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Y ayudas y bonificaciones para autónomos y emprendedores

Hay una parte del Gran Cañón perdida en Tasmania: acabamos de encontrar una pieza de un puzle geológico con mil millones de años

Hay 8.000 kilómetros desde la zona suroeste del cañón del colorado y la región noreste de la isla de Tasmania. Pero, parafraseando al tango, 8.000 kilómetros no son nada. Sobre todo, si echamos mano de la tectónica de placas y al tiempo, mucho tiempo.

Es por eso que un grupo de geólogos acaba de descubrir que, hace un poco más de mil millones de años, las rocas más antiguas de Tasmania formaban parte de la misma formación rocosa que las del cauce del Colorado.

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Y ayudas y bonificaciones para autónomos y emprendedores

No es fácil ser autónomo. Y no vamos a engañarnos: la administración no siempre pone las cosas fáciles. Sin embargo esto es compatible con que el colectivo autónomo tenga a su disposición un buen número de ayudas sobre las que apoyarse en determinados supuestos: nuevas altas, bajas por maternidad/paternidad, discapacidad, contratación de familiares, etc.
En este artículo y apoyándonos en el reciente tríptico publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recopilamos todas las ayudas que están disponibles para los miembros de este colectivo.
Nuevas altas de trabajadores autónomos (sin inscripción previa en el RETA durante los dos años anteriores)

Para aquellos que opten por la base mínima de cotización, se reduce a 50 euros mensuales por la cuota de contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Para los autónomos que opten por una base de cotización superior a la mínima que le corresponda

Reducción mensual equivalente al 80% de la cuota, incluida la incapacidad temporal, durante los 12 meses  inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos supuestos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, podrán aplicarse sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, y por un período máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta.
1) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en cualquiera de los dos primeros supuestos.
2) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en el punto 1.
3) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en el punto 2.
Trabajadores menores de 30 años o mujeres menores de 35 años (sin inscripción previa en el RETA durante los dos años anteriores)
Además de las reducciones y bonificaciones previstas con carácter general, una bonificación adicional equivalente al 30% sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante los 12 meses siguientes a la  finalización del periodo de bonificación previsto con carácter general.
En este supuesto la duración máxima de las reducciones y bonificaciones será de 36 meses.
Trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género y victimas de terrorismo
Para aquellos que opten por la base mínima de cotización, se reduce a 50 euros mensuales por la cuota de contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Para los autónomos que opten por una base de cotización superior a la mínima que le corresponda
Reducción equivalente al 80% de la cuota incluida la incapacidad temporal, durante los 12 primeros meses  inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos supuestos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, podrá aplicarse una bonificación del  50% sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante 48 meses hasta completar  un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos del alta.
Trabajadores autónomos que se encuentren en baja por maternidad o paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural
Bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicación sobre la base media que tuviera el trabajador en los 12  meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida,  el tipo de cotización obligatorio que corresponda por razón de su actividad. La duración será durante el periodo de descanso y comprenderá como mínimo un mes.
Bonificaciones por conciliación de la vida personal y familiar vinculada a la contratación

Bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes (50% si la contratación es a tiempo parcial) que resulte de  aplicar, a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha de acogerse a esta medida, el tipo de cotización mínimo vigente, para trabajadores autónomos que permanezcan de alta en el RETA y contraten a un  trabajador a tiempo completo o parcial en los supuestos de:
– Cuidado de menores de 12 años.
– Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, en situación de dependencia.
– Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con parálisis  cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el RETA, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta. La duración será de hasta 12 meses, con una duración mínima de 3 meses.
Trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos
Las trabajadoras autónomas que hubieran cesado en su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela y vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes a la fecha de cese tendrán de cuota fija por contingencias comunes, incluida Incapacidad Temporal, de 50 euros mensuales durante los 12 meses siguientes a la fecha de reincorporación.
Nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos
Tendrán derecho a una bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 50% durante los primeros 18 meses y al 25% durante los 6 meses siguientes.
Trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla (todos los sectores menos energía, agua, transporte aéreo, construcción de edificios y actividades financieras)
Bonificación del 50% en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial.
FUENTE: MUY PYMES

Source: econsulting

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La guinda de BEPS: la doble imposición de las obligaciones formales (teoría y práctica)

En teoría, la doble imposición en el ámbito de las obligaciones formales, no existe. Pero, en la práctica, no lo tengo tan claro. Y, si no me creen ustedes, pasen y vean….
Beps
Como decía, en teoría, no cabe hablar de una doble imposición en el ámbito de las obligaciones formales porque, para que exista doble imposición, necesariamente debe existir una renta monetaria que sufra un doble gravamen (en el país en donde se genera o Estado de la fuente, y en el país en donde reside su perceptor o Estado de residencia) y, en principio, las obligaciones formales suelen ser de índole puramente informativa. Y la información, en principio, no es susceptible de sufrir una imposición o un gravamen económico.
Así pues, quedaría «empíricamente demostrado» que, desde este punto de vista, en teoría no existe la doble imposición en el marco de las obligaciones formales.
Pero, en la práctica, estamos viviendo un momento en el que determinada información (en muchas ocasiones, la misma información) se tiene que facilitar a distintas administraciones tributarias, con la consiguiente carga de trabajo.
Los contribuyentes, además de tener que hacer frente al pago de sus deudas tributarias, tienen que asumir otro coste indirecto (difícilmente cuantificable, pero del todo punto mensurable si uno se pone a ello) derivado del sistema tributario de cada país, que es el volumen de trabajo que conlleva el correcto y cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por ende, el tiempo y los recursos que deben invertir para encontrarse en paz con el tesoro público.
Pues bien, a esto me refiero cuando empleo la expresión, algo jocosa pero no por ello menos realista, de «la doble imposición de las obligaciones formales»: al grandísimo volumen de tiempo, esfuerzo y trabajo que los departamentos de asesoría interna y a los asesores externos de los Grupos multinacionales estamos afrontando para cumplir, en tiempo y forma (valga la redundancia) con las obligaciones tributarias formales que alberga e impone una normativa tributaria cada vez más globalizada.
En un caso muy concreto, esta «doble obligación» de proporcionar la misma información a distintas administraciones tributarias y, por ende, de cumplir con una misma obligación formal en dos estados diferentes tiene su origen en el plan BEPS pues, como saben, uno de los pilares básicos sobre los que éste pivota es la transparencia de la información.
En otros casos (la mayoría), el origen de esta «doble obligación» se halla, simple y llanamente, en la falta de adaptación y de evolución de las obligaciones formales que tradicionalmente se venían exigiendo de una manera, y así permanecen.
Y, puesto que el movimiento se demuestra andando, a continuación les comento algunas «dobles obligaciones formales» que, además, resultan «de la más rabiosa actualidad»:
1. Informe país por país o CBCR.
Muchos de ustedes estarán ya «hasta la coronilla» de oír hablar del celebérrimo (y «felicísimo…») informe en cuestión. El año pasado fue una de las grandes novedades en materia de fiscalidad internacional y, la verdad, superado el trance de aquella primera experiencia para muchos, este año está siendo más llevadera. O, mejor dicho, estaba siendo más llevadera hasta que surgieron (y se confirmaron) las sorpresas…
A priori, el Informe (CBCR, en su acrónimo anglosajón) se debería presentar en una única jurisdicción, ya sea el estado de residencia de la matriz del Grupo o el estado en donde éste designe a una entidad surrogada (o delegada, dicho en cristiano). Pues bien, va a ser que esto no siempre es así.
En mi experiencia, hay un país en el que hay que presentar un CBCR, además de aquel que se presente en el Estado de residencia de la matriz de un Grupo multinacional (en nuestro caso, España):  Perú.
Posiblemente haya otros países en donde también se dé esta «curiosa» circunstancia, pero gracias a Dios mi cuota de «doble imposición formal» se reduce a dicho país.
La normativa peruana fue modificada para ajustarse a los lineamientos nacidos de BEPS, incorporando así las obligaciones de información en materia de precios de transferencia, entre las que figura el CBCR.
Pues bien, la incorporación de dicha obligación a la normativa tributaria peruana habría sido perfecta (en mi siempre humilde opinión) de no ser por un «pequeño matriz»: Un requisito sine qua non para que un Grupo multinacional con presencia en Perú quede exonerado de la obligación de presentar un CBCR en Perú (obviamente, incluyendo toda la información del Grupo a nivel mundial) es que el país de residencia de la matriz del Grupo en cuestión «cuente con un acuerdo entre autoridades competentes en vigor con el Perú a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la referida declaración.» (Penúltimo párrafo del artículo 116.b) del Reglamento del ISR, según redacción dada por el Decreto Supremo Nº 333-2017-EF)
¿Saben ustedes cuántos acuerdos (que, además, deben ser específicos en cuanto al intercambio de la información que se proporciona a través del CBCR) se encuentran vigentes a día de hoy (mismo)? Efectivamente, querido lector: NINGUNO.
En conclusión, los grupos multinacionales cuya matriz se encuentre fuera de Perú (y que, naturalmente, superen el umbral de facturación para caer en ámbito de la obligación de formular y presentar el CBCR), y que operen en Perú (ya sea a través de un EP o de una filial, y con total independencia del volumen de facturación en el propio Perú) tienen que presentar, al menos este año 2018 con respecto al ejercicio 2017, dos CBCR distintos: uno en Perú, y otro en el país de residencia de la multinacional (en nuestro caso, en España).
Para acabar, algunos datos para navegantes, pues «quien avisa no es traidor»: (i) El plazo para presentar el CBCR del ejercicio 2017 vence en noviembre de este año 2018; y (ii) La sanción por no presentar el CBCR en Perú asciende al 0,6% de los ingresos netos del contribuyente, con un máximo de 25 UIT, equivalentes a S/ 103,750.00 para el año 2018. Dicha cifra rondarían los 26.750 € a día de hoy, que no está nada mal por el incumplimiento de una obligación tributaria formal consistente en el suministro de información.
Además, el contribuyente peruano que incumple se arriesga a quedar excluido del llamado «Régimen de Buenos Contribuyentes», lo que se traduciría en mayores controles por parte de la SUNAT.
Por cierto, otro país que, a día de hoy, se halla en una situación similar (hasta donde yo sé) es Catar, con la diferencia de que el plazo que tienen para aprobar un acuerdo y que, así, surta efecto la exoneración de esta obligación es el 31 de diciembre de este año. Ya saben, hasta la última campanada, están ustedes en plazo si no hay acuerdo….

2. Otras obligaciones menores, pero igualmente «moscacojoneras».
2.1. Portugal.

Seguramente muchos de ustedes se habrán visto en la tesitura de querer invocar los derechos y beneficios que contempla el Convenio de doble imposición suscrito entre España y Portugal, o bien que nacen de la normativa comunitaria sobre las rentas del ahorro para remesar a España intereses o cánones de fuente portuguesa. Y, de ser así, sabrán ya a qué me refiero…
Pues bien, a las Autoridades Fiscales de nuestro querido vecino (y lo digo sin sorna, pues es un país espectacular y que posiblemente sería parte de España si a doña Isabel de Trastamara, posteriormente la Católica, le hubiera parecido más guapo Alfonso de Portugal que Fernando de Aragón, por muy católico que éste fuese) no les basta con que el beneficiario de tales rentas acredite su condición de residente fiscal en España, en los términos del precitado Convenio de doble imposición, o bien a los efectos de la anteriormente mencionada normativa comunitaria, pues además del certificado que pueda expedir la AEAT, exigen la cumplimentación de sus modelos 21 RFI (para acreditar la residencia según Convenio) y 01 DJR (para acreditar la residencia en los términos de la normativa comunitaria).
Otro aviso para navegantes: Tras cumplimentar los modelitos en cuestión, deben ser firmados por un funcionario cuya firma debe ser posteriormente legitimada y, finalmente, el documento debe ser apostillado con la Apostilla de La Haya. Coste económico del trámite: no lo recuerdo, pero cuando esos costes los ha soportado mi pingüe peculio, aún así llegué a fin de mes. Coste en tiempo: Entre firmas, sellos, legitimaciones, apostilla…2 a 4 días. Juzguen ustedes mismos.
2.2. Chile
Además del certificado de residencia fiscal que expida la AEAT, el contribuyente español que quiera remesar rentas de fuente chilena a España bajo el amparo del Convenio de doble imposición debe presentar al SII una declaración jurada en la que pone de manifiesto (bajo palabrita de boy scout) que es residente fiscal en España, en los términos del Convenio, aunque ya lo haya certificado así la AEAT a través del correspondiente certificado de residencia fiscal.
La firma de la declaración tiene que ser legitimada ante notario y posteriormente apostillada. Otro ratito más haciendo colas ante una ventanilla…
FUENTE: LEGAL TODAY

Source: econsulting

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El diésel pierde gasolina: por qué ya no es el combustible de moda (Despeja la X, 1×22)

El diésel pierde gasolina: por qué ya no es el combustible de moda (Despeja la X, 1x22)

La ministra Teresa Ribera declaró hace unos meses que «el diésel tiene los días contados», asegurando que «hay que pensar en un proceso de salida» y que tenemos que dejar de respirar las partículas que emite.

Aunque posteriormente matizó estas apocalípticas palabras, lo cierto es que parece que estamos ante una guerra contra este hidrocarburo, y es algo que está teniendo muchas consecuencias legales, medioambientales y económicas.

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¿Puede una empresa limpiar su huella digital negativa?

El diésel pierde gasolina: por qué ya no es el combustible de moda (Despeja la X, 1x22)

La ministra Teresa Ribera declaró hace unos meses que «el diésel tiene los días contados», asegurando que «hay que pensar en un proceso de salida» y que tenemos que dejar de respirar las partículas que emite.

Aunque posteriormente matizó estas apocalípticas palabras, lo cierto es que parece que estamos ante una guerra contra este hidrocarburo, y es algo que está teniendo muchas consecuencias legales, medioambientales y económicas.

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¿Puede una empresa limpiar su huella digital negativa?

Eliminar la información negativa en la Red, un servicio cada vez más demandado, debe hacerse siguiendo unos cauces y respetando ciertos límites legales
Este verano se cumplió el 40º aniversario de la tragedia del camping Els Alfacs. Un camión que transportaba gas propileno explotó junto al recinto y 215 personas perdieron la vida. Tres décadas después, Alfacs Vacances demandó a Google Spain porque cuando alguien tecleaba los términos “camping los alfaques”, el listado de resultados ofrecidos comenzaba con una ristra de imágenes y enlaces relacionados con el accidente. La empresa turística reclamó al buscador que dejara de remitir a dichos links y además le exigió 300.000 euros en concepto de daños morales y patrimoniales por el menoscabo causado a su repu­tación. Aunque la demanda no prosperó, porque el juzgado consideró que debió haberse dirigido a la compañía matriz, Google Inc., el litigio planteó el debate sobre si una empresa puede pedir no ser recordada eternamente en la Red por unos hechos con un impacto tan negativo. O dicho de otro modo, sobre si las compañías tienen el conocido como derecho al olvido.
Una reputación online negativa puede dañar a un negocio. La saturación de medios de comunicación, páginas, blogs y redes sociales ha multiplicado además el número de fuentes de información a las que deben atender las compañías. ¿En qué casos puede una firma reclamar el borrado de una noticia o comentario?
Como señala Blanca Escribano, socia responsable de digital law, el derecho al olvido, tal y como lo define el Reglamento General de Protección de Datos, solo se predica de las personas físicas, por lo que conseguir borrar la huella digital de una compañía es más difícil y menos ágil. La normativa ofrece a los ciudadanos una protección mucho mayor. En determinadas circunstancias, estos pueden exigir que se suprima toda información personal que aparezca publicada. No es el caso de las personas jurídicas, cuyas líneas de defensa “no llegan hasta el punto de poder exigir una supresión o borrado completo de sus datos”, apunta José Carlos Erdozain, director de una asesoría jurídica. Pero disponen de otros instrumentos legales para limpiar su honor o prestigio en la Red que en los casos más graves pueden lograr, incluso, terminar con la información lesiva contenida en una hemeroteca digital.
PASOS A SEGUIR
Rastreo. El primer paso de las empresas que ofrecen servicios para limpiar la huella digital es buscar la información perjudicial para el cliente mediante la combinación del nombre o marca, datos del director y una palabra clave.
Borrado. Una vez localizada la información, emplean distintos protocolos y algoritmos para gestionar la retirada del contenido lesivo en la Red, eliminando también el caché o historial de la noticia del buscador web.
Dudas legales. El procedimiento de retirada de la información es un servicio técnico y no tanto legal. Eso sí, cada paso que se da cuenta con asesoramiento jurídico.
Negociación o demanda
Erdozain explica que, primero, hay que analizar si la información negativa o dañina “afecta a la imagen u honor de la empresa y si resulta incorrecta o incierta”. En tal caso, pueden dirigirse al medio que publicó la información y ejercer una petición de rectificación. Alternativamente, o si esta no prospera, pueden presentar una demanda para proteger su honor. Si la noticia difamatoria procede de un rival, la compañía denigrada puede emprender acciones legales contra ella basándose en la ley de competencia desleal.
Fuera de estos supuestos, señala Escribano, el titular del derecho a la información no está obligado a retirarla. Ante la imposibilidad de eliminar la fuente, queda la opción de desindexar la información. Las empresas pasan por momentos de bonanza y de dificultades, y una noticia antigua sobre un concurso de acreedores puede dificultar sus negocios muchos años después.
El plan B, por tanto, es conseguir que dicha información negativa desaparezca de la página de resultados de los buscadores. Y ahí entran en juego las empresas de marketing digital, que no solo se dedican a posicionar online a las sociedades, generando una imagen positiva de las mismas, sino que también, y a través de algoritmos, ofrecen a sus clientes el borrado de su huella digital cuando esta no les beneficia.
Ahora bien, no toda información puede retirarse de Internet. En primer lugar, no puede retirarse la información pública (la contenida en páginas oficiales, por ejemplo). Tampoco puede alterarse la información que refleje la realidad, como la contenida en el Registro Mercantil o el Registro de la Propiedad, porque, como explica Escribano, su función es precisamente salvaguardar el tráfico mercantil.
En los últimos años, las empresas de marketing digital han experimentado un gran crecimiento. A ello influye que incluso cuando se cuenta con una sentencia favorable, en muchos casos es la empresa interesada la que tiene que perseguir el borrado de la información, por lo que puede verse obligada a requerir sus servicios.
Según los datos que ofrece una de estas empresas, tras la crisis, la demanda de servicios de borrado de la huella digital por parte de constructoras creció un 40%. Su principal interés era que su marca no apareciera al teclear términos negativos como pufo, engaño o birria. Diego Sánchez, director de la compañía, asevera que hay algunas sociedades que llegan a pagar hasta 200.000 euros anuales por llevar un control diario de lo que se dice de ellas en la Red. No obstante, asegura que estos servicios están más extendidos en otros países como Italia, Rusia o Ucrania, mientras que en España “cuesta pagar más por ciertos temas”.
Luis Ojeda, director comercial de otra de estas compañías, señala que no existe la garantía total de que se puede lograr la supresión de la información o los comentarios perjudiciales, pero cifra en el entorno del 70% los casos de éxito. Los casos más complicados de gestionar, aclara, son los comentarios en las redes sociales y las páginas web que se encuentran alojadas en el extranjero.
FUENTE: EL PAÍS

Source: econsulting

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Las empresas que impidan la conciliación serán multadas con hasta 50.000 euros

El Congreso da luz verde para tramitar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres, con cuotas de cargos y sanciones por no cumplir
El Pleno del Congreso dio este martes luz verde, prácticamente por unanimidad, a la tramitación una proposición de ley del PSOE para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo. Una de las mayores novedades que incluye es un régimen de infracciones y sanciones de hasta 50.000 euros para las empresas que impidan la conciliación.
Así, los empleados tendrán el derecho a permisos para el cuidado de los hijos y a conciliar su vida laboral y familiar, además de que se garantizará que las mujeres puedan promocionar debidamente. Estas cuestiones relativas al cuidado de los hijos o la suspensión de los contratos no indefinidos por maternidad harán referencia al trabajo tanto público como privado y autónomo.
Establecer sanciones económicas si no se llevan a cabo estas medidas es el verdadero paso adelante de esta futura ley, pues las recomendaciones de los últimos años se convertirán en obligaciones a riesgo de cometer una infracción. La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, lo explicó al afirmar que «las meras declaraciones no son suficientes» porque son necesarias «herramientas eficaces para su cumplimiento».
El articulado incluye tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. Será la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el organismo que determine en qué categoría se enmarca cada infracción. Y así se establecerá la escala de multa económica, que no obstante tendrá en cuenta factores como el tamaño y facturación de la empresa y el número de empleados. De esta forma será de entre 60 y 625 euros para las faltas leves, de 626 a 6.250 euros para las graves y de 6.251 a 50.000 euros para las conductas muy graves.
Cuota directiva femenina
Asimismo, la norma de 49 artículos obligará a incluir una cuota femenina en los órganos de decisión de las empresas y multará a aquellas que extingan un contrato durante el embarazo de una empleada, entre otras situaciones a prohibir. Pese a ello, la oposición la considera solo «un parche» y ya anunciaron enmiendas para modificar el texto.
Haciendo un repaso por toda la normativa laboral esta iniciativa afecta a siete leyes, tres reales decretos y siete directivas comunitarias, buscando «revertir» la situación de discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral, según explicó Cancela. «Solo el 7,67% de los hombres se coge una reducción de jornada» por cuidados o conciliación familiar, lo que representa que la brecha de género en España supone un 11%, la diferencia salarial un 22% y que el 64% de los trabajadores con sueldos más bajos son mujeres. Son datos demoledores», apuntó la diputada socialista.
La oposición ha respaldado en cualquier caso la tramitación de la ley, pero la definieron durante el debate como «confusa», «parche» o solo de «buenas intenciones». Además, la mayoría avisó de que propondrán cambios durante el debate en la Comisión de Trabajo. La portavoz de Igualdad del PP, Carmen Dueñas, defendió así el compromiso «absoluto» de su partido con la igualdad y quiso recordar que con el Gobierno de Mariano Rajoy se recuperó «todo el empleo femenino destruido con la crisis», logrando «el mayor número de mujeres trabajando» en la historia de España.
También Podemos anunció que «mejorarán» el texto a la vez que criticaron que esta reforma no traiga medidas «ejecutivas» para avanzar con respecto a la vigente Ley de Igualdad, aprobada en 2007. Su portavoz en este debate, la diputada de En Marea Yolanda Díaz, aseguró que la iniciativa presentada es «una declaración de intenciones», «abunda en medidas que no son nuevas» o que ya existen y, además, «obvia la igualdad en Seguridad Social y pensiones», entre otros aspectos.
El PNV, por su parte, preguntó al Gobierno por qué siendo este tema tan importante y con un tratamiento tan integral, no se ha presentado un proyecto de ley.
FUENTE: LAS PROVINCIAS

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Italia castiga la obsolescencia programada: Apple multada con 10 millones de euros, Samsung con 5 millones

Italia castiga la obsolescencia programada: Apple multada con 10 millones de euros, Samsung con 5 millones

Investigadores de la comisión antimonopolio en Italia han anunciado multas de 10 millones de euros para Apple y de 5 millones de euros para Samsung tras descubrirse que ambas hacían uso de actualizaciones software para ralentizar sus teléfonos móviles.

El caso de Apple descubierto con sus iPhone 6 a finales del año pasado fue especialmente polémico, pero sí ha causado algo de sopresa la multa a Samsung, que se ha descubierto que realizó prácticas similares con los antiguos Galaxy Note 4.

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Los autónomos cotizarán por ingresos reales desde enero y no les afectará el SMI

Italia castiga la obsolescencia programada: Apple multada con 10 millones de euros, Samsung con 5 millones

Investigadores de la comisión antimonopolio en Italia han anunciado multas de 10 millones de euros para Apple y de 5 millones de euros para Samsung tras descubrirse que ambas hacían uso de actualizaciones software para ralentizar sus teléfonos móviles.

El caso de Apple descubierto con sus iPhone 6 a finales del año pasado fue especialmente polémico, pero sí ha causado algo de sopresa la multa a Samsung, que se ha descubierto que realizó prácticas similares con los antiguos Galaxy Note 4.

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Los autónomos cotizarán por ingresos reales desde enero y no les afectará el SMI

El Gobierno pretende que esta reforma del régimen de autónomos suponga una rebaja de cuota para los trabajadores por cuenta propia con menos ingresos
El Gobierno prevé que los autónomos empiecen a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero de 2019, por lo que no se verán afectados negativamente por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros.
Fuentes del gobierno han indicado a Efe que la intención del Gobierno es que la reforma del régimen de autónomos esté en vigor el 1 de enero, con lo que estos empezarán a cotizar en función de sus ingresos reales, lo que supondrá una rebaja de cuota para los trabajadores por cuenta propia con menos ingresos.
De esta manera, los Ministerios de Trabajo y Hacienda garantizan que la subida del SMI a 900 euros acordada por el Gobierno y Unidos Podemos no afectará negativamente a la cotización de los autónomos.
Además, en caso de que la reforma no estuviera en vigor en enero, el Gobierno desvincularía la subida del salario mínimo de la cuota mínima.
El Gobierno considera que PP y Ciudadanos están generando un «alarmismo» que está «injustificado» entre los autónomos, ya que la cotización por ingresos reales estaba prevista en el acuerdo presupuestario.
El presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, se ha mostrado preocupado por la subida del salario mínimo será «un duro palo» para el millón de autónomos empleadores que verán aumentados sus costes laborales.
FUENTE: LA RAZÓN

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