El banco también debe asumir el coste de la cancelación de la hipoteca

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El banco también debe asumir el coste de la cancelación de la hipoteca

La justicia impone el gasto a la entidad financiera al ser beneficiaria de la inscripción.
El banco debe asumir el gasto de la cancelación registral de la hipoteca. Así lo establece una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que condena a Kutxabank a devolver la cantidad total del desembolso efectuado por los clientes hipotecados para cancelar la hipoteca que les había concedido.
En su resolución, el tribunal rechaza la alegación del banco que consideraba que el hipotecado era el único interesado en hacer desaparecer la carga del Registro de la Propiedad. Según señalan los magistrados, la inscripción se hizo en beneficio y garantía de la parte prestamista, es decir del banco. De ahí que, llegando a la misma conclusión que la sentencia de instancia, establece que el gasto de su cancelación corresponde a la entidad financiera. Si el gasto de constitución era innecesario para el cliente, ni tiene que afrontar la carga de la inscripción en el Registro de la Propiedad, ni el desembolso por la desaparición o cancelación de la misma, que no hubiera existido si no se hubiera registrado.
Kutxabank pretendía hacer valer que la cláusula anulada en instancia solo afectaba a los gastos de constitución, no a los de cancelación de la hipoteca, pero los magistrados rechazan este argumento. Una vez pagado el préstamo y atendida la obligación principal, la garantía desaparece y aquel en cuyo interés se inscribió tendrá que atender igualmente a los gastos de su desaparición.
Esta decisión obligó al banco a reintegrar cerca de 600 euros por gastos de notario, Registro de la Propiedad y gestoría y es un nuevo revés para las entidades financieras que obligan a los prestatarios a asumir gastos que no les corresponden.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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Este brazo robótico nos da de comer de forma autónoma para que nosotros sólo nos preocupemos de socializar

Este brazo robótico nos da de comer de forma autónoma para que nosotros sólo nos preocupemos de socializar

Estamos en una cena y en lugar de charlar con nuestra pareja tenemos que preocuparnos por comer y usar nuestras manos para llevar el alimento a nuestra boca. Bueno, pues esto es lo que un grupo de investigadores busca evitar con la creación de ‘Arm-A-Dine‘, un brazo robótico que nos alimentaria mientras nosotros nos preocupamos por interactuar con otras personas al momento de estar comiendo.

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Juegos de Exerción en la Universidad RMIT en Australia y del Instituto Indio de Diseño de Tecnología de la Información crearon esto, cuyo objetivo es hacer que el momento de comer sea «una experiencia más social». Leer más

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Medina Morales & Asociados nuevo Partner de E-consulting/Grupo ADADE en Madrid

Este brazo robótico nos da de comer de forma autónoma para que nosotros sólo nos preocupemos de socializar

Estamos en una cena y en lugar de charlar con nuestra pareja tenemos que preocuparnos por comer y usar nuestras manos para llevar el alimento a nuestra boca. Bueno, pues esto es lo que un grupo de investigadores busca evitar con la creación de ‘Arm-A-Dine‘, un brazo robótico que nos alimentaria mientras nosotros nos preocupamos por interactuar con otras personas al momento de estar comiendo.

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Juegos de Exerción en la Universidad RMIT en Australia y del Instituto Indio de Diseño de Tecnología de la Información crearon esto, cuyo objetivo es hacer que el momento de comer sea «una experiencia más social». Leer más

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Medina Morales & Asociados nuevo Partner de E-consulting/Grupo ADADE en Madrid

Recientemente se ha firmado el acuerdo de colaboración por el que Medina Morales & Asociados pasa a formar parte del grupo de servicios profesionales E-Consulting/Grupo ADADE. El acuerdo ha sido firmado por Carolina Medina Morales, Socia Directora de Medina Morales & Asociados, y Anna Cristina Calduch Skopalik, Presidenta de E-Consulting.
Con el apoyo de E-Consulting/Grupo ADADE presentes tanto a nivel nacional como internacional pretendemos generar un mayor valor para nuestros clientes con el fin de proporcionarles la mayor cobertura posible y por consiguiente un mejor servicio.
Según el estudio realizado por Expansión, el sector de firmas de servicios profesionales facturó en torno a los 2.700 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 7,2% respecto al año anterior. Dentro del sector, E-Consulting/Grupo ADADE se sitúa como 9ª firma por facturación en el ranking elaborado por la misma publicación.
En la foto:
Izda. Carolina Medina Morales Socia Directora de Medina Morales Abogados y Anna C. Calduch Skopalik Presidenta de E-Consulting.

Source: econsulting

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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre. La modificación normativa acometida a través del presente Real Decreto-Ley afecta a un aspecto parcial de la regulación de un tributo en concreto, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, únicamente en una de sus modalidades, la relativa a documentos notariales  y sólo los correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria. Modifica el artículo 29 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993. Añade un apartado 25 en el artículo 45.I.B), del citado Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, una letra m) en el artículo 15 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
(BOE 271/2018, publicado el 9 de noviembre)                  Ver documento
FUENTE: BOE

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El salario en especie

El salario en especie es la retribución consistente en una prestación distinta del dinero, que ha de tener una traducción económica para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, quedando excluidos del mismo los bienes que proporcione la empresa al trabajador para el estricto cumplimiento de la prestación laboral.
Requisitos

Tiene que reunir los siguientes requisitos:
    • Carácter patrimonial, lo que significa que debe ser convertible en dinero;
    • Adecuado, esto es, debe ostentar una entidad económica suficiente de manera que su recepción por el trabajador ha de suponer para éste un incremento patrimonial por importe equivalente al valor del trabajo objeto de remuneración;
    • Percepción individual o individualizable: se trata de un bien o servicio entregado en correspondencia con el trabajo prestado por cada trabajador de modo que no es salario cuando se entrega de forma indiferenciada a un grupo de trabajadores;
    • Prestaciones apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y el valor atribuido a dichas prestaciones en especie debe ser justo y razonable.

El abono del salario en especie puede generar abusos y perjuicios para el trabajador. Por ello, se entiende que sólo existe salario en especie cuando viene fijado por las normas legales o convencionales aplicables o haya sido objeto de pacto expreso o tácito. Los rendimientos de trabajo en especie se valoran de acuerdo con las normas establecidas en la normativa reguladora del IRPF.
Límites

El salario en especie no puede superar, en ningún caso, el 30% de las percepciones salariales del trabajador y no puede minorar la cuantía íntegra en dinero del SMI. Esta limitación cuantitativa es aplicable también a las relaciones laborales de carácter especial y ha delimitado la relación entre SMI y retribución en especie.
Se trata de una norma de derecho imperativo que no puede ser incumplida por lo que cualquier pacto o convenio que altere tal disposición es nulo, debiendo limitarse la percepción en especie en el sentido que indica la norma. No obstante, la doctrina de suplicación viene entendiendo que, aunque el pacto sea nulo, ello no implica negarle cualquier efecto y negar al trabajador el derecho a percibir el salario en especie que le corresponda de modo que la cantidad que excede del límite se integra dentro de la remuneración pactada como si se tratase de una cláusula válida
Modalidades

Las más habituales son las siguientes:
– Vivienda.
– Manutención.
– Vehículo.
– Otros servicios o beneficios.
Vivienda

Constituye salario en especie la puesta a disposición del trabajador de una vivienda o alojamiento a título gratuito, sin pago de alquiler, o a precio inferior al de mercado.
La vinculación entre el uso y disfrute de la vivienda y el contrato de trabajo determina que las vicisitudes del contrato pueden afectar a esta forma de retribución en especie. Así, la suspensión del contrato de trabajo, aunque supone la suspensión de las principales obligaciones del contrato, entre ellas la de remunerar, no determina la suspensión del derecho al disfrute de la vivienda de modo que el trabajador no puede ser desalojado de la misma.
En muchos casos, los convenios colectivos expresamente reconocen el derecho del trabajador a permanecer en la vivienda proporcionada por la empresa durante los períodos de suspensión del contrato.
Sin embargo, la extinción del contrato de trabajo sí determina la extinción del derecho a disfrutar de la vivienda, tanto si es por despido como si la extinción deriva de otra causa (así, por jubilación del trabajador). La única excepción se produce cuando por previsión expresa del convenio colectivo, por acuerdo entre empresario y trabajador o por decisión unilateral de aquel se permite la continuidad en el disfrute de la vivienda después de extinguido el contrato.
En todos estos casos, el trabajador mantiene el derecho a permanecer en la vivienda durante un mes, prorrogable hasta dos por el Juez, transcurridos los cuales el empresario puede instar el lanzamiento ante el Juzgado.
Manutención

También constituye salario en especie la entrega al trabajador de cheques restaurante o la posibilidad de disfrutar de servicio de comedor en las instalaciones de la empresa con la finalidad de cubrir total o parcialmente el coste económico de las comidas.
Con esta modalidad de salario en especie, el empresario no persigue compensar al trabajador por un gasto que éste realice con ocasión de la prestación laboral, pues en ese caso estaríamos ante una dieta que carece de naturaleza salarial, sino de facilitarle los medios necesarios para satisfacer una necesidad de donde se deriva que la manutención es una forma de retribuir el trabajo prestado.
Vehículo

La concesión o puesta a disposición del trabajador de un vehículo también puede ser una forma de salario en especie. Para ello es preciso que el uso del vehículo esté destinado a fines particulares y privados por el trabajador, situación que se produce, por ejemplo, cuando al trabajador se le concede el derecho a disfrutar de un vehículo con cargo a la empresa cuando su actividad no requiere de dicho vehículo.
En caso contrario, cuando el vehículo constituye meramente un instrumento o medio de trabajo necesario para el buen desempeño de su cometido por el trabajador y, por tanto, está destinado exclusiva o fundamentalmente a la actividad laboral no constituye retribución ni, por tanto, salario en especie.
Las situaciones mixtas, esto es, aquellos supuestos en los que el vehículo se utiliza indistintamente para la actividad profesional y para uso particular y privado del trabajador, requieren un análisis de las circunstancias concurrentes de modo que la calificación como salario en especie o no depende de la finalidad que prevalezca en la concesión del vehículo.

Otros servicios o beneficios

El disfrute de plaza de garaje en la empresa no constituye como regla general más que un servicio asistencial de carácter no salarial, un beneficio ofrecido al trabajador para facilitarle la prestación del trabajo. Sin embargo, puede tener carácter de salario en especie cuando su uso no se limita al tiempo de trabajo.
En el mismo sentido, también se considera salario en especie la retribución mediante tarjetas de gasolina cuando ésta se abona para el uso permanente, constante e indistinto del vehículo asignado.
No tiene la consideración de salario la compensación por gastos de combustible cuando dichos gastos se produzcan para el correcto desarrollo de la prestación de trabajo.
FUENTE: MEMENTO CONTRATO DE TRABAJO

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Cyber Monday 2018: las mejores ofertas en tecnología e informática del lunes

Cyber Monday 2018: las mejores ofertas en tecnología e informática del lunes

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Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA

Cyber Monday 2018: las mejores ofertas en tecnología e informática del lunes

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Hacienda suaviza el SII para la empresa adherida a la devolución mensual del IVA

No deberán presentar los registros de facturación del primer semestre. El cambio de postura beneficiará a 36.000 empresas.
La cuenta atrás para la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información ha empezado. A partir del 1 de julio, unas 62.000 empresas deberán enviar en el plazo de ocho días el detalle de las facturas emitidas y recibidas a la Agencia Tributaria. Supone el cambio en la gestión del IVA más relevante desde que se introdujo el impuesto. A pesar de que el proyecto entra oficialmente en vigor el 1 de julio, Hacienda comunicó que exigirá que las empresas entreguen también los registros de facturación del primer semestre con los nuevos programas de gestión del SII.
Sin embargo, según ha podido saber Cinco Días, las compañías adscritas al Redeme (Registro de Devolución Mensual del IVA) no deberán entregar las facturas emitidas y recibidas entre enero y junio de este año a través del SII. Fuentes de la Agencia Tributaria argumentan que este colectivo ya facilitará información sobre sus libros registros del primer semestre de 2017 al cumplimentar el modelo 340. Por lo tanto, Hacienda considera que no es necesario que las empresas envíen la misma información a través del SII. Con esta medida, Hacienda atiende las reclamaciones de las empresas del Redeme.
Este cambio de postura se incluirá en la orden ministerial que regula las especificaciones normativas y técnicas del SII y que se publicará en breve. Actualmente, puede consultarse un borrador en la página web de la Agencia Tributaria. Aun así, este texto no es definitivo y, por ejemplo, no incluye la decisión de suavizar las exigencias de información para las empresas adscritas al régimen de devolución mensual.
El SII afectará a las grandes empresas –que son aquellas que facturan más de seis millones de euros–, a las compañías inscritas en el Registro de devolución Mensual del IVA y a los grupos de IVA. Las compañías adheridas al régimen de devolución mensual, tengan o no la condición de gran empresa, son el único colectivo que no deberán presentar los datos de facturación del primer semestre con el SII. Fuentes de la Administración estiman que la medida beneficiará a 36.000 contribuyentes, el 60% del total de empresas afectadas por el SII.
Actualmente ya hay un grupo de empresas que están realizando una prueba piloto de la puesta en marcha del SII, que se extenderá a partir de julio y de forma obligatoria. A lo largo de este año, el plazo para informar de las facturas será de ocho días. A partir de 2018, el período quedará definitivamente fijado en cuatro días. La Agencia Tributaria defiende que los cambios tecnológicos permiten avanzar hacia una nueva forma de gestión que supondrá que las empresas llevarán sus libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Y la información se actualizará en tiempo casi real con el envío de los datos de facturación de las empresas. Las compañías no remitirán las facturas, sino ciertos campos de información que incluyen desde la fecha de expedición, hasta los nombres y apellidos o razón social del destinatario, la base imponible, el tipo de factura o el período de liquidación entre otros epígrafes. En la web de la Agencia Tributaria se gestionarán los libros registro de facturas expedidas, de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.
Un borrador del IVA
Las compañías han señalado que el cambio supone un coste relevante en la medida en que obliga a modificar las aplicaciones informáticas y supone un cambio radical de la forma en la que se ha gestionado el IVA hasta ahora. La Agencia Tributaria pone el énfasis en que el proyecto SII supondrá la supresión de obligaciones formales al eliminarse los modelos 347, 340 y 390. Además, a partir de ahora y como ya sucede en el ámbito del impuesto sobre la renta, Hacienda facilitará a los contribuyentes datos fiscales del IVA para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La idea es que en el futuro se pueda remitir una suerte de borrador del IVA. La puesta en marcha del SII también supondrá la ampliación del período de presentación de las autoliquidaciones a los primeros 30 días naturales del mes siguiente al período de referencia. Hasta ahora, el límite eran 20 días.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting

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El Constitucional y la plusvalía municipal

Lo previsible es que se declare para toda España la inconstitucionalidad de cobrar plusvalía si no hay incremento de valor
Últimamente han tenido gran eco las sentencias del Tribunal Constitucional del 16 de febrero y el 1 de marzo relativas al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal). De una búsqueda en internet se puede sacar la impresión de que dichas sentencias han anulado en toda España el citado impuesto cuando se ha vendido un inmueble urbano por debajo de su valor de compra o, incluso, que dicho impuesto ha desaparecido. Pero ni una cosa ni la otra se establece en dichas sentencias, por lo que conviene precisar cuál es el alcance real de estas.
Dicho impuesto pretende gravar el incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten, pero se ha convertido en un peaje más que tiene que soportar el sufrido contribuyente cuando transmite un inmueble urbano, y ello con independencia de que con la transmisión realmente haya obtenido o no plusvalía.
Esto es así porque la Ley de Haciendas Locales (LHL) establece que el incremento de valor se calcula tomando el valor catastral del suelo, aplicándole un porcentaje anual y multiplicándolo por el número de años que se ha sido propietario del inmueble (con un máximo de 20). Para la ley, el resultado de dicha operación es el teórico –e irreal– incremento de valor del terreno, al cual se aplica el tipo de gravamen, obteniéndose así la cantidad a pagar. Evidentemente, con este sistema siempre sale un resultado positivo y, por tanto, una cantidad a pagar, aunque, dada la notoria bajada del valor de los inmuebles, en muchos casos no se haya producido un incremento sino una pérdida de valor.
Ante la falta de voluntad del legislador para solucionar una situación manifiestamente injusta –pero que reporta suculentos ingresos a la Administración– han sido algunos órganos judiciales los que han tratado de poner coto a la situación. Y lo han hecho por dos vías: unos han entendido que como lo que se grava es el “incremento de valor”, si este no existe, no se produce el hecho imponible y no hay que pagar; otros han considerado que los artículos 107 y 110.4 LHL son inconstitucionales por vulnerar los principios de justicia y no confiscatoriedad, y lo han planteado ante el Tribunal Constitucional. Pero otros se han limitado a aplicar los citados preceptos y han dado por buenas las liquidaciones practicadas por los ayuntamientos.
«La LHL sigue en vigor en todos sus preceptos, aunque ya se sabe que el Constitucional la declarará parcialmente inconstitucional»
Las citadas sentencias del Constitucional han resuelto sobre las dos primeras cuestiones de inconstitucionalidad planteadas de una forma que puede resultar paradójica: han declarado inconstitucional que se aplique dicho impuesto cuando no se ha producido incremento de valor del terreno, en Gipúzcoa (STC 16-2-2017) y en Álava (STC 1-3-2017), y han inadmitido las cuestiones de inconstitucionalidad respecto de los preceptos de la Ley de Haciendas Locales.
¿Cómo es esto posible? Por uno de los vericuetos de nuestro derecho. Un juez, antes de dictar una sentencia que debe basar en un precepto de cuya constitucionalidad duda, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. La citadas sentencias resuelven dos cuestiones de inconstitucionalidad, una de un juzgado de Donostia y otra de uno de Vitoria, que plantearon la inconstitucionalidad tanto de preceptos de la ley estatal que regula la plusvalía (LHL) como de preceptos de las normas forales guipuzcoana y alavesa sobre dicho impuesto (de contenidos similares a la ley estatal). El Constitucional ha entendido que para los casos planteados por dichos juzgados solo eran de aplicación las correspondientes normas forales y no se ha pronunciado sobre la ley estatal.
Hay otras siete cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, y en seis de ellas la ley a aplicar es directamente la estatal (al no existir norma foral). Lo previsible es que en el futuro se declare expresamente para toda España la inconstitucionalidad de cobrar plusvalía si no hay incremento de valor.
Ahora los juzgados se encuentran con una curiosa papeleta: la LHL sigue en vigor en todos sus preceptos, aunque ya se sabe que el Constitucional la declarará parcialmente inconstitucional. ¿Qué harán? ¿Esperar a que el Constitucional pronuncie expresamente sobre la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados de la LHL? ¿Seguir aplicándolos (al seguir vigentes)? ¿O entender que los mismos no pueden ser aplicados porque la doctrina del Constitucionalidad evidencia su inconstitucionalidad? Veremos que opción toma cada juzgado y esperemos que impere el sentido común.
FUENTE: CINCODÍAS

Source: econsulting