador de la casa y la doble cámara, aunque actualizando su aspecto al integrar el notch. Veamos qué tal han resuelto la apuesta para lograr un nuevo top ventas.

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La nueva 'Ley de Startup' diferenciará a los emprendedores de las pymes

El Gobierno abre una consulta pública para determinar la naturaleza jurídica especial de este tipo de empresas Las Startup españolas disfrutarán de un marco normativo propio que les distinguirá de las pequeñas empresas. El gobierno español inicia el procedimiento legislativo con un anteproyecto de ley para el ‘Fomento del Ecosistema de Startups’. Con esta iniciativa, el ejecutivo quiere reconocer la naturaleza jurídica especial que acompaña a este tipo de negocios. «Por su singularidad, estas empresas deben regirse por una categoría específica propia», señalan fuentes del Ministerio.
La que se ha bautizado como ‘Ley de Startup’, inicia su andadura con una consulta pública que estará abierta a toda la ciudadanía hasta el próximo 25 de enero. Lo que persigue el ejecutivo es escuchar las necesidades de los agentes más importantes del sector, algo que ya ha comenzado a hacer el Ministerio de Economía y Empresa. Según ha podido confirmar Expansión, Francisco Polo, secretario de Estado de Agenda Digital, mantuvo una reunión ayer con los principales agentes que integran el ecosistema emprendedor español. 
Entre los asistentes a la cita se encontraban representantes de la patronal del capital riesgo, líderes de compañías del sector digital, fondos de `private equity’ y algunos de los nombres más destacados entre los emprendedores españoles.
Algunas de las reclamaciones que con más fuerza sonaron entre los asistentes se recogerán en forma de singularidades, las que dotará a las startup el nuevo marco jurídico que se recogerá en la nueva ley. En particular, el potencial global de sus modelos de negocio, su fuerte vocación innovadora y las especificidades de sus necesidades de financiación durante las primeras etapas de vida de los proyectos. 
El objetivo de esta norma es crear un marco legal adecuado al emprendimiento de base tecnológica, permitiendo la flexibilidad que requiere el dinamismo del ecosistema innovador y tratando de dotar a España de una legislación adaptada a la realidad de estas compañías. 
El proceso normativo ha sido puesto en marcha por el Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, y forma parte esencial de la estrategia España Nación Emprendedora para reconvertir el modelo productivo del país a través del impulso al emprendimiento.
FUENTE: EXPANSIÓN

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El administrador de una página web que ha insertado el plug-in de un tercero, como el botón ‘Me gusta’ de Facebook es corresponsable de esa fase del tratamiento de datos

Con respecto a esas operaciones de tratamiento de datos, el administrador de la página web debe facilitar a los usuarios la información mínima exigida y, cuando sea preciso, obtener su consentimiento antes de que los datos se recaben y transfieran.
TJUE
El logo de Facebook se muestra en la sede central de la compañía en Palo Alto, EEUU.
Fashion ID es una empresa alemana de comercio electrónico dedicada a la venta de artículos de moda. Dicha empresa insertó en su página web un plug-in: el botón «Me gusta» de Facebook. De esta manera, cuando un usuario accede a la página web de Fashion ID, se transfiere a Facebook la información sobre la dirección IP del usuario y la secuencia del navegador. Dicha transferencia se realiza automáticamente cuando se carga la página web de Fashion ID, con independencia de que el usuario haya pulsado o no el botón «Me gusta» o de que tenga o no cuenta en Facebook.
Verbraucherzentrale NRW, una asociación alemana de defensa de los consumidores, ejercitó una acción de cesación contra Fashion ID, al considerar que el uso del botón «Me gusta» de Facebook infringía la normativa sobre protección de datos.
El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), que conoce del asunto, solicita que se interpreten diversas disposiciones de la derogada Directiva de Protección de Datos de 1995 [1] (la cual, aunque es aplicable a este asunto, ha sido sustituida por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 2016, [2] que entró en vigor el 25 de mayo de 2018).
En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Michal Bobek propone al Tribunal de Justicia que declare, primero, que la Directiva no se opone a una normativa nacional que reconoce a las asociaciones de utilidad pública legitimación activa para demandar al presunto infractor de la legislación de protección de datos a fin de proteger los intereses de los consumidores.
A continuación, el Abogado General propone que el Tribunal de Justicia declare que, conforme a la Directiva de Protección de Datos, el administrador de una página web (como Fashion ID) que ha insertado en su página web un plug-in de un tercero (como el botón «Me gusta» de Facebook) que genera la recogida y transmisión de datos personales del usuario debe ser considerado corresponsable del tratamiento, conjuntamente con dicho tercero (en el presente asunto, Facebook Ireland).
[1] Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
[2] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE [Reglamento general de protección de datos (abreviado, RGPD)] (DO 2016, L 119, p. 1).
No obstante, esa responsabilidad (conjunta) del responsable del tratamiento debe limitarse a aquellas operaciones respecto de las cuales decide efectivamente de manera conjunta sobre los medios y los fines del tratamiento de los datos personales.
Ello significa que sobre un responsable (conjunto) del tratamiento recae la responsabilidad de la operación o de la serie de operaciones en relación con las cuales comparta o codetermine los fines y los medios en lo que respecte a una determinada operación de tratamiento. En cambio, esa persona no puede ser considerada responsable ni de las fases anteriores o posteriores de la cadena de tratamiento de los datos, los fines o medios de las cuales no esté en condiciones de determinar.
Atendiendo a los hechos del presente asunto, parece por tanto que Fashion ID y Facebook Ireland deciden conjuntamente sobre los medios y los fines del tratamiento de los datos en la fase de recogida y transmisión de los datos personales en cuestión. Sin perjuicio de la comprobación que debe llevar a cabo el órgano jurisdiccional nacional, tanto Facebook Ireland como Fashion ID parecen haber generado voluntariamente la fase de recogida y transmisión de los datos y, aunque no hay identidad, existe una unidad de fines: una finalidad comercial y publicitaria (la decisión de Fashion ID de insertar el botón «Me gusta» de Facebook en su página web parece estar inspirada por el deseo de aumentar la visibilidad de sus productos a través de dicha red social).
Por lo tanto, con respecto al proceso de tratamiento de los datos en la fase de recogida y transmisión de los datos personales, Fashion ID actúa como responsable de dicho tratamiento y, en esta medida, es responsable junto con Facebook Ireland.
En cuanto a la legitimidad del tratamiento de datos personales sin el consentimiento del usuario de la página web, 3 el Abogado General recuerda que dicho tratamiento es lícito conforme a la Directiva cuando se cumplen tres requisitos acumulativos: primero, que el responsable del tratamiento o el tercero o terceros a quienes se comuniquen los datos persigan un interés legítimo; segundo, que el tratamiento sea necesario para satisfacer ese interés legítimo y, tercero, que no deban prevalecer los derechos y libertades fundamentales del interesado en la protección de los datos.
A este respecto, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que el interés legítimo de ambos corresponsables (Fashion ID y Facebook Ireland) ha de tenerse en cuenta y ponderarse con los derechos de los usuarios de la página web.
El Abogado General también propone que se declare que el consentimiento del usuario de la página web ha de prestarse, en su caso, al administrador de ésta (Fashion ID) que ha insertado el contenido de un tercero. De igual manera, la obligación de facilitar al usuario de la página web la información mínima se impone al administrador de la misma (Fashion ID).
Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
FUENTE: LEGALTODAY

Source: econsulting

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Hacienda debe probar que una empresa sucede a otra para exigirle sus deudas

La justicia aclara que el Estado debe demostrar una conexión directa entre dueños, plantilla y actividad.
Desde el inicio de la crisis financiera en septiembre de 2008 hasta ahora, 10 años después, se han disuelto en España más de 210.000 empresas, muchas de las cuáles dejaron cuantiosas deudas pendientes con el fisco. En este mismo plazo, sin embargo, se han constituido a su vez más de 908.000 nuevas compañías, según los datos recopilados por Instituto Nacional de Estadística (INE). En algunos casos, se trata de negocios que heredan la actividad, pero también las responsabilidades fiscales, de las firmas extintas. Así, en los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.
El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.
Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementos suficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.
De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.
Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedores, clientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.
La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.
“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”.
El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.
LA MORATORIA QUE LOGRE UN DEUDOR SOLIDARIO NO PROTEGE AL RESTO
Cuando Hacienda reclama una única deuda tributaria a varios deudores, siendo uno el principal y el resto responsables solidarios, basta con que el principal haga frente al monto pendiente para librar al resto de sus obligaciones. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando uno de los deudores solidarios logra una suspensión del procedimiento de cobro o su moratoria. Así lo ha aclarado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en un reciente pronunciamiento en el que unifica criterio y pone fin a varios años de controversia judicial. Si bien el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León se había basado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 para establecer que la protección que logre un único deudor beneficia al resto, el TEAC aclara que la suspensión del procedimiento de recaudación solo cursa para quien la solicita con éxito. El resto de deudores seguirán sujetos al requerimiento de la Agencia Tributaria. Se recomiendan recurrir las declaraciones de responsabilidad que se reciban, para lo que hay un plazo de un mes, y solicitar la suspensión o el fraccionamiento del pago, para lo que hay plazo de entre cinco y siete semanas.
FUENTE: CINCODÍAS

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Limitaciones a la venta con pérdida en la distribución comercial

Mediante el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España se modifica el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, dando así cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de octubre de 2017.
Doctrina del TJUE
El TJUE, como consecuencia del procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentación S. A., declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en el que se regula la venta con pérdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior.
La venta con pérdida tiene lugar cuando el precio aplicado a un producto es inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.
A modo de resumen, la Sentencia del TJUE viene a decir que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con pérdida, que no pueden regularse excepciones a esta prohibición basadas en criterios que no estén recogidos en la directiva, que los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en una norma de la Unión Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, y que la deslealtad de la venta con pérdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva.
Como la regulación sobre la venta a pérdida no se adaptaba a las exigencias comunitarias, se ha procedido a modificar el artículo 14 con urgencia. Así, se da cumplimiento al pronunciamiento del TJUE para evitar un procedimiento sancionador por incumplimiento del derecho europeo, a la vez que intenta superar la inseguridad jurídica que existe sobre esta cuestión dentro de la economía española.
La nueva regulación de la venta a pérdida ya no establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea.
Por otra parte, esta norma respeta las competencias autonómicas, ya que las Comunidades Autónomas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de comercio y/o de consumo en función de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulación sigue manteniendo la definición técnica de venta con pérdida, que facilita a las Comunidades Autónomas su función de inspección y sanción, ya que les proporciona el indicio, pero dado que esto no es suficiente para imponer la sanción, debe acreditarse que además de existir venta a pérdida ésta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina la ley.
Pero, ¿cuándo se ha de considerar desleal la venta a pérdida? Se dan cuatro casos bien definidos en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Estos son:
1) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento.
2) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno.
3) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
4) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.
FUENTE: DISJUREX

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Plan de Empleo Joven 2019-2021

Resolución de 7 de diciembre de 2018. Aprueba un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de choque por el empleo joven 2019-2021. El plan se estructura en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, y emprendimiento y mejora del marco institucional, y cincuenta medidas.
(BOE 296/2018, publicado el 8 de diciembre)                Ver documento
FUENTE: BOE

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«El RGPD es complejo y las pymes necesitan asesoramiento»

Mucho se ha hablado de que las empresas deben hacer frente a una regulación excesiva. Algunas de estas normas seguramente sean innecesarias, pero otras resultan fundamentales e intentan que las compañías se adapten a nuevas circunstancias. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en este sentido, viene a poner límites al uso que las empresas hacen de los datos, que ya sin duda son el oro del siglo XXI. Por eso mismo y porque contienen material sensible, se deberían proteger bajo una regulación bastante exigente. Para discutir sobre ello, LA RAZÓN organizó el debate «Pymes y autónomos: retos legales y soluciones aseguradoras», con la participación de Paloma Arenas, directora general de E2K Global; José Luis Piñar, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo, abogado y consultor experto en protección de datos; Carmen Peña, directora de la revista «PymeSeguros»; Montserrat Fraga, asesora jurídica interna de SOS Seguros y Reaseguros, así como el director Comercial y de Negocio de la misma empresa, Carlos Nadal.
El coloquio comenzó recordando que el pasado 21 de noviembre el Senado aprobó el proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La normativa «adapta el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo que será aplicable a todas las empresas que traten datos». Ya sean de clientes, de proveedores o de asociados. Por eso, a día de hoy, pocas se salvan de tener que cumplirlo.
No será sencillo, «la norma tiene cierta complejidad». Anteriormente, existían unos pasos bien marcados, como registrar los ficheros y realizar una auditoría cada dos años. Ahora se debe reconocer para qué son esos datos, por qué y para qué se poseen, qué se pretende hacer con ellos y a quién existe la posibilidad de cederlos. Para empezar, la compañía tendría que responder a todas estas preguntas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que será el órgano que vigile que la nueva regulación se cumpla. A partir de ahí, el marco jurídico es poco claro porque «dicta que cada uno tiene que hacer lo que considere con los datos según los riesgos que generan».
Implantación
Por lo tanto, no se podrá hacer un uso deliberado de los datos y, además, deberán estar protegidos lo máximo posible, ya estén acumulados en formato físico o digital. Tanto acostumbrarse a tratarlos con más cuidado y aplicar las herramientas adecuadas llevará su tiempo. Arenas admitió que «es difícil de implantar en los sistemas de trabajo, por eso las pymes y autónomos necesitan asesoramiento jurídico».
Por unas pequeñas tasas, afirmó Nadal, se puede acceder a ese tipo de servicio, al contrario de lo que normalmente se pensaba: «Una empresa de unos 20 empleados, por ejemplo, puede tener el asesoramiento jurídico completo por entre 400 y 500 euros». Vale la pena cuando el disgusto que uno se puede llevar es mucho más costoso. Las multas por incumplimiento del RGPD pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% del volumen global de la compañía. La sanción media que impone la AEPD es de 60.000 euros y con eso, aseguró Piñar, «ya hundes a cualquier pyme o autónomo».
E incurrir en un error que conlleve multa es bastante sencillo. La regulación establece que las brechas de seguridad deben ser comunicadas en, como mucho, 72 horas. No obstante, comentó Carmen Peña que resulta complicado hacerlo en ese plazo porque «casi todas las pymes tienen externalizadas sus bases de datos y, por lo tanto, no es seguro que alguien se dé cuenta del fallo a tiempo». En este sentido, Arenas manifestó que «no hay un sistema completamente seguro, existen riesgos que no se pueden evitar».
Pero se pueden mitigar, y el asesoramiento jurídico ayuda a conocer cómo reducir las consecuencias de la Ley en caso de que se cometa un fallo. Porque si la AEPD tiene que actuar contra una empresa, la mejor situación para ésta es demostrar que ha hecho todo lo posible por mantener los datos protegidos. «No es lo mismo que te roben con la puerta abierta que cerrada», dijo Arenas. Aunque de momento la Agencia se ha mostrado un poco benévola, sabiendo la dificultad de aplicar las normas en los primeros meses, poco a poco se irá endureciendo.

Potencial
Montserrat Fraga aseguró que cuando de verdad se imponga una norma millonaria por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos en España, el resto de empresas será más conscientes el perjuicio que les puede acarrear a ellas. Entonces, el sector asegurador estará preparado para reaccionar. «Ya vemos un mercado potencial importante porque nos llegan consultas y necesidades sobre este tema, e irá creciendo según vaya actuando la Agencia», sostuvo Nadal.
No hay que tener en cuenta sólo las multas. Para Piñar, no proteger los datos debidamente supone «un riesgo reputacional muy grande». La caída de Facebook y de Cambridge Analytica son buena muestra de ello. Y es que la gente sabe que sus datos, a día de hoy, son oro para las empresas. Los pueden analizar y tomas decisiones en base a ellos para perfeccionar su negocio. A cambio, los consumidores sólo piden que cualquiera no pueda acceder a su información personal.
Si ya todos somos conscientes del valor que poseen los datos en la actualidad, las compañías aún no han aprendido del todo que «los datos que acumulan no son suyos sino de los titulares», aseguró Piñar. Tener esto claro es el primer paso para que una empresa no cometa el error de tratar los datos para una finalidad para la que no se ha dado el consentimiento, como cederlos a otra o emprender campañas comerciales con ellos.
A evitar
José Luis Piñar expuso un curioso caso de uso indiscreto de los datos y que puede acabar en sanción. Un hotel que envía una carta de fidelización a un cliente que se ve allí con un amante, y su pareja lo descubre al abrir el buzón. También recuerda que se debe evitar tener documentos a la vista en los despachos, como suele ocurrir, porque no se sabe quien puede verlos. Igualmente, no es recomendable llevar encima un «pendrive» con datos, porque siempre se puede perder. Además, Piñar recordó que «cada vez las personas despechadas ponen más denuncias, la competencia o empleados despedidos que saben que en su empresa se producen fallos de seguridad en torno a los datos».
En definitiva, las pymes y los autónomos tendrán que mantener los ojos bien abiertos para no cometer errores costosos. 
FUENTE: LA RAZÓN

Source: econsulting

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Nuevas líneas de ayuda a pymes que impulsen I+D+i

Ponen en marcha unas ayudas para fomentar las actividades de I+D+i en España hasta 2020
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha puesto en marcha una línea de ayudas para impulsar la inversión en I+D+i. A estos incentivos podrán acceder pequeñas o medianas empresas que tengan menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros. Además de las empresas, podrán beneficiarse las asociaciones empresariales.
Objetivo de las ayudas
Según las condiciones y bases recientemente publicadas en el Boletín Oficial del Estado, el objetivo de estas subvenciones es activar la inversión privada en I+D+i, fortalecer las capacidades tecnológicas y de innovación del tejido productivo y favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya existentes así como actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido industrial.
Las ayudas que regula la orden publicada se encargarán de financiar total o parcialmente proyectos de I+D, proyectos de pymes basados en el uso de tecnologías o desarrollos tecnológicos, estudios de viabilidad valorados positivamente dentro del programa Horizonte 2020 y proyectos I+D disruptivos.
Costes imputables y cuantías
Son financiables dentro de estas ayudas los Costes de Personal, los de instrumental y material inventariable para llevar a cabo el proyectos, los costes de investigación contractual y/o patentes, gastos generales en material y suministros o gastos de informes. También costes indirectos, que serán calculados proporcionalmente en base a los costes directos o de personal presentados anteriormente.
Según recoge el capítulo IV, las ayudas se concederán bajo la modalidad de subvención, a excepción de las dirigidas a incentivar el liderazgo. Una línea especial que se financiará mediante premios. Las cuantías se determinarán en función de la disponibilidad presupuestaria, el coste financiable real y los límites impuestos por las normativas europeas. Dependiendo del proyecto, la cuantía máxima de las ayudas será de hasta el 70% (si se trata de investigación industrial en el caso de las pequeñas empresas), del 60% de la subvención (en caso de medianas); o del 50% en el caso de las grandes empresas. Sea como fuere nunca podrán superar los 200.000 euros por empresa, o 100.000 si es del sector del transporte por carretera.
FUENTE: CINCODÍAS

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«Eso no es una rama vieja, es el árbol de Navidad»: los cortacésped con IA reconocen obstáculos y aprenden a moverse por el jardín

Sobre los robots aspiradores conocemos muchos detalles, pero el sector de los cortacésped también está incorporando las diversas mejoras en sensores y conectividad. Si desde iRobot aseguraban que la inteligencia artificial permitirá “entender” nuestros hogares, no menos cierto es que los robots cortacésped más avanzados también están incorporando algoritmos que les permiten reconocer los obstáculos existentes en el jardín y mejorar la eficiencia de su recorrido.

Según algunos analistas, el mercado de los cortacésped tiene un potencial mayor que sus actuales ventas. Y es que pese a las distintas mejoras en su tecnología, comentan que se sigue viendo como un sector anticuado. Para ver qué ofrecen las distintas marcas, aquí repasamos sus nuevos modelos y cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el cuidado del césped.

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