Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Poradmin

Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Confirmado: los procesadores Intel Core de 9ª generación cuentan con protección de hardware contra Spectre y Meltdown

Hoy Intel presentó al mundo su novena generación de procesadores con bombo y platillo, tanto así que aseguran que el Core i9-9900K es «el mejor procesador para gaming del mundo». Como vemos, Intel parece estar orgullosa de sus nuevos micros, ya que han logrado buenas mejoras que en el papel lucen bien, pero ahora nos enteramos que además, son los primeros en contar con nuevas protecciones vía hardware para Spectre y Meltdown. Leer más

Poradmin

Las exenciones del IVA en España son el 60% de la recaudación potencial

El fisco pierde casi 2.000 millones de euros por fraude o retrasos en los pagos
España es el país de Europa en el que más exenciones y tipos reducidos de IVA existen, con lo que de forma legal el fisco del país deja de ingresar un 60% de la recaudación potencial máxima, según datos de un informe de la Comisión Europea en el que ha participada el Institut d’Economia de Barcelona (IEB) con datos del 2016. En el informe se destaca que en el caso de España ese mayor volumen de exenciones se debe en parte a que en las islas Canarias, Ceuta y Melilla no se paga IVA. En esos territorios se paga otro impuesto al consumo que es algo ­inferior.
Un tercio de los 150.000 millones de pérdida de ingresos en Europa es culpa de delincuentes
De ese casi 60% que se pierde por recaudación, un 46,7% corresponde a las citadas exenciones, y el 12,8%, a menores ingresos por tipos reducidos de IVA. El investigador del IEB José María Durán, que participó en el estudio, señala que en las pérdidas de IVA es porque se paga un tipo reducido en algunos alimentos, productos de higiene y salud o servicios médicos, por ejemplo. Durán recuerda que ese tipo de IVA reducido o superreducido que persigue abaratar productos de primera necesidad es para todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, por lo que quizás otras medidas sobre el IRPF serían “más eficaces”.
El informe de la Comisión también analiza la “brecha fiscal” que significa qué porcentaje de la recaudación fiscal de IVA se pierde esencialmente como consecuencia del fraude. En este caso, España muestra un porcentaje de brecha fiscal entre los más bajos del conjunto de la UE al situarse en el 2,7% de su recaudación potencial. La media europea está en el 12,3%. La cifra del informe sitúa en 1.996 millones de euros el volumen de ingresos que dejan de recaudarse en España por diversas razones como el citado fraude, la elusión fiscal o el retrasos en el pago.

Exenciones fiscales y brecha fiscal
España ha reducido esa brecha fiscal desde el 12% que tenía en el 2013 hasta el citado 2,7%. Según Durán, la reducción de la brecha fiscal se puede explicar por tres grandes razones: el crecimiento económico alto de los últimos años en España, la estructura productiva del país y el modelo fiscal impuesto por el Gobierno.
Los 2.000 millones de menor recaudación en el IVA está muy lejos de otras estadísticas que cifran el fraude fiscal y la economía sumergida en el 23%. Durán explica que el informe no ha bajado a los detalles micro y se ha hecho de forma genérica para toda Europa. En el conjunto de los países de la Unión Europea, la pérdida de recaudación es de 147.146 millones, lo que equivale al 1% del PIB. De esa cantidad, alrededor de un tercio se debe a fraude fiscal. El comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, explicó ayer en un comunicado que “sigue sin ser aceptable una pérdida para los presupuestos nacionales de 150.000 millones de euros al año, sobre todo cuando 50.000 millones se van a parar al bolsillo de delincuentes, timadores y probablemente hasta terroristas”. Moscovici explicó que algunas empresas compran productos sin IVA en un país de la UE y lo venden en otro con IVA, pero no ingresan el impuesto que pagan sus clientes en ninguno de los dos países.
FUENTE: LA VANGUARDIA

Source: econsulting

Poradmin

Me ofrecen un plan de ‘stock options’: ¿cómo tributan?

La retribución variable con acciones como incentivo es cada vez más frecuente.
Cada vez es más común escuchar a algún amigo decir que su empresa le ofrece acciones como parte de su retribución variable. Los planes de stock options son una forma de pago en especie que las grandes compañías suelen aplicar para complementar la parte variable del sueldo que ofrecen a sus trabajadores, especialmente a los directivos.
Esta forma de pago se popularizó en Estados Unidos en la década de los noventa y hoy sigue siendo muy común entre los altos cargos de las multinacionales que cotizan en bolsa. Mediante la entrega de acciones, las compañías lo que hacen es ofrecer a sus trabajadores el derecho a comprar un paquete de acciones de la propia entidad, a un precio fijado con anterioridad, que suele ser inferior al de mercado (y puede llegar, incluso, a ser de cero euros).
Los planes de stock options surgieron para fidelizar e incentivar a los empleados de una forma en la que tanto la empresa como el empleado ganen. El objetivo de esta fórmula de retribución es conseguir que los intereses de los empleados vayan de la mano con el de la compañía -los accionistas y propietarios-. Es decir, la entidad espera que con la entrega de acciones los trabajadores contribuyan a que sus resultados mejoren y su valor en bolsa suba, de forma que las dos partes se vean beneficiadas.
La fiscalidad de las stock options
A efectos fiscales, el plan de stock options tiene dos valoraciones: en el momento en el que ese ejercita el plan -se entiende que el empleado ejecuta las opciones cuando el precio de las acciones es inferior al de mercado en un momento predeterminado- y cuando se venden las participaciones.
Cuando se ejerce el derecho de comprar las acciones, hay que tributar en la base general como rendimientos del trabajo por la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el precio de ejercicio, que es la cantidad que paga el empleado para comprar esas acciones -en algunos casos no paga importe alguno-. Esta cuantía constituye la retribución en especie y, por otro lado, la base para realizar el ingreso a cuenta correspondiente.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que, cuando se cumplen una serie de requisitos, dicha retribución en especie está sujeta a una exención máxima anual de 12.000 euros:
1. Que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa o, en su caso, del grupo o subgrupo de sociedades. Con todo, en este requisito hay una excepción, y es que la empresa puede exigir a sus empleados una antigüedad mínima para poder acceder al plan de retribución.
2. Que los trabajadores -conjuntamente con sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado- no tengan una participación, directa o indirecta, en la sociedad en la que prestan sus servicios o cualquier otra del grupo superior al 5%.
3. Que las acciones se mantengan al menos 3 años desde que se han ejecutado.
Adicionalmente, existe la posibilidad de obtener un rendimiento reducido, que es el resultado de minorar el rendimiento íntegro en un 30% (con un máximo de 300.000 euros).
Para poder aplicar esta reducción se tienen que cumplir dos supuestos: que los planes no se concedan de forma anual y que se ejerciten transcurridos más de dos años desde su concesión, siempre que su pago no se fraccione. Aquí hay que tener en cuenta otra serie de excepciones y que cuando se el rendimiento abarca los 700.000 y 1.000.000 euros, la reducción se va minorando.
¿Cómo se aplica la reducción del 30%?
Supongamos que un inversor recibió hace tres años un paquete de stock options de su compañía, que le permitía comprar a 20 euros 500 acciones y que ahora que ya puede ejercitar las opciones, la acción cotiza a 100 euros. Vamos a calcular el impacto fiscal de este contribuyente, considerando que cumple todos los requisitos para aplicarse la exención de 12.000 euros y el rendimiento reducido y suponiendo que su tipo marginal asciende al 45%. Así, el rendimiento por el que tendría que tributar el trabajador es:
– Rendimiento total: 500 * (100-20) = 40.000 euros.

– Exención: – 12.000 euros.

– Reducción: 30% * (40.000 – 12.000) = 8.400 euros.

– Impuestos a pagar: (28.000 euros – 8.400 euros) * 45% = 19.600 * 45% = 8.820 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 40.000 – 8.820 = 31.180 euros.

¿Por cuánto tiene que tributar?

Por último, y desde el punto de vista de los impuestos, hay que hablar del impacto de la venta de acciones. Cuando el empleado -que previamente ha ejecutado el plan- decide vender sus acciones, puede obtener una ganancia o pérdida patrimonial, que tendrá que declarar en su IRPF. Deberá tributar en la base del ahorro por la diferencia entre la cotización de la acción el día de la venta y la cotización de esta el día de la ejecución de las stock options.
Continuando con el ejemplo anterior, si el inversor vende las acciones a 120 euros, el impacto fiscal sería el siguiente:
– Ganancia patrimonial = 500 * (120-100) = 10.000 euros.

– Impuestos a pagar: 6.000 * 19% + 4.000 * 21% = 1.980 euros.

– Ingreso neto de impuestos: 500 * 120-1.980 = 58.020 euros.

FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

Una ley de contratos públicos para que pymes y grandes empresas compitan en igualdad

La nueva norma cumple seis meses. Antes de la reforma, solo el 25% de las pequeñas firmas podía licitar.
Cuando se trata de acceder a contratos públicos, las pequeñas empresas no lo tienen fácil. Hasta el pasado mes de marzo, el 70% de las licitaciones se repartían, únicamente, entre una decena de empresas, dejando sin oportunidad a emprendedores y pymes.
“En la actualidad, los mercados de contratación pública son un elemento imprescindible para la actividad de las empresas”, confirman desde la patronal Cepyme, y añaden: “De hecho, la participación de los mismos sobre el PIB representa alrededor del 15%, es decir, aproximadamente 160.000 millones de euros”.
“Los mercados de contratación pública son imprescindibles para la actividad de las pymes”
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que cumple ahora seis meses, ha cambiado por completo el panorama y permite a las pymes, ahora sí, competir de tú a tú con las grandes compañías.
Para Carlos Ruiz, director de economía de Cepyme, “dentro de las medidas que deben favorecer la competitividad de las pequeñas empresas, las más importantes son las que fomentan su acceso a todo tipo de mercados”. Previo al arranque de la nueva norma “tan solo el 25% de las pymes tenían posibilidad de acceder a competir por un contrato público. Uno de los porcentajes más bajos de toda la UE”, alerta Ruiz. Y eso que, en la red empresarial española, las pequeñas empresas suponen el 99% del total de las compañías.
“Previo a los cambios, la principal limitación para acceder a las licitaciones eran los requisitos de solvencia”
“Con anterioridad al pasado mes de marzo, cuando entró en vigor la ley, la principal limitación para acceder a licitaciones eran unos requisitos de solvencia demasiado exigentes para la inmensa mayoría de las pymes”, comenta el experto.
Los cambios introducidos son básicamente cuatro: la simplificación de los procesos de adjudicación, la exigencia de dividir los contratos en pequeños lotes que reduzcan las exigencias de solvencia, la flexibilización de dichos criterios y la eliminación, en general, de la garantía provisional.

Registro obligatorio
Otra de las novedades vinculadas a la nueva normativa es la obligatoriedad de registrarse como licitadores públicos en el llamado Rolece (Registro Oficial de Licitadores), una herramienta online en la que se deben haber inscrito, antes del pasado 9 de septiembre, las empresas aspirantes a ganar concursos públicos.
Se trata de un acto necesario para poder presentarse a licitaciones de obras con contratos inferiores a dos millones de euros o a 100.000 euros en el caso de prestación de servicios y suministros.
La inscripción en el Rolece evita tener que presentar documentación cada vez que se quiere acceder a un concurso
“Las ventajas de inscripción en el Rolece para las pymes son evidentes. La aplicación del principio de la UE solo una vez, enunciado en la Small Business Act (SBA), está en este registro, puesto que la inscripción de las compañías en el mismo les exime de presentar en cada procedimiento de contratación la documentación necesaria para su relación con el sector público”, explica el director de Cepyme.
En estos primeros meses, los expertos aprecian “una cierta paralización en el ritmo de las licitaciones”, un hecho que consideran “lógico” teniendo en cuenta que las Administraciones públicas han tenido que adaptar sus procedimientos, documentos y modelos de contratación a una nueva norma con muchas novedades.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

Poradmin

Los peligros fiscales al vender o traspasar un negocio

Muchos son los motivos que pueden llevar a un empresario a traspasar a vender su negocio. Inversión, jubilación, cambio de orientación laboral, nuevas oportunidades, enfermedad… sea como fuere, se trata de un proceso que puede provocar importantes dolores de cabeza si no se tienen en cuenta las implicaciones fiscales.
No sólo hay que pensar en el montante económico del cambio de titularidad, sino también en muchas otras casuísticas, como el Incremento Patrimonial o el Impuesto de Donación, si es el caso.
«Lo más importante es conocer bien todas las implicaciones fiscales, para evitar sustos en inspecciones, ya que se pueden convertir en enormes gastos no contemplados» afirman algunos expertos. «Abandonar un negocio no significa un fracaso, sino que puede ser todo un éxito y un logro profesional, pero para ello hay que evitar que el proceso se convierta en una pesadilla que te persiga durante años», advierten.
El Incremento Patrimonial se produce cuando un autónomo cede su contrato mercantil a un tercero
El Incremento Patrimonial se produce cuando un autónomo cede su contrato mercantil a un tercero, ya sea familiar o no, persona física o jurídica. No todos los autónomos tienen contrato mercantil. El Incremento Patrimonial se produce cuando el valor de traspaso del negocio es superior al valor de adquisición del mismo. Esto sucede en la cesión de contrato mercantil sólo en aquellos casos en los que existe esta relación (por ejemplo, Loterías o Franquicias), pero en otros negocios puede haber incremento sin haber contrato mercantil. Esto quiere decir que cuando este propietario venda o traspase su negocio, se producirá esta subida de su patrimonio, que tendrá que declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de ese ejercicio, para presentarla en el siguiente.
Se considera ganancia patrimonial por la diferencia existente entre el valor de venta y el valor contable (los bienes y derechos entregados). Es por ello, que en vez de tributar como Rendimiento de Actividad Económica en la base general a una escala mayor, lo hace en la base del ahorro a una escala inferior como ganancia patrimonial.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha llevado a cabo numerosas inspecciones al respecto, ya que se han dado casos de empresarios que han vendido su negocio, no declarando este incremento en la renta. Hay que recalcar, eso sí, que la venta de un negocio no está sujeta a IVA, pero sí hay que tener en cuenta que si además de la empresa, se vende el local en el que esta se encuentra, se tendrá que hacer frente a los impuestos que deriven de esta transacción.
El Incremento Patrimonial no debe ser declarado en todos y cada uno de los casos, existiendo algunas salvedades que se pueden tener en cuenta:

– Si se transmite el negocio al cónyuge y/o a los hijos por razón de jubilación. En este caso, existe la posibilidad de que se solicite también el Impuesto de Donaciones, un impuesto directo con carácter progresivo y que depende de cada comunidad autónoma, por lo que es importante tenerlo en cuenta.
– Cuando se traspasa el negocio a una sociedad, reservándose el autónomo las participaciones que representan el total del valor de lo aportado.
En ambos casos, es necesario cumplir una serie de requisitos legales y avalados por consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.
Para llevar a cabo acciones tras la inspección de un negocio, se puede acudir al Tribunal Económico Administrativo. Hay que recalcar que sea éste regional (TEAR) o central (TEAC), no es un Tribunal de Justicia, sino un órgano administrativo del sistema tributario español. Esto quiere decir que está encargado de resolver los recursos administrativos y a él se acude con posterioridad a la liquidación que hace la Agencia Tributaria como consecuencia de la inspección. Previamente, existe la posibilidad de hacer un recurso de reposición.
FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting

Poradmin

Aspectos legales de las nuevas fórmulas de financiación alternativa para las empresas

En los últimos años han aparecido nuevas fórmulas de financiación e inversión para las empresas, que se caracterizan por la rapidez en el acceso al capital, la simplificación de los procesos, además de por valorar a las compañías emergentes con criterios distintos a los tradicionales ratings bancarios.
Sin embargo, estas nuevas fórmulas de acceso al crédito tienen diversas características que hay que tener en cuenta para descubrir cuál puede ser la más adecuada para cada empresa, según sus necesidades, su estructura y el momento en el que se encuentre el negocio.
«La obtención de financiación no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de una planificación financiera rigurosa y de un conocimiento profundo de estos instrumentos, ya que su preparación, ejecución y seguimiento requiere de una gran cantidad de recursos por parte de posiciones claves de la compañía», asegura Luis Gosálbez, socio director de una firma especializada en el asesoramiento a negocios tecnológicos e innovadores.
El tiempo es un elemento a tener en cuenta porque cada instrumento tiene plazos de maduración distintos. Con la financiación compramos tiempo, porque antes o después habrá que devolver el dinero obtenido, y con la inversión compramos potencial de crecimiento, porque son recursos propios de la empresa, a cambio de nuevas obligaciones y de reducir la capacidad de actuar de los socios iniciales.
Muchas empresas acaban fracasando porque tratan los préstamos como recursos propios o se olvidan de que hay que cuidar a los inversores. Además, algunas fórmulas exigen un histórico o una estructura financiera determinada, que hay que conocer antes de acudir a ellas. Por último, hay que tener en cuenta la jurisdicción, pues algunos instrumentos están regulados de forma distinta dependiendo del país, lo que puede dificultar el acceso o la ejecución, recuerdan los expertos.
Nuevas fórmulas de financiación de las empresas:
1. Venture debt
Son préstamos en los que parte del retorno se obtiene bajo la forma de acciones de la sociedad que lo recibe. En ocasiones se capitaliza parte de la deuda, parte de los intereses o bien se otorga al inversor derecho a suscribir parte de las nuevas acciones a valor nominal o con un descuento importante. Es un instrumento pensado para compañías en fases avanzadas, con necesidades de cashflow puntuales o que se encuentran entre dos rondas y no quieren diluirse de forma importante.
2. Crowdlending
Durante los últimos años hemos experimentado un importante auge del crowdfunding o inversión colaborativa, en el que varios inversores participan en rondas aportando pequeñas cantidades. El principal reto de este modelo es definir un modelo de gestión de la sociedad adecuado tras la ronda, ya que el derecho societario español está mal preparado para las sociedades limitadas con decenas o centenares de socios. Una opción igual de interesante, pero menos utilizada, es el crowdlending o préstamo colaborativo, en la que los inversores prestan dinero a cambio de un interés. Un elemento clave de este modelo es el rating de la empresa y de la operación, que es analizado por la plataforma que organiza el crowdlending y la retribución del mismo.
3. Descuento colectivo
Una evolución interesante del crowdlending es la que permite a las empresas descontar sus facturas frente a una comunidad de inversores. Tanto el crowdfunding como el crowdlending están regulados por la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, de 27 de abril de 2015, una norma que aporta seguridad al sistema pero que resulta tan restrictiva que, en la práctica, está dificultando mucho el desarrollo de esta actividad.
4. Business angels
En España empezamos a tener inversores particulares o fondos de inversión promovidos por estos business angels, que conocen bien su sector y tienen los contactos y la experiencia que buscan los emprendedores. Un error habitual es no definir bien en los acuerdos de inversión y pactos de socios las obligaciones de los BAs y las expectativas de los emprendedores, según el departamento de Corporate M&A de Metricson.
5. Convertible notes
Los préstamos convertibles no son una novedad en nuestro derecho, pero sí lo es la forma en la que se instrumentan para financiar empresas de reciente creación. Una de las principales debilidades de las rondas de inversión es que tardan tiempo en materializarse y que algunos inversores pueden dilatar el cierre durante meses, mientras que otros están dispuestos a hacer los desembolsos desde el principio. Los préstamos convertibles premian a los primeros inversores en desembolsar sus aportaciones, otorgándoles un descuento sobre el precio de cierre de la ronda. A más riesgo, más ganancia. Es un modelo cada vez más utilizado pero que tiene riesgos importantes si no se regula correctamente.
6. Contratos de cuenta en participación
Una figura clásica, pero que ha cobrado importancia durante los últimos años, que permite agilizar las inversiones en unidades productivas de negocios ya existentes a través de acuerdos entre los participantes, sin constituir complicadas estructuras societarias. Gracias a estos contratos, los inversores se sindican y actúan de forma unitaria para facilitar la financiación a la empresa interesada y para repartir los resultados de ese negocio.
7. ICOs
La oferta inicial de moneda (Initial Coin Offering) se ha destapado como una de las fórmulas de inversión más disruptiva de los últimos años, no exenta de polémica por la falta de definición de su marco normativa en algunos países. Jurisdicciones como Suiza (con su Crypto Valley) o Hong Kong están actuando como polos de atracción para empresas de todo el mundo interesadas en tokenizar activos y ofrecerlos al público bajo la forma de nuevas monedas, normalmente vinculadas a mercados secundarios que facilitan la liquidez del sistema. Se trata de un modelo similar al contrato de cuenta en participación, ya que los inversores adquieren un porcentaje de un activo productivo, derecho, rama de negocio o cualquier otro elemento con capacidad de ver su valor incrementado, bajo la forma de un token o moneda.
FUENTE: EL ECONOMISTA

Source: econsulting