Limitaciones a la venta con pérdida en la distribución comercial

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Limitaciones a la venta con pérdida en la distribución comercial

Mediante el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España se modifica el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, dando así cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de octubre de 2017.
Doctrina del TJUE
El TJUE, como consecuencia del procedimiento prejudicial c-295/16, caso Europamur Alimentación S. A., declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en el que se regula la venta con pérdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior.
La venta con pérdida tiene lugar cuando el precio aplicado a un producto es inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación.
A modo de resumen, la Sentencia del TJUE viene a decir que no puede haber prohibiciones generales de ofertar o realizar ventas con pérdida, que no pueden regularse excepciones a esta prohibición basadas en criterios que no estén recogidos en la directiva, que los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en una norma de la Unión Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores, y que la deslealtad de la venta con pérdida debe determinarse caso por caso, atendiendo a los criterios que fija la propia Directiva.
Como la regulación sobre la venta a pérdida no se adaptaba a las exigencias comunitarias, se ha procedido a modificar el artículo 14 con urgencia. Así, se da cumplimiento al pronunciamiento del TJUE para evitar un procedimiento sancionador por incumplimiento del derecho europeo, a la vez que intenta superar la inseguridad jurídica que existe sobre esta cuestión dentro de la economía española.
La nueva regulación de la venta a pérdida ya no establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores en el mercado interior. También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea.
Por otra parte, esta norma respeta las competencias autonómicas, ya que las Comunidades Autónomas podrán decidir cómo organizar las inspecciones de comercio y/o de consumo en función de sus intereses y efectivos. Asimismo, la regulación sigue manteniendo la definición técnica de venta con pérdida, que facilita a las Comunidades Autónomas su función de inspección y sanción, ya que les proporciona el indicio, pero dado que esto no es suficiente para imponer la sanción, debe acreditarse que además de existir venta a pérdida ésta es desleal porque se incurre en los supuestos que determina la ley.
Pero, ¿cuándo se ha de considerar desleal la venta a pérdida? Se dan cuatro casos bien definidos en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Estos son:
1) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento.
2) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno.
3) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
4) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.
FUENTE: DISJUREX

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Plan de Empleo Joven 2019-2021

Resolución de 7 de diciembre de 2018. Aprueba un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de choque por el empleo joven 2019-2021. El plan se estructura en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, y emprendimiento y mejora del marco institucional, y cincuenta medidas.
(BOE 296/2018, publicado el 8 de diciembre)                Ver documento
FUENTE: BOE

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«El RGPD es complejo y las pymes necesitan asesoramiento»

Mucho se ha hablado de que las empresas deben hacer frente a una regulación excesiva. Algunas de estas normas seguramente sean innecesarias, pero otras resultan fundamentales e intentan que las compañías se adapten a nuevas circunstancias. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en este sentido, viene a poner límites al uso que las empresas hacen de los datos, que ya sin duda son el oro del siglo XXI. Por eso mismo y porque contienen material sensible, se deberían proteger bajo una regulación bastante exigente. Para discutir sobre ello, LA RAZÓN organizó el debate «Pymes y autónomos: retos legales y soluciones aseguradoras», con la participación de Paloma Arenas, directora general de E2K Global; José Luis Piñar, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo, abogado y consultor experto en protección de datos; Carmen Peña, directora de la revista «PymeSeguros»; Montserrat Fraga, asesora jurídica interna de SOS Seguros y Reaseguros, así como el director Comercial y de Negocio de la misma empresa, Carlos Nadal.
El coloquio comenzó recordando que el pasado 21 de noviembre el Senado aprobó el proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La normativa «adapta el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo que será aplicable a todas las empresas que traten datos». Ya sean de clientes, de proveedores o de asociados. Por eso, a día de hoy, pocas se salvan de tener que cumplirlo.
No será sencillo, «la norma tiene cierta complejidad». Anteriormente, existían unos pasos bien marcados, como registrar los ficheros y realizar una auditoría cada dos años. Ahora se debe reconocer para qué son esos datos, por qué y para qué se poseen, qué se pretende hacer con ellos y a quién existe la posibilidad de cederlos. Para empezar, la compañía tendría que responder a todas estas preguntas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que será el órgano que vigile que la nueva regulación se cumpla. A partir de ahí, el marco jurídico es poco claro porque «dicta que cada uno tiene que hacer lo que considere con los datos según los riesgos que generan».
Implantación
Por lo tanto, no se podrá hacer un uso deliberado de los datos y, además, deberán estar protegidos lo máximo posible, ya estén acumulados en formato físico o digital. Tanto acostumbrarse a tratarlos con más cuidado y aplicar las herramientas adecuadas llevará su tiempo. Arenas admitió que «es difícil de implantar en los sistemas de trabajo, por eso las pymes y autónomos necesitan asesoramiento jurídico».
Por unas pequeñas tasas, afirmó Nadal, se puede acceder a ese tipo de servicio, al contrario de lo que normalmente se pensaba: «Una empresa de unos 20 empleados, por ejemplo, puede tener el asesoramiento jurídico completo por entre 400 y 500 euros». Vale la pena cuando el disgusto que uno se puede llevar es mucho más costoso. Las multas por incumplimiento del RGPD pueden alcanzar los 20 millones de euros o el 4% del volumen global de la compañía. La sanción media que impone la AEPD es de 60.000 euros y con eso, aseguró Piñar, «ya hundes a cualquier pyme o autónomo».
E incurrir en un error que conlleve multa es bastante sencillo. La regulación establece que las brechas de seguridad deben ser comunicadas en, como mucho, 72 horas. No obstante, comentó Carmen Peña que resulta complicado hacerlo en ese plazo porque «casi todas las pymes tienen externalizadas sus bases de datos y, por lo tanto, no es seguro que alguien se dé cuenta del fallo a tiempo». En este sentido, Arenas manifestó que «no hay un sistema completamente seguro, existen riesgos que no se pueden evitar».
Pero se pueden mitigar, y el asesoramiento jurídico ayuda a conocer cómo reducir las consecuencias de la Ley en caso de que se cometa un fallo. Porque si la AEPD tiene que actuar contra una empresa, la mejor situación para ésta es demostrar que ha hecho todo lo posible por mantener los datos protegidos. «No es lo mismo que te roben con la puerta abierta que cerrada», dijo Arenas. Aunque de momento la Agencia se ha mostrado un poco benévola, sabiendo la dificultad de aplicar las normas en los primeros meses, poco a poco se irá endureciendo.

Potencial
Montserrat Fraga aseguró que cuando de verdad se imponga una norma millonaria por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos en España, el resto de empresas será más conscientes el perjuicio que les puede acarrear a ellas. Entonces, el sector asegurador estará preparado para reaccionar. «Ya vemos un mercado potencial importante porque nos llegan consultas y necesidades sobre este tema, e irá creciendo según vaya actuando la Agencia», sostuvo Nadal.
No hay que tener en cuenta sólo las multas. Para Piñar, no proteger los datos debidamente supone «un riesgo reputacional muy grande». La caída de Facebook y de Cambridge Analytica son buena muestra de ello. Y es que la gente sabe que sus datos, a día de hoy, son oro para las empresas. Los pueden analizar y tomas decisiones en base a ellos para perfeccionar su negocio. A cambio, los consumidores sólo piden que cualquiera no pueda acceder a su información personal.
Si ya todos somos conscientes del valor que poseen los datos en la actualidad, las compañías aún no han aprendido del todo que «los datos que acumulan no son suyos sino de los titulares», aseguró Piñar. Tener esto claro es el primer paso para que una empresa no cometa el error de tratar los datos para una finalidad para la que no se ha dado el consentimiento, como cederlos a otra o emprender campañas comerciales con ellos.
A evitar
José Luis Piñar expuso un curioso caso de uso indiscreto de los datos y que puede acabar en sanción. Un hotel que envía una carta de fidelización a un cliente que se ve allí con un amante, y su pareja lo descubre al abrir el buzón. También recuerda que se debe evitar tener documentos a la vista en los despachos, como suele ocurrir, porque no se sabe quien puede verlos. Igualmente, no es recomendable llevar encima un «pendrive» con datos, porque siempre se puede perder. Además, Piñar recordó que «cada vez las personas despechadas ponen más denuncias, la competencia o empleados despedidos que saben que en su empresa se producen fallos de seguridad en torno a los datos».
En definitiva, las pymes y los autónomos tendrán que mantener los ojos bien abiertos para no cometer errores costosos. 
FUENTE: LA RAZÓN

Source: econsulting

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Nuevas líneas de ayuda a pymes que impulsen I+D+i

Ponen en marcha unas ayudas para fomentar las actividades de I+D+i en España hasta 2020
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha puesto en marcha una línea de ayudas para impulsar la inversión en I+D+i. A estos incentivos podrán acceder pequeñas o medianas empresas que tengan menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros. Además de las empresas, podrán beneficiarse las asociaciones empresariales.
Objetivo de las ayudas
Según las condiciones y bases recientemente publicadas en el Boletín Oficial del Estado, el objetivo de estas subvenciones es activar la inversión privada en I+D+i, fortalecer las capacidades tecnológicas y de innovación del tejido productivo y favorecer la generación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya existentes así como actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido industrial.
Las ayudas que regula la orden publicada se encargarán de financiar total o parcialmente proyectos de I+D, proyectos de pymes basados en el uso de tecnologías o desarrollos tecnológicos, estudios de viabilidad valorados positivamente dentro del programa Horizonte 2020 y proyectos I+D disruptivos.
Costes imputables y cuantías
Son financiables dentro de estas ayudas los Costes de Personal, los de instrumental y material inventariable para llevar a cabo el proyectos, los costes de investigación contractual y/o patentes, gastos generales en material y suministros o gastos de informes. También costes indirectos, que serán calculados proporcionalmente en base a los costes directos o de personal presentados anteriormente.
Según recoge el capítulo IV, las ayudas se concederán bajo la modalidad de subvención, a excepción de las dirigidas a incentivar el liderazgo. Una línea especial que se financiará mediante premios. Las cuantías se determinarán en función de la disponibilidad presupuestaria, el coste financiable real y los límites impuestos por las normativas europeas. Dependiendo del proyecto, la cuantía máxima de las ayudas será de hasta el 70% (si se trata de investigación industrial en el caso de las pequeñas empresas), del 60% de la subvención (en caso de medianas); o del 50% en el caso de las grandes empresas. Sea como fuere nunca podrán superar los 200.000 euros por empresa, o 100.000 si es del sector del transporte por carretera.
FUENTE: CINCODÍAS

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«Eso no es una rama vieja, es el árbol de Navidad»: los cortacésped con IA reconocen obstáculos y aprenden a moverse por el jardín

Sobre los robots aspiradores conocemos muchos detalles, pero el sector de los cortacésped también está incorporando las diversas mejoras en sensores y conectividad. Si desde iRobot aseguraban que la inteligencia artificial permitirá “entender” nuestros hogares, no menos cierto es que los robots cortacésped más avanzados también están incorporando algoritmos que les permiten reconocer los obstáculos existentes en el jardín y mejorar la eficiencia de su recorrido.

Según algunos analistas, el mercado de los cortacésped tiene un potencial mayor que sus actuales ventas. Y es que pese a las distintas mejoras en su tecnología, comentan que se sigue viendo como un sector anticuado. Para ver qué ofrecen las distintas marcas, aquí repasamos sus nuevos modelos y cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el cuidado del césped.

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Las empresas definen el papel del delegado de protección de datos

Sobre los robots aspiradores conocemos muchos detalles, pero el sector de los cortacésped también está incorporando las diversas mejoras en sensores y conectividad. Si desde iRobot aseguraban que la inteligencia artificial permitirá “entender” nuestros hogares, no menos cierto es que los robots cortacésped más avanzados también están incorporando algoritmos que les permiten reconocer los obstáculos existentes en el jardín y mejorar la eficiencia de su recorrido.

Según algunos analistas, el mercado de los cortacésped tiene un potencial mayor que sus actuales ventas. Y es que pese a las distintas mejoras en su tecnología, comentan que se sigue viendo como un sector anticuado. Para ver qué ofrecen las distintas marcas, aquí repasamos sus nuevos modelos y cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el cuidado del césped.

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Las empresas definen el papel del delegado de protección de datos

La gestión de la seguridad, la implementación de la política de retención de datos o lograr integrar la privacidad en los procesos de las empresas son algunos de los desafíos a los que se enfrentarán los delegados de protección de datos. 
La figura del delegado de protección de datos (DPO, por sus siglas en inglés) ha ganado protagonismo con el arranque de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Tras más de seis meses desde el inicio de su aplicación, los expertos están convencidos de que, a pesar de las dudas que existen sobre el texto legislativo europeo respecto al rol de DPO, existen más aspectos positivos que negativos.
«La normativa de protección de datos ha pasado a formar parte de una realidad dentro de las organizaciones. Eso le confiere un mayor peso al profesional que tiene que guiar a las instituciones y que debe ocupar un espacio clave dentro de las mismas», apunta Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y DPO de Pfizer en Europa. La experta asegura que si existe alguna dificultad en todo este cambio normativo únicamente se podría hablar de la concienciación. «Éste es un proceso complejo, que requiere que toda la organización se involucre para que funcione. El éxito del DPO no es el éxito del profesional, sino de la compañía que decida abrazar esos valores en su modelo de negocio». 
En esa misma línea se posiciona Carlos García-Mauriño, responsable de protección de datos para EMEA en General Electric Healthcare, que aseguró durante la jornada Luces y sombras del rol de DPO en la implementación del RGPD, organizado por la APEP, que «la figura del DPO necesita todavía de mucha maduración y se consolidará a lo largo de los años» y que, entre otros asuntos, todavía es necesario definir mejor el sistema de reporte de este trabajador con el consejo de administración. Para García-Mauriño, no sólo es esencial que el DPO encaje dentro de los parámetros fijados por el RGPD, sino que además debe «conocer perfectamente todos los aspectos de la ley, entender el negocio en el que se mueve, realizar estudios técnicos para saber qué necesita la empresa, así como ser diplomático, pragmático y tener sentido común».
¿Abogado o no?
En cuanto a la formación y el perfil necesario para ocupar este puesto, los expertos parecen tener diversas opiniones sobre el asunto. Para Enrique Peloche, DPO en LaLiga, «la persona más adecuada para ser responsable de protección de datos es un abogado, puesto que se dedica a interpretar las directrices y las leyes, y además debe tomar decisiones que no vayan contra la legislación vigente». Sin embargo, Álvarez afirma que este puesto no debe ser ocupado obligatoriamente por un letrado. «Ser abogado aporta un cierto bagaje, pero no es esencial para ser DPO. Lo que sí es fundamental es que la persona tenga amplios conocimientos jurídicos, técnicos y empresariales. Por eso, es básico hacer autocrítica al aceptar el puesto y si no se cuenta con todas las habilidades necesarias, buscar soluciones y aliados en la compañía». 
Sobre los mayores retos a los que se va a enfrentar un DPO en un futuro próximo, Peloche explica que quizá el mayor desafío puede ser «conseguir integrar la privacidad en el conjunto de procesos de la organización». Por su lado, García-Mauriño destaca como algo esencial «la gestión de la seguridad», pero es Álvarez la que vislumbra más retos para los próximos meses, como el uso indiscriminado del derecho de acceso, las dudas que puedan surgir sobre el uso del interés legítimo de los datos o las posibles prácticas de competencia desleal por parte de auditoras externas. 
Sin embargo, la presidenta de la APEP destaca que, «desde un punto de vista operacional, quizá el desafío más importante tiene que ver con la implementación de la política de retención de datos. Es difícil para un organismo, público o privado, saber cómo determinar cuándo los datos dejan de ser necesarios a los efectos de proceder a su destrucción, puesto que esto está determinado por normas de distintas características que cambian a lo largo del tiempo».
Administraciones
Los expertos están convencidos de que las empresas privadas han hecho los deberes y están demostrando que se toman muy en serio las obligaciones del RGPD. Sin embargo, no piensan lo mismo de lo que está ocurriendo con la Administración Pública. 
Para García-Mauriño, la falta de posibles sanciones impuestas por el reglamento podría ser una de las razones a este desinterés. Por su parte, Álvarez va más allá y asegura que las normas de protección de datos han nacido precisamente como un límite al Estado. «Es muy importante que la Administración Pública, con la cantidad ingente de información que tiene, se tome este asunto más en serio. Según la autoridad española de protección de datos, el número de nombramientos de DPO que les comunica la Administración no es equivalente a lo que ellos esperan, dado el tejido administrativo tan importante que tenemos en nuestro país. Es evidente que serán estos DPO los que más ayuda necesiten».
Responsabilidad y reparto
En el apartado de dudas, los expertos quisieron cerrar el debate sobre dos asuntos esenciales: la responsabilidad del DPO y cómo se debe realizar el reparto de delegados en las compañías. Respecto a este último punto, todos destacaron que en las multinacionales lo más lógico es contar con un único responsable para una amplia región. Por la experiencia acumulada, estos profesionales prefieren este sistema, para que no exista descoordinación. 
Este DPO multipaís, eso sí, deberá contar con el apoyo de enlaces locales -privacy stewarts- en los diferentes países cubiertos. En cuanto a la responsabilidad del DPO ante un incumplimiento, Cecilia Álvarez destaca que es importante que todo el mundo entienda que el Grupo Artículo 29 ya ha confirmado que «el DPO no es responsable de los incumplimientos, el responsable es la empresa y es ella la que será sancionada», aunque el delegado de protección de datos haya podido realizar un mal asesoramiento.
FUENTE: EXPANSION

Source: econsulting

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¿Se puede ser autónomo colaborador toda la vida?

Esta figura permite obtener ventajas para los familiares y los empresarios, aunque existen limitaciones que deben mantenerse en el tiempo, para no perder dichas ayudas.
En el mundo empresarial es muy común que el empresario autónomo opte por rodearse de personas de su confianza. Una de las figuras más comunes para darle forma jurídica a esta colaboración es la del autónomo colaborador.
Hablamos de autónomo colaborador cuando un familiar cercano al titular del negocio, que convive y trabaja con él, tiene un parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Además, esta persona no podrá trabajar por cuenta ajena.
De esta manera, padres, hijos, hermanos o cónyuges podrán ser autónomos colaboradores, siempre que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y trabajen con el empresario o empresaria de manera regular.
No obstante, desde Territorio Pyme nos surge la duda de cuánto es el límite de tiempo que una persona puede estar bajo el amparo de esta figura. La respuesta a ello es de la siguiente manera:
El autónomo colaborador podrá mantener su situación de manera indefinida siempre y cuando continúen existiendo las mismas circunstancias que en el momento en el que se realizó. Es decir, si un hijo se independiza no podrá ejercer esta ventaja y debería ser contratado por su padre o darse de alta en el RETA.
En caso de separación de hecho o divorcio, el cónyuge también perdería el derecho de figurar como autónomo colaborador familiar.
Con respecto al primer punto (convivencia) existen dudas sobre la necesidad de su mantenimiento, ya que en las últimas normativas no se especifica como requisito para ser autónomo colaborador. Sin embargo, desde la publicación especializadas Iberley, recuerdan que la no especificación da lugar a un vacío legal que determina que sigue siendo aplicable; ya que las anteriores normas sí lo marcan como requisito. Dicho de otro modo, para estar 100% seguros de que no violamos el requisito (lo que conllevaría la pérdida de las ayudas y bonificaciones), lo recomendable es mantener la convivencia.
Ventajas
Para los autónomos colaboradores no es preciso darse de alta en Hacienda, como en el caso de los autónomos convencionales. Además, no tendrán que realizar las declaraciones trimestrales del IVA e IRPF, teniendo que hacerlo el autónomo titular del negocio exclusivamente.
Además, desde 2012 también se benefician de un 50% de reducción en la cuota de autónomos durante 18 meses.
Paso a seguir
Para darse de alta como autónomo colaborador, una vez se cumplan los requisitos, se deberá descargar en la web de la Seguridad Social el formulario de alta, bajo el modelo TA0521/2,
Con esto, se estaría haciendo efectiva la solicitud de alta en el RETA bajo la figura de autónomo colaborador.
FUENTE: CINCODÍAS

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Trabajo ya levanta actas para frenar el trasvase de trabajadores al RETA

El Gobierno trata de evitar que los empresarios busquen “incentivos” al pasar a sus trabajadores del Régimen General al RETA
Evitar los trasvases de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es uno de los objetivos en los que ahora trabaja el Gobierno con el objetivo de evitar la “picaresca fiscal”.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha informado, en declaraciones a Europa Press, que el Ministerio se ha dado percatado de que en la ley general sobre infracciones no existe una pena que castigue como delito o falta los falsos encuadramientos en un régimen u otro de la Seguridad Social.
Tal y como ha anunciado, el Gobierno va a perseguir esta situación para evitar que se generen «situaciones imposibles».

Un problema tolerado por la anterior Administración
Según el actual Gobierno, la anterior Administración toleró que algunos trabajadores estuvieran toda la vida «mal encuadrados» y ahora la Inspección de Trabajo está levantando actas por las que se están pidiendo a las empresas hasta cuatro años de cotización atrasadas, lo que supone una petición que puede llegar a unos 7 o 10 millones de euros.
«Vamos a ver cómo salimos de este embrollo. De momento, hemos conseguido garantizar derechos de trabajadores y de la Seguridad Social que es esencial», ha apuntado Granado.
Reducir las cotizaciones
Según consideran, el hecho de que los trabajadores autónomos tengan una base de cotización por debajo de la base general del sistema «puede generar incentivos» para que los empresarios con trabajadores, que ahora están en el Régimen General, pasen a buscar «una forma de reducir cotizaciones encuadrándolos en el RETA».
«Esta Administración no va a permitir que se produzca un trasvase del Régimen General al RETA», ha dejado claro el secretario general de la Seguridad Social, que también ha apuntado que de momento la Tesorería General de la Seguridad Social ya tiene mandato para desarrollar un protocolo de vigilancia. «Tenemos que iniciar un proceso muy claro para evitar que se produzcan esas anomalías», ha añadido.
FUENTE: CINCODÍAS

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Una IA logra contar una a una todas las placas solares de EEUU partiendo únicamente de fotos de satélite

Una IA logra contar una a una todas las placas solares de EEUU partiendo únicamente de fotos de satélite

Configurar y gestionar una infraestructura eléctrica a nivel nacional es una empresa extraordinariamente compleja, que muchos grandes países no han sido capaces de resolver aún adecuadamente (por unas razones u otras).

En los Estados Unidos, por ejemplo, los apagones (de amplias zonas del país y a veces durante más de 24h) constituyen un problema endémico. Pero, por si esto no fuera poco, las energías renovables, pese a su innegable utilidad, añaden otro grado de complejidad al problema.

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