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Las (claras) ventajas para el autónomo que tiene Contingencias Profesionales

Una IA logra contar una a una todas las placas solares de EEUU partiendo únicamente de fotos de satélite

Configurar y gestionar una infraestructura eléctrica a nivel nacional es una empresa extraordinariamente compleja, que muchos grandes países no han sido capaces de resolver aún adecuadamente (por unas razones u otras).

En los Estados Unidos, por ejemplo, los apagones (de amplias zonas del país y a veces durante más de 24h) constituyen un problema endémico. Pero, por si esto no fuera poco, las energías renovables, pese a su innegable utilidad, añaden otro grado de complejidad al problema.

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Las (claras) ventajas para el autónomo que tiene Contingencias Profesionales

¿Qué son las contingencias profesionales? ¿Me conviene escogerlas como autónomo? ¿Qué pasará si finalmente son obligatorias?
Actualmente, un autónomo decide la protección social que quiere tener, en función de las coberturas escogidas. Las contingencias comunes son obligatorias, y cubren al profesional en caso de enfermedad común. Sin embargo, en la mayoría de las actividades como autónomo, las contingencias profesionales son a día de hoy opcionales. Es decir, si tenemos un accidente o enfermedad derivada de nuestra actividad laboral, tendremos peores coberturas.
Esta situación puede cambiar, pues el reciente acuerdo entre asociaciones de autónomos y Gobierno plantea la posibilidad de que las contingencias profesionales sean obligatorias para todos. Por esa razón analizamos a continuación qué aportaría al autónomo contar con ellas.
En una jornada de Unión de Mutuas celebrada en Barcelona, se han analizado los diferentes tipos y bases de cotización existentes para el profesional autónomo.
Como decíamos, cotizar por contingencias profesionales supone para el trabajador autónomo el tener cubiertas las coberturas por accidente laboral. Cuando un autónomo, por desconocimiento, no cotiza por contingencias profesionales, cuando sufre un accidente o enfermedad laboral carece de cobertura sociales.
De ahí que, según se explicó en la jornada, la cotización que elija el autónomo “es clave”, puesto que “determinará en el futuro su protección social”, incluida la cantidad que cobrará por baja laboral.
Contingencias profesionales vs contingencias comunes
En este caso, si un autónomo que cotiza por contingencias profesionales sufre un accidente laboral, cobrará desde el día siguiente a la baja médica el 75% de la base de cotización del mes anterior a la baja. Sin embargo, si el trabajador autónomo no ha optado por la contingencia profesional, cuando cause baja médica deberá de cumplir un periodo de carencia de 180 días cotizados, por lo que no cobrará los tres primeros días, del 4º al 20º cobrará solo el 60 % de su base reguladora y sólo a partir del 21º día cobrará el 75%.
Y es que una de las grandes diferencias entre las contingencias comunes y las profesionales es que las primeras no cubren las prestaciones por muerte y supervivencia, mientras que las contingencias profesionales aseguran el derecho de los familiares a tener una indemnización especial a tanto alzado de seis mensualidades de la base reguladora y una mensualidad más por cada hijo beneficiario.
Por otro lado, si el accidente deriva en una incapacidad permanente total, absoluta o una gran invalidez, la cuantía del subsidio variará. Si el autónomo tiene la cobertura por contingencia profesional, para el cálculo de la prestación se toman los últimos 12 meses cotizados, con lo que la cuantía resultante es mucho más próxima a la realidad económica del autónomo y, probablemente, más alta al reducirse el periodo de cotización.
FUENTE:CINCODÍAS

Source: econsulting

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¿Qué nuevos derechos 'digitales' reconoce la ley de protección de datos a los trabajadores?

La nueve Ley Orgánica reconoce y regula el ejercicio de derechos como el de la desconexión laboral
La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que entró en vigor el pasado 7 de diciembre, reconoce expresamente a los trabajadores un conjunto de derechos digitales que pueden hacer valer frente al empresario. Alguno de ellos, como el derecho a la desconexión laboral, es la primera vez que se regula, otros, como la intimidad frente a la videovigilancia se ejercitaban ya dentro del genérico derecho fundamental a la intimidad (reconocido por el artículo 18 de la Constitución) pero referido al ámbito laboral. En este último caso los tribunales han ido, caso a caso, delimitando las líneas rojas de la empresa a la hora de controlar a sus empleados.
La gran novedad es que, ahora, existe un precepto que recoge explícitamente estos derechos, regula su extensión, y, además, incorpora una serie de garantías para protegerlos. Por otro lado, el legislador extiende estos nuevos derechos digitales a los empleados públicos.

Uso de dispositivos digitales
El artículo 87 de la ley reconoce a los trabajadores el «derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador» y a su vez, la obligación del empresario de «establecer criterios de utilización» estos dispositivos. Estos deberán respetar en todo caso los «estándares mínimos» de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente.
Esta cláusula, a diferencia de la regla general del Código Civil, enumera en primer lugar el uso o costumbre como parámetro al que deben ajustarse los criterios de utilización del ordenador y otros dispositivos. De esta manera, deberá tenerse muy en cuenta el hábito social generalizado la tolerancia en el uso, por ejemplo, de internet. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (accede aquí al texto), que confirmaba el despido disciplinario de un empleado por navegar demasiado en su tiempo de trabajo, tuvo en cuenta que este hacía un uso de la red que triplicaba el de sus compañeros.
Además de establecer criterios claros en el uso de estos dispositivos digitales, la ley precisa que deben establecerse garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, «tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados» (acceso a redes sociales, cuentas de correo, leer el periódico, etc.).
En todo caso, los trabajadores deben ser informados de los criterios de utilización que se establezcan.
Desconexión digital
El conocido como derecho a la desconexión digital regulado en el artículo 88 de la ley tiene su origen en la legislación francesa, y establece una garantía para que se respete el descanso, permisos y vacaciones, de los trabajadores (incluidos los directivos) fuera del horario laboral, así como su intimidad personal y familiar.
La dificultad de articular este derecho queda patente en el desarrollo que hace la norma. Se establece que las modalidades de ejercicio «atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral» y se «sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores».
Por otro lado, el empleador debe incluir una política interna, consensuada con los trabajadores, que establecerá cómo se puede ejercitar este derecho y sensibilizará sobre el riesgo de fatiga informática. La norma se refiere al caso particular del teletrabajador, señalando que se garantizará su derecho a la desconexión informática.
Preservar el descanso y la intimidad personal y familiar a veces entra en conflicto con determinadas exigencias de la relación laboral. El Tribunal Supremo confirmó en una reciente sentencia (accede aquí al texto) el despido de un conductor que se negó a prolongar su jornada para cumplir con las exigencias de un cliente. Existía en este caso un acuerdo firmado con los representantes de los trabajadores para atender estas eventualidades.

Videovigilancia y grabación de sonidos
La ley permite al empleador el tratamiento de las imágenes obtenidas mediante videocámaras. Sobre la colocación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo para controlar a los empleados hay muchas resoluciones judiciales. La más comentada fue la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligó a indemnizar a cinco cajeras filmadas robando porque no se les informó de las cámaras ocultas.
En el actual artículo 89 de la ley se hace referencia a este caso concreto y se establece que si la cámara captó la comisión flagrante de un ilícito se entenderá cumplido el deber de informar a los empleados de esta medida cuando el dispositivo incluya un cartel o dispositivo que cumpla con los estándares previstos en la norma. Debe colocarse en un lugar visible e informar al menos de que se realizará tratamiento de las imágenes, la identidad del responsable, así como la posibilidad de ejercitar los derechos sobre las imágenes, principalmente de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
Se prohíbe la instalación de cámaras o sistemas de grabación de sonido en lugares de descanso como, por ejemplo, los comedores. También limita el uso de sistemas de grabación de sonidos a situaciones en los que sea una medida relevante para evitar riesgos en la «seguridad de las instalaciones, bienes o personas», aunque siempre respetando el principio de proporcionalidad.
Geolocalización
El artículo 90 reconoce el derecho del empleador a tratar los datos obtenidos a través del sistema de geolocalización de automóviles o dispositivos móviles para controlar a sus empleados. Siempre se ha de informar a los trabajadores de la existencia y características de estos dispositivos, así como sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.
De la jurisprudencia existente hasta ahora, existen dos reglas básicas: la empresa puede controlar al empleado mediante GPS siempre que esté previamente informado, y, este control no podrá exceder de la jornada u horario laboral, como estableció el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una sentencia.
FUENTE: EL PAÍS

Source: econsulting

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Los 12 momentos tecnológicos más importantes del año (Despeja la X, 1×29)

Los 12 momentos tecnológicos más importantes del año (Despeja la X, 1x29)

Menudo año. Si en enero nos dicen que 2018 iba a ser tan «movidito» en lo que se refiere a tecnología y ciencia… posiblemente no nos lo habríamos creído. Que hasta Zuckerberg se ha puesto traje (raro) y ha tenido que comparecer delante del Senado de Estados Unidos (más raro aún).

El capítulo de Despeja la X de esta semana es un poco especial, y es que contamos con la presencia de muchos de los colaboradores de Xataka que han ido apareciendo en el podcast durante estos meses. Les hemos preguntado cuál ha sido, para ellos, el gran momento tecnológico del año, y a continuación puedes escuchar lo que nos han respondido. A los mandos, como siempre, nuestro gran compañero Santiago Araujo. Leer más

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Cuando el concurso de acreedores es solo un punto y seguido

Los 12 momentos tecnológicos más importantes del año (Despeja la X, 1x29)

Menudo año. Si en enero nos dicen que 2018 iba a ser tan «movidito» en lo que se refiere a tecnología y ciencia… posiblemente no nos lo habríamos creído. Que hasta Zuckerberg se ha puesto traje (raro) y ha tenido que comparecer delante del Senado de Estados Unidos (más raro aún).

El capítulo de Despeja la X de esta semana es un poco especial, y es que contamos con la presencia de muchos de los colaboradores de Xataka que han ido apareciendo en el podcast durante estos meses. Les hemos preguntado cuál ha sido, para ellos, el gran momento tecnológico del año, y a continuación puedes escuchar lo que nos han respondido. A los mandos, como siempre, nuestro gran compañero Santiago Araujo. Leer más

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Cuando el concurso de acreedores es solo un punto y seguido

A pesar de que la legislación reforzó su papel de tabla de salvación para pymes y autónomos, el procedimiento concursal aún carga con el estigma de símbolo del fracaso y sigue desaprovechado
La crisis dejó a muchas personas en situaciones realmente comprometidas, en especial a autónomos y pequeños empresarios que acabaron con grandes deudas porque a su vez no recibieron el pago de sus trabajos y no pudieron hacer frente a sus facturas. Solicitar el concurso de acreedores es una salida para muchas de estas personas pero sobre todo supone «darles una segunda oportunidad para que vuelvan a ser productivos para la sociedad», explica a ABC el economista alemán Raphael Nagel. Recuerda que en España hay entre dos y tres millones de personas sobrendeudadas y solo se realizan 2.000 procedimientos de concurso de acreedores al año cuando «en Alemania superan los 100.000». Cree que existe «poca empatía por quien fracasa» y que la sociedad debe ayudar a la gente para que «vuelva a empezar». Es normal oír hablar de concurso de acreedores cuando se trata de las grandes empresas, «a ellas sí se las permite que fracasen y desaparecen», añade.
Para explicar el mito que sigue siendo este procedimiento legal, Raphael Nogal ha logrado juntar a 13 magistrados en el libro «Visión concursal», donde divulgan su conocimiento sobre la absolución de las deudas dejando un mensaje de esperanza para todos aquellos que viven una difícil situación. Uno de ellos, Carlos R. Puigcerve, inspector delegado del Servicio de Inspección de CGPJ, ha llevado muchos casos en el juzgado de primera instancia de personas físicas no empresarias mientras que cuando se trata de autónomos y empresarios lo llevan los juzgados de lo mercantil. «No me explico como algo tan potente, tan fantástico, no inunda nuestros juzgados. La gente reclama los gastos del notario de las hipotecas, de la maternidad… pero ¿sólo hay 2.000 personas víctimas de la crisis que no se han recuperado?», se cuestiona. Tal y como explica a ABC, cree que «se debe al desconocimiento tanto de los deudores como de los profesionales. Hace falta formación al respecto de abogados, jueces y ciudadanos. Este sistema es maravilloso para limpiar pasivos, deudas», añade.
Segunda vida
En el 2015 se instauró la llamada Ley de la Segunda Oportunidad para facilitar a las personas físicas, autónomos, familias, y particulares que puedan librarse de sus deudas y afrontar una nueva vida personal y profesional. «He visto casos dramáticos producidos por diferentes motivos como quedarse en el paro, caer enfermo, reducciones de sueldo… todo te lleva a no poder asumir tus gastos», matiza Carlos R. Puigcerve. «Con la Segunda Oportunidad primero debes liquidar tus bienes y luego se te perdonan las deudas y puedes empezar de nuevo», puntualiza. En una fase previa se intenta llegar a un acuerdo en los pagos pero cuando esto no ocurre se presenta la solicitud del concurso consecutivo. «Es ver lo que tiene la persona embargable, convertirlo en dinero y pagar lo que se pueda», explica Carlos R. Puigcerve. Uno de los requisitos para tener el perdón de la deuda «es que en tu concurso de acreedores no se califique como culpable», explica. Cuando existe patrimonio del deudor se vende y se obtiene el dinero para pagar los créditos por este orden: privilegiados, ordinarios y subordinados. El 60% de las solicitudes que pasan por este magistrado «no tienen un solo bien y en estos casos el legislador tiene en cuenta si has destinado una parte de los ingresos embargables a pagar tus deudas». Existe una exoneración inmediata y otra que lleva cinco años.
Los magistrados que han participado en el libro coinciden en señalar que «hay que buscar la profesionalización» en el concurso de acreedores, subraya José María Tapia López. Y creen que es importante que exista un manual para orientar a los magistrados ya que a muchos de ellos les llega uno o dos casos de esta dimensión.

Deudas de 300.000 euros perdonadas
Una serie de circunstancias llevaron a Javier F., de Badalona, a una situación insostenible, con deudas de 300.000 euros y amenazado cada vez que salía a la calle. «Entré en depresión, no quería salir e incluso llegué a pensar en suicidarme», reconoce a ABC. Javier es autónomo: «Hago reformas y trabajos que me van saliendo», asegura, y la vida le ha dado una segunda oportunidad después de que viese todas sus deudas perdonadas al presentarse a un concurso de acreedores. «Yo no me lo podía creer pero afortunadamente ya no tengo la mochila que tenía y a mi hijo no le falta de nada», reconoce. En el 2005 Javier trabajaba en el mundo de la construcción y ganaba fácilmente entre 4.000 y 5.000 euros al mes.
Compró una casa donde vivía con su mujer y su hijo. Años más tarde todo se volvió en su contra. Ya sin trabajo quiso ayudar a su madre, que tenía un bar, y pidió un préstamo para sacar adelante dicho negocio. Esa ayuda no resolvió los problemas: «Se me echó encima el préstamo que el banco a su vez había vendido a un fondo buitre», explica. Su casa quedó embargada y el bar acabó por cerrar pero debiendo dinero a muchos proveedores. Su mujer le pidió el divorcio y unos 500 euros de los 1.500 que ganaba se los embargaban para pagar las deudas, «pero yo no lograba hacer frente a todos mis gastos». A través de la Fundación Nagel se enteró de la existencia del concurso de acreedores y en un año ha logrado cerrar la etapa más dura de su vida. «Mucha gente no sabe que es posible esta solución, haría falta más difusión», se lamenta. Además, no ha perdido su casa porque le quedaban 200.000 euros por pagar del préstamo hipotecario y si la vendía le pagaban solo 90.000 euros (los efectos de la burbuja inmobiliaria).
FUENTE: ABC

Source: econsulting

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La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y ocho meses desde enero

El retiro se mantiene en 65 años con el 100% de la pensión para los que hayan cotizado a la Seguridad Social al menos 36 años y nueve meses
La aplicación de la reforma de las pensiones sigue su curso mientras el Pacto de Toledo continúa, después de más de dos años de trabajos, buscando fórmulas para asegurar el presente y futuro del sistema público. La llegada de 2019 traerá un nuevo cambio en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones, que desde el año 2013 está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que todavía lucha por recuperarse de una crisis que acabó con 3,7 millones de puestos de trabajo.
La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y ocho meses. A partir de 2019 la edad de jubilación se incrementará dos meses cada año hasta 2027.
¿Qué ventajas tiene para el sistema público retrasar la edad jubilación? Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones, y por otro, retrasa el cobro de la pensión. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que aporta a la caja común, pero no consumiendo pensiones.
El retraso, que se aprueba con carácter general, tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 36 años y nueve meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.
La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar y con sueldos más bajos. También tendrán problemas las mujeres con lagunas de cotización.
En 2019 también cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que ese año quedará fijado en 22 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.
El nuevo año también traerá modificaciones en la jubilación anticipada. La norma retrasa hasta 63 años y ocho meses la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que en paralelo a la legal de retiro podrá realizarse dos años antes también hasta el año 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años. Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que irá desde el 2% de la base reguladora, si se han cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.
En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta cuatro años antes de la edad legal de retiro -en 2019, a los 61 años y ocho-.
¿Cuánto tendrás al jubilarte ahorrando todos los meses?
Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados.
La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT en febrero de 2011. La ley fue aprobada definitivamente en agosto de 2011, cuando algunas de sus disposiciones entraron en vigor, y otras lo hicieron en enero de 2012, si bien la puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de jubilación, se estableció en el 1 de enero de 2013, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Subidas idénticas al IPC
Cambios normativos y nuevas cuantías para la pensiones en 2019. Al igual que ha ocurrido este ejercicio, las nóminas de los jubilados subirán con el IPC después de que se desterrase el incremento del 0,25% que establece la ley de pensiones aplicada los últimos cinco años.
La subida de las pensiones ya se convirtió en un campo de batalla política en los Presupuestos Generales de 2018. El alza inicialmente prevista por la ley de solo el 0,25% acabó en un incremento del 3% para las mínimas y del 1,6% para todas las demás, tras un acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy, el PNV y Ciudadanos. Esas alzas fueron las que, finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez, aplicó cuando se tramitaron las cuentas.
Y para el próximo año, según lo pactado por Pedro Sánchez con Podemos, se repetirá la misma operación. El IPC volverá a ser la referencia para la revalorización y las mínimas crecerán, de nuevo, un 3%. Antes, el Gobierno deberá compensar a los jubilados por la desviación de los precios que seguro se producirá este ejercicio, en el que se esperan subidas más elevadas que el 1,6% en el que se incrementaron las pensiones. La diferencia la recibirán en una paga única en enero.
FUENTE: ABC

Source: econsulting

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Colgate Connect E1, análisis: el cepillo que juzga si te lavas bien (o mal) los dientes

Colgate Connect E1, análisis: el cepillo que juzga si te lavas bien (o mal) los dientes

La prueba más fehaciente de que la tecnología se está metiendo en todos los rincones de nuestra vida la tienes delante: estás leyendo el primer análisis de Xataka de un cepillo de dientes. Ya es noticia que sean cepillos eléctricos, si no que son cepillos inteligentes que se integran con nuestros smartphones.

Y este primer análisis lo vamos a dedicar al Colgate Connect E1, un smart toothbrush que se vende exclusivamente en las Apple Store y que quiere conseguir que todos nosotros aprendamos a cepillarnos mejor los dientes. Veamos todos los detalles. Leer más

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Las pagas extraordinarias

Colgate Connect E1, análisis: el cepillo que juzga si te lavas bien (o mal) los dientes

La prueba más fehaciente de que la tecnología se está metiendo en todos los rincones de nuestra vida la tienes delante: estás leyendo el primer análisis de Xataka de un cepillo de dientes. Ya es noticia que sean cepillos eléctricos, si no que son cepillos inteligentes que se integran con nuestros smartphones.

Y este primer análisis lo vamos a dedicar al Colgate Connect E1, un smart toothbrush que se vende exclusivamente en las Apple Store y que quiere conseguir que todos nosotros aprendamos a cepillarnos mejor los dientes. Veamos todos los detalles. Leer más

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Las pagas extraordinarias

Todos los trabajadores, además de a su retribución mensual, tienen derecho a la percepción de dos pagas extraordinarias al año, sin que se admitan diferencias entre los trabajadores fijos y los fijos discontinuos y temporales al considerarse discriminatorio.
Cuantía y devengo
Las gratificaciones extraordinarias que se han de abonar a todos los trabajadores anualmente son dos, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores, siendo la práctica normal la del abono de esta segunda paga en junio o julio. Asimismo, la normativa que regula el SMI viene fijando, a efectos de compensación y absorción, una garantía de salario anual, que incluye 2 pagas extraordinarias de 30 días cada una.
Por convenio colectivo se ha de fijar la cuantía de tales gratificaciones, pudiéndose, asimismo por convenio o pacto individual, establecer un mayor número de gratificaciones extraordinarias anuales o establecer su prorrateo.
De la cantidad bruta sólo se ha de descontar la retención a cuenta del IRPF, ya que la cuota de la Seguridad Social se descuenta prorrateada en las mensualidades.
Las pagas extraordinarias se devengan, salvo pacto en contrario, a prorrata en 12 mensualidades, si bien en algunos sectores se establece su devengo por semestres, situación calificada como uso y, por tanto, transmisible en caso de subrogación empresarial. En cualquier caso, es el convenio colectivo el factor clave para determinar el modo en que las gratificaciones extraordinarias se devengan y por ello no cabe llevar a cabo una doctrina general sobre la materia. Se perciben, por tanto, de manera proporcional al tiempo trabajado según sea su devengo.
El uso o costumbre puede ser un criterio válido a efectos de determinar el periodo de devengo semestral o anual de las pagas extras, siempre que ello no vaya en contra de norma pactada convencionalmente y no suponga perjuicio para el trabajador.
Así, en defecto de previsión, se fija un marco temporal de 365 días hacía atrás, siendo la fecha de abono de la paga extra el inicio del cómputo, ateniéndose a un criterio cronológico de fecha a fecha desde la percepción anterior de la misma paga, mediante el cual se respeta el criterio de proporcionalidad, lo que supone el cómputo de cada paga extraordinaria desde que fue devengada la homóloga del año anterior; más claramente, por ejemplo, de marzo a marzo y de julio a julio, y así sucesivamente no teniendo ninguna cobertura normativa y siendo contraria a la interpretación dada por la jurisprudencia unificada la práctica empresarial del cómputo semestral.
Situaciones especiales
a) Huelga
La no prestación de trabajo durante la huelga, si lleva aparejada la pérdida del salario correspondiente, autoriza a descontar, asimismo, la parte proporcional de las pagas extraordinarias, pues su importe se devenga también diariamente constituyendo una forma de salario diferido.
b) Realización de funciones de superior categoría
Cuando el trabajador realiza funciones de superior categoría, generando el derecho a percibir las diferencias, como los complementos de vencimiento periódico superior al mes se devengan día a día, se han de cuantificar también para su abono, dado el principio de proporcionalidad que rige para los mismos; sin que la ausencia de titulación adecuada constituya un óbice legal que impida lucrar los importes correspondientes a diferencias retributivas de pagas extras.
c) Incapacidad temporal
Con carácter general, las pagas extraordinarias han de liquidarse en proporción al tiempo de prestación de servicios, sin computar los días en que el trabajador ha permanecido en situación de incapacidad temporal. Durante esta situación el trabajador percibe las correspondientes prestaciones que compensan los salarios dejados de percibir, en las que se incluyen las gratificaciones extraordinarias que forman parte de la base reguladora de la prestación, por ello cuando llegue el momento del abono de la paga extraordinaria, una vez finalizada la IT, el empresario puede descontar la parte proporcional correspondiente a los períodos de baja.
Si la empresa ha procedido a pagar las pagas extraordinarias a sus trabajadores en su integridad en el periodo en el que se encontraban de baja, dada la habitualidad, regularidad y persistencia en su disfrute en el tiempo, esta condición tiene el carácter de condición más beneficiosa, que no puede ser suprimida ni reducida unilateralmente por el empresario.
Asimismo, por convenio colectivo o pacto, se puede recoger que el devengo de estas gratificaciones se otorguen en proporción al tiempo efectivamente trabajado, computándose como tal el correspondiente a incapacidad temporal. Igualmente, en algunos convenios colectivos de distintos sectores se prevé expresamente la aportación empresarial hasta el 100% del salario, lo que debe suponer también de las percepciones correspondientes a las pagas extraordinarias, en caso de IT.
FUENTE: MEMENTO SALARIO Y NÓMINA

Source: econsulting