Casos en los que el autónomo tiene prohibido emitir facturas simplificadas

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Casos en los que el autónomo tiene prohibido emitir facturas simplificadas

Waze expande su servicio de coche compartido a todo Estados Unidos

El servicio de navegación Waze, propiedad de Alphabet desde hace unos años, busca expandir sus funcionalidades más allá de mostrar rutas de tráfico a sus usuarios. Con Waze Carpool los usuarios pueden compartir coche para ir a un destino similar, una especie de BlaBlaCar propio, pero algo más limitado para que no se convierta en un negocio para sus usuarios.

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Casos en los que el autónomo tiene prohibido emitir facturas simplificadas

Existen limitaciones en cuanto al tipo de negocio y la cantidad, según información oficial de la Agencia Tributaria.
Las facturas simplificadas son un tipo de facturas que puede emitir una empresa o un autónomo, aunque existen ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta para no incurrir en ilegalidades.
La primera de ellas está relacionada con el importe total de la misma. El autónomo podrá emitirlas, siempre y cuando el importe no exceda los 400 euros, con IVA incluido.
La agencia tributaria recuerda en su página web que existen otros usos que también están permitidos. Por ejemplo emitir simplificadas cuando se trate de rectificativas. Es decir, que se emitan para corregir errores de contabilidad llevados a cabo en una factura emitida con anterioridad. 
También se permite el uso siempre y cuando no sobrepasen los 3.000 euros con IVA incluido y se encuentren dentro de operaciones de ventas al por menor, venta ambulante o servicios a domicilio del consumidor. También en actividades relacionadas con el transporte de personas y sus equipajes, servicios de hostelería y restauración prestado por bares y restaurantes y suministro de comida y bebida para consumir en el acto.
La lista de actividades en donde sí se permite su uso en las mencionadas cantidades continúa: salas de baile y discotecas, así como servicios telefónicos prestados mediante cabinas o tarjetas magnética o electrónicas recargables que no permitan la identificación del portador, entre otros, y según recoge la Agencia EFE en una información.
Cómo hacer una simplificada
Para poder emitir una simplificada se debe incluir número y fecha de expedición, fecha de operación en caso de ser distinta y el NIF y el nombre y apellidos, así como la razón o denominación social del emisor.
Del mismo modo, se debe identificar los bienes entregados o los servicios prestados, el tipo impositivo y la inclusión del IVA.
La factura simplificada debe tener incluida la contraprestación total, mientras que en las facturas rectificativas debe incluirse la referencia de la rectificada.
FUENTE: CINCODÍAS

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La Directiva de intermediarios fiscales y el concepto de abuso fiscal

La Directiva de intermediarios fiscales (DAC 6) plantea algunos interrogantes en relación con su encaje con el abuso fiscal, otro de los temas recientemente regulados por el legislador comunitario
La Directiva 2018/822, de 25 de mayo de 2018, comúnmente conocida como «Directiva de intermediarios fiscales», es, sin duda, uno de los ámbitos que más controversia plantea en el panorama actual de la fiscalidad internacional. Como es sabido, en virtud de esta norma, los intermediarios (o en su defecto los contribuyentes) quedan obligados a informar a las administraciones tributarias sobre aquellos mecanismos fiscales que cumplan alguna de las señas distintivas que la propia Directiva recoge en su Anexo.
Respecto de las cuestiones formales conviene aclarar que esta Directiva de intermediarios fiscales modifica la Directiva 2011/16 de Cooperación Administrativa, que alcanza así su sexta versión (de ahí el acrónimo DAC 6). Su entrada en vigor antes de las vacaciones de verano marca un hito importante puesto que, aunque su plazo de transposición llega hasta el 31 de diciembre de 2019 y sus disposiciones se aplican desde el 1 de julio de 2020, la Directiva obliga a informar antes del 31 de agosto de 2020 de aquellos mecanismos «cuya primera fase se haya ejecutado» tras dicha entrada en vigor.
Desde el punto de vista sustantivo los interrogantes que se plantean son muchos y variados. Conceptos mencionados como «intermediario», «mecanismo» o «primera fase», además de muchos otros, quedan lejos de ser claros. No obstante, en este caso nos centraremos en una de las dudas que se suscitan y que afectan al propio enfoque de la Directiva: la relación entre esta nueva obligación de información y el concepto de abuso fiscal.
Ya se ha mencionado que un mecanismo únicamente debe ser comunicado a la administración tributaria cuando cumpla alguna de las señas distintivas del Anexo. Aunque el Anexo recoge cinco categorías de señas distintivas (a su vez, generales y específicas), puede hacerse una clasificación alternativa en dos grupos. Por un lado, las «señas objetivas», circunstancias cuya verificación implica la obligación automática de comunicar un mecanismo. Por otro lado, las «señas subjetivas», que generan la obligación de comunicar un mecanismo únicamente si, además de constatarse, se satisface el criterio del beneficio principal. Dicho criterio se cumple «cuando se pueda determinar que el beneficio principal o uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razonablemente de un determinado mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, es la obtención de un beneficio fiscal».
Como puede apreciarse, el criterio del beneficio principal implica que, respecto de determinadas señas distintivas, la obligación de comunicación únicamente existe si la obtención de un beneficio fiscal parece ser uno de los principales beneficios que una persona podría esperar. Ciertamente esta definición y su construcción en torno a qué se espera de la utilización de un mecanismo recuerda a algunas de las normas generales antiabuso que han visto la luz en los últimos tiempos, como por ejemplo la recogida en el artículo 6 de la Directiva 2016/1164 (ATAD). Ahora bien, en mi opinión, no son lo mismo.
En primer lugar, un análisis literal revela las diferencias entre ambos conceptos. Por un lado, el criterio del beneficio principal exige únicamente que uno de los beneficios principales que puede esperarse sea obtener un beneficio fiscal. Sin embargo, la norma general antiabuso de ATAD exige, además de que el establecimiento del mecanismo tenga entre sus objetivos principales la obtención de una ventaja fiscal, que dicha obtención sea contraria al objeto o finalidad de la normativa y que el mecanismo en sí no sea genuino (porque no se haya establecido por razones comerciales válidas que reflejan la realidad económica). La comparación permite comprobar que la norma antiabuso incluye dos test adicionales; es decir, este concepto de abuso es más estricto que la idea sobre la que se asienta el criterio del beneficio principal.
Ciertamente el concepto de abuso a nivel comunitario dista todavía de estar bien definido, en especial si se confirma la opinión de la Abogado General Kokott respecto de la posibilidad de que un mecanismo pueda considerarse abusivo aunque refleje la realidad económica. No obstante, la diferente redacción de ambas Directivas parece evidenciar que el ámbito de la obligación de información es más amplio que el del abuso, circunstancia que por otro lado encaja con el enfoque propuesto en el informe de la acción 12 del Plan BEPS de la OCDE (página 24), antecedente directo de esta DAC 6.
La consecuencia de lo anterior es que, incluso si se satisface el criterio del beneficio principal, la obligación de comunicación afecta a mecanismos que son abusivos y a mecanismos que no lo son. De hecho, como menciona el sexto considerando de la DAC 6, se pretende que los intermediarios informen a las autoridades tributarias sobre «determinados mecanismos transfronterizos que potencialmente podrían utilizarse para prácticas de planificación fiscal abusiva». Asimismo, el considerando decimocuarto matiza que los mecanismos de planificación fiscal agresiva quedan bajo el ámbito de ATAD. Por lo tanto, contrariamente a lo que habitualmente se menciona, en mi opinión la Directiva de intermediarios fiscales no busca la revelación de mecanismos abusivos o de planificación fiscal agresiva, sino de aquellos que quizás puedan serlo.
Evitar que la comunicación de un mecanismo tenga como consecuencia inmediata su calificación como abusivo es probablemente una de las cuestiones en las que más se deba trabajar para solventar algunas cuestiones problemáticas que plantea esta Directiva de intermediarios fiscales. Por ello, sería muy recomendable que la normativa de transposición de la Directiva incluyera la previsión de que la comunicación de un mecanismo no supondrá en ningún caso la base para determinar la existencia de un acto propio o indicio sobre la calificación de dicho mecanismo como abusivo. Ese análisis debería ser totalmente independiente de la obligación de información que incluye la DAC 6.
Dada la incertidumbre en torno a esta Directiva de intermediarios fiscales, ciertamente no se puede descartar la posibilidad (o incluso idoneidad) de una interpretación contraria que asuma que únicamente deben ser comunicados aquellos mecanismos abusivos, de acuerdo con la finalidad última de este tipo de obligaciones de información. Aunque seguramente pudieran encontrarse argumentos a favor de esta alternativa, debe repararse en que sus consecuencias serían graves: la comunicación de cualquier mecanismo estaría suponiendo el reconocimiento, por parte del contribuyente o de su asesor, de que el mecanismo en cuestión es abusivo. Por lo tanto, de facto, se habría invertido la carga de la prueba dentro del procedimiento que ventile si en el caso concreto existe abuso o no, quedando además el contribuyente que pretenda defenderse obligado a aportar una prueba especialmente cualificada por cuanto debería contrarrestar su previa calificación (o la de su asesor) del mecanismo como abusivo.
Por último, una cuestión práctica. En principio, el intermediario es quien debe evaluar si la obtención de un beneficio fiscal es uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razonablemente de un mecanismo. Dado que la Directiva parece evitar deliberadamente la identificación de quién es esa «persona» que razonablemente espera, puede entenderse que se reclama un análisis en abstracto del mecanismo en cuestión y de su fiscalidad asociada, sin focalizarlo en ningún contribuyente en concreto. No obstante, si se exige tener en cuenta «los factores y circunstancias pertinentes», parece que cualquier análisis debe partir inexorablemente de la toma en consideración de las circunstancias del contribuyente afectado para determinar qué es lo que razonablemente se podría esperar, en su caso concreto, de dicho mecanismo.
A partir de aquí, para determinar si el beneficio puede calificarse como «principal», pueden traerse a colación los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, en los que, respecto a la interpretación de dicha cuestión en la cláusula del propósito principal (PPT), se reclama un análisis objetivo de la situación. Dicho análisis podría concretarse en la comparación (cuantitativa y a veces cualitativa) entre los beneficios fiscales asociados al mecanismo y el resto de beneficios no fiscales que el contribuyente logra con el mismo (sinergias en el grupo, economías de escala, otras eficiencias, etc.). La cuestión es si, en la práctica, el intermediario (que, por ejemplo, actúa como abogado o asesor de su cliente respecto de determinados aspectos fiscales) dispone de toda la información para realizar dicho análisis y hasta qué punto puede exigírsele disponer de ella y concluir al efecto, cuando pueden ser relevantes aspectos propios de la realidad empresarial («extrafiscal») del contribuyente desconocidos para dicho intermediario.
FUENTE: LEGALTODAY

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Xiaomi Mi Box S, el exitoso set-up box se actualiza con mejor sonido y accesos directos a Google Assistant y Netflix

Xiaomi Mi Box S, el exitoso set-up box se actualiza con mejor sonido y accesos directos a Google Assistant y Netflix

A inicios de este 2018, Xiaomi presentó en China un par de actualizaciones para su exitoso Mi Box, los Mi Box 4 y 4c, que cambiaban en diseño y añadían funciones como inteligencia artificial y mejoras en la reproducción de sonido. Pues ahora, después de varios meses, tenemos la versión internacional de este set-up box que será conocido fuera de China como Xiaomi Mi Box S. Leer más

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La jubilación del autónomo empresario

Xiaomi Mi Box S, el exitoso set-up box se actualiza con mejor sonido y accesos directos a Google Assistant y Netflix

A inicios de este 2018, Xiaomi presentó en China un par de actualizaciones para su exitoso Mi Box, los Mi Box 4 y 4c, que cambiaban en diseño y añadían funciones como inteligencia artificial y mejoras en la reproducción de sonido. Pues ahora, después de varios meses, tenemos la versión internacional de este set-up box que será conocido fuera de China como Xiaomi Mi Box S. Leer más

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La jubilación del autónomo empresario

En el momento en el que un trabajador autónomo llega a su jubilación surgen diferentes dudas debido a las modalidades de jubilación a las que puede optar, a continuación se explican.
La jubilación de los autónomos que siguen ejerciendo una actividad productiva genera frecuentemente dudas porque las fórmulas son variadas, así como el porcentaje de pensión al que tiene derecho de percibir. Las formulas son las siguientes, existiendo dudas y controversia en algunas de ellas.
Jubilación activa

Así se llama la fórmula a la que pueden acogerse tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos y que consiste en cobrar la mitad de la pensión a la que tiene derecho en el momento de la jubilación y continuar laboralmente activo. Es necesario haber accedido a la pensión a la edad reglamentaria sin bonificaciones y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%. Es decir, se trata de una opción que excluye el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos y exige haber cumplido la edad ordinaria de jubilación a menos que se tenga ya derecho a la pensión completa. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o parcial. Cuando el contrato termine y se produzca el retiro total y definitivo, percibirá el 100% de la pensión a que tenga derecho.
Jubilación con ingresos limitados

Los autónomos exclusivamente pueden realizar algunos trabajos por cuenta propia siempre que los ingresos anuales no superen el SMI (salario mínimo interprofesional) en cómputo anual, es decir, 10.302 euros en 2018.
Pensión de jubilación y envejecimiento activo
De esta manera denominó la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo un nuevo sistema de jubilación que se concretó en su disposición final quinta, la cual reformó los apartados 2 del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). Este apartado asegura que la jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia del pensionista y «la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%».
En principio, esta reforma parece dejar claro que el autónomo tiene derecho a compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia (es decir cuando ejerza de empresario) en un 50%, porcentaje que sería el 100% cuando tenga contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, más recientemente han surgido dudas sobre si es posible recibir a totalidad de la pensión en todos los casos en los que el autónomo cree al menos un puesto de trabajo. El pasado 25 de julio la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) emitió un comunicado diciendo que el «criterio por el que se establece que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el pensionista que quiera compatibilizar el 100% de la cuantía de la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia debe enmarcarse en la actividad que dé lugar a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)». Es decir, que el trabajador contratado por el autónomo pensionista «debe enmarcarse» en la misma actividad que ejerce el autónomo contratante. Por ejemplo, si éste tiene un restaurante, el empleado podrá ser cocinero o camarero y entonces el empresario individual recibiría el 100% de la pensión, pero se quedaría en el 50% si el empleo creado recae en una señora de la limpieza. De hecho, el criterio comunicado por la DGOSS invalida de forma expresa la posibilidad de que el contrato se realizase a favor de una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.
Pensión del empresario societario

La fórmula anterior parece clara cuando el autónomo ejerce la actividad económica como empresario individual, tributando por tanto en el IRPF, si bien surgen dudas sobre las limitaciones señaladas respecto al tipo de funciones que realiza el empleado si se pretende recibir la totalidad de la pensión. No obstante, las dudas son mayores si el autónomo administra una sociedad, es decir, cuando ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma de sociedad. Se trataría del llamado autónomo societario. En este caso, los criterios son variados y contradictorios en muchos casos. En primer lugar, para la Seguridad Social y siguiendo el criterio del comunicado antes mencionado, aunque el autónomo societario esté encuadrado el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), nunca puede cumplir el requisito de tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena porque en realidad lo contrata la sociedad, que tiene su propia personalidad jurídica. En consecuencia, al autónomo societario solo puede reconocérsele la compatibilidad en un 50%, pero no en el 100%.
Sin embargo, la sentencia emitida el pasado 18 de julio por el juzgado de lo social número 3 de Oviedo reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. En el caso juzgado, cuando el demandante llegó a la edad de jubilación, la SS denegó al autónomo la pensión completa por no tener trabajadores contratados a su nombre, aunque sí le reconoció el 50% de la prestación. No obstante, la sentencia afirma que la interpretación hecha por la SS es «contraria a la finalidad legislativa misma de la Ley (de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), además de no ser resultante del tenor literal de la norma». En consecuencia, la magistrada ha decidido otorgar al autónomo societario la pensión de jubilación activa al 100% de su base reguladora y además al abono de los atrasos correspondientes.
Esta sentencia argumenta además, que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) establece en una consulta fechada a 21 de marzo de 2018, que a los autónomos societarios incluidos en el RETA se les debe aplicar lo establecido la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en octubre de 2017. Según este criterio, los autónomos que hayan celebrado contratos por cuenta ajena en su condición de empresarios, aunque quien contrate sea la sociedad respectiva, pueden acceder a la jubilación activa porque la contratación la formaliza el administrador societario. No parece razonable, argumenta la consulta, que, estando incluido en el RETA precisamente por ser administrador de la sociedad, se le exija realizar la contratación del trabajador por cuenta ajena como persona física o empresario individual.
FUENTE: DISJUREX

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Exención de vivienda habitual y trabajadores desplazados

El TSJ Madrid declara que la exención de la vivienda habitual en la imputación de rentas inmobiliarias no es de aplicación a los no residentes que han optado por tributar bajo el régimen de trabajadores desplazados.
La Administración dicta una liquidación con imposición de sanción relativa al IRNR frente a una persona física, que trae causa en la autoliquidación presentada por este, bajo el régimen de trabajadores desplazados, en la cual considera que el inmueble de su propiedad constituye su residencia habitual. A efectos de la imputación de la renta inmobiliaria, se remite a la LIRPF, que excluye de tributación a esta.
La cuestión controvertida es si la exclusión de imputación de rentas del capital mobiliario de la vivienda habitual establecida en el ámbito del IRPF es asimismo aplicable por remisión al IRNR.
El Tribunal entiende que tienen la consideración de rentas obtenidas en España, entre otras, las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos sitos en España no afectos a actividades económicas. La base imponible correspondiente a los rendimientos que los contribuyentes por IRNR obtienen sin mediación de EP está constituida por su importe íntegro, determinado de acuerdo con las normas de la LIRPF. Asimismo, el recurrente añade que, en el caso de personas físicas no residentes, la renta imputada de los bienes inmuebles situados en territorio español se determina con arreglo a lo dispuesto en el art. 85 LIRPF.
Sin embargo, la AEAT sostiene que el contribuyente ha optado por tributar en el régimen de trabajadores desplazados, lo cual le aporta un beneficio que no puede ser interpretado de forma extensiva, por lo que la exención en la imputación de rentas por inmuebles que constituyen su vivienda habitual no puede ser de aplicación.
Considera la Sala que la exención solo opera en el supuesto de que el sujeto pasivo tenga la condición de residente en España y sea contribuyente por el IRPF en el período controvertido. Adicionalmente, señala el Tribunal que la remisión que hace la LIRNR a la normativa del IRPF solo se hace a efectos del cómputo de la base imponible, sin mencionar beneficio fiscal alguno. Por último, y dado que, como se acaba de señalar, se trata de un beneficio fiscal, no cabe la analogía, impedida a este respecto por el art. 14 LGT.
STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 abril de 2018. EDJ 2018/103360
FUENTE: ACTUALIDAD MEMENTOS FISCAL

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Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Hoy Intel presentó al mundo su novena generación de procesadores con bombo y platillo, tanto así que aseguran que el Core i9-9900K es «el mejor procesador para gaming del mundo». Como vemos, Intel parece estar orgullosa de sus nuevos micros, ya que han logrado buenas mejoras que en el papel lucen bien, pero ahora nos enteramos que además, son los primeros en contar con nuevas protecciones vía hardware para Spectre y Meltdown. Leer más

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Las exenciones del IVA en España son el 60% de la recaudación potencial

El fisco pierde casi 2.000 millones de euros por fraude o retrasos en los pagos
España es el país de Europa en el que más exenciones y tipos reducidos de IVA existen, con lo que de forma legal el fisco del país deja de ingresar un 60% de la recaudación potencial máxima, según datos de un informe de la Comisión Europea en el que ha participada el Institut d’Economia de Barcelona (IEB) con datos del 2016. En el informe se destaca que en el caso de España ese mayor volumen de exenciones se debe en parte a que en las islas Canarias, Ceuta y Melilla no se paga IVA. En esos territorios se paga otro impuesto al consumo que es algo ­inferior.
Un tercio de los 150.000 millones de pérdida de ingresos en Europa es culpa de delincuentes
De ese casi 60% que se pierde por recaudación, un 46,7% corresponde a las citadas exenciones, y el 12,8%, a menores ingresos por tipos reducidos de IVA. El investigador del IEB José María Durán, que participó en el estudio, señala que en las pérdidas de IVA es porque se paga un tipo reducido en algunos alimentos, productos de higiene y salud o servicios médicos, por ejemplo. Durán recuerda que ese tipo de IVA reducido o superreducido que persigue abaratar productos de primera necesidad es para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, por lo que quizás otras medidas sobre el IRPF serían “más eficaces”.
El informe de la Comisión también analiza la “brecha fiscal” que significa qué porcentaje de la recaudación fiscal de IVA se pierde esencialmente como consecuencia del fraude. En este caso, España muestra un porcentaje de brecha fiscal entre los más bajos del conjunto de la UE al situarse en el 2,7% de su recaudación potencial. La media europea está en el 12,3%. La cifra del informe sitúa en 1.996 millones de euros el volumen de ingresos que dejan de recaudarse en España por diversas razones como el citado fraude, la elusión fiscal o el retrasos en el pago.

Exenciones fiscales y brecha fiscal
España ha reducido esa brecha fiscal desde el 12% que tenía en el 2013 hasta el citado 2,7%. Según Durán, la reducción de la brecha fiscal se puede explicar por tres grandes razones: el crecimiento económico alto de los últimos años en España, la estructura productiva del país y el modelo fiscal impuesto por el Gobierno.
Los 2.000 millones de menor recaudación en el IVA está muy lejos de otras estadísticas que cifran el fraude fiscal y la economía sumergida en el 23%. Durán explica que el informe no ha bajado a los detalles micro y se ha hecho de forma genérica para toda Europa. En el conjunto de los países de la Unión Europea, la pérdida de recaudación es de 147.146 millones, lo que equivale al 1% del PIB. De esa cantidad, alrededor de un tercio se debe a fraude fiscal. El comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, explicó ayer en un comunicado que “sigue sin ser aceptable una pérdida para los presupuestos nacionales de 150.000 millones de euros al año, sobre todo cuando 50.000 millones se van a parar al bolsillo de delincuentes, timadores y probablemente hasta terroristas”. Moscovici explicó que algunas empresas compran productos sin IVA en un país de la UE y lo venden en otro con IVA, pero no ingresan el impuesto que pagan sus clientes en ninguno de los dos países.
FUENTE: LA VANGUARDIA

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